Primero lo invitan, pasa el jefe norteamericano, y rápidamente lo desinvitan. Pura actuación de colonizado, otra vez el gendarme en su patio trasero, antes por la guerra fría, ahora para derrocar al gobierno de Venezuela, más la excusa del narcotráfico y el terrorismo en la región. En noviembre, Perú invitó formalmente a Nicolás Maduro y ahora revocó esa invitación a la Cumbre de las Américas que se realizará en ese país. Fue una orden del secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, que acaba de culminar una gira por la región con esa finalidad. En su paso por Argentina, Tillerson, ex director ejecutivo de la petrolera Exxon Mobile, no levantó las restricciones a los limones y al biodiésel o a la carne, que constituyen la modesta contrapartida argentina del intercambio entre ambos países. Pero el jueves, el gobierno argentino emitió un decreto para la compra de material militar, un decreto secreto por decreto. Todas las discusiones económicas con Washington han sido un fracaso para Mauricio Macri, quien a cambio ha sido generoso para alinearse. El gobierno anunció acuerdos con el Comando Sur norteamericano, para asentar una base de la DEA en la triple frontera y conformar un grupo comando de respuesta rápida que involucra a las tres fuerzas armadas, que apoyará esa tarea. El motivo de esta reactivación bélica de la región apunta a la decisión de Estados Unidos de recuperar una posición hegemónica en su “patio trasero”. Su actual política proteccionista lo limita para hacerlo con acuerdos comerciales y entonces lo completa con presencia militar, la vieja política de la zanahoria y el garrote de la doctrina Monroe que seduce a Tillerson.
Son las dos vías de recolonización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad regionales: la introducción de bases de la DEA y la consolidación de hipótesis de conflicto contra el narcotráfico y el terrorismo, que a poco de andar se convierten en represión de la disidencia interna con la presencia de asesores norteamericanos como ha sucedido en México. Argentina tenía que inventar la existencia de un foco terrorista para encajar en ese esquema y así surgió una organización fantasmagórica de mapuches alzados, de la que no se conoce un documento y de la que ni siquiera se ha mostrado armamento. Pero el gobierno argentino puede exhibir, en cambio, que la lucha contra esta inasible RAM ya produjo dos bajas: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos pibes desarmados que participaban en una protesta social legítima.
Las compras de armamento y la relación con otras fuerzas extranjeras pasa por el Estado Mayor Conjunto, que desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, está a cargo del teniente general Bari del Valle Sosa, el hombre fuerte detrás de un ministro como Oscar Aguad, poco capacitado para estas tareas. En un artículo de Martín Granovsky, publicado en este diario el 27 de noviembre de 2017 se describe a a este militar como “el hombre más informado de la Argentina” porque “tiene acceso a todos los detalles de la inteligencia argentina y la logística de las tres fuerzas armadas”. En el mismo artículo se señala que “oficiales en actividad y en retiro dijeron a PáginaI12 que está relacionado con el general retirado Daniel Raimundes”, quien fue el operador del ex jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, interesado en reposicionar al Ejército en funciones de política interna y garantizar la impunidad para los represores de la dictadura.
Granovsky señaló en ese mismo artículo que “un alto oficial dijo a este diario que la conformación del Ministerio de Defensa desde el 10 de diciembre de 2015 revela un peso notorio de ex directores y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, la antigua SIDE”. Una función que siempre actuó en línea directa con las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel.
Es el paquete completo. No hay incoherencias. Un gobierno de grandes empresarios, algunos de trasnacionales y muchos que hicieron sus fortunas como contratistas del Estado, aplica una política económica que favorece a sus empresas y empobrece a  vastos sectores de la sociedad y en lo internacional busca el alineamiento subordinado a Estados Unidos a quien le cede el papel de gendarme ideológico regional.
