Los riesgos del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Un
eventual acuerdo con la UE implicaría restricciones a las políticas de
promoción de actividades productivas. Serviría además para contener
presiones sectoriales.
El acuerdo comercial en curso con la Unión Europea involucra la virtual totalidad del comercio exterior argentino, implicando su gradual y completa liberalización. Las quejas mayores en el plano empresario han surgido de algunas asociaciones donde prevalecen empresas pequeñas y medianas, que han hecho hincapié en el impacto sobre el empleo; de igual forma se han manifestado entidades sindicales. Las grandes empresas industriales y de servicios no se han pronunciado en contra, y la propia Unión Industrial Argentina ha tenido un posicionamiento poco visible.
¿Cuál es el impacto esperable del acuerdo? Un reciente estudio crítico de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo advirtió que habría 186.000 puestos de trabajo en riesgo (informe ODEP). Pero ese número, en realidad, no representa un monto muy significativo sobre el total de población ocupada de la Argentina, que se puede estimar en cerca de 20 millones. El acuerdo afectaría a menos del 1 por ciento de los puestos de trabajo. Aun dentro del sector industrial, el impacto estaría en el orden del 10 por ciento del empleo. Si el acuerdo por otro lado viabilizara un incremento de la actividad económica (la esperada “lluvia de inversiones”), estos empleos perdidos se verían compensados por una mayor demanda de fuerza de trabajo.
Sin embargo, el argumento del impacto sobre el empleo ha sido el
dominante, en los (escasos) debates sobre este tema, junto con la
controversia acerca de cuál será la apertura que en definitiva
posibilitará la Unión Europea a las importaciones agrícolas.
Esto ha desviado la atención acerca de lo que realmente está en
juego. Para empezar, el acuerdo va mucho más allá de la cuestión del
comercio. Establece la igualdad de trato a las empresas extranjeras con
relación a las nacionales; liberaliza el acceso a la prestación de los
servicios, entre ellos el servicio de transporte por agua; fortalece
mecanismos de propiedad intelectual; asegura trato nacional a empresas
extranjeras en contrataciones públicas; flexibiliza normas de origen,
permitiendo la entrada de productos elaborados en países con bajos
salarios (por ejemplo, Vietnam) como si fueran de origen en países
signatarios del acuerdo (por ejemplo, Italia).
De hecho, como ya señalara el premio Nobel de Economía Joseph
Stiglitz, los acuerdos de integración tienen en realidad esos
propósitos, porque en la medida en que prevalezca la adhesión a las
normas de la Organización Mundial de Comercio, el escenario esperable
para el comercio internacional de bienes es, de todas maneras, de
liberalización.
Lo cierto es que este acuerdo –cuyos detalles se conocen por vía
informal, y por lo que trasciende desde el lado europeo– se traducirá en
fuertes restricciones a las posibilidades de políticas de promoción de
actividades productivas, en particular en el sector industrial, además
de afectar vía competencia externa a numerosos sectores. Un subsidio o
una medida de promoción, por ejemplo, podrá ser impugnado por ser
distorsionante de los flujos comerciales.
Por otro lado, la Unión Europea, en el caso de los países con un
menor nivel de desarrollo, destina cuantiosos fondos para inversión,
dirigidos principalmente a infraestructura; se trata de los denominados
Fondos de Convergencia. Este fue el caso, por ejemplo, de España,
Portugal y Grecia. Cuando ingresaron a la Unión Europea, en la década de
1980, su producto per cápita era cerca de un 40 por ciento menor al de
Francia, Italia y Alemania en conjunto. De allí que recibieran abundante
financiamiento. Esto contribuyó al gran desarrollo de trenes de alta
velocidad en España, por ejemplo.
La actual diferencia en el producto per cápita entre Brasil,
Argentina y Uruguay con relación a Francia, Alemania e Italia, en
conjunto, es de más de 60 por ciento; la asimetría es mucho mayor. Sin
embargo, no hay previsto ningún mecanismo compensatorio, análogo a los
Fondos de Convergencia.
La única explicación que encontramos es que estos acuerdos tienen un propósito político interno: constituirse en una herrramienta de ordenamiento y disciplinamiento. Lo que probablemente espera este gobierno es que el argumento del acuerdo con la Unión Europea permita contener presiones por políticas sectoriales, e incluso por los niveles salariales. Habrá restricciones a subsidios sectoriales, como así también la permanente amenaza de la competencia externa a la hora de negociar salarios. Esto puede explicar que desde las empresas grandes no se vea con malos ojos esta decisión.
Pero esto muestra a las claras que las elites dirigentes argentinas no tienen proyecto para el colectivo social; todo pasa por la contención de presiones sectoriales.
Nos es casualidad entonces que en estos días, mientras avanza el acuerdo con la Unión Europea, la empresa estatal INVAP, uno de los pocos y auténticos logros en materia tecnológica de la Argentina, enfrenta restricciones que motivan el retraso en el pago de los sueldos, lo que permite avizorar un futuro poco venturoso. Acordamos con la Unión Europea, pero dejamos caer INVAP.
Una evidencia más de una dirigencia no solo gubernamental con una asombrosa cortedad de miras. Mal podremos esperar un proyecto sostenible e inclusivo de desarrollo en este contexto, máxime a la sombra del acuerdo con la Unión Europea.
* Universidad de Buenos Aires-IIE-Cespa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario