Cumbre de los Pueblos: La construcción de una agenda diferente a la del G20
La Cumbre de los Pueblos reunió a las voces desatendidas durante el
encuentro de líderes de las naciones más poderosas. Organizaciones
sociales de trabajadores, campesinos, migrantes y derechos humanos de
todo el mundo expusieron sus reclamos frente a la segregación generada
por el escenario geopolítico global.
Durante la Cumbre de los Pueblos, diversas organizaciones provenientes de distintas partes del mundo se reunieron para repensar modelos de desarrollo alternativos. Entre ellas, las había sociales y políticas, gremiales, de trabajadores, campesinas, de pueblos originarios, de mujeres y las disidencias, de migrantes, territoriales, anti-extractivistas y de derechos humanos.
Además, durante toda la semana de acción global contra el G20 se realizaron talleres, foros de debate, intervenciones artísticas y otras actividades para repudiar las políticas que impulsa este grupo de países y de empresas transnacionales e intercambiar experiencias y propuestas alternativas. “El multilateralismo propuesto por el G20 defiende la globalización neoliberal que causó la asimetría cada vez mayor que hoy existe entre países desarrollados y no desarrollados, y la profundización de los niveles de desigualdad social al interior de cada país, que provoca crisis migratorias, violencia y frustración social”, dijo Morgenfeld, y explicó que, si se quiere apelar a una instancia multilateral, para eso ya existe la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “que hay que reformar porque tiene un Consejo de Seguridad que no es democrático porque hay cinco países con derechos a veto”. Pese a eso, en la ONU están todos los países, mientras que en el G20 solo hay 19 (que son los de mayor PBI a nivel mundial) y la Unión Europea.
“En el G20 están representados los países del G7 –formado en los años setenta por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido–, que hace 10 años incorporaron a los BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– y algunos países no centrales, como la Argentina y México, para tener mayor legitimidad frente a la crisis internacional”, recordó el especialista y advirtió que todavía están muy sub-representadas muchas regiones del planeta: “De América Latina solo participan 3 de los 33 países de la región, en África hay más de 50 países y solo participa Sudáfrica, y Asia también está muy subrepresentada”, ejemplificó.
Así conformado, este grupo de países que concentra el 85% del producto bruto mundial, dos tercios de la población y el 75% del comercio internacional define los lineamientos políticos y comerciales del mundo. Para ello, actúan en consonancia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC, que también se reunió a fines del año pasado en Buenos Aires, y provocó un rechazo similar).
Para este año, la Argentina propuso una agenda de debate en el G20 centrada en tres ejes: el futuro del trabajo, un futuro alimentario sostenible y la infraestructura para el desarrollo, todos supuestamente atravesados por una mirada de género, que buscó responder a la fuerza que el movimiento internacional de mujeres ha adquirido en los últimos años.
Sin embargo, “la perspectiva de género del G20 no es feminista, no nos representa ni instrumentaliza nuestras luchas y discursos”, afirma Paula Satta de DAWN, mujeres para el desarrollo de una nueva era, y subraya que, desde la economía feminista, promueven una economía del cuidado y el derecho al cuidado, que tenga en cuenta y valore el trabajo doméstico, y de una economía social y solidaria que desde las organizaciones de mujeres están trabajando desde la autogestión en espacios colectivos. Por el contrario, “el grupo de mujeres del G20, que es un grupo de afinidad que genera recomendaciones para la cumbre de los presidentes y se juntó en octubre en Buenos Aires, está integrado por mujeres blancas, empresarias, heterosexuales y que además forman parte de empresas transnacionales que son las mismas que profundizan nuestras condiciones: somos las más precarizadas, las de mayor desempleo, de mayor carga de doble y triple jornada de trabajo”, sostuvo Satta, que también participa en la Red feminista del Sur Global.
“Es una hipocresía, la política que defiende el G20 es incompatible con el pensamiento feminista. ¿De qué trabajo están hablando?”, se preguntó su compañera Rogeria Ferreira Peixinho, de la Articulación de mujeres brasileñas, que también participó en el Foro Feminista contra el G20, junto con compañeras de lugares como Kenia, India y países de América Latina como Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay. Y advirtió: “Hablan de la necesidad de emprender, pero es como un maquillaje de la explotación del trabajo doméstico, porque las mujeres se quedan trabajando en casa. Hablan de mujeres de negocios pero en verdad hay precarización del trabajo y eso es pérdida de derechos”. Ferreira Peixinho fue parte del equipo Marielle Franco, la militante feminista y por los derechos humanos brasileña que fue asesinada en marzo de este año.
Las movilizaciones barriales tampoco se sienten representadas por el G20 y tuvieron su propio foro en la Cumbre de los Pueblos. Allí analizaron cómo han incidido las políticas del FMI y los acuerdos comerciales en las poblaciones de asentamientos y barrios humildes. “Los acuerdos comerciales que se establecen entre nuestro Gobierno y los principales países del mundo no nos benefician ni por las fuentes de trabajo que se abren ni por los recursos naturales, que son saqueados con altos costos ambientales”, dijo Silvia Ferreyra, coordinadora del Movimiento Barrios de Pie, y detalló que tuvieron talleres sobre distintas problemáticas: uno sobre salud, en el que analizaron las dificultades para lograr una buena alimentación en los comedores y las dificultades para acceder a los alimentos; otro sobre educación, en el que se expuso la necesidad de fortalecer la educación pública para poder pensar en un futuro más digno, así como la diferencia que tienen los y las jóvenes para poder acceder a ella; y otro sobre pobreza, en el que analizaron el achicamiento de las fuentes de trabajo y la depreciación del salario mínimo. “La gente que está en Barrios de Pie hace su propio índice de precios, de cuánto cuesta comprar la misma canasta básica que releva el INDEC en los barrios más humildes, y da hasta 2 o 3 veces más caro: en el último mes de octubre dio casi 10.000 pesos para comprar alimentos para cuatro personas”, dijo Ferreyra.
Justicia climática
Uno de los ejes más relevantes y controversiales del G20 es el cambio climático, que fue retirado de la lista de prioridades por presión de Estados Unidos, país que salió del acuerdo de París en 2017, lo que motivó que la última reunión del G20 fuera la primera en concluir sin una declaración firmada. En esta oportunidad, el tema tampoco figuró en la agenda de trabajo del G20, pero sí fue clave en el Foro de Bienes Comunes y Soberanía de la Cumbre de los pueblos.
“Hablamos sobre el cambio climático, el calentamiento global y la urgencia de estos temas ya que tenemos límites planetarios que no están siendo respetados: volvemos a los combustibles fósiles y a la industria del carbón”, sostuvo Vanesa Dourado, de la Confluencia No al G20 y la Asamblea América Latina mejor sin TLC de Brasil, y agregó que en ese foro también reflexionaron sobre justicia y derechos de la naturaleza frente a lo que consideran la era del antropoceno actual, adonde las acciones humanas están cambiando todo lo que tiene que ver con la biota en su conjunto y del buen vivir como horizonte a construir, y hubo un panel de resistencias e intercambio de experiencias en territorio.
“Los TLC otorgan privilegios a algunas empresas y les permiten dejar los territorios contaminados, sumado al impacto de esto en el tejido social adonde se instalan. Tras 25 años de TLC en América Latina es bastante nítido el resultado de esto en la sociedad y los territorios, cuando pensamos en desplazamientos de pueblos indígenas y originarios”, dijo Dourado y agregó: “Pensar en justicia climática es también pensar en esto que llaman de adaptación, y que los países contaminantes puedan de alguna forma tener políticas que compensen a otros países que están sufriendo las consecuencias de esa contaminación”. Los países del G20, en particular, son los responsables del 75% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y del 82% de la producción de dióxido de carbono.
Otro de los temas centrales vinculado a bienes comunes fue el de la soberanía alimentaria, que también tuvo un foro específico, en el que redes de productores y consumidores expusieron sus principales preocupaciones, entre las que se destacan los riesgos de modificar la ley que regula la propiedad intelectual sobre las semillas y la tenencia de la tierra por parte de campesinas y campesinos, de la agricultura familiar y de pueblos originarios e indígenas. Frente al modelo de monocultivo extensivo actual, proponen promover prácticas agroecológicas para producir alimentos sanos, seguros y sustentables. “No están pensando en alimentar el mundo como dicen. Tenemos suficientes alimentos para 12.000 millones de personas y, sin embargo, las personas pasan hambre”, subrayó Dourado.
“Es mentira que el único camino es el agronegocio”, coincidió Nahuel Levaggi, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, y advirtió que “se está avanzando en el control total del sector alimentario y por eso es un problema de soberanía nacional, estamos discutiendo sobre cómo se alimentará el pueblo”.
Las dificultades para acceder a alimentos sanos y el impacto ambiental de la actividad humana también repercuten en la salud, otro de los temas que tuvo un lugar importante en los talleres y contó con un panel específico en el que, entre las principales preocupaciones planteadas estuvo el presupuesto para el año próximo, que se aprobó recientemente con recortes previstos para la compra de medicamentos, y el sistema de Cobertura Universal de Salud (CUS) que está impulsando la OMS, “que parece la cobertura de un auto, porque cubre hasta cierto tratamiento y si uno supera eso hay que vender todo para curarse”, advirtió Pablo García, que fue presidente de la Fundación GEP hasta el mes pasado, y aclaró que hay países adonde la CUS ha fracasado, como en Perú. “La industria farmacéutica, que es una de las más poderosas del mundo junto con la de armamento y la alimenticia, está promoviendo este tipo de políticas para convertir a la salud en un negocio y no en algo público”, subraya.
Tras la Semana de acción global contra el G20, en la que se compartieron experiencias, reflexiones y debates sobre las principales problemáticas que plantea el contexto geopolítico actual, la pregunta enunciada en la declaración final de la Cumbre de los Pueblos continúa abierta: “¿Cómo construir una gran alternativa de todos los que nos oponemos a los modelos del gran capital y bregamos por una sociedad distinta, sin explotación, opresión y miseria?”.
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