Selling Argentina to the world: el mini-Davos y la feria para inversores
Por Evelin Heidel
Notas.org.ar
En ese foro, Macri gestó la idea de hacer un foro económico de similares características pero en la Argentina. Así, a su regreso, reconvirtió la Fundación ExportAr, creada durante el gobierno de Carlos Menem y dependiente de la Cancillería, en la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Mantuvo el carácter principal de la fundación, un órgano público-privado, pero lo pasó a la órbita compartida del Ministerio de Producción y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Como primera tarea le encomendó la organización del I Foro de Inversión y Negocios de Argentina, o el “mini-Davos”, como se lo conoce públicamente.
El “mini-Davos” se realizará del 12 al 15 de septiembre y busca, como el foro original, también reunir a inversores, empresas multinacionales y negocios con empresarios y funcionarios argentinos, incluido el presidente. El encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Kirchner y contará con una agenda laxa y abierta, diseñada para dar mucho espacio al “networking” entre empresarios, con el objetivo de atraer inversiones extranjeras directas.
Entre las empresas que asistirán al encuentro se encuentran: JP Morgan; Dow Chemical Company; Coca-Cola; Siemens; British Petroleum; Cisco Systems; IBM; Novartis; Lithium Americas Corp; Adecco LATAM; Goldman Sachs; Louis Dreyfus Company.
Aunque todas estas compañías se desempeñan en actividades y ramas muy diferentes, las une un sentimiento común: obtener ganancias extraordinarias con violaciones sistemáticas a los derechos humanos y demandar a los Estados en tribunales internacionales cuando estos implementan políticas públicas que las empresas sienten como contrarias a sus intereses de ganancias.
Tal es el caso de IBM Corporation, Louis Dreyfus Company, Siemens y Dow Chemical Company. Todas ellas han llevado a diferentes Estados a los tribunales internacionales en virtud de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados por algunos de los países donde tienen operaciones.
Quizás el caso más sorprendente sea el de Siemens: luego de que en el año 2000 el gobierno de la Alianza rescindiera el escandaloso contrato por 1260 millones de dólares que en 1998 le otorgó Carlos Menem para fabricar los DNI y pasaportes argentinos, la empresa demandó al Estado argentino en el Centro de Inversión y Arreglo de Diferencias, dependiente del Banco Mundial (CIADI) en virtud del TBI Argentina-Alemania. Exigió 462 millones de dólares, pero el tribunal le reconoció solamente la módica suma de 237 millones. El Estado apeló el laudo, pero el caso no lo resolvió el tribunal: Siemens retiró la demanda recién en el año 2008, luego de reconocer ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que había pagado coimas para obtener contratos en el exterior. Esas coimas también habían sido pagadas a la Argentina.
Dow Chemical, por su parte, demandó al Estado canadiense en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Sur (TLCAN) por la prohibición impuesta por Quebec de vender y utilizar pesticidas que contengan el ingrediente activo 2,4-D, un componente que causa ceguera y linfoma; la compañía de agronegocios Louis Dreyfus Company, por otro lado, llevó a los tribunales internacionales a la India por negarle los permisos para implementar un proyecto de modernización portuaria en la ciudad de Calcuta y exigirle a la empresa que retirara los equipos del lugar; IBM Corporation demandó al Estado ecuatoriano en el CIADI por supuesta falta de pagos a su subsidiaria local. Estas son simplemente algunas de las demandas iniciadas por estas empresas en tribunales internacionales que ya han sido duramente cuestionados por diversos organismos de derechos humanos por su falta de transparencia y su marcada posición pro-empresa.
Este es el tipo de inversiones que van a congregarse en el “mini-Davos”. Su contracara es el aspecto menos promocionado del encuentro: el tipo de seguridad jurídica que buscan estas empresas para invertir. En Argentina, las inversiones extranjeras directas son un riesgo permanente que amenazan la institucionalidad del Estado: con 56 tratados bilaterales de inversión firmados en la década de los ’90, Argentina es el país más demandado en el CIADI, con más de 50 casos abiertos en su contra por diferentes empresas de todo el mundo.
La protección jurídica vigente -la de los Tratados Bilaterales de Inversión- se combina con una agenda legislativa a nivel nacional que busca flexibilizar una serie de leyes que le den aún más garantías a los inversores privados, como el proyecto de ley de participación público-privada (PPP). Esta le ofrece al Estado la posibilidad de aliarse con privados para ejecutar obras de infraestructura pública y a los inversores la posibilidad de demandar al Estado en tribunales internacionales con acatamiento obediente si las empresas obtienen un laudo favorable. Y, por último, se le suma la inocultable voluntad del gobierno de pagar todas las demandas que el Estado argentino tiene en el CIADI.
Este es el contexto en el cual tendrá lugar el mini-Davos. Sin cambios en el marco jurídico vigente, con un contexto que favorece la fuga de capitales y el fraude fiscal, y con empresas del tipo de las invitadas por el mini-Davos, será necesario abrir el paraguas frente a la lluvia de inversiones que promete el gobierno de Mauricio Macri.
Evelin Heidel – @scannopolis
Integrante de la Asamblea Argentina mejor sin TLC – @mejorsintlc
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