La hora de la Patria Grande
A partir del reciente triunfo de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro en Brasil se abrió una ventana, quizás efímera, para retomar el camino hacia la construcción de la Patria Grande. Mientras las potencias occidentales enfrentan desafíos geopolíticos mayúsculos en un mundo en guerra, nuestra región tiene una oportunidad única, siendo la primera vez en la historia que Brasil, México, Argentina, Colombia y Chile, las cinco economías más grandes de la región, están en manos gobiernos progresistas, nacional populares o de izquierda. ¿Llegó la hora de retomar la integración?
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Hace tan sólo un quinquenio, con Donald Trump en la Casa Blanca y Enrique Peña Nieto, Michel Temer, Mauricio Macri, Sebastián Piñera e Iván Duque presidiendo los gobiernos de los países más grandes de América Latina, muchos analistas hablaban de la definitiva restauración conservadora. Sin embargo, las luchas sociales que estallaron desde 2018 más las resonantes derrotas electorales de los gobiernos neoliberales de derecha cambiaron, al menos parcialmente, el panorama político regional.
Trump no logró ser reelecto, ampliando todavía más las múltiples grietas internas que comprometen la posibilidad de Estados Unidos de sostener una hegemonía global cada vez más débil, a la vez que en México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú se impusieron Andrés Manuel López Obrador, Lula da Silva, Allberto Fernández, Gustavo Petro, Gabriel Boric y Pedro Castillo. Por su parte Cuba, Venezuela y Nicaragua, catalogados como la “troika del mal” por la administración Trump, resistieron la embestida imperial y ya no se encuentran aislados en el continente. Bolivia logró revertir el golpe contra Evo Morales de 2019 y el Movimiento al Socialismo (MAS) volvió al poder, con Luis Arce. En Honduras triunfó Xiomara Castro, la compañera de Mel Zelaya, quien había sido depuesto en 2009.
Salvo Paraguay, Uruguay y Ecuador, en América del Sur retrocedieron los gobiernos de derecha y ultraderecha. Esta segunda oleada de la “marea rosa”, sin embargo, es más débil y menos radical que la primera que permitió, entre otras cosas, la histórica derrota del proyecto estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Además enfrenta enormes desafíos, producto de la crisis económica que afecta actualmente al mundo entero, pero principalmente a Nuestra América, la región más desigual del mundo, si tomamos en cuenta el reparto de la riqueza, y con 200 millones de pobres (32,1%, de acuerdo a la última medición de la CEPAL). Según el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, es una etapa defensiva -“pasiva o descendente”-, en la que el nuevo progresismo llega a los gobiernos mediante “liderazgos administrativos” (Arce en vez de Evo, Alberto Fernández en vez de Néstor o Cristina) y “forma ya parte del sistema de partidos de gobierno”, mientras que enfrenta a opositores políticos “cada vez más escorados hacia la extrema derecha” (Antonio Kast, Jair Bolsonaro o Javier Milei).
De todas formas, más allá de que no estamos en la misma situación de hace dos décadas -el nuevo progresismo no llega luego de las luchas que sacudieron el continente hace 20 años, ni cuenta con un contexto económico externo favorable por el precio de las materias primas-, la vuelta al gobierno de fuerzas y/o líderes que protagonizaron la primera oleada, hace que en los próximos meses exista una oportunidad para retomar la senda integracionista de principios del siglo XXI. Para ello se necesita que Argentina y Brasil relancen el MERCOSUR, levantando la suspensión de Venezuela y terminando el proceso de incorporación de Bolivia como miembro pleno, que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) retome la iniciativa frente a la debilidad de Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos (OEA) y que se reconstruya la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), tal como reclamaron hace pocos días ex presidentes y cancilleres de la región.
Como bien explicó recientemente Guillaume Long, ex canciller de Ecuador, “con una Guerra Fría que se aproxima a pasos agigantados entre EE.UU. y China, el sur global tiene que generar bloques regionales (…) Hay una buena coyuntura política a nivel regional para relanzar la UNASUR. Yo creo que Argentina y Brasil tienen que jugar un rol de liderazgo en esto y pueden hacerlo”.
Este organismo nació en 2008 y fue fundamental para frenar el intento de fracturar Bolivia unos meses después, condenar el golpe en Honduras en 2009, el levantamiento policial contra Rafael Correa en 2010, la destitución irregular de Fernando Lugo en 2012 o incluso para terciar en la crisis entre Colombia y Venezuela. La UNASUR permitió a la región tramitar sus conflictos fuera de la órbita de la OEA, con sede en Washington, y muchas veces tutelada por el Departamento de Estado de EE.UU., sobre todo desde que Almagro la conduce.
