“Necesitamos sindicatos fuertes”
19 de diciembre de 2017
El 11 de diciembre se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el panel: “Reformas laborales y libre comercio: diálogos entre Europa y América Latina” en el marco del Foro de Lxs Trabajadorxs – Semana de Acción Global contra la OMC – Cumbre de los Pueblos
Promovida por la Fundación Rosa Luxemburgo, la actividad tendió puentes entre las reformas sucedidas en Europa durante la crisis de 2007 y 2008 y los ecos de aquellas reformas que llegan hoy a América Latina.
La Facultad de Ciencias Sociales expresó entre los días 11 y 13 de diciembre una diversidad de resistencias, en la semana de Acción Global contra la OMC. Foros, paneles, ferias de productos cooperativos o directos desde las productoras y los productores y también una Feria del Libro Independiente, aportaron materiales alternativos a las discusiones que se dieron durante estos días.
Fue en ese marco que se realizó el panel sobre Reformas Laborales, del que participaron Florian Horn de la Fundación Rosa Luxemburgo (Bruselas); Corina Rodríguez, desde Development Alternatives with Women for the New Era (DAWN); Helmut Scholz, Miembro del Parlamento Europeo y del Comité de Tratados Internacionales GUE/NGL Group; Adhemar Mineiro, de la Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP) y María Paula Lozano, Secretaria General de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL).
“Las reformas no fueron de una vez, sino en etapas”
Abrió el debate Florian Horn, a partir de un repaso de las reformas laborales en Europa que tuvieron lugar en los últimos años. “La Unión Europea incrementó las reformas laborales en 2006, un año antes de la crisis mundial. Los derechos de los trabajadores se fueron limitando y luego de la crisis los desocupados tuvieron que aceptar cualquier empleo. La reforma laboral tuvo la intención de disciplinar en Alemania. Se produjo un cambio laboral entre el año 2000 y el 2012: hubo un aumento del empleo de medio tiempo y una caída del de tiempo completo. La reforma laboral de Alemania se vendió como un gran éxito en Europa y se convirtió en un modelo para toda Europa durante la crisis del 2007/2008”.
Luego, expuso algunos ejemplos concretos de diversos países europeos en el marco de las medidas de austeridad en materia laboral, que conllevaron un deterioro escalonado de los derechos laborales. Así, expuso el ejemplo de Rumania: “La reforma laboral incluyó un cambio en la representación sindical, cuestión que contradice la Convención de la OIT. Las reformas no se realizaron de una vez, sino en etapas. Después de 2010, facilitó la posibilidad de despidos colectivos, se permitió descontar horas de trabajo y se sacaron los bonos de navidad y fin de año”.
“Desde 2012 hasta 2014 hubo una segunda reforma laboral donde el marco legal se volvió más flexible aún. Hubo esta vez recorte de los gastos, el aumento de los impuestos y las protestas populares fueron muy masivas. Sin embargo, cuando la izquierda llegó al poder, firmaron con los prestamistas y terminaron cambiando la edad de la jubilación y los estatutos legales”. Para cerrar el panorama europeo, describió lo sucedido en Grecia: “las reformas incluyeron un cambio en el porcentaje de aprobación del sindicato que se necesita para declarar una huelga: antes era el 20% y ahora es del 50% más uno para obtener tal derecho”. Mientras que en Francia “se facilitaron las reglas para despedir a los trabajadores”.
Horn puso el acento en los puntos comunes de las reformas y en el lenguaje con el que se interpela a las mayorías populares. “Las reformas laborales varían según los lugares pero tienen puntos generales: aumento de contrato de medio tiempo, abolición de acuerdos colectivos de trabajo y, como tendencia, no se realizan las reformas todas juntas sino paso a paso, lo que hace que sea más difícil que la gente pueda expresarse en contra porque no se puede estar en la calle todo el tiempo. Por otra parte, el discurso neoliberal termina siendo más ‘posible’ que el de izquierda, que pide condiciones ideales de la economía. Entonces, los sindicatos terminan apoyando las reformas y ese discurso neoliberal”. Para cerrar, concluyó: “Queda claro, pues, que se necesitan sindicatos fuertes para sostener el conflicto”.
