Agencia TSS (UNSAM)– “El G20 nos plantea un falso debate
entre dos esquemas: la globalización neoliberal que apoyan quienes
defienden un sistema multilateral y los nacionalismos de derecha, que no
tienen un contenido popular o transformador como los de los países
latinoamericanos, sino que contienen una salida unilateral vinculada con
reincorporar una agenda muy regresiva desde el punto de vista social.
Frente a esa falsa dicotomía, es necesario construir otro mundo, otras
relaciones internacionales”, explicó el historiador e investigador del
CONICET
Leandro Morgenfeld, integrante de la
Asamblea Argentina Mejor sin TLC, parte de la
Confluencia contra el G20 y el FMI que impulsó el desarrollo de la Cumbre de los Pueblos (realizada en paralelo a la del G20).
Durante la Cumbre de los Pueblos, diversas organizaciones
provenientes de distintas partes del mundo se reunieron para repensar
modelos de desarrollo alternativos. Entre ellas, las había sociales y
políticas, gremiales, de trabajadores, campesinas, de pueblos
originarios, de mujeres y las disidencias, de migrantes, territoriales,
anti-extractivistas y de derechos humanos.
Además, durante toda la semana de acción global contra el G20 se
realizaron talleres, foros de debate, intervenciones artísticas y otras
actividades para repudiar las políticas que impulsa este grupo de países
y de empresas transnacionales e intercambiar experiencias y propuestas
alternativas. “El multilateralismo propuesto por el G20 defiende la
globalización neoliberal que causó la asimetría cada vez mayor que hoy
existe entre países desarrollados y no desarrollados, y la
profundización de los niveles de desigualdad social al interior de cada
país, que provoca crisis migratorias, violencia y frustración social”,
dijo Morgenfeld, y explicó que, si se quiere apelar a una instancia
multilateral, para eso ya existe la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), “que hay que reformar porque tiene un Consejo de Seguridad que no
es democrático porque hay cinco países con derechos a veto”. Pese a
eso, en la ONU están todos los países, mientras que en el G20 solo hay
19 (que son los de mayor PBI a nivel mundial) y la Unión Europea.
“En el G20 están representados los países del G7 –formado en los años
setenta por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y
Reino Unido–, que hace 10 años incorporaron a los BRICS –Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica– y algunos países no centrales, como la
Argentina y México, para tener mayor legitimidad frente a la crisis
internacional”, recordó el especialista y advirtió que todavía están muy
sub-representadas muchas regiones del planeta: “De América Latina solo
participan 3 de los 33 países de la región, en África hay más de 50
países y solo participa Sudáfrica, y Asia también está muy
subrepresentada”, ejemplificó.
Así conformado, este grupo de países que concentra el 85% del
producto bruto mundial, dos tercios de la población y el 75% del
comercio internacional define los lineamientos políticos y comerciales
del mundo. Para ello, actúan en consonancia con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la
Organización Mundial del Comercio (OMC, que también se reunió a fines del año pasado en Buenos Aires, y
provocó un rechazo similar).
Para este año, la Argentina propuso una agenda de debate en el G20
centrada en tres ejes: el futuro del trabajo, un futuro alimentario
sostenible y la infraestructura para el desarrollo, todos supuestamente
atravesados por una mirada de género, que buscó responder a la fuerza
que el movimiento internacional de mujeres ha adquirido en los últimos
años.
Sin embargo, “la perspectiva de género del G20 no es feminista, no
nos representa ni instrumentaliza nuestras luchas y discursos”, afirma
Paula Satta de
DAWN, mujeres para el desarrollo de una nueva era,
y subraya que, desde la economía feminista, promueven una economía del
cuidado y el derecho al cuidado, que tenga en cuenta y valore el trabajo
doméstico, y de una economía social y solidaria que desde las
organizaciones de mujeres están trabajando desde la autogestión en
espacios colectivos. Por el contrario, “el grupo de mujeres del G20, que
es un grupo de afinidad que genera recomendaciones para la cumbre de
los presidentes y se juntó en octubre en Buenos Aires, está integrado
por mujeres blancas, empresarias, heterosexuales y que además forman
parte de empresas transnacionales que son las mismas que profundizan
nuestras condiciones: somos las más precarizadas, las de mayor
desempleo, de mayor carga de doble y triple jornada de trabajo”, sostuvo
Satta, que también participa en la Red feminista del Sur Global.
“Es una hipocresía, la política que defiende el G20 es incompatible
con el pensamiento feminista. ¿De qué trabajo están hablando?”, se
preguntó su compañera Rogeria Ferreira Peixinho, de la Articulación de
mujeres brasileñas, que también participó en el Foro Feminista contra el
G20, junto con compañeras de lugares como Kenia, India y países de
América Latina como Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay. Y advirtió:
“Hablan de la necesidad de emprender, pero es como un maquillaje de la
explotación del trabajo doméstico, porque las mujeres se quedan
trabajando en casa. Hablan de mujeres de negocios pero en verdad hay
precarización del trabajo y eso es pérdida de derechos”. Ferreira
Peixinho fue parte del equipo Marielle Franco, la militante feminista y
por los derechos humanos brasileña que fue asesinada en marzo de este
año.
