El injerencismo de Estados Unidos en Nuestra América
Con la excusa de los nuevos enemigos que afectan su seguridad nacional, narcotráfico y el terrorismo, en los últimos años Estados Unidos desplegó decenas de bases militares de nuevo tipo por toda Nuestra América
Diversos países de la región alzaron la voz denunciando el fracaso de las políticas anti-narcóticos de Washington. Estos vienen rechazando el intervencionismo, planteando el fracaso de la “guerra contra las drogas”, cuestionando instituciones heredadas de la guerra fría como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) e impulsando su reemplazo por otros nuevas, como el Consejo Suramericano de Defensa. La DEA (Drug Enforcement Administration) es la agencia antinarcóticos del gobierno de Estados Unidos que interviene en todo el continente. En Bolivia, Evo Morales decidió expulsarla en 2008, tras graves acusaciones de conspiración y golpismo. En abril de este año, en el cónclave de New York, Evo pidió disolver la DEA y cerrar las bases militares estadounidenses en la región. Argentina ofrece otro ejemplo de cómo opera esta agencia. En 2011 fueron suspendidas las acciones conjuntas con la DEA. Luego de eso, en 2012 se elaboró un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que señalaba que el flagelo de la droga en la Argentina se había incrementado por la falta de políticas de coordinación de sus fuerzas de seguridad y por la renuncia a la colaboración con las agencias del país del norte. Como represalia, Argentina entró en la “lista negra” de lavado de dinero y crecimiento del narcotráfico. Ésta es una muestra de cómo actúa Estados Unidos cuando se limitan las operaciones de sus agencias.El modelo de criminalización y erradicación de las drogas viene fracasando en su objetivo de disminuir la producción y el consumo, pero hay enormes resistencias a modificarlo
En abril de este año, y fundamentalmente por impulso de países latinoamericanos, se celebró en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas una sesión especial para debatir sobre drogas y narcotráfico. Pese a las expectativas creadas, su resolución no modificó la estrategia que se despliega hace décadas: la criminalización y erradicación de las drogas. Un modelo represivo que viene fracasando en su objetivo de disminuir la producción y el consumo, pero hay enormes resistencias a modificarlo. Más allá de la discusión sobre si la legalización ayudará o no a combatir el narcotráfico, lo que es llamativo es que se perpetúen políticas inefectivas.En nuestro continente, la catástrofe social que está produciendo el narcotráfico obligó a los presidentes a discutir esta problemática en la VI Cumbre de las Américas (Cartagena, 2012). A pesar de las presiones de Estados Unidos, fueron los mandatarios de los países latinoamericanos quienes propusieron abordar un tema hasta entonces casi tabú: el fracaso de la “guerra a las drogas”, impulsada por Washington desde la presidencia de Richard Nixon. Las estadísticas apoyan esta creciente percepción: América Latina, con 8 % de la población, concentra el 30% de los homicidios a escala global.
Desde que el entonces presidente Felipe Calderón lanzó la cruzada militar contra el narcotráfico en México, unas 10.000 personas fueron asesinadas cada año. En toda Centroamérica, hubo 20.000 víctimas fatales sólo en 2011, 90% concentrados en Honduras, Guatemala y El Salvador. El caso de Colombia, donde Estados Unidos invirtió multimillonarios recursos y despliegue militar, no es menos dramático. Como recuerda Marco A. Gandásegui en un artículo en el que analiza los resultados de la mencionada cumbre Naciones Unidas de abril de 2016, “En la década de 1980, Colombia producía el 10 por ciento de la cocaína que era exportada a EEUU. Sin embargo, cuando EEUU intervino militarmente en Colombia para acabar supuestamente con la producción de cocaína, el país se convirtió rápidamente en el exportador principal de la región. Según la ONU, Colombia produce el 90 por ciento de las hojas de coca, materia prima de la cocaína. EEUU ha invertido más de 30 mil millones de dólares en el ‘Plan Colombia’ que consiste en la ‘Guerra contra las drogas’. Según cálculos del gobierno de Bogotá, han muerto 220 mil civiles y más de 5 millones de personas han sido desplazados por los efectos del conflicto armado”.
El 22 de marzo de 2012, antes de la Cumbre de las Américas de Cartagena, se realizó en Bogotá un foro continental para discutir la problemática. Académicos y especialistas coincidieron en que debía debían explorarse alternativas que alienten una