El Brasil de Temer: ajuste, flexibilización y represión
Revista Insumisa
Año 1, Número 1, agosto 2017, pp. 2-5
Avanza en Brasil la deriva antidemocrática del ilegítimo gobierno de
Michel Temer. La corporación política lo protege –el 2 de agosto, los mismos
diputados que votaron el juicio político contra Dilma, salvaron al actual
presidente, a pesar de las contundentes pruebas sobre sobornos, relevadas
recientemente por la grabación del titular del frigorífico JBS-, mientras que la
judicial intenta evitar que Lula pueda participar en las elecciones
presidenciales de 2018, siendo el precandidato que encabeza todas las
encuestas. El impopular gobierno de Temer intenta imponer un ajuste que sea
irreversible: congelamiento del gasto social, flexibilización laboral y reforma
del régimen de pensiones, los tres pilares de una regresión en términos de
derechos sociales. Los posibles escenarios futuros en Brasil, su impacto
regional y la relación con el Estados Unidos de Trump.
El 19 de mayo se desató un nuevo
escándalo en Brasil, cuando se supo que Michel Temer había sido grabado
aprobando una coima para garantizar el silencio de Eduardo Cunha. Un episodio
más, en la extensa crisis económica, social y política en la que se sumergió
Brasil desde el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, concretado el año
pasado
.
Al derrumbe económico –el PBI se desplomó en los últimos dos años un 7%- se le
suma una crisis social aguda -13% de desocupación-. El ilegítimo presidente de
Brasil es rechazado por casi toda la población. Una encuesta, publicada por IBOPE
el 27 de julio confirma esta apreciación: sólo el 5% aprueba su gestión,
mientras que el 87% le tiene desconfianza y 7 de cada 10 brasileros consideran
que su gobierno es “pésimo”. ¿Cómo se explica, con esta valoración social, que
Temer aún pueda sostenerse en el poder y que haya sido salvado por la Cámara de
Diputados el 2 de agosto?
Los factores
de poder –corporaciones económicas, políticas, judiciales y mediáticas- lo
están sosteniendo hasta que se aplique a fondo el plan neoliberal del ministro
de economía Henrique Meirelles: recortes en salud, educación y planes sociales
–mediante una enmienda constitucional que congela el gasto público en términos
reales (sólo se podrá ajustar por inflación), para bloquear la inversión social por los próximos 20 años-, ley
de flexibilización laboral y extensión de la edad jubilatoria. Si América
Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, Brasil encabeza ese
oprobioso ranking. La profunda degradación de las condiciones de vida de las
mayorías, la (re)emergencia de las guerras entre bandas narcos (PCC, Comando
Vermelho), que en enero se cobraron la vida de decenas y decenas de presos,
y la creciente ola de criminalidad en ciudades como Rio de Janeiro –la última
semana de julio se anunció el envío de 10000 policías y militares para combatir
el delito en esa ciudad- desvanecen la ilusión, agitada con fuerza hace 4 o 5
años, de que Brasil podía despegarse de sus vecinos y sumarse al primer mundo,
jugando en las grandes ligas (logrando, por ejemplo, un asiento permanente en
el Consejo de Seguridad de la ONU).
El 11 de julio,
a pesar de las huelgas generales del 28 y 30 de abril y de las marchas de
protesta, se aprobó la reforma de la ley de trabajo, una herramienta para
concretar la ofensiva anti-popular que pretende emular el gobierno de Mauricio
Macri en la Argentina después de las elecciones
.
La reforma de leyes laborales tiende a precarizar aún más el trabajo: extiende
la jornada laboral, elimina horas extras, permite parcelar las vacaciones,
disminuye los tiempos de descanso, flexibiliza las normas de contratación y de
rescisión de contratos, deja afuera de las negociaciones temas vinculados al
aguinaldo y salario mínimo y limita las fuentes de financiamiento de los
sindicatos
.
