El imperialismo contraataca: diez años del golpe en Honduras
Por Santiago Mayor (Notas)
El 28 de junio de 2009 el presidente hondureño Manuel Zelaya
fue secuestrado, detenido y expulsado a Costa Rica. Se consumaba el
golpe de Estado que abría el ciclo de la contraofensiva conservadora en
América Latina.
Eran las 5.30 de la madrugada de aquel domingo cuando unos 200 militares del Ejército de Honduras rodearon la residencia de Zelaya. La guardia presidencial, conformada por no más de 10 policías, intentó resistir. En el tiroteo que duró pocos minutos murió uno de los agentes.
Los soldados secuestraron al mandatario y a toda su familia mientras en simultáneo se llevaban a cabo operativos similares con otros miembros del Gabinete. El presidente fue trasladado a una base de la Fuerza Aérea y de ahí extraditado a Costa Rica.
El caso de la canciller Patricia Rodas fue emblemático ya que embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela acudieron a su rescate. El diplomático cubano fue golpeado por los soldados y la funcionaria permaneció desaparecida varios días hasta que se supo que había sido trasladada México.
Los golpistas cortaron las comunicaciones, el servicio de Internet, suspendieron las transmisiones de los medios públicos y clausuraron decenas de medios alternativos.
Recién por la tarde se estableció una cadena nacional desde el Congreso, donde se anunciaba que el presidente del Poder Legislativo, Roberto Micheletti, asumiría el gobierno.
Como respuesta, miles de hondureños y hondureñas salieron a manifestarse pacíficamente a las calles y las cuatro centrales sindicales se declararon en huelga. Sin embargo las nuevas autoridades respondieron con represión y declarando el toque de queda.
El laboratorio del imperialismo
El argumento formal esgrimido por los golpistas fue que Zelaya pretendía impulsar una consulta popular para convocar a una Asamblea Constituyente, lo cual fue rechazado por el Congreso mediante la sanción de una ley. Con ese pretexto acusaron al jefe de Estado de estar violando la Constitución hondureña.
Sin embargo, el trasfondo político de los hechos fue el acercamiento de Tegucigalpa a los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina.
Poco tiempo antes de ser destituido, el presidente había anunciado que su país se incorporaría a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) impulsada por Cuba y Venezuela.
Por aquel entonces el mandatario estadounidense era Barack Obama quien “había prometido al inicio de su primer mandato que iba a iniciar un nuevo vínculo entre iguales con los países de la región”, tal como explicó a este medio el analista internacional Leandro Morgenfeld. Sin embargo esto fue “echado por tierra”.
El investigador y especialista en las relaciones entre EE.UU. y América Latina aseguró que “fue clave la cobertura del Departamento de Estado -a cargo de Hillary Clinton- al Gobierno golpista” e incluso “hubo participación directa de algunos militares de EE.UU.”.
A partir de allí la censura, la persecución y el asesinato de dirigentes políticos, sindicales y sociales se convirtió en una constante. Incluso a pesar del ropaje “democrático” con el que se intentó camuflar el autoritarismo durante los años siguientes (se realizaron elecciones con denuncias de fraude y proscripción).
El crimen de Berta Cáceres a comienzos de 2016 fue uno de los puntos más críticos de esta situación. La ofensiva contra los pueblos indígenas y los movimientos de defensa del medio ambiente estuvieron a la orden del día con el objetivo de beneficiar a empesas multinacionales.
Honduras se convirtió, también, en uno de los países (que no están en guerra) más peligrosos para ejercer el periodismo. Mientras que entre 2001 y 2007 hubo cinco asesinatos de trabajadores de prensa, desde el golpe hasta 2017 los casos se elevaron a 70 según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH).
De Honduras hacia toda América Latina
A comienzos del siglo XXI la región, históricamente sometida a los designios estadounidenses -que siempre la consideró su “patio trasero”-, tuvo un despertar con Gobiernos de izquierda y progresistas que impusieron mayores márgenes de autonomía.
El rechazo en 2005 al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsado por Washington fue uno de los hitos más destacados. También la creación de organismos de integración regional soberanos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Alba.
Sin embargo esto nunca fue tolerado por el imperialismo estadounidense. De hecho ya en 2002 el intento de golpe contra Hugo Chávez en Venezuela dejó en claro que la Casa Blanca seguía teniendo injerencia directa en la política regional.
Pero el golpe en Honduras fue un punto de inflexión. A partir de allí, en el marco de una crisis económica mundial que obligó a las principales potencias a recalcular sus posiciones geopolíticas, la contraofensiva conservadora fue una realidad cada vez más tangible.
La destitución de Zelaya “inauguró la etapa de los golpes blandos, institucionales, parlamentarios como el que sufrió después Fernando Lugo en Paraguay o Dilma Rousseff en Brasil”, recapituló Morgenfeld. Y recordó que esto fue acompañado de “la estrategia de ofensiva judicial o Lawfare contra políticos no alineados con EE.UU. como Rafael Correa, Cristina Fernández, etc.”
Mientras Obama continuó al frente de la Casa Blanca el juego fue doble. Por un lado inició el proceso de negociación, primero secreto y luego público, para normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba, “pero al mismo tiempo en 2015 firmó un decreto declarando a Venezuela como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional”, subrayó el entrevistado.
“Sin duda lo que mostró el golpe de 2009 es que, más allá de las buenas formas, la política estratégica de EE.UU. excede a los distintos presidentes y consiste en asegurar una hegemonía que no sea desafiada en lo que siguen considerando como su área exclusiva de influencia”, añadió.
Finalmente Morgenfeld hizo hincapié en la necesidad de “estudiar el golpe de 2009” ya que inauguró esta dinámica en la región para “dar un escarmiento, una señal y avanzar desde el ala mediática, judicial y militar contra los Gobiernos y movimientos sociales no alineados”.
Santiago Mayor – @SantiMayor
Eran las 5.30 de la madrugada de aquel domingo cuando unos 200 militares del Ejército de Honduras rodearon la residencia de Zelaya. La guardia presidencial, conformada por no más de 10 policías, intentó resistir. En el tiroteo que duró pocos minutos murió uno de los agentes.
Los soldados secuestraron al mandatario y a toda su familia mientras en simultáneo se llevaban a cabo operativos similares con otros miembros del Gabinete. El presidente fue trasladado a una base de la Fuerza Aérea y de ahí extraditado a Costa Rica.
El caso de la canciller Patricia Rodas fue emblemático ya que embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela acudieron a su rescate. El diplomático cubano fue golpeado por los soldados y la funcionaria permaneció desaparecida varios días hasta que se supo que había sido trasladada México.
Los golpistas cortaron las comunicaciones, el servicio de Internet, suspendieron las transmisiones de los medios públicos y clausuraron decenas de medios alternativos.
Recién por la tarde se estableció una cadena nacional desde el Congreso, donde se anunciaba que el presidente del Poder Legislativo, Roberto Micheletti, asumiría el gobierno.
Como respuesta, miles de hondureños y hondureñas salieron a manifestarse pacíficamente a las calles y las cuatro centrales sindicales se declararon en huelga. Sin embargo las nuevas autoridades respondieron con represión y declarando el toque de queda.
El laboratorio del imperialismo
El argumento formal esgrimido por los golpistas fue que Zelaya pretendía impulsar una consulta popular para convocar a una Asamblea Constituyente, lo cual fue rechazado por el Congreso mediante la sanción de una ley. Con ese pretexto acusaron al jefe de Estado de estar violando la Constitución hondureña.
Sin embargo, el trasfondo político de los hechos fue el acercamiento de Tegucigalpa a los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina.
Poco tiempo antes de ser destituido, el presidente había anunciado que su país se incorporaría a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) impulsada por Cuba y Venezuela.
Por aquel entonces el mandatario estadounidense era Barack Obama quien “había prometido al inicio de su primer mandato que iba a iniciar un nuevo vínculo entre iguales con los países de la región”, tal como explicó a este medio el analista internacional Leandro Morgenfeld. Sin embargo esto fue “echado por tierra”.
El investigador y especialista en las relaciones entre EE.UU. y América Latina aseguró que “fue clave la cobertura del Departamento de Estado -a cargo de Hillary Clinton- al Gobierno golpista” e incluso “hubo participación directa de algunos militares de EE.UU.”.
A partir de allí la censura, la persecución y el asesinato de dirigentes políticos, sindicales y sociales se convirtió en una constante. Incluso a pesar del ropaje “democrático” con el que se intentó camuflar el autoritarismo durante los años siguientes (se realizaron elecciones con denuncias de fraude y proscripción).
El crimen de Berta Cáceres a comienzos de 2016 fue uno de los puntos más críticos de esta situación. La ofensiva contra los pueblos indígenas y los movimientos de defensa del medio ambiente estuvieron a la orden del día con el objetivo de beneficiar a empesas multinacionales.
Honduras se convirtió, también, en uno de los países (que no están en guerra) más peligrosos para ejercer el periodismo. Mientras que entre 2001 y 2007 hubo cinco asesinatos de trabajadores de prensa, desde el golpe hasta 2017 los casos se elevaron a 70 según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH).
De Honduras hacia toda América Latina
A comienzos del siglo XXI la región, históricamente sometida a los designios estadounidenses -que siempre la consideró su “patio trasero”-, tuvo un despertar con Gobiernos de izquierda y progresistas que impusieron mayores márgenes de autonomía.
El rechazo en 2005 al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsado por Washington fue uno de los hitos más destacados. También la creación de organismos de integración regional soberanos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Alba.
Sin embargo esto nunca fue tolerado por el imperialismo estadounidense. De hecho ya en 2002 el intento de golpe contra Hugo Chávez en Venezuela dejó en claro que la Casa Blanca seguía teniendo injerencia directa en la política regional.
Pero el golpe en Honduras fue un punto de inflexión. A partir de allí, en el marco de una crisis económica mundial que obligó a las principales potencias a recalcular sus posiciones geopolíticas, la contraofensiva conservadora fue una realidad cada vez más tangible.
La destitución de Zelaya “inauguró la etapa de los golpes blandos, institucionales, parlamentarios como el que sufrió después Fernando Lugo en Paraguay o Dilma Rousseff en Brasil”, recapituló Morgenfeld. Y recordó que esto fue acompañado de “la estrategia de ofensiva judicial o Lawfare contra políticos no alineados con EE.UU. como Rafael Correa, Cristina Fernández, etc.”
Mientras Obama continuó al frente de la Casa Blanca el juego fue doble. Por un lado inició el proceso de negociación, primero secreto y luego público, para normalizar las relaciones diplomáticas con Cuba, “pero al mismo tiempo en 2015 firmó un decreto declarando a Venezuela como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional”, subrayó el entrevistado.
“Sin duda lo que mostró el golpe de 2009 es que, más allá de las buenas formas, la política estratégica de EE.UU. excede a los distintos presidentes y consiste en asegurar una hegemonía que no sea desafiada en lo que siguen considerando como su área exclusiva de influencia”, añadió.
Finalmente Morgenfeld hizo hincapié en la necesidad de “estudiar el golpe de 2009” ya que inauguró esta dinámica en la región para “dar un escarmiento, una señal y avanzar desde el ala mediática, judicial y militar contra los Gobiernos y movimientos sociales no alineados”.
Santiago Mayor – @SantiMayor