“Los ejes de las reformas laborales en Brasil son similares a los del resto del Continente”
Después de la intervención de Corina Rodríguez, desde Development Alternatives with Women for the New Era (DAWN) (ver nota aparte), fue el turno de Adhemar Mineiro, de la Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP), quien hizo un paneo sobre la situación que llevó a la reforma laboral al día de hoy en Brasil. “La coyuntura y la crisis son elementos importantes para entender el proceso de reformas de Brasil, y en particular la reforma laboral. Durante el comienzo del gobierno de Lula, en 2003, se constituyó el Foro Nacional del Trabajo, para dar la discusión tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores (representados por los sindicatos). Eso funcionó pero a la vez fue clave para estancar la discusión por la reforma laboral en Brasil: se pararon los trámites de las leyes que estaban en el Congreso”.
Luego, desarrolló las etapas en las que el gobierno pudo frenar los intentos del empresariado de flexibilizar las leyes laborales. Con la crisis del país en 2008 “los empresarios volvieron a presentar propuestas de reformas laborales pero la posición del gobierno en ese momento era que para combatir la crisis económica había que retomar el crecimiento económico y no recurrir a ajustes ni reformas laborales”. Finalmente, y con un marco institucional más débil, “la discusión volvió a comienzos del segundo mandato de Dilma -2015-, mientras se daba el proceso del golpe político y cambiaba de manos el poder ejecutivo”.
Como cierre, Adhemar expresó una mirada que atravesó todo el panel, respecto de la trasversalidad de las reformas en el continente; así, describió que “básicamente, son tres: flexibilidad de las jornadas de trabajo, flexibilidad de los ingresos (para los empresarios “flexibilidad de costos”) y reducción de los sindicatos, a los que se los margina o debilita en su participación como representantes políticos de los trabajadores y las trabajadoras en la negociación y ante la justicia”.
“La flexibilización laboral cubre la precarización y la destrucción de los derechos laborales”
El panel siguió su curso en la voz de María Paula Lozano, Secretaria General de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), quien retomó una definición de 1993 de Horacio Zamboni, en ese entonces abogado de la Federación de Aceiteros y otros sindicatos. Para Zamboni, “la reforma laboral era un concepto confuso y mentiroso porque se lo ata a que las normas laborales se adapten a las nuevas formas productivas y las transformaciones tecnológicas; pero lo que siempre cubre es la vuelta al inicio del capitalismo: la precarización y la consiguiente destrucción de los derechos laborales”. En ese sentido, Lozano sumó las otras reformas que están tratado de implementarse en la Argentina (previsional e impositiva) para explicar que “se da todo junto, a modo de shock, porque se pretende el retorno al mercado autorregulado del siglo XIX. Es decir, a la idea de que para el desarrollo económico la única posibilidad sería la destrucción de los derechos sociales”.
En esa sintonía, propuso un análisis más profundo de la reforma laboral que se pretende aplicar en la actualidad en el país, “Implica la posibilidad de que el empleador imponga no solamente una transferencia de ingresos, en lo que tiene que ver con lo salarial, sino también en la posibilidad de discutir o no las condiciones de trabajo”. Como ejemplo, Lozano explicó la continuidad en la privatización de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART): “En ese sentido, el gobierno macrista se ha alineado en forma directa con las conquistas del libre comercio, dando lugar a una serie de reformas regresivas como la ley que regula los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, basada en un sistema de aseguradoras de riesgo de trabajo privado, que es muy concentrado y propicia la concentración del mercado financiero”. Si bien durante muchos años las trabajadoras y los trabajadores podían iniciar juicios a las empresas para tener, al menos, una reparación jurídica, “este año se modificó la ley de modo tal de impedir el acceso a la justicia”.