Como bien resume el sociólogo Agustín Santella en un reciente artículo: “Esto
trae lecciones para la Argentina. Los procesos políticos son distintos, pero
los objetivos de las fuerzas en pugna son similares. Podemos aprender, por
ejemplo, de la máquina de propaganda que ha usado el empresariado brasileño
para construir el consenso para su flexibilización laboral. Según ellos las
leyes protectoras de los derechos de los trabajadores, atentan contra la
‘creación de empleos’. Así por ejemplo, el diario O Globo (“Tempo das
reformas”, 12/07/17), muestra algunos números para sostener que la anterior Ley
del trabajo “excluía a los más pobres”. La conclusión es que la Ley anterior
protegía a los empleados “más ricos”, a los que estaban en el sector formal,
que son una minoría: ‘Entre ¿el? 20% más pobre del país, el 60% de ellos
trabajan en la informalidad y el 24% están desempleados. Entonces el 84% de los
pobres están fuera de la CLT. Entre el 20% más rico, sucede lo contrario. Solo
el 3,1% está desempleado y el 16% está en la informalidad’. Los números reales
pueden usarse con arbitrariedad en las conclusiones. Con los mismos datos
podemos decir que la situación de la informalidad sigue siendo un hecho de
gravedad que afecta a la clase trabajadora. Pero también indagar sobre las
causas de la informalidad, y pensar que precisamente es una estrategia
convenida por las patronales para erogar menores costos, impuestos y salarios.
La nueva Ley precisamente busca generalizar lo que de hecho se encuentra en la
informalidad. Contradictoriamente, la crítica neoliberal a la ley protectora de
derechos laborales usa una retórica “populista”, en el sentido de la demagogia
hacia los pobres, para favorecer otros intereses que no son los de estos.
Apelan al sentimiento de injusticia, pero lo dirigen contra los mismos
trabajadores. Bajando los costos del trabajo, sostienen, podremos lograr
empleos para todos, y así terminar con la injusticia de una situación donde los
trabajos son para pocos. Este discurso no conecta la distribución de los
salarios ni con la desigualdad entre las clases”
.
En Argentina,
de a poco va apareciendo un discurso similar. Macri insiste en bajar los
“costos laborales”. El 2 de agosto, el ministro de Trabajo Jorge Triaca criticó
las supuestas ventajas diferenciales que tienen algunos convenios colectivos,
que no llegan al “trabajador desocupado”, o la “gente que está informalizada”.
O sea, al igual que en Brasil, la excusa para precarizar a los
trabajadores sindicalizados es que los derechos que obtienen en las
negociaciones colectivas no llegan a los informales. O sea, igualar hacia
abajo. ¿Podrá avanzar en la Argentina una reforma laboral como la que se impuso
en Brasil? Es difícil. Hay una tradición sindical de más de cien años que hace
pensar que no. Aunque dependerá de muchos factores, entre ellos el resultado de
las elecciones. Las bases sindicales vienen hace meses presionando a la cúpula
de la CGT para que tome medidas frente al ajuste en marcha.
El desenlace
de la crisis en Brasil es todavía incierto. La consigna “Fora Temer”, hace algunas
semanas, permitió unificar a todas las fuerzas populares y democráticas
–lulistas o no lulistas- en la lucha contra la restauración neoliberal,
xenófoba, misógina, homofóbica y antipopular vislumbrada desde el instante en
que el ilegítimo nombró a su gabinete. Esa consigna sigue vigente, junto a la
exigencia de elecciones directas inmediatas, pero perdió fuerza en las últimas
semanas, tras la condena contra Lula y el salvataje del Congreso a Temer el 2
de agosto.
La crisis en
Brasil tiene también una dimensión regional ineludible. En primer lugar,
muestra las dificultades que enfrenta la restauración conservadora y
neoliberal. Ni Peña Nieto, ni Temer, ni Macri tienen demasiados logros económico-sociales
para exhibir ni articulan un proyecto regional coherente. América Latina está
sumida en una recesión de la que no logra salir, las instituciones de
coordinación y cooperación regional, como la UNASUR y la CELAC, están
virtualmente paralizadas, frente a la ofensiva de Estados Unidos y aliados para
recomponer la legitimidad de la alicaída OEA. Crece la desigualdad, la pobreza,
el narcotráfico y la violencia. Ni siquiera avanzan los tratados de libre
comercio, presentados como panacea de la globalización neoliberal, pero
impugnados en Estados Unidos y Europa. El desplome de Temer, la putrefacción
del sistema político encabezado por el PRI y el PAN en México, y su incapacidad
para hacer frente a los embates de Trump, y la imposibilidad de Macri de
reactivar la economía argentina ponen en crisis el relato anti-populista. Los
máximos representantes del neoliberalismo latinoamericano no entusiasman, no
logran inversiones, ni bajar los déficits ni mejorar casi ningún indicador
económico y social. Tampoco pueden seguir blandiendo la bandera del honestismo,
menos aún después del papelón de Temer, de los coletazos regionales de los
Panamá Papers o el escándalo Odebrecht.
Si Temer va a
pasar a la historia como traidor y corrupto, Macri también tendrá que asumir la
parte de responsabilidad que le compete. Tempranamente, cuando se inició el
proceso del ilegítimo desplazamiento de Dilma, cuestionado por los gobiernos de
otros países de la región, el líder del PRO le dio un crucial respaldo
diplomático y político. Luego se fotografiaron sonriendo en muchas
oportunidades, Macri fue recibido con honores en Brasilia e invitó a Temer a la
Argentina. Imaginaron que así sepultarían cualquier atisbo de proyecto popular
en la región, atacaron a Venezuela –suspendiéndola del Mercosur- y pergeñaron
una estrategia conjunta que preveía una apertura comercial, firmar un acuerdo
de libre comercio con la Unión Europea y remolcar al resto del continente hacia
un nuevo ALCA. El desplome de Temer en la consideración de los brasileros –sólo
5% de la población lo apoya, según las últimas encuestas de julio- no hace más
que corroborar lo mal que la cancillería argentina lee los últimos
acontecimientos mundiales y lo errática que es la política exterior de
Macri. Sin embargo, la salida hacia adelante que pergeñan tiene que ver
con provocar un desplome del gobierno venezolano e implementar reformas
económico-sociales estructurales, que pulvericen cualquier posibilidad de
reversión de la actual ofensiva del capital sobre el trabajo. La adhesión a
mega-acuerdos de libre comercio, o la asimilación acrítica de la agenda
pro-corporaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sería la vía
para consolidar esas reformas.
En Brasil se
asiste a una descomposición del sistema político que implementó un brutal
ajuste neoliberal. Ante esta grave situación, que sin dudas tendrá un impacto
económico negativo en la región (mayor riesgo país, menos inversiones, más
volatilidad e incertidumbre, presiones devaluatorias, caída del comercio), hay
que evitar las salidas neofascistas o ultraconservadoras como las que vienen
apareciendo en Europa o se expresaron en Estados Unidos con el triunfo de Trump
–preocupa el buen posicionamiento en las encuestas del diputado ultraderechista
Jair Bolsonaro-. Frente a la incertidumbre global, Nuestra América requiere,
una vez más, construir una alternativa original al neoliberalismo en crisis,
que se asiente en las mejores tradiciones populares, latinoamericanistas y
antiimperialistas. Las clases populares argentinas deben analizar con
detenimiento las regresivas reformas fiscales, laborales y previsionales
implementadas en Brasil para advertir cuál es el ajuste que intentará imponer
el gobierno argentino si recibe suficiente respaldo electoral en octubre.
Profesor UBA.
Investigador Adjunto del CONICET. Co-Coordinador del Grupo CLACSO “Estudios
sobre EEUU”. Autor de Vecinos en conflicto. Argentina y Estados Unidos en las
conferencias panamericanas; de Relaciones peligrosas. Argentina y Estados
Unidos y del blog www.vecinosenconflicto.blogspot.com
La revelación de las grabaciones de mayo sólo
confirman que el tridente golpista –Temer, Neves y Cunha- se valieron de la
corrupción como excusa para voltear a un gobierno electo democráticamente e
imponer un plan de ajuste neoliberal, en el plano interno, y una política
exterior subordinada a Estados Unidos.
