Golpe a golpe: Santiago O'Donnell y Martín Granovsky analizan la geopolítica regional de la embestida contra Dilma

DE HONDURAS A PARAGUAY Y DE AHI A BRASIL, DE LA PERIFERIA AL CENTRO, DE LO BURDO A LO MAS SOFISTICADO

Golpes blandos, la nueva tendencia en la región

Por Santiago O'Donnell

Página/12

El golpe parlamentario que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff es el eslabón más reciente de una serie de golpes blandos que empezó con el derrocamiento del presidente de Honduras, Mel Zelaya, en el 2009, y siguió con el de Paraguay, Fernando Lugo, en 2014.

La secuencia, a medida que avanza, va creciendo en su maquillaje y su sofisticación. Empieza en Honduras con un golpe rudimentario, al principio casi de manual, pero con una parodia de legalidad. Sigue con un juicio político express en Paraguay sin pruebas contra el presidente y violando su derecho de defensa y culmina en Brasil con un proceso tan legal como ilegítimo y carente de fundamentos jurídicos.
La secuencia, además, arranca en la periferia de la región, donde Estados Unidos continúa siendo la fuerza hegemónica, y llega hasta el corazón mismo de Sudamérica y principal potencia regional, que es Brasil, pasando como escala intermedia por un país sudamericano y socio del Mercosur como Paraguay, parte del grupo de países sudamericanos que formó un bloque relativamente autónomo en la década pasada y empezó a aplicar mecanismos propios para resolver sus conflictos.
A principios de la década pasada, las nuevas instituciones regionales como Mercosur y especialmente Unasur habían servido para evitar la interrupción de regímenes democráticos en Ecuador y Bolivia, y conflictos bilaterales como Colombia-Venezuela, Colombia-Ecuador o Bolivia-Chile, desacuerdos todos ellos que en tiempos de guerra fría habrían tenido a Estados Unidos como protagonista principal y árbitro eventual.
Pero la distracción de Washington con las guerras en Medio Oriente, y la aparición de China como principal socio comercial, junto a la coincidencia de un grupo de gobernantes carismáticos de similar signo político, comprometidos con la integración regional, consiguió romper la hegemonía del Consenso de Washington a nivel sudamericano.
Mientras en México, Centroamérica y el Caribe, a pesar de puentes tendidos a través de organismos que excluyen a Estados Unidos y Canadá como la Celac, por su nivel de integración con la potencia del norte tanto a nivel de tratados de libre comercio como en temas migratorios y de remesas, la dependencia sigue siendo casi absoluta, lo cual impide su participación en otros proyectos de integración. Este límite se vio en el golpe de Honduras.
Zelaya fue sacado de su cama en pijamas por una patota del comandante del estado mayor, Romeo Vázquez. Lo llevaron a una base militar estadounidense, lo subieron a otro avión y lo echaron del país. A la mañana siguiente, en una sesión express asumió un títere civil del comandante, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, y los militares decretaron el estado de sitio y una serie de medidas de control social de corte autoritario. Según cables del Departamento de Estado estadounidenses revelados por Wikileaks, Estados Unidos no apoyó el golpe y hasta intentó de disuadir a sus autores, aunque Zelaya no era de su agrado. De hecho, Estados Unidos acompañó al resto de los países de la OEA en su condena al día siguiente de que ocurrió. Pero apenas horas después Estados Unidos, a contramano de Latinoamérica, empezó a apoyar la transición del gobierno golpista hacia unas rápidas elecciones, aprovechando que Zelaya estaba en el final de su mandato. Mientras tanto, envalentonados por sus éxitos en Sudamérica, Brasil y Argentina apostaron fuerte al regreso de Zelaya, con Cristina Kirchner acompañando al presidente legítimo en un fallido intento de regreso y Lula dándole asilo en la embajada brasileña de Tegucigalpa una vez que el regreso no pudo concretarse. Con su apoyo a la transición del gobierno golpista, Estados Unidos marcó un límite a la expansión del bloque sudamericano sin romper sus políticas de Estado de no invadir más después del desembarco los Marines en Panamá en 1989, y de no apoyar más golpes, al menos abiertamente, desde el fallido putch contra Chávez en 2002.