Otra de las modificaciones regresivas resaltadas por Lozano impacta en procesos de tercearización laboral. Para dar cuenta del cambio que se intenta establecer, hizo un repaso histórico: “En la Argentina, desde 1974, la Ley de Contrato de Trabajo vigente establecía la responsabilidad solidaria de aquel empleador que decidía realizar a través de terceros cierta parte de su actividad. La última dictadura cívico militar la había modificado, restringiendo la responsabilidad, por eso hoy es un sistema en donde se puede terciarizar, pero existe responsabilidad solidaria”.
La modificación que lleva adelante el gobierno nacional incluso deslindaría esas mínimas responsabilidades establecidas en Dictadura: “Lo que se hace es eximir a ciertas actividades que se consideran complementarias, como la limpieza, el montaje, la gastronomía, el transporte de personas; es decir, se hace una enumeración de actividades que usualmente se terciarizan y se dice que el empleador queda eximido de responsabilidad. Por otra parte, se establece que con un mero control formal de medios, también en las actividades principales habría eximición de responsabilidad”. Lozano describió las modificaciones como “un aval para la tercearización” y explicó por qué quedaría como uno de los sectores más desfavorecidos de la reforma: “Sabemos que en las empresas terciarizadas es donde existen mayores diferencias de salarios y mayores niveles accidentes de trabajo”.
Para finalizar, revitalizó la importancia de la responsabilidad del empleador, que quiere deslindarse a partir de las reformas: “Este proyecto, por un lado crea la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (que ya existía en Europa, pero no en Argentina), con la intención de quitarlo de la tutela de la Ley de Contrato de Trabajo. Modifica lo que se llama el principio de irrenunciabilidad, según el cual el trabajador no tiene autonomía de voluntad, por lo cual está prohibida la renuncia de derechos y, si se renuncia, se la considera nula. A partir de esta reforma se podría renunciar a victorias alcanzadas nivel individual, lo que puede tener un fuerte impacto sobre beneficios colectivos, ya que hay muchas conquistas que tienen que ver con luchas que se dan en comisiones internas, en espacios que no están reconocidos sindicalmente”.
En ese sentido, explicó cómo es falso el mote de “acuerdo” que se le dio en la Argentina a esta reforma (y a otras) desde los medios de comunicación: “El proyecto de la llamada reforma previsional, que se encuentra ahora en el Congreso, ha sido consensuado con las cúpulas de la CGT (Confederación General del Trabajo), entidad que agrupa a los principales sindicatos. En los medios de comunicación se lo presentó como un ‘acuerdo’, aunque es necesario aclarar que no ha sido un acuerdo de los sindicatos, es un proyecto que ha sido impuesto a los trabajadores y las trabajadoras”.
“Tenemos que poner en agenda que el comercio se relaciona con la economía”
Cerró el panel Helmut Scholz, miembro del Parlamento Europeo, quien planteó la discusión que se está dando en Europa en relación al tratado UE-Mercosur. Desde el público presente, se hizo hincapié en la desigualdad de condiciones en los que se generan esos “acuerdos” entre países europeos y países en vías de desarrollo en América Latina, mientras que su alocución apuntaba más bien a pensar qué sucedía en las negociaciones entre los representantes de los gobiernos y los ejecutivos o empresarios de cada país, “lo principal es pensar quién establece las reglas”.
En ese sentido, habló de cómo en los acuerdos bilaterales “las normas laborales se manosean: la Unión Europea tiene sus propias normas, pero habría que considerar en ese caso las normas propias del Mercosur, y cómo manejar el sector ‘formal’ del trabajo. Sin duda, muchas veces estos acuerdos quedan excluidos de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y hay que poner énfasis en qué pasa con la obligación de los Estados”.