Desde 2018, cuando avanzaron los gobiernos de derecha en la región, siete países se retiraron de la UNASUR, denunciaron su tratado constitutivo, en algunos casos de forma inconstitucional, como los de Brasil y Argentina, ya que ni Bolsonaro ni Macri acudieron al Congreso. El primero lo hizo por decreto, mientras que el expresidente argentino apenas envió una nota a Ecuador, país depositario del tratado, planteando la salida del país.
En esta nueva coyuntura políticamente más favorable, una serie de ex presidentes, cancilleres, ministros e intelectuales, entre los que se destacan los ex mandatarios/as Michelle Bachelet (Chile), Rafael Correa (Ecuador), Eduardo Duhalde (Argentina), Ricardo Lagos (Chile), José “Pepe” Mujica (Uruguay), Ernesto Samper (Colombia) y Dilma Rousseff (Brasil), enviaron una carta a los doce jefes de Estado de los países que integraban la UNASUR, planteando la necesidad de recuperar “la mejor plataforma para reconstituir un espacio de integración”.
A este relanzamiento debería sumarse la revitalización del MERCOSUR, que debería, a partir del cambio de gobierno en Brasil el 1 de enero, salir del estancamiento, terminar el proceso para la incorporación de Bolivia como miembro pleno y levantar la suspensión política que impusieron los gobiernos derechistas a Venezuela. La convergencia entre estos dos bloques más la CELAC, que reúne a los 33 países de América Latina y el Caribe, permitiría volver a transitar el camino de la cooperación y coordinación políticas, y avanzar hacia la plena integración regional, con una agenda propia y en función de las necesidades y prioridades de nuestros pueblos.
Los desafíos
Transitar ese camino no será nada fácil, ya que hay por delante una serie de desafíos. El primero es evitar las fuerzas centrífugas y la balcanización alentada desde fuera. La reciente elección del reemplazo de Claver Carone en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es una clara muestra de cómo las desavenencias entre potenciales aliados nos debilitan. México y Argentina no coordinaron una estrategia común y terminó imponiéndose Ilan Goldfajn, un funcionario brasilero propuesto por Bolsonaro y avalado por EE.UU., lo cual generó resquemores en el vínculo entre López Obrador y Alberto Fernández, quien esta semana canceló su anunciado viaje a México.
El segundo desafío tiene que ver con la debilidad de esta segunda ola de la marea rosa. Las derechas habrán perdido elecciones -en realidad, casi todos los oficialismos perdieron desde 2018 en la región-, pero conservan una enorme capacidad de fuego y tienen contra las cuerdas a gobiernos que no se animan a encarar reformas de fondo, generando frustración incluso entre sus bases electorales y dando lugar a que ese desencanto sea canalizado, en muchos casos, por referentes de ultraderecha que se auto proclaman enemigos de las castas. El giro hacia el centro de Fernández, Boric o el propio Lula durante la campaña es preocupante en este sentido.
El tercer desafío es darle carnadura a los proyectos de cooperación políticas. Que permitan avanzar en iniciativas concretas: explotación conjunta de nuestros recursos naturales estratégicos (la OPEP del litio, junto a una empresa estatal latinoamericana para explotarlo), obras de infraestructura (gasoductos), una moneda común o mecanismos de intercambio comercial con monedas propias para reducir la dependencia del dólar, una investigación y una moratoria conjunta de la deuda externa (es decir, abandonar la rendición ante el FMI) o una política sanitaria soberana que permita la producción y distribución de vacunas propias, por poner algunos ejemplos. Esos proyectos mostrarían que la integración va más allá de la retórica y las buenas intenciones.
El cuarto desafío es, de una vez por todas, construir mecanismos institucionales permanentes para empezar a negociar conjuntamente, en el marco del Mercosur, la UNASUR y la CELAC, con actores como EE.UU., la Unión Europea o China. Sólo así se reducirían, al menos parcialmente, las asimetrías a la hora de vincularse con los grandes jugadores del tablero geopolítico global. Y se sentarían bases más sólidas para avanzar hacia la construcción de la Patria Grande, que no se desmoronen como un castillo de naipes, ante el eventual traspié electoral de las fuerzas integracionistas.
