Los acuerdos de libre comercio están siendo cuestionados en los países centrales
Las
observaciones críticas apuntan a la falta de transparencia y
vulneración de algunos principios democráticos básicos. El contenido de
los acuerdos reflejan los intereses de un pequeño grupo de empresas
multinacionales.
Creada para coordinar el rechazo colectivo a la firma de un TLC entre
la Unión y los Estados Unidos (TTIP) que fracasó por las masivas
protestas de muchos sectores afectados, la conferencia de dos días
conjugó varios paneles de expertos con la experiencia de sindicalistas,
productores agrarios y pequeños y medianos empresarios. A lo largo del
encuentro se pasó revista al estado de las negociaciones del CETA
recientemente firmado con Canadá y pendiente de ratificación de los
parlamentos nacionales, el TISA destinado a liberalizar el comercio de
servicios, el acuerdo con Japón, los tratados con países africanos y las
novedades en relación al Mercosur.
Las discusiones que allí se produjeron resultan extremadamente relevantes para nuestra región. Es que los acuerdos tienen características muy similares en su contenido, en sus alcances y en las formas de la negociación. Sobre esta última cuestion se enfoca una problema de fondo, la falta de transparencia y la vulneración de algunos principios democráticos básicos. Las negociaciones son absolutamente secretas y los avances que se van acordando no están disponibles. Algunos bloques del Parlasur llamaron esta semana la atención sobre ello, pues no tuvieron acceso a las negociaciones a pesar de su investidura, al igual que algunos parlamentarios europeos consultados. Invito al lector para que realice su propia experiencia de buscar información detallada, mas allá de los escuetos comunicados sin contenido como el de la cancillería argentina, que puede leerse (http://www.cancilleria.gov.ar/se-cerro-la-xxvii-ronda-de-negociaciones-entre-el-mercosur-y-la-ue). Sólo cuando el acuerdo está cerrado, es puesto a consideración de las instancias institucionales pertinentes para que se vote a libro cerrado a favor o en contra, sin la participación activa de los actores económicos, políticos y sociales involucrados.
El contenido de los acuerdos deja en claro que los intereses de un pequeño grupo de empresas multinacionales –según coincidieron de manera casi unánime los expertos– sí están representados. Detrás de una equiparación de las firmas extranjeras con las empresas locales, los TLC consagran un claro predominio de los derechos de aquellas sobre estas. Los estériles textos, leídos con atención, revelan la estructura de intereses que hay por detrás.
En el fondo, los acuerdos de libre comercio no son acuerdos de libre comercio. No se trata de un juego de palabras. Son tratados gruesos como ladrillos –normalmente de unas mil páginas o más– en las que se libera el comercio de bienes, pero también el comercio de servicios y los flujos de capitales; obligan a los Estados a someter sus compras a licitaciones internacionales y no utilizar regímenes de compre nacional, un instrumento clave para el desarrollo; establecen una normativa sobre patentes mucho más dura que lo recomendado por los propios organismos multilaterales, con un avance en terrenos sensibles como la medicina no tradicional, los derechos de autor, el material genético o la utilización de información de Internet; y contienen capítulos sobre el derecho de las empresas extranjeras a accionar judicialmente en tribunales externos –normalmente el CIADI– en posición ventajosa, mientras los Estados o las empresas nacionales no reciben tal derecho. Este último es uno de los aspectos más cuestionados pues le da derecho a empresas extranjera a reclamar indemnizaciones por lucro cesante ante cualquier cambio en las políticas que afecten su rentabilidad esperada, incluso en los casos en los que la inversión sólo haya sido proyectada pero aún no realizada. Los juicios suelen ser multimillonarios.
Además de vulnerar los principios democráticos en la forma de las negociaciones, también son un golpe fáctico sobre la democracia y la capacidad de decisión soberana de las naciones. Por una parte, obligan a adaptar la legislación interna conforme a los requerimientos del acuerdo y, por la otra, traban cursos de acción del Estado si no se ajustan a los estrechos márgenes del tratado, independientemente de la voluntad de sus poblaciones, que no resulta considerada.
Un elemento destacado por los especialistas es el desequilibrio en los derechos concedidos a los distintos actores. Los acuerdos garantizan de manera radical los derechos de propiedad –incluyendo la propiedad intelectual–, los de las empresas transnacionales o los del capital financiero. Sin embargo, nada dicen sobre los estándares laborales propuestos por la Organización Internacional del Trabajo, ni de los estándares ecológicos, las metas de desarrollo sustentable de Naciones Unidas,los derechos humanos o los derechos de las poblaciones originarias y sus usos y costumbres ancestrales (vulnerados especialmente en el campo de la medicina no tradicional por la reglamentación de patentes y en la explotación de los recursos naturales).
La libre circulación del capital que queda consagrada facilita la relocalización potencial de actividades, que termina siendo una extorsión a las poblaciones nacionales a disminuir permanentemente sus estándares para conservar el empleo, pauperizando tanto a los trabajadores de los países subdesarrollados como a los de los desarrollados. Los acuerdos vulneran, según la conclusión de los paneles de expertos, los principios básicos de la justicia social.
Para Argentina, el giro neoliberal ha vuelto a poner la cuestión sobre la mesa. Luego del rechazo al ALCA, fruto de la decisión de varios presidentes sudamericanos en la Cumbre de Mar del Plata de 2005 pero también de la movilización de varios sectores de la población, parecía un tema cerrado. Sin embargo, en pocos meses los presidentes Mauricio Macri y Michel Temer (Brasil) lo han repuesto como el tema prioritario en la agenda de inserción internacional. Incluso se baraja ya la posibilidad de que los miembros del Mercosur se incorporen a este tipo de componendas por afuera del bloque, como Uruguay pretende en el marco de sus negociaciones con China. Esto, además de obligar a un cambio normativo, es una clara señal del proceso de disolución del Mercosur en la nueva ofensiva neoliberal. De concretarse, sería el tiro de gracia a la posibilidad de un desarrollo económico con justicia social para la región.
La meta de las negociaciones con la Unión Europea es fin de año. Aunque la colisión de intereses en materia comercial es grande, habrá que tomar nota. Que un rechazo no nos deja fuera de la sintonía mundial queda claro con la movilización que en muchos lugares insospechados de aislacionistas está ocurriendo. El encuentro en Kassel fue una muestra de ello.
* Investigador Idehesi-UBA/Conicet.
Las discusiones que allí se produjeron resultan extremadamente relevantes para nuestra región. Es que los acuerdos tienen características muy similares en su contenido, en sus alcances y en las formas de la negociación. Sobre esta última cuestion se enfoca una problema de fondo, la falta de transparencia y la vulneración de algunos principios democráticos básicos. Las negociaciones son absolutamente secretas y los avances que se van acordando no están disponibles. Algunos bloques del Parlasur llamaron esta semana la atención sobre ello, pues no tuvieron acceso a las negociaciones a pesar de su investidura, al igual que algunos parlamentarios europeos consultados. Invito al lector para que realice su propia experiencia de buscar información detallada, mas allá de los escuetos comunicados sin contenido como el de la cancillería argentina, que puede leerse (http://www.cancilleria.gov.ar/se-cerro-la-xxvii-ronda-de-negociaciones-entre-el-mercosur-y-la-ue). Sólo cuando el acuerdo está cerrado, es puesto a consideración de las instancias institucionales pertinentes para que se vote a libro cerrado a favor o en contra, sin la participación activa de los actores económicos, políticos y sociales involucrados.
El contenido de los acuerdos deja en claro que los intereses de un pequeño grupo de empresas multinacionales –según coincidieron de manera casi unánime los expertos– sí están representados. Detrás de una equiparación de las firmas extranjeras con las empresas locales, los TLC consagran un claro predominio de los derechos de aquellas sobre estas. Los estériles textos, leídos con atención, revelan la estructura de intereses que hay por detrás.
En el fondo, los acuerdos de libre comercio no son acuerdos de libre comercio. No se trata de un juego de palabras. Son tratados gruesos como ladrillos –normalmente de unas mil páginas o más– en las que se libera el comercio de bienes, pero también el comercio de servicios y los flujos de capitales; obligan a los Estados a someter sus compras a licitaciones internacionales y no utilizar regímenes de compre nacional, un instrumento clave para el desarrollo; establecen una normativa sobre patentes mucho más dura que lo recomendado por los propios organismos multilaterales, con un avance en terrenos sensibles como la medicina no tradicional, los derechos de autor, el material genético o la utilización de información de Internet; y contienen capítulos sobre el derecho de las empresas extranjeras a accionar judicialmente en tribunales externos –normalmente el CIADI– en posición ventajosa, mientras los Estados o las empresas nacionales no reciben tal derecho. Este último es uno de los aspectos más cuestionados pues le da derecho a empresas extranjera a reclamar indemnizaciones por lucro cesante ante cualquier cambio en las políticas que afecten su rentabilidad esperada, incluso en los casos en los que la inversión sólo haya sido proyectada pero aún no realizada. Los juicios suelen ser multimillonarios.
Bloqueo
En última instancia, los TLC bloquean buena parte de los instrumentos de política económica de los Estados y afirman en el largo plazo la apertura comercial, la liberalización financiera, el poder virtual de veto de las compañías transnacionales sobre la política económica, sobre la política del medio ambiente y minera, regulaciones nacionales sobre la salud o la calidad de los alimentos, la promoción de actividades productivas internas específicas, el derecho a regular la explotación de los recursos naturales o la defensa del empleo.Además de vulnerar los principios democráticos en la forma de las negociaciones, también son un golpe fáctico sobre la democracia y la capacidad de decisión soberana de las naciones. Por una parte, obligan a adaptar la legislación interna conforme a los requerimientos del acuerdo y, por la otra, traban cursos de acción del Estado si no se ajustan a los estrechos márgenes del tratado, independientemente de la voluntad de sus poblaciones, que no resulta considerada.
La salida
Escaparse de estos acuerdos es un capítulo aparte. La salida se reglamenta como un proceso muy costoso, en el cual las empresas conservan sus derechos extraordinarios todavía por un largo tiempo. En general, el costo suele ser tan alto, que se convierte en una telaraña extremadamente pegajosa. Salvo que el Estado que repudie el acuerdo tenga un poder especial. Sólo así se explica el interés de Donald Trump por renegociar el NAFTA, un acuerdo ejemplar entre los tratados de libre comercio.Un elemento destacado por los especialistas es el desequilibrio en los derechos concedidos a los distintos actores. Los acuerdos garantizan de manera radical los derechos de propiedad –incluyendo la propiedad intelectual–, los de las empresas transnacionales o los del capital financiero. Sin embargo, nada dicen sobre los estándares laborales propuestos por la Organización Internacional del Trabajo, ni de los estándares ecológicos, las metas de desarrollo sustentable de Naciones Unidas,los derechos humanos o los derechos de las poblaciones originarias y sus usos y costumbres ancestrales (vulnerados especialmente en el campo de la medicina no tradicional por la reglamentación de patentes y en la explotación de los recursos naturales).
La libre circulación del capital que queda consagrada facilita la relocalización potencial de actividades, que termina siendo una extorsión a las poblaciones nacionales a disminuir permanentemente sus estándares para conservar el empleo, pauperizando tanto a los trabajadores de los países subdesarrollados como a los de los desarrollados. Los acuerdos vulneran, según la conclusión de los paneles de expertos, los principios básicos de la justicia social.
Para Argentina, el giro neoliberal ha vuelto a poner la cuestión sobre la mesa. Luego del rechazo al ALCA, fruto de la decisión de varios presidentes sudamericanos en la Cumbre de Mar del Plata de 2005 pero también de la movilización de varios sectores de la población, parecía un tema cerrado. Sin embargo, en pocos meses los presidentes Mauricio Macri y Michel Temer (Brasil) lo han repuesto como el tema prioritario en la agenda de inserción internacional. Incluso se baraja ya la posibilidad de que los miembros del Mercosur se incorporen a este tipo de componendas por afuera del bloque, como Uruguay pretende en el marco de sus negociaciones con China. Esto, además de obligar a un cambio normativo, es una clara señal del proceso de disolución del Mercosur en la nueva ofensiva neoliberal. De concretarse, sería el tiro de gracia a la posibilidad de un desarrollo económico con justicia social para la región.
La meta de las negociaciones con la Unión Europea es fin de año. Aunque la colisión de intereses en materia comercial es grande, habrá que tomar nota. Que un rechazo no nos deja fuera de la sintonía mundial queda claro con la movilización que en muchos lugares insospechados de aislacionistas está ocurriendo. El encuentro en Kassel fue una muestra de ello.
* Investigador Idehesi-UBA/Conicet.
No hay comentarios:
Publicar un comentario