Al referirse a los países del Mercosur, focalizó en las intenciones de Brasil y de la Argentina de abrir el mercado europeo a ciertos productos como la carne. Mencionó las competencias con mercados como el de Francia y también explicó que en esos acuerdos de exportación hay que proteger a “consumidores, productores, fuerza de trabajo, pero también a pequeñas y medianas empresas, las agrícolas”. Por eso aclaró que la Unión Europea debería reforzar los acuerdos con cláusulas contractuales, que respeten las convenciones de la OIT.
“Los legisladores del sector de la izquierda del Parlamento han rechazado estas cuestiones, porque de lo contrario, los intereses de las grandes corporaciones primarían y esto es lo que tenemos que dejar de lado para defender los intereses de los productores, de los consumidores”. El tema del medioambiente y la sustentabilidad fue destacado por el parlamentario con énfasis para que se incluyera en los acuerdos.
Ante la intervención de una asistente que puntualizó que en Argentina, desde los espacios organizados, no se está pensando en una negociación de los acuerdos de libre comercio, sino en alternativas opuestas a sus principios asimétricos; el diputado reflexionó acerca de la necesidad de que desde el Mercosur profundicen en los pedidos de que se respeten los acuerdos y destacó el lugar de proveedores de los países que lo componen: “No se trata solamente de estar en la posición donde se pueda exportar bananas al mercado europeo, no: las condiciones de los mercados deben tener una forma tal que los ciudadanos de esos países tengan la posibilidad de desarrollar sus propias economías; y esto no tiene que ser de una forma impuesta por la Unión Europea”.
Y reforzó la idea de que los Parlamentarios deben insistir en estos pedidos de cumplimientos: “Estamos poniéndonos al día con los intentos de establecer reglas, al menos a nivel Europeo, a nivel nacional dentro de nuestros países. Hay problemas con el desarrollo tecnológico, con las economías digitalizadas, que actualmente influencian también la producción agrícola en todos lados y el desarrollo de las industrias”. En ese mismo sentido, puntualizó: “Estamos ante un período de transición y tenemos que ver cómo se diseñará de manera tal que las economías tengan la posibilidad de ponerse al día con los países más desarrollados, y en esta dimensión tenemos dos actores muy importantes: los Estados Unidos y China”.
Promovida por la Fundación Rosa Luxemburgo, la actividad tendió puentes entre las reformas sucedidas en Europa durante la crisis de 2007 y 2008 y los ecos de aquellas reformas que llegan hoy a América Latina.
La Facultad de Ciencias Sociales expresó entre los días 11 y 13 de diciembre una diversidad de resistencias, en la semana de Acción Global contra la OMC. Foros, paneles, ferias de productos cooperativos o directos desde las productoras y los productores y también una Feria del Libro Independiente, aportaron materiales alternativos a las discusiones que se dieron durante estos días.
Fue en ese marco que se realizó el panel sobre Reformas Laborales, del que participaron Florian Horn de la Fundación Rosa Luxemburgo (Bruselas); Corina Rodríguez, desde Development Alternatives with Women for the New Era (DAWN); Helmut Scholz, Miembro del Parlamento Europeo y del Comité de Tratados Internacionales GUE/NGL Group; Adhemar Mineiro, de la Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP) y María Paula Lozano, Secretaria General de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL).
“Las reformas no fueron de una vez, sino en etapas”
Abrió el debate Florian Horn, a partir de un repaso de las reformas laborales en Europa que tuvieron lugar en los últimos años. “La Unión Europea incrementó las reformas laborales en 2006, un año antes de la crisis mundial. Los derechos de los trabajadores se fueron limitando y luego de la crisis los desocupados tuvieron que aceptar cualquier empleo. La reforma laboral tuvo la intención de disciplinar en Alemania. Se produjo un cambio laboral entre el año 2000 y el 2012: hubo un aumento del empleo de medio tiempo y una caída del de tiempo completo. La reforma laboral de Alemania se vendió como un gran éxito en Europa y se convirtió en un modelo para toda Europa durante la crisis del 2007/2008”.