Así llegamos al segundo golpe blando contra un gobierno progresista por parte de una elite financiera y política malacostumbrada a perpetuarse en el poder a como dé lugar. Esta vez le tocó al ex obispo Fernando Lugo, otro personaje que no era del agrado de los Estados Unidos, entre otras cosas, Wikileaks dixit, porque reemplazó una unidad antiterrorista estadounidense dedicada a entrenar tropas de elite paraguayas, por asesores militares de Argentina y Brasil. Lugo no era un político tradicional ni era particularmente hábil a la hora de negociar. Sin apoyos en el Congreso, abandonado por sus socios del Partido Liberal, traicionado por su vice Federico Franco, quedó a la merced de la elite golpista, acostumbrada a décadas ininterrumpidas de gobierno de la mano del general Alfredo Stroessner y su Partido Colorado. La oportunidad llegó tras la conmioción social causada por la llamada masacre de Curuguaty, en la que fallecieron once campesinos y seis policías en una estancia sojera en el este del país. Si bien la violencia venía desde hace tiempo y quizá nadie había hecho más para mediar en el conflicto entre campesinos y terratenientes que el propio Lugo, el Congreso decidió destituirlo por su “responsabilidad política” en el enfrentamiento. El juicio duró menos de 48 horas y Lugo tuvo menos de dos para defenderse. A falta de pruebas reales, fue destituido por el voto de 215 de los 225 congresistas paraguayos después de que la Corte Suprema rechazara un pedido de aplazar el proceso. La destitución fue condenada por la mayoría de los países de la Unasur pero, a diferencia del golpe blando hondureño, una moción de censura en la OEA apenas alcanzó 8 votos a favor y 28 en contra. Unasur mandó a una delegación de cancilleres que al término de su misión emitió un documento crítico, los países bolivarianos del ALBA no reconocieron al gobierno de facto de Franco y el Mercosur suspendió la membresía de Paraguay hasta las elecciones, nueve meses después del golpe, que llevaron al gobierno al colorado Horacio Cartes.
Ahora llegó el golpe en contra de Dilma. Esta vez se respetaron los tiempos y rituales que marca la formalidad, en un proceso parlamentario que fue supervisado in situ por el presidente de la Corte Suprema. Pero nuevamente se trata de una interrupción del régimen democrático para imponer un gobierno de facto de una elite nostálgica de poder, a través de mecanismos constitucionales previstos para sancionar acciones criminales a pesar de que no se acusa a la presidenta de haber cometido crimen alguno, aprovechando el mal humor social por una prolongada recesión y un persistente escándalo de corrupción que involucra a muchos de los pincipales empresarios y dirigentes políticos del país, pero no a Dilma.
Siguiendo con la progresión de condena total en el caso hondureño y condena parcial en el caso paraguayo, esta vez las voces de protesta a nivel regional son más la excepción que la regla, atento al vuelco a la derecha que está dando Sudamérica. A diferencia de lo que pasó en Honduras pero en sintonía con lo que pasó en Paraguay, en el caso brasileño Washington se mantiene cauto, distante y prescindente, como aceptando la nueva realidad geopolítica de su pérdida de hegemonía. Sin embargo, atenta a los múltiples intereses que aún posee en la región, así como a su alianza tradicional con los factores de poder que quedaron del lado de los golpistas o directamente operaron para erosionar las fuerzas democráticas especulando con la posibilidad de recapturar ganancias extraordinarias, la administración de Barack Obama no tardó en reconocer la legalidad de los gobiernos surgidos de estos procesos. No es lo mismo que invadir un país, pero no deja de ser una intervención negativa.
Así quedaron las cosas después del golpe blando en Brasil. A la espera de otros eslabones en esta nueva cadena de intervenciones antidemocráticas, a menos que el joven bloque regional sudamericano genere mecanismos defensivos que le permitan preservar lo que queda en pie y regenerar lo que hace falta en términos de cultura democrática, tanto en los países amenazados por esta nueva tendencia como en aquellos que ya optaron por salidas autoritarias para sus crisis de gobernabilidad.

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Golpe contra Sudamérica

Por Martín Granovsky 

Página/12

Los esclavócratas ganaron otra vez en Brasil. El golpe triunfó. El Senado acaba de limpiar el camino y, sin Dilma Rousseff como estorbo, ya no quedan obstáculos institucionales. Michel Temer puede subir al escenario para cantar a dúo con Mauricio Macri. Sudamérica, ahora sí, cambiará decididamente su rumbo.