Las movilizaciones barriales tampoco se sienten representadas por el
G20 y tuvieron su propio foro en la Cumbre de los Pueblos. Allí
analizaron cómo han incidido las políticas del FMI y los acuerdos
comerciales en las poblaciones de asentamientos y barrios humildes. “Los
acuerdos comerciales que se establecen entre nuestro Gobierno y los
principales países del mundo no nos benefician ni por las fuentes de
trabajo que se abren ni por los recursos naturales, que son saqueados
con altos costos ambientales”, dijo Silvia Ferreyra, coordinadora del
Movimiento Barrios de Pie, y detalló que tuvieron talleres sobre
distintas problemáticas: uno sobre salud, en el que analizaron las
dificultades para lograr una buena alimentación en los comedores y las
dificultades para acceder a los alimentos; otro sobre educación, en el
que se expuso la necesidad de fortalecer la educación pública para poder
pensar en un futuro más digno, así como la diferencia que tienen los y
las jóvenes para poder acceder a ella; y otro sobre pobreza, en el que
analizaron el achicamiento de las fuentes de trabajo y la depreciación
del salario mínimo. “La gente que está en Barrios de Pie hace su propio
índice de precios, de cuánto cuesta comprar la misma canasta básica que
releva el INDEC en los barrios más humildes, y da hasta 2 o 3 veces más
caro: en el último mes de octubre dio casi 10.000 pesos para comprar
alimentos para cuatro personas”, dijo Ferreyra.
Justicia climática
Uno de los ejes más relevantes y controversiales del G20 es el cambio
climático, que fue retirado de la lista de prioridades por presión de
Estados Unidos, país que salió del acuerdo de París en 2017, lo que
motivó que la última reunión del G20 fuera la primera en concluir sin
una declaración firmada. En esta oportunidad, el tema tampoco figuró en
la agenda de trabajo del G20, pero sí fue clave en el Foro de Bienes
Comunes y Soberanía de la Cumbre de los pueblos.
“Hablamos sobre el cambio climático, el calentamiento global y la
urgencia de estos temas ya que tenemos límites planetarios que no están
siendo respetados: volvemos a los combustibles fósiles y a la industria
del carbón”, sostuvo
Vanesa Dourado, de la Confluencia No al G20 y la
Asamblea América Latina mejor sin TLC de Brasil, y agregó que en ese
foro también reflexionaron sobre justicia y derechos de la naturaleza
frente a lo que consideran la era del antropoceno actual, adonde las
acciones humanas están cambiando todo lo que tiene que ver con la biota
en su conjunto y del buen vivir como horizonte a construir, y hubo un
panel de resistencias e intercambio de experiencias en territorio.
“Los TLC otorgan privilegios a algunas empresas y les permiten dejar
los territorios contaminados, sumado al impacto de esto en el tejido
social adonde se instalan. Tras 25 años de TLC en América Latina es
bastante nítido el resultado de esto en la sociedad y los territorios,
cuando pensamos en desplazamientos de pueblos indígenas y originarios”,
dijo Dourado y agregó: “Pensar en justicia climática es también pensar
en esto que llaman de adaptación, y que los países contaminantes puedan
de alguna forma tener políticas que compensen a otros países que están
sufriendo las consecuencias de esa contaminación”. Los países del G20,
en particular, son los responsables del 75% de todas las emisiones de
gases de efecto invernadero y del 82% de la producción de dióxido de
carbono.
Otro de los temas centrales vinculado a bienes comunes fue el de la
soberanía alimentaria, que también tuvo un foro específico, en el que
redes de productores y consumidores expusieron sus principales
preocupaciones, entre las que se destacan los riesgos de modificar la
ley que regula la propiedad intelectual sobre las semillas y la tenencia
de la tierra por parte de campesinas y campesinos, de la agricultura
familiar y de pueblos originarios e indígenas. Frente al modelo de
monocultivo extensivo actual, proponen promover prácticas agroecológicas
para producir alimentos sanos, seguros y sustentables. “No están
pensando en alimentar el mundo como dicen. Tenemos suficientes alimentos
para 12.000 millones de personas y, sin embargo, las personas pasan
hambre”, subrayó Dourado.
“Es mentira que el único camino es el agronegocio”, coincidió
Nahuel Levaggi, de la
Unión de Trabajadores de la Tierra,
y advirtió que “se está avanzando en el control total del sector
alimentario y por eso es un problema de soberanía nacional, estamos
discutiendo sobre cómo se alimentará el pueblo”.
Las dificultades para acceder a alimentos sanos y el impacto
ambiental de la actividad humana también repercuten en la salud, otro de
los temas que tuvo un lugar importante en los talleres y contó con un
panel específico en el que, entre las principales preocupaciones
planteadas estuvo el presupuesto para el año próximo, que se aprobó
recientemente con recortes previstos para la compra de medicamentos, y
el sistema de Cobertura Universal de Salud (CUS) que está impulsando la
OMS, “que parece la cobertura de un auto, porque cubre hasta cierto
tratamiento y si uno supera eso hay que vender todo para curarse”,
advirtió
Pablo García, que fue presidente de la
Fundación GEP
hasta el mes pasado, y aclaró que hay países adonde la CUS ha
fracasado, como en Perú. “La industria farmacéutica, que es una de las
más poderosas del mundo junto con la de armamento y la alimenticia, está
promoviendo este tipo de políticas para convertir a la salud en un
negocio y no en algo público”, subraya.
Tras la Semana de acción global contra el G20, en la que se
compartieron experiencias, reflexiones y debates sobre las principales
problemáticas que plantea el contexto geopolítico actual, la pregunta
enunciada en la declaración final de la Cumbre de los Pueblos continúa
abierta: “¿Cómo construir una gran alternativa de todos los que nos
oponemos a los modelos del gran capital y bregamos por una sociedad
distinta, sin explotación, opresión y miseria?”.