Luego, expuso algunos ejemplos concretos de diversos países europeos en el marco de las medidas de austeridad en materia laboral, que conllevaron un deterioro escalonado de los derechos laborales. Así, expuso el ejemplo de Rumania: “La reforma laboral incluyó un cambio en la representación sindical, cuestión que contradice la Convención de la OIT. Las reformas no se realizaron de una vez, sino en etapas. Después de 2010, facilitó la posibilidad de despidos colectivos, se permitió descontar horas de trabajo y se sacaron los bonos de navidad y fin de año”.
“Desde 2012 hasta 2014 hubo una segunda reforma laboral donde el marco legal se volvió más flexible aún. Hubo esta vez recorte de los gastos, el aumento de los impuestos y las protestas populares fueron muy masivas. Sin embargo, cuando la izquierda llegó al poder, firmaron con los prestamistas y terminaron cambiando la edad de la jubilación y los estatutos legales”. Para cerrar el panorama europeo, describió lo sucedido en Grecia: “las reformas incluyeron un cambio en el porcentaje de aprobación del sindicato que se necesita para declarar una huelga: antes era el 20% y ahora es del 50% más uno para obtener tal derecho”. Mientras que en Francia “se facilitaron las reglas para despedir a los trabajadores”.
Horn puso el acento en los puntos comunes de las reformas y en el lenguaje con el que se interpela a las mayorías populares. “Las reformas laborales varían según los lugares pero tienen puntos generales: aumento de contrato de medio tiempo, abolición de acuerdos colectivos de trabajo y, como tendencia, no se realizan las reformas todas juntas sino paso a paso, lo que hace que sea más difícil que la gente pueda expresarse en contra porque no se puede estar en la calle todo el tiempo. Por otra parte, el discurso neoliberal termina siendo más ‘posible’ que el de izquierda, que pide condiciones ideales de la economía. Entonces, los sindicatos terminan apoyando las reformas y ese discurso neoliberal”. Para cerrar, concluyó: “Queda claro, pues, que se necesitan sindicatos fuertes para sostener el conflicto”.
“Los ejes de las reformas laborales en Brasil son similares a los del resto del Continente”
Después de la intervención de Corina Rodríguez, desde Development Alternatives with Women for the New Era (DAWN) (ver nota aparte), fue el turno de Adhemar Mineiro, de la Rede Brasileira pela Integração dos Povos (REBRIP), quien hizo un paneo sobre la situación que llevó a la reforma laboral al día de hoy en Brasil. “La coyuntura y la crisis son elementos importantes para entender el proceso de reformas de Brasil, y en particular la reforma laboral. Durante el comienzo del gobierno de Lula, en 2003, se constituyó el Foro Nacional del Trabajo, para dar la discusión tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores (representados por los sindicatos). Eso funcionó pero a la vez fue clave para estancar la discusión por la reforma laboral en Brasil: se pararon los trámites de las leyes que estaban en el Congreso”.
Luego, desarrolló las etapas en las que el gobierno pudo frenar los intentos del empresariado de flexibilizar las leyes laborales. Con la crisis del país en 2008 “los empresarios volvieron a presentar propuestas de reformas laborales pero la posición del gobierno en ese momento era que para combatir la crisis económica había que retomar el crecimiento económico y no recurrir a ajustes ni reformas laborales”. Finalmente, y con un marco institucional más débil, “la discusión volvió a comienzos del segundo mandato de Dilma -2015-, mientras se daba el proceso del golpe político y cambiaba de manos el poder ejecutivo”.
Como cierre, Adhemar expresó una mirada que atravesó todo el panel, respecto de la trasversalidad de las reformas en el continente; así, describió que “básicamente, son tres: flexibilidad de las jornadas de trabajo, flexibilidad de los ingresos (para los empresarios “flexibilidad de costos”) y reducción de los sindicatos, a los que se los margina o debilita en su participación como representantes políticos de los trabajadores y las trabajadoras en la negociación y ante la justicia”.