Es verdad que Michel Temer ya había emprendido un camino neoconservador desde que asumió como presidente interino, en abril último. Dos ejemplos son la tercerización laboral y la asunción de límites fiscales a la europea, o sea sin miedo a dejar un tendal de víctimas sociales. Pero tras la votación del Senado Temer pasó a ser presidente en ejercicio con mandato hasta el 31 de diciembre de 2018. Así fue que, por golpe, la élite brasileña consagró un tipo de gobierno que en la Argentina, y corresponde subrayarlo porque la diferencia es importante, llegó a la Casa Rosada por voluntad de una mayoría electoral.
Quizás todavía no se adviertan del todo las consecuencias institucionales del golpe. Son gravísimas:
- No fue un golpe parlamentario que respetó la Constitución. La mayoría de senadores violó la Constitución cuando restringió los derechos de Dilma a su defensa y violó las reglas del debido proceso. También los diputados habían violado la Constitución y las normas del sistema interamericano de derechos humanos cuando invocaron una causa para iniciar el juicio político –los manejos presupuestarios de Dilma– pero votaron contra sus políticas y en favor de familiares, cuadros de fútbol o creencias.
- El golpe parlamentario se produjo en un régimen constitucional y no en uno parlamentario, donde hay voto de censura y un gobierno cae cuando pierde la mayoría. Fue posible porque la mayoría del Partido del Movimiento Democrático Brasileño pasó de aliado del PT a cómplice del Partido de la Socialdemocracia Brasileña liderado por Fernando Henrique Cardoso y el actual canciller José Serra. Pero ni siquiera ese cambio en la composición de las mayorías es argumento suficiente para tumbar un gobierno de un régimen presidencialista.
- El supuesto delito de responsabilidad fiscal no fue probado. Tal como lo destacó la petición de cuatro parlamentarios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escrita, entre otros, por el argentino Damián Loreti, la misma forma de administrar los recursos públicos aplicada por Rousseff la aplican desde 1937 presidentes y gobernadores.
- El Superior Tribunal de Justicia (nuestra Corte Suprema) entorpeció en todo momento el derecho de defensa de Dilma y le dio tiempo al armador del golpe, el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, para desplegar su plan junto con el resto de sus colegas, la mayoría bajo acusación de haber recibido coimas millonarias. Es uno de los datos que no tiene en cuenta José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, cuando elogia a Brasil por la calidad de su Poder Judicial.
- El golpe fue propinado solo 22 meses después de que el gobierno ganase en primera y segunda vuelta, en este último caso por el 54 por ciento de los votos.
- Los votos obtenidos por Lula en 2002 y 2006 y por Dilma en 2010 y 2014 fueron la mayor cantidad mundial que obtuvieron candidatos de izquierda en elecciones celebradas bajo el sistema democrático liberal.
- El volantazo ocurrió en la séptima economía del mundo.
- Sudamérica –una región pacífica, estable y democrática a un extremo infrecuente para los parámetros mundiales y para los de su propia historia– bajó varios pisos en calidad institucional y cayó al subsuelo. El Congreso de Brasil hizo en el mayor país de Sudamérica lo mismo que había practicado con éxito en el pequeño Paraguay cuatro años atrás.
- El pueblo brasileño no aprovechó su mayoría para violar los principios republicanos. No persiguió a los opositores ni castigó a quienes se dieron vuelta en el aire. Los diputados y senadores sí incurrieron en esa violación: convirtieron la nueva mayoría en una palanca para destituir al gobierno.
- El PT nació en 1980 con un ADN democrático: fue fundado entre otros objetivos para terminar con la dictadura. Aun cuando es seguro que continuará con esa práctica, la debilidad institucional de Brasil después del golpe dificultará la imprescindible negociación para que la crisis venezolana no se convierta en guerra civil y podría poner en peligro la valiosa paz alcanzada en Colombia.
