La crisis cambiaria--financiera que se desarrolla desde fines de abril pasado corrió el velo sobre las tensiones que se acumulaban en la economía desde hace más de dos años, dejó expuesta la fragilidad estructural del capitalismo local y cambió radicalmente la situación política y económica del país. Pensamos que es posible y necesario desarrollar una campaña conjunta de actividades por la ruptura del acuerdo con el FMI e instalar un programa de emergencia que abra el camino a transformaciones más profundas. Buscamos superar los argumentos desmoralizadores del gobierno y los grandes medios de comunicación de que "No hay alternativa", postulando un conjunto de medidas indispensables para enfrentar la grave situación económica y evitar la degradación social a que llevaría el acuerdo con el FMI, siguiendo el principio que las consecuencias de la crisis deben recaer sobre sus causantes y no sobre el pueblo.
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Entendemos que no existe ninguna posibilidad de afrontar el dramático horizonte que afronta el país sin rechazar en forma categórica el acuerdo con FMI. El sometimiento a ese convenio debe ser impedido antes de su afianzamiento como regla de futuros gobiernos. El FMI no ha cambiado y las fantasías sobre su nueva sensibilidad social han sido refutadas por sus políticas de ajuste en todos los países.

Dólares

Para evitar los despidos masivos, la pulverización del salario y la contracción del nivel de actividad, la enajenación de nuestra soberanía y la sumisión al sistema financiero internacional consideramos necesario suspender el pago de la deuda. Esa decisión es imprescindible para cortar el festival especulativo con títulos públicos y para reducir las altísimas tasas de interés que sofocan la actividad productiva. Permitiría utilizar en forma racional los escasos dólares que ingresan al país. También serviría para revisar el estado real del endeudamiento. Urge una auditoria integral de la deuda comenzando por las operaciones concertadas por el gobierno Macri.
En los últimos meses se consumó una monumental salida de dólares. El dinero que falta en las escuelas y hospitales se esfumó del país por la ausencia de controles al movimiento de capitales. Para contener ese drenaje proponemos instaurar el control de cambios, junto a rigurosas disposiciones de supervisión estatal del ingreso y la salida de fondos. Sin ese manejo no hay forma de contener realmente las corridas cambiarias y la economía nacional continuará navegando a la deriva.
Nos parece decisivo retomar el principio de soberanía en el uso de las reservas, que el gobierno ha delegado a los funcionarios del FMI. Ellos garantizan la libre flotación del dólar provocando interminables temblores de la economía. Junto a la introducción del control de cambios es necesario regular todo el movimiento de divisas. La obligatoriedad de liquidar en el país las divisas de exportación, en un plazo máximo de 30-90 días debe ser restaurada de inmediato.

Control

La experiencia también indica que junto a la protección de los recursos financieros hay que establecer un riguroso control estatal de los préstamos y depósitos de los bancos. Esta decisión es urgente, puesto que el gobierno ha comenzado a traspasar la insolvencia fiscal a las entidades, mediante la mayor colocación de bonos de dudosa cobrabilidad.    El control estatal de los bancos es la única forma de contrarrestar esas aventuras protegiendo al pequeño ahorrista.
La misma urgencia presenta la protección del Fondo de Garantía de la Anses, que es el principal botín que quiere incautar el FMI. El gobierno le colocó bonos depreciados mientras utilizaba los dólares de las reservas para financiar las fugas de capital. El Fondo de Garantía es la joya de la abuela que se intenta rematar con los mismos procedimientos utilizados por Menem. Es la gran presa apetecida por los acreedores y por los grandes grupos nacionales que quieren recuperar las acciones que tienen en la Anses. De esa forma esperan enterrar cualquier resabio de participación estatal en sus compañías. El FMI exige que se afronte el gasto corriente de las jubilaciones con los recursos del Fondo de Garantía. Con esa decisión la reserva se extinguiría en poco tiempo y quedaría abierto el camino para reintroducir los fondos privados de pensión.

Cuentas públicas

Se pretende circunscribir la crisis actual a un problema fiscal, resolverlo desde el gasto y no de los ingresos, acusando a la población de ese desequilibrio y ocultando que el bache de las cuentas públicas fue potenciado en el último bienio, hasta transformar los problemas precedentes en una crisis fiscal. Para favorecer a los grandes grupos se eliminaron las retenciones al agro y la minería. Es impostergable la reimplantación de esas cargas. Junto a esa reintroducción correspondería restaurar los gravámenes a los bienes suntuarios, ampliando las escalas de Bienes Personales y Ganancias. El mismo principio debería regir el reordenamiento del Monotributo junto con revisar todas las exenciones impositivas y la reimplantación de los aportes patronales eliminados.
Para afrontar la durísima situación actual se impone, además, la adopción de un impuesto extraordinario a los ganadores del modelo y a las grandes fortunas. También a los depósitos offshore. Esas tenencias deberían ser una de  las principales fuentes de recaudación adicional. Contienen dinero generado en el país transformado en activos radicados fuera de nuestras fronteras. Luego del último blanqueo resulta posible utilizar los archivos de la AFIP para instrumentar esta medida.
El oficialismo focaliza la crisis en el desbalance fiscal para ocultar la gravedad del desequilibrio externo. Con desgastados pretextos de eficiencia facilitó el indiscriminado ingreso de importaciones, generando el mayor déficit comercial de la historia. El fomento de la especulación financiera condujo, además, a una apreciación cambiaria que deterioró las exportaciones. También desguarneció a la economía frente a las adversidades externas. Sin administración del comercio es imposible revertir esos problemas. Medidas más drásticas de control estatal de las importaciones y exportaciones son también necesarias para rehabilitar la economía.

Inflación

Esas iniciativas deberían facilitar la recomposición del tejido social, comenzando por quitar el IVA a los artículos de primera necesidad y la distribución gratuita de alimentos entre los sectores empobrecidos. Frente a la pesadilla inflacionaria que se agravará en los próximos meses, proponemos el control estatal de los precios. La efectividad de esa regulación depende de la firmeza en su aplicación, recurriendo especialmente a las normas vigentes que permiten penalizar las remarcaciones y el desabastecimiento. El éxito de esa acción depende de la participación de los consumidores, especialmente de las organizaciones sociales.
La destrucción del salario y los ingresos populares es el corazón del acuerdo con el FMI y esta agresión debe ser revertida con aumentos de emergencia y reapertura de paritarias libres. También programan el despido masivo de empleados públicos para generalizar el desempleo y debilitar la resistencia social. Una ley prohibiendo los despidos y suspensiones durante dos años es la única forma de cortar la perspectiva del paro masivo, que asumirá mayores proporciones con el inicio de la recesión en el sector privado. Que debe complementarse con el control del cumplimiento efectivo de la jornada legal de 8 horas, en camino a la reducción de las horas de trabajo, la igualdad de género en relación al salario y las condiciones de trabajo y el cupo laboral para trabajadores/as trans.

Tarifas

Los atropellos en curso incluyen la continuidad de los tarifazos que asfixian a las familias y quebrantan a las pequeñas empresas. Su justificación en futuras inversiones queda refutada por enormes ganancias de los concesionarios, que no se traducen en mejoras del servicio. Para encubrir ese desfalco los costos de las empresas se mantienen en un invariable secreto.
Los tarifazos son tan inadmisibles como la denigración de los subsidios. Se oculta que estas subvenciones existen en todos los países y cumplen una estratégica función de apuntalar el consumo y la producción. Proponemos retrotraer las tarifas a noviembre pasado y suspender los aumentos mientras dure la crisis. Posteriormente deberá discutirse una evolución acorde al incremento del salario. Esa decisión también implica revisar los contratos y eliminar la garantía en divisas. La dolarización de las tarifas conduce al colapso de la economía.
Después de dos años de anémico vaivén del PIB se perfila una recesión de grandes proporciones, que se agravará con los recortes que impone el acuerdo con el FMI a la obra pública. El drástico freno ya comenzó con la subejecución del presupuesto. Este dramático resultado no es inexorable si se implementa un plan de recuperación de la economía, basado en obras públicas y créditos a las PYMES.

Modelo

Aunque el gobierno se empeñe en demostrar que la crisis es un azaroso efecto de tormentas externas, herencias de la gestión anterior o conductas de la sociedad, salta a la vista la responsabilidad de su modelo neoliberal centrado en la libertad de mercado. Ese esquema ha recreado los típicos desequilibrios de la apertura comercial, la desregulación financiera, la precariedad laboral y el desbocado endeudamiento.
Partiendo de esta caracterización es que proponemos desarrollar un programa de actividades en común, con el fin de acompañar la resistencia social y política al pacto con el FMI, que ya se expresa en múltiples documentos, pronunciamientos y actos de protesta. Esperamos aportar con nuestro conocimiento a la batalla cultural en curso para demostrar que el ajuste no es inevitable y que existen otras alternativas para superar la crisis actual y preservar un futuro esperanzado.
* Integrantes de Economistas de Izquierda (EDI).