Con el dedo siempre en el gatillo, son esquemas de muy baja intensidad democrática. Porque el garrote ideológico se traslada hacia dentro de cada país. Las primeras en ser reequipadas por el gobierno de Cambiemos han sido las fuerzas de seguridad, que pasaron por un lavado de cabeza ideológico para conferirles impunidad en las funciones de represión. Las denuncias por los tormentos a los que son sometidos los efectivos policiales en su entrenamiento y por los que murió un joven aspirante en La Rioja, constituyen técnicas desarrolladas por Estados Unidos e Israel. Es una manera de formar en la brutalidad, son efectivos que no salen de la Facultad de Derecho, sino de la tortura y que después aplican lo que aprendieron. Y también hay un mensaje para la sociedad: decenas de manifestantes son detenidos y mantenidos en prisión varios días sin ser acusados o con acusaciones inverosímiles. Un gobierno que subordina el país a una potencia y una sociedad subordinada a ese gobierno que representa a un grupo de empresas que se favorecen con sus medidas sobre la economía.
Toda esta parafernalia de declaracionismo contra el presidente de Venezuela, la visita de Tillerson, los viajes de Patricia Bullrich a Estados Unidos e Israel, los movimientos en las Fuerzas Armadas, los acuerdos para la triple frontera y los decretos secretos para la compra de armamento confluyen en una máxima de la sabiduría popular: “Estos proyectos no cierran sin represión”. Pero así como incitan a la violencia interna, por seguidismo pueden meter al país en un conflicto internacional, como hizo Carlos Menem en Medio Oriente.
La alta inflación era esperable con la fluctuación inducida del dólar  reclamada por el complejo sojero, que quiere todavía más devaluación. Es esperable todavía más con los súperaumentos de las tarifas. Y es más esperable con los aumentos de las naftas y el transporte. No hay política antinflacionaria porque el objetivo es reducir salarios y jubilaciones. Por eso se multiplican los despidos en el Estado y en la actividad privada. Todas las proyecciones dan 25 por ciento o más de inflación para el 2018. El gobierno no quiere dar más de 15 por ciento de aumento. Los salarios vienen perdiendo en 2016 y 2017. Y ahora un sablazo del diez por ciento. A esta altura son increíbles las encuestas cazabobos que medían la misma o menos pobreza que en los gobiernos anteriores.
Desfile, fanfarria, mano dura a los gobiernos que sacan los pies del plato y a los que protestan adentro, y una situación económica que lleva a la caída del maquillaje mediático. Se ha dicho que se quiso imponer el debate sobre la mano dura como forma de desviar la atención del deterioro de la economía, la desocupación y el saqueo a jubilados y trabajadores. Podría ser así. Los tarifazos pegan en un flanco vulnerable del escudo mediático. Pero en realidad, mano dura y deterioro de la economía forman parte del mismo paquete. Si se habla de convenios con Washington sobre defensa, de bases de la DEA en territorio nacional, de compra de armamentos, se está hablando también de tarifazos, desocupación, bajos salarios y jubilaciones de hambre.
La ganancia del más fuerte, como la imagen del gallinero donde los que están más abajo son los más perjudicados, tiene una lógica de represión para mantener abajo a los que están allí, sean países o personas. Y ha sido así en la historia. La experiencia más cercana fue el gobierno de Carlos Menem, que preparó las condiciones para la crisis del 2001. La característica principal de los proyectos neoliberales es que son inestables porque generan desigualdades e injusticias que terminan por estallar y este gobierno avanza con mucha coherencia por ese camino.
Lo que no se pueda frenar ahora, será más difícil frenarlo más adelante. El acto del próximo miércoles convocado por distintas fuerzas sociales tiene ese trasfondo profundo. La mayoría de los diarios oficialistas se refiere a esa movilización. Tratan de minimizar la convocatoria, estigmatizar y difamar a quienes convocan, agrandar las disidencias entre los que marchan y los que no. Hay preocupación, pronostican una protesta masiva pero dicen que no es importante. Especulan con la división de la respuesta popular. Tratan de defender al gobierno, pero al leer sus esfuerzos y sus pronósticos,  en realidad transmiten la preocupación por el desastre de la economía. Aunque lo quieran disimular, saben que hay motivos para protestar y lo dejan traslucir en esa inquietud. Es la inquietud del soldado que sabe que será sacrificado por sus generales.