Más allá de la gravedad institucional del golpe, la confirmación de Temer supone un peligro para los 40 millones de brasileños que con los dos gobiernos de Lula y el primer gobierno de Dilma alcanzaron condiciones de empleo y accedieron a servicios públicos, niveles de consumo digno e incluso a la universidad, a riesgo de molestar a las élites. “No soportan que las descendientes de la casa chica de los esclavos sean hoy las negras que por primera vez se reciben de médicas”, dijo el senador por Río Lindbergh Farias. Los dos últimos años, 2015 y 2016, Brasil sufrió una catástrofe laboral, con millones de empleos perdidos y una caída del producto bruto del 3,7 por ciento el año pasado y un 3,5 previsto para este año. En su programa de abril, “Un puente hacia el futuro”, Temer ya prometió rigor fiscal, revisión de los planes sociales cada año “según criterios de costos y beneficios”, elevación de la edad jubilatoria, mayor participación del sector privado “en la construcción y operación de infraestructura”. Como la única franja que todavía tiene restricciones es Petrobrás, la petrolera estatal, puede interpretarse ese punto como una forma de abrir al capital privado las riquezas del pré-sal, los yacimientos petroleros a grandes profundidades que Lula y Dilma querían preservar como base para expandir la salud y la educación. El programa también preveía reducir los fondos de financiamiento para construcción de viviendas populares, subsidio educativo a los sectores vulnerables y ayuda a los pobres. Temer interrumpió el programa Brasil Alfabetizado destinado a los analfabetos mayores de 15 años, que en Brasil llegan al 8,3 por ciento.
Si logra dominar su arrogancia y evita que su ego choque con otros egos, el golpe supone una gran ocasión para que Serra despliegue su plan de revertir lo que él denominó “ideología” y Celso Amorim llamó “política altiva y activa”. En la región Serra ya se coaligó con Paraguay para encabezar la resistencia a que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore cuando le correspondía, tal como había indicado el presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Serra llegó a decir que si Uruguay se alineaba Brasil lo tendría en cuenta y el canciller Rodolfo Nin Novoa le replicó que “Uruguay no está en venta”. En términos comerciales dijo Serra en su discurso de asunción del 18 de mayo: “El multilateralismo que no sucedió ha causado daño al bilateralismo que sucedió en todo el mundo”. Y prometió “un proceso acelerado de negociaciones comerciales”. Sobre la Argentina, se alegró porque “pasamos a compartir referencias similares para la reorganización de la política y de la economía”. Agregó en ese mensaje inicial que “necesitamos renovar el Mercosur, para corregir lo que necesita ser arreglado con el fin de fortalecerlo, en primer lugar sobre el propio libre comercio entre los países miembros, que aún deja que desear”, y acercarse tanto a la Alianza del Pacífico como a México. El Mercosur debutó en 1991 y funcionó los primeros años con los presidentes Fernando Collor de Mello, Cardoso y Carlos Menem. Despolitizado, o politizado en otro sentido, ese Mercosur alejado de la administración productiva planteada por Raúl Alfonsín y José Sarney para la integración entre la Argentina y Brasil y retomada en 2003 por Lula y Néstor Kirchner, dejó hacer a los grandes conglomerados transnacionales o nacionales y fue el paraíso de asociaciones como la de Sociedades Macri y Andrade Gutiérrez a partir de la offshore Fleg con sede en Bahamas.
La Cancillería argentina, ayer, afirmó en un comunicado que “respeta el proceso institucional verificado en el hermano país” y expresó su deseo de fortalecer el Mercosur. ¿Renacerá el modelo ‘90 con Temer, Serra y Macri o juntos licuarán todavía más el mercado común en su costado de unión aduanera? Es una de las preguntas luego de un golpe que violó la soberanía popular y pone seriamente en peligro la soberanía sudamericana y la capacidad de maniobra de gobiernos como los de Uruguay, Bolivia y Ecuador. El peligro viene del abandono por parte de Brasil y la Argentina de un mayor grado de autonomía respecto de los Estados Unidos. Otro riesgo viene de dejar de tener en cuenta que uno de los objetivos de la integración es la ampliación del bloque propio en un mundo de bloques.
La simple apelación al comercio es vacía. También en el siglo XVI era activo el comercio de ron, azúcar y melaza que tenía a los esclavos como materia prima principal. En Brasil, la esclavitud terminó recién en 1888 y los derechos sociales y políticos de los negros y el resto de los marginados recién comenzaron a articularse en clave de ciudadanía cuando asumió Lula en 2003. Si la liberación de los esclavos ya sucedió una vez, no hay por qué pensar que el triunfo de los esclavócratas será eterno.