Mercosur 2017: analizando detalles del TLC con la UE
Por Federico Larsen
Nodal
En poco menos de diez días, la Argentina comenzará a enfrentar una
serie de compromisos internacionales que representan cabalmente la
intención del gobierno Macri de “volver al mundo”. Entre el 20 y el 24
marzo, en Buenos Aires, se realizará la XXVII ronda de negociaciones
birregionales Unión Europea-Mercosur de cara a la celebración de un
Tratado de Libre Comercio entre las partes. Entre el 5 y el 7 de abril,
el World Economic Forum que se celebra todos los años en Davos tendrá su
primera cita latinoamericana, justamente en Buenos Aires. En el cierre
del mismo, el día 7, está previsto el primer encuentro entre presidentes
de la Alianza del Pacífico y el Mercosur, en pos de profundizar la
integración comercial entre los dos bloques. En diciembre, del 11 al 14,
Buenos Aires será también sede de la Conferencia Ministerial Bianual de
la Organización Mundial del Comercio. Y mientras tanto el gobierno
argentino ya empezó los preparativos de cara a su semestre en la
presidencia del G20, que tendrá su cumbre en Buenos Aires o Mar del
Plata en la segunda parte de 2018.
Todos compromisos vinculados a una agenda marcada por la fe en el
libre comercio, el multilateralismo y la apertura a los flujos
financieros, la marca que el gobierno Macri quiere imprimir a la imagen
de la Argentina en el mundo. Sin embargo, el mundo parece estar
perdiendo su enamoramiento por los encantos librecambistas, y en varias
regiones los intentos de acuerdo en ese sentido fracasaron por la
oposición de sus poblaciones. Nos concentraremos aquí en la negociación
que se llevará a cabo entre la UE y el Mercosur, y como ésta se puede
analizar a partir de las contradicciones que el libre comercio ha
demostrado en todo el mundo.
Los TLC de la UE en América Latina
El interés de la UE hacia América Latina no es nada nuevo. Frente al
estancamiento de las negociaciones multilaterales en el marco de la OMC,
Europa decidió reforzar sus acuerdos bilaterales con diferentes países,
comenzando por México, con quien firmó en 2002 el Acuerdo Global que
sirvió de modelo para la firma del mismo tipo de Acuerdo Preferencial
con Chile en 2003. Si bien se estén negociando aún ciertas
modernizaciones, se podrían tomar ambos ejemplos como los inicios de una
larga serie de Tratados modernos de Libre Comercio entre América Latina
y la Unión Europea. En 2006 la UE comenzó las negociaciones con la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), alegando su respeto por la búsqueda
de integración en la región. Sin embargo, ante la negativa de Bolivia,
Ecuador y Venezuela, de aceptar los términos del TLC, la UE logró
convencer a Colombia y Perú de que adhirieran al acuerdo en 2013
signando en parte el estancamiento definitivo del proceso de integración
andino. Ecuador, en un inentendible vuelco argumentativo pidió ser
incluido nuevamente en el acuerdo en 2014, y firmó su puesta en marcha
en noviembre de 2016. Este es, hasta hoy, el caso en el cual las
implicancias de la firma de un TLC con la UE aparecen más evidentes, ya
que buena parte de las clausulas impuestas al Ecuador contradicen su
constitución de 2008 y su política de Estado camino hacia el Buen Vivir.
El acuerdo obliga a armonizar algunos estándares fitosanitarios al
régimen europeo, a certificar y registrar las semillas o conceder
derechos de obtentor sobre plantas a productores europeos como si fuesen
locales. Todos requisitos imposibles de cumplir para los campesinos e
indígenas ecuatorianos.
Y allí está el tema central de los TLC que se están proponiendo y
firmando en la última década. Basados en la necesidad de generar las
condiciones necesarias para que capitales e inversores puedan actuar sin
discriminación en ambos territorios, este tipo de acuerdo obliga a
modificar leyes y reglamentaciones, generan adaptaciones obligatorias a
tratados internacionales indeseables y favorecen principalmente a
empresas transnacionales por sobre la acción de los Estados. El acuerdo
que se está negociando entre la UE y el Mercosur no es excepción.
