En su tercera intervención en una semana, Washington demandó un “proceso democrático”
Página/12
El
Departamento de Estado pidió ayer la liberación de los “más de 100”
presos “por sus convicciones políticas”, entre ellos Leopoldo López,
quien ayer cumplió tres años en la cárcel, condenado por terrorismo.
Estados
Unidos aumentó ayer la presión sobre Venezuela al pedir un “proceso
democrático” y la liberación de los presos políticos, el tercero de los
movimientos del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
sobre la nación sudamericana en una semana.
En un comunicado del Departamento de Estado, Estados Unidos pidió ayer la liberación de las “más de 100” personas presas en Venezuela “por sus convicciones políticas”, entre ellas el líder opositor Leopoldo López, quien ayer cumplió tres años en la cárcel. Trump ya exigió la libertad de López este miércoles tras reunirse con su esposa, Lilian Tintori, en la Casa Blanca, dos días después de que su gobierno impusiera sanciones económicas al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, por presunto narcotráfico.
El comunicado de ayer, firmado por el portavoz interino del Departamento de Estado Mark Toner, es, por tanto, el tercer paso significativo del gobierno de Trump en sólo una semana sobre su política hacia Venezuela. “Estados Unidos está consternado no sólo por los presos políticos sino también por otras acciones tomadas por el gobierno de Venezuela para criminalizar el disentimiento y negar a sus ciudadanos los beneficios de la democracia”, asegura la nota. Así, el gobierno llama a la inmediata liberación de todos los presos de conciencia, pero también al respeto del Estado de derecho, la libertad de prensa, la separación de los poderes constitucionales y la restauración de un proceso democrático que refleje la voluntad del pueblo de Venezuela, sin precisar más al respecto. En la nota, EE.UU. cita algunos “presos políticos”: el fundador de Voluntad Popular (VP) Leopoldo López, el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma y el ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, así como “muchos otros estudiantes, activistas, periodistas y manifestantes pacíficos”.
Durante la campaña electoral, Trump no dio pistas sobre su política hacia Venezuela, más allá de expresar su “solidaridad con los pueblos sufridos de Cuba y Venezuela” y prometer a los exiliados de ambas naciones en Florida luchar “contra la opresión de los regímenes de (Raúl) Castro y Maduro”. “Los movimientos de esta semana indican que el gobierno de Trump está tomando una posición pública más dura con el régimen de Maduro que el gobierno de Obama”, indicó ayer Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano. También es significativo que, en los últimos días, Trump haya hablado de la situación de Venezuela, por separado, con los presidentes de Perú, Colombia y Argentina, según las informaciones ficiales sobre sus llamadas telefónicas.
Durante sus audiencias de confirmación en enero, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, prometió urgir a la cooperación estrecha con los amigos de EE.UU. en la región y con organismos multilaterales como la OEA para buscar una transición negociada hacia un gobierno democrático en Venezuela. “Creo que estamos de acuerdo completamente en la calamidad que ha ocurrido en Venezuela. En gran medida, producto de su incompetente y disfuncional gobierno, primero bajo Hugo Chávez y después bajo su sucesor designado Nicolás Maduro”, afirmó entonces Tillerson. El nuevo jefe de la diplomacia estadounidense tuvo una tensa relación con el gobierno del fallecido Chávez cuando era director de la petrolera Exxon, compañía que, tras disputas y litigios, abandonó el país después de la nacionalización del sector petrolero en 2007.
Republicanos y demócratas en el Congreso apoyan, según Shifter, que EE.UU. adopte una posición madura frente a Venezuela porque cada vez están más preocupados por el deterioro de la situación en Venezuela y frustrados con el régimen de Maduro. La semana pasada, un grupo bipartidista de 34 legisladores envió una carta a Trump para pedir más presión sobre el gobierno de Venezuela con la imposición inmediata de sanciones a funcionarios que están beneficiándose con las violaciones de derechos humanos. Esa misiva fue el primero de una serie de movimientos que se dieron en Washington en las últimas dos semanas y que devolvieron el protagonismo a la crisis venezolana en EE.UU., eclipsada durante el arranque de la presidencia de Trump por el choque con México a cuenta del muro fronterizo.
La renovada presión de EE.UU. sobre Venezuela generó expectativas en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre si Trump será la llave para aplicar la Carta Democrática, un proceso que podría llevar a la suspensión de Caracas del ente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, una de las voces internacionales más críticas con el gobierno de Maduro, anunció que actualizará el informe de 132 páginas sobre Venezuela en el que el pasado 31 de mayo concluyó que en ese país existe una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático”. La clave ahora, según varias fuentes diplomáticas es si el gobierno de Trump quiere presionar a Caracas también a través de la OEA y decide liderar la búsqueda de votos (se necesitan 18 de 34) para iniciar el proceso de la Carta.
En un comunicado del Departamento de Estado, Estados Unidos pidió ayer la liberación de las “más de 100” personas presas en Venezuela “por sus convicciones políticas”, entre ellas el líder opositor Leopoldo López, quien ayer cumplió tres años en la cárcel. Trump ya exigió la libertad de López este miércoles tras reunirse con su esposa, Lilian Tintori, en la Casa Blanca, dos días después de que su gobierno impusiera sanciones económicas al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, por presunto narcotráfico.
El comunicado de ayer, firmado por el portavoz interino del Departamento de Estado Mark Toner, es, por tanto, el tercer paso significativo del gobierno de Trump en sólo una semana sobre su política hacia Venezuela. “Estados Unidos está consternado no sólo por los presos políticos sino también por otras acciones tomadas por el gobierno de Venezuela para criminalizar el disentimiento y negar a sus ciudadanos los beneficios de la democracia”, asegura la nota. Así, el gobierno llama a la inmediata liberación de todos los presos de conciencia, pero también al respeto del Estado de derecho, la libertad de prensa, la separación de los poderes constitucionales y la restauración de un proceso democrático que refleje la voluntad del pueblo de Venezuela, sin precisar más al respecto. En la nota, EE.UU. cita algunos “presos políticos”: el fundador de Voluntad Popular (VP) Leopoldo López, el ex alcalde de Caracas Antonio Ledezma y el ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, así como “muchos otros estudiantes, activistas, periodistas y manifestantes pacíficos”.
Durante la campaña electoral, Trump no dio pistas sobre su política hacia Venezuela, más allá de expresar su “solidaridad con los pueblos sufridos de Cuba y Venezuela” y prometer a los exiliados de ambas naciones en Florida luchar “contra la opresión de los regímenes de (Raúl) Castro y Maduro”. “Los movimientos de esta semana indican que el gobierno de Trump está tomando una posición pública más dura con el régimen de Maduro que el gobierno de Obama”, indicó ayer Michael Shifter, presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano. También es significativo que, en los últimos días, Trump haya hablado de la situación de Venezuela, por separado, con los presidentes de Perú, Colombia y Argentina, según las informaciones ficiales sobre sus llamadas telefónicas.
Durante sus audiencias de confirmación en enero, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, prometió urgir a la cooperación estrecha con los amigos de EE.UU. en la región y con organismos multilaterales como la OEA para buscar una transición negociada hacia un gobierno democrático en Venezuela. “Creo que estamos de acuerdo completamente en la calamidad que ha ocurrido en Venezuela. En gran medida, producto de su incompetente y disfuncional gobierno, primero bajo Hugo Chávez y después bajo su sucesor designado Nicolás Maduro”, afirmó entonces Tillerson. El nuevo jefe de la diplomacia estadounidense tuvo una tensa relación con el gobierno del fallecido Chávez cuando era director de la petrolera Exxon, compañía que, tras disputas y litigios, abandonó el país después de la nacionalización del sector petrolero en 2007.
Republicanos y demócratas en el Congreso apoyan, según Shifter, que EE.UU. adopte una posición madura frente a Venezuela porque cada vez están más preocupados por el deterioro de la situación en Venezuela y frustrados con el régimen de Maduro. La semana pasada, un grupo bipartidista de 34 legisladores envió una carta a Trump para pedir más presión sobre el gobierno de Venezuela con la imposición inmediata de sanciones a funcionarios que están beneficiándose con las violaciones de derechos humanos. Esa misiva fue el primero de una serie de movimientos que se dieron en Washington en las últimas dos semanas y que devolvieron el protagonismo a la crisis venezolana en EE.UU., eclipsada durante el arranque de la presidencia de Trump por el choque con México a cuenta del muro fronterizo.
La renovada presión de EE.UU. sobre Venezuela generó expectativas en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre si Trump será la llave para aplicar la Carta Democrática, un proceso que podría llevar a la suspensión de Caracas del ente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, una de las voces internacionales más críticas con el gobierno de Maduro, anunció que actualizará el informe de 132 páginas sobre Venezuela en el que el pasado 31 de mayo concluyó que en ese país existe una “alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático”. La clave ahora, según varias fuentes diplomáticas es si el gobierno de Trump quiere presionar a Caracas también a través de la OEA y decide liderar la búsqueda de votos (se necesitan 18 de 34) para iniciar el proceso de la Carta.
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