“La flexibilización laboral cubre la precarización y la destrucción de los derechos laborales”
El panel siguió su curso en la voz de María Paula Lozano, Secretaria General de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), quien retomó una definición de 1993 de Horacio Zamboni, en ese entonces abogado de la Federación de Aceiteros y otros sindicatos. Para Zamboni, “la reforma laboral era un concepto confuso y mentiroso porque se lo ata a que las normas laborales se adapten a las nuevas formas productivas y las transformaciones tecnológicas; pero lo que siempre cubre es la vuelta al inicio del capitalismo: la precarización y la consiguiente destrucción de los derechos laborales”. En ese sentido, Lozano sumó las otras reformas que están tratado de implementarse en la Argentina (previsional e impositiva) para explicar que “se da todo junto, a modo de shock, porque se pretende el retorno al mercado autorregulado del siglo XIX. Es decir, a la idea de que para el desarrollo económico la única posibilidad sería la destrucción de los derechos sociales”.
En esa sintonía, propuso un análisis más profundo de la reforma laboral que se pretende aplicar en la actualidad en el país, “Implica la posibilidad de que el empleador imponga no solamente una transferencia de ingresos, en lo que tiene que ver con lo salarial, sino también en la posibilidad de discutir o no las condiciones de trabajo”. Como ejemplo, Lozano explicó la continuidad en la privatización de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART): “En ese sentido, el gobierno macrista se ha alineado en forma directa con las conquistas del libre comercio, dando lugar a una serie de reformas regresivas como la ley que regula los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, basada en un sistema de aseguradoras de riesgo de trabajo privado, que es muy concentrado y propicia la concentración del mercado financiero”. Si bien durante muchos años las trabajadoras y los trabajadores podían iniciar juicios a las empresas para tener, al menos, una reparación jurídica, “este año se modificó la ley de modo tal de impedir el acceso a la justicia”.
Otra de las modificaciones regresivas resaltadas por Lozano impacta en procesos de tercearización laboral. Para dar cuenta del cambio que se intenta establecer, hizo un repaso histórico: “En la Argentina, desde 1974, la Ley de Contrato de Trabajo vigente establecía la responsabilidad solidaria de aquel empleador que decidía realizar a través de terceros cierta parte de su actividad. La última dictadura cívico militar la había modificado, restringiendo la responsabilidad, por eso hoy es un sistema en donde se puede terciarizar, pero existe responsabilidad solidaria”.
La modificación que lleva adelante el gobierno nacional incluso deslindaría esas mínimas responsabilidades establecidas en Dictadura: “Lo que se hace es eximir a ciertas actividades que se consideran complementarias, como la limpieza, el montaje, la gastronomía, el transporte de personas; es decir, se hace una enumeración de actividades que usualmente se terciarizan y se dice que el empleador queda eximido de responsabilidad. Por otra parte, se establece que con un mero control formal de medios, también en las actividades principales habría eximición de responsabilidad”. Lozano describió las modificaciones como “un aval para la tercearización” y explicó por qué quedaría como uno de los sectores más desfavorecidos de la reforma: “Sabemos que en las empresas terciarizadas es donde existen mayores diferencias de salarios y mayores niveles accidentes de trabajo”.
Para finalizar, revitalizó la importancia de la responsabilidad del empleador, que quiere deslindarse a partir de las reformas: “Este proyecto, por un lado crea la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (que ya existía en Europa, pero no en Argentina), con la intención de quitarlo de la tutela de la Ley de Contrato de Trabajo. Modifica lo que se llama el principio de irrenunciabilidad, según el cual el trabajador no tiene autonomía de voluntad, por lo cual está prohibida la renuncia de derechos y, si se renuncia, se la considera nula. A partir de esta reforma se podría renunciar a victorias alcanzadas nivel individual, lo que puede tener un fuerte impacto sobre beneficios colectivos, ya que hay muchas conquistas que tienen que ver con luchas que se dan en comisiones internas, en espacios que no están reconocidos sindicalmente”.