Ganadores y perdedores
La Comisión Europea (CE) encargó en 2009 un informe de evaluación del
impacto que un acuerdo UE-Mercosur podría generar en ambos bloques. De
la lectura del documento, elaborado por la Universidad de Manchester
junto con firmas privadas europeas y latinoamericanas, se deduce en
primera instancia que los beneficios se concentrarían principalmente en
el sector agrícola del Mercosur, siempre y cuando haya una adecuación
legislativa y acompañamiento de los Estados. Para la UE los beneficios
se concentrarían el el sector manufacturero, y el mismo estudio advierte
que “la disminución de la producción agrícola y alimentaria reducirá el
empleo en dichos sectores”, e insta a la Unión a generar “programas de
apoyo adecuados u otras medidas políticas” que mitiguen el impacto de la
apertura comercial.
En el plano medioambiental, el informe alerta a los países del
Mercosur acerca de “un riesgo de aumento de la contaminación del agua,
requiriendo una normativa más estricta” y “un efecto potencial negativo
sobre la biodiversidad, agravado por el desarrollo de la demanda de
biocombustibles en Europa”.
El estudio concluye que un acuerdo entre las partes traería mayores
beneficios económicos a largo plazo para los países latinoamericanos
pero también mayores costos. No es difícil deducir que si los efectos
del acuerdo generarán “beneficios económicos estáticos del orden del
0,5% del PIB en Argentina, 1,5% en Brasil, 2,1% en Uruguay, y quizá
hasta del 10% del PIB en Paraguay”, y al mismo tiempo “pérdidas
potenciales de empleo en diversos componentes del sector manufacturero y
un deterioro en el nivel de las normas laborales en ciertas partes del
sector agrícola”, su puesta en marcha acrecentaría la ya altísima
desigualdad social en los países del Cono Sur.
Las negociaciones están estancadas justamente en los sectores de la
producción que se verán afectados por el ingreso irrestricto de
competidores. La UE, por la presión de Francia y otros países del Este,
quiere excluir o reducir al sector agrícola del acuerdo (es decir el 70%
de las exportaciones del Mercosur hacia Europa) y sobre eso insisten
los medios. Pero hay otros aspectos que deberían acaparar la atención
del público sudamericano, y de los cuales muy poco se sabe.
Mucho comercio, pero muy poco libre
Las negociaciones entre UE y Mercosur se llevan adelante desde 1995,
cuando ambos bloques firmaron el Acuerdo Marco de Cooperación que dio
vida al Foro Birregional de Negociaciones que ya ha llegado a su XXVII
encuentro. Pese a las idas y vueltas en estos más de 20 años, la reunión
de marzo en Buenos Aires cuenta ya con una serie de temas acordados,
según el reporte elaborado por las delegaciones en octubre pasado en
Bruselas, a excepción de las ofertas de acceso a los mercados. La Unión
Europea presentó allí tres propuestas de acuerdo sobre el rol de las
PyMES, las empresas estatales y las patentes. En todas se sigue el
libreto de los TLC de nueva generación: preparar el terreno para
inversiones extranjeras, eliminar todos los obstáculos para futuras
decisiones de los inversores y proteger sus derechos aún cuando se deban
modificar leyes de un Estado soberano.
En el capítulo dedicado a los servicios públicos, por ejemplo, la UE
propone establecer parámetros basados en el Acuerdo sobre Contratación
Pública (ACP) firmado en el marco de la OMC, del cual ninguno de los
países del Mercosur es miembro. Sólo Argentina participa del Comité de
Contratación del ACP como observador. Es decir, con la firma del TLC se
abriría la posibilidad para que empresas europeas participen de la
construcción de carreteras, aeropuertos, líneas ferroviarias y puertos,
en las mismas condiciones que sus pares locales y bajo reglas que los
países de la región han rechazado en otros foros internacionales. Y que
para las empresas europeas ya son más que conocidas. Algo muy parecido
sucede con las propuestas en torno a derechos de propiedad intelectual.
La UE fija sus parámetros en función de acuerdos internacionales a los
que los países del Mercosur no han querido adherir, como el Tratado de
Singapur sobre marcas o el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor
(WCT) o el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y
Fonogramas (WPPT). Estos últimos han sido creados para garantizar el
cumplimiento de los estándares de EEUU en materia de propiedad
intelectual, un requerimiento al cual los países periféricos siempre se
han resistido y han sido inclusive sancionados unilateralmente (en el
Mercosur, Brasil en 1985, 1987 y 1993 y Argentina en 1988).
Pero una de las propuestas más llamativas tiene que ver con el pedido
de adhesión a los estándares marcados por el acta de 1991 de la Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV91),
al que los gobiernos del Mercosur se resisten. Se trata de un convenio
que regula el derecho exclusivo de una persona o empresa de poder
multiplicar una variedad vegetal registrada y protegida por él. Lo que
equivale a impedir que pequeños productores campesinos e indígenas
puedan cultivar determinadas variedades de plantas registradas sin pagar
una patente a su obtentor.
La solución europea para el neoliberalismo latinoamericano
Los documentos y propuestas discutidas en las negociaciones son, en
su gran mayoría, secretos. A pesar de la importancia que recubren para
millones de personas, los detalles de los TLC suelen darse a conocer
sólo una vez acordados entre negociadores. Sin embargo, los documentos
públicos pueden darnos indicios del contenido de las charlas. En octubre
pasado, las partes acordaron revisar el capítulo dedicado a los
mecanismos de arbitraje y solución de controversias “a la luz de los TLC
firmados más recientemente”.
Los últimos TLC en los que la UE tomó parte fueron el fracasado
Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y
Estados Unidos (TTIP) y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA)
sellado entre la UE y Canadá. En ambos, el tema de cómo dirimir las
controversias surgidas entre una empresa inversora y el estado receptor
fue central. Las instancias existentes hasta ahora, como la corte de
arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el Sistema de Solución
de Diferencias de la OMC, el Centro Internacional para el Arreglo de
Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial han demostrado
su clara intención de privilegiar siempre la inversión privada por sobre
los derechos soberanos de los gobiernos. Bolivia, Venezuela y Ecuador
ya abandonaron el CIADI, por ejemplo, por manifiesta parcialidad en
contra de sus gobiernos. En 2014, la Comisión Europea llegó a organizar
una consulta pública de la que participaron 150.000 personas para saber
si los europeos estaban de acuerdo con la inclusión de este tipo de
arbitrajes en las negociaciones del TTIP. El 97% votó que no. Un rápido
análisis de los TLC en el mundo nos muestran que existen 1600 tribunales
de resolución de diferencias ligados a unos pocos estudios jurídicos
internacionales a los que también suelen recurrir las grandes
transnacionales. En un intento por transparentar el sistema, la UE
generó una nueva propuesta de arbitraje, un Comité Comercial que incluyó
en el texto del CETA negociado con Canadá y que prevé la intervención
de un tribunal ad hoc constituido por 15 miembros (5 europeos, 5
canadienses y 5 internacionales). Pero, al fin y al cabo, los recursos
de apelación también terminarían en manos del CIADI. Así, en las últimas
cumbres internacionales, la UE presentó su propuesta de generar un
Tribunal Multilateral de Inversiones, que ya recibió el apoyo del
gobierno argentino y forma parte de las negociaciones por actualizar los
TLC con Chile y México. Ese puede ser el modelo que se discuta en
Buenos Aires, sin que se ponga en cuestión el espíritu general de
protección de la inversión extranjera.
Es decir, más allá de las cuotas de apertura comercial, queda claro
que la negociación entre Mercosur y Unión Europea mantiene las
características de los acuerdos neoliberales de nueva generación: un
ordenamiento jurídico global e inflexible, jerarquizado frente a
derechos sociales e individuales locales y blandos; legislaciones
nacionales desreguladas y actos soberanos cancelados por acuerdos
comerciales en función de la “seguridad jurídica”; una integración
subordinada y desequilibrada al mercado global, y la aceptación de la
nueva división mundial del trabajo.
Si se revisan los compromisos que los gobiernos de los países del
Mercosur están asumiendo a nivel internacional en el último año, se
podrá ver que la tendencia general es a asumir a este tipo de orden
global. Macri, Temer, Cartes, e inclusive Tabaré Vázquez, han tomado la
vía que los aleja de la protección de los derechos sociales y soberanos
de sus países -caricaturizados por la derecha en el caos venezolano-
para encarar la ancha avenida neoliberal, la única posible ahora frente
al auge de gobiernos “populistas” y “proteccionistas” como el de Trump.
Será el nivel de conflictividad social, como en la América Latina de
principios de los 2000 o la Europa de 2015/2016, el que podrá definir si
estos proyectos prosperan o deberán reformularse.
(*) Periodista y docente, conductor de L’Ombelico del Mondo, en
Radionauta FM de La Plata y periodista internacional de Miradas al Sur y
Notas, y medios internacionales.
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