Telesur
La derecha venezolana e internacional avanza en sus planes desestabilizadores, que son rechazados por el pueblo revolucionario en las calles.
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La derecha venezolana e internacional avanza en sus planes desestabilizadores, que son rechazados por el pueblo revolucionario en las calles.
La derecha venezolana e internacional avanza en sus planes desestabilizadores, que son rechazados por el pueblo revolucionario en las calles.
La agenda golpista de la derecha venezolana sigue avanzando con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos. La etapa más reciente de la desestabilización está representada en el opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente del país para impulsar un "Consejo de Transición".
En un acto no contemplado por la Constitución de Venezuela, Guaidó se autojuramentó para usurpar las competencias del Ejecutivo Nacional, que corresponden al mandatario Nicolás Maduro, electo con el 67 por ciento de los votos populares el 20 de mayo de 2018 para el periodo 2019-2025.
Seguidamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "reconoció" a Guaidó como presidente, materializándose la agenda golpista y desestabilizadora de este 23 de enero, cuando la oposición llamó a concentraciones en las calles. Lo mismo hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien ha instigado los ataques contra Venezuela y su Gobierno.
Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, se unió a la injerencia con un llamado a militares venezolanos y fuerzas de seguridad "a apoyar la democracia". Además, dio su respaldo a Guaidó "mientras establece un gobierno de transición y prepara elecciones".
También el mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, se pronunció a favor de Guaidó y su acto de usurpación de poderes.
Mientras tanto en las calles de Caracas, el chavismo se moviliza en defensa de la paz, la democracia y la soberanía del país ante la injerencia y desestabilización de la derecha nacional e internacional.
La estrategia: Usurpar poderes
Este miércoles la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exhortó a la Fiscalía determinar las responsabilidades de los integrantes de la Asamblea Nacional (AN), en desacato, por la usurpación de competencias del Ejecutivo.
El magistrado Juan José Mendoza señaló que la Asamblea Nacional "violenta expresamente el artículo 236, numerales 4 y 15, al paretender usurpar la competencia del presidente de la República en cuanto a dirigir las relaciones exteriores del Estado".
Asimismo, ratificó la inconstitucionalidad de los actos de la AN y constató que continúa en desacato.
Juan Guaidó, el nuevo rostro del golpismo
El nombramiento de Juan Guiadó como "líder" de la oposición venezolana no es casual, el acto responde a la construcción de una imagen que parezca más "popular", contraria a la de los dirigentes tradicionales de la derecha venezolana.
- Orígenes en la clase media popular, ingeniero egresado de universidad privada, incluso su apariencia física dista del perfil tradicional opositor.
- Esta imagen intenta contrastar con la del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien proviene de la clase trabajadora como conductor de autobuses.
- Guaidó fue protagonista de las acciones violentas de la oposición en 2007, 2014 y 2017.
- Negó las acciones vandálicas de las protestas opositoras como el asesinato con guayas contra motorizados.
Antecedentes: Oposición y la usurpación
El 11 de abril 2002 la oposición venezolano también obvió la Constitución y protagonizó un golpe de Estado, en la cual el presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, se autojuramentó mandatario, con la complicidad de medios de comunicación y sector oligárquicos del país.
Carmona derogó la Constitución de 1999 y las 49 leyes habilitantes decretadas por el presidente Hugo Chávez en el marco de la Ley Habilitante. También disolvió los demás poderes públicos, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República.
Entre los países que "reconocieron" su gobierno mediante comunicados están España, Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Nicaragua.
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