En ese sentido, explicó cómo es falso el mote de “acuerdo” que se le dio en la Argentina a esta reforma (y a otras) desde los medios de comunicación: “El proyecto de la llamada reforma previsional, que se encuentra ahora en el Congreso, ha sido consensuado con las cúpulas de la CGT (Confederación General del Trabajo), entidad que agrupa a los principales sindicatos. En los medios de comunicación se lo presentó como un ‘acuerdo’, aunque es necesario aclarar que no ha sido un acuerdo de los sindicatos, es un proyecto que ha sido impuesto a los trabajadores y las trabajadoras”.
“Tenemos que poner en agenda que el comercio se relaciona con la economía”
Cerró el panel Helmut Scholz, miembro del Parlamento Europeo, quien planteó la discusión que se está dando en Europa en relación al tratado UE-Mercosur. Desde el público presente, se hizo hincapié en la desigualdad de condiciones en los que se generan esos “acuerdos” entre países europeos y países en vías de desarrollo en América Latina, mientras que su alocución apuntaba más bien a pensar qué sucedía en las negociaciones entre los representantes de los gobiernos y los ejecutivos o empresarios de cada país, “lo principal es pensar quién establece las reglas”.
En ese sentido, habló de cómo en los acuerdos bilaterales “las normas laborales se manosean: la Unión Europea tiene sus propias normas, pero habría que considerar en ese caso las normas propias del Mercosur, y cómo manejar el sector ‘formal’ del trabajo. Sin duda, muchas veces estos acuerdos quedan excluidos de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y hay que poner énfasis en qué pasa con la obligación de los Estados”.
Al referirse a los países del Mercosur, focalizó en las intenciones de Brasil y de la Argentina de abrir el mercado europeo a ciertos productos como la carne. Mencionó las competencias con mercados como el de Francia y también explicó que en esos acuerdos de exportación hay que proteger a “consumidores, productores, fuerza de trabajo, pero también a pequeñas y medianas empresas, las agrícolas”. Por eso aclaró que la Unión Europea debería reforzar los acuerdos con cláusulas contractuales, que respeten las convenciones de la OIT.
“Los legisladores del sector de la izquierda del Parlamento han rechazado estas cuestiones, porque de lo contrario, los intereses de las grandes corporaciones primarían y esto es lo que tenemos que dejar de lado para defender los intereses de los productores, de los consumidores”. El tema del medioambiente y la sustentabilidad fue destacado por el parlamentario con énfasis para que se incluyera en los acuerdos.
Ante la intervención de una asistente que puntualizó que en Argentina, desde los espacios organizados, no se está pensando en una negociación de los acuerdos de libre comercio, sino en alternativas opuestas a sus principios asimétricos; el diputado reflexionó acerca de la necesidad de que desde el Mercosur profundicen en los pedidos de que se respeten los acuerdos y destacó el lugar de proveedores de los países que lo componen: “No se trata solamente de estar en la posición donde se pueda exportar bananas al mercado europeo, no: las condiciones de los mercados deben tener una forma tal que los ciudadanos de esos países tengan la posibilidad de desarrollar sus propias economías; y esto no tiene que ser de una forma impuesta por la Unión Europea”.
Y reforzó la idea de que los Parlamentarios deben insistir en estos pedidos de cumplimientos: “Estamos poniéndonos al día con los intentos de establecer reglas, al menos a nivel Europeo, a nivel nacional dentro de nuestros países. Hay problemas con el desarrollo tecnológico, con las economías digitalizadas, que actualmente influencian también la producción agrícola en todos lados y el desarrollo de las industrias”. En ese mismo sentido, puntualizó: “Estamos ante un período de transición y tenemos que ver cómo se diseñará de manera tal que las economías tengan la posibilidad de ponerse al día con los países más desarrollados, y en esta dimensión tenemos dos actores muy importantes: los Estados Unidos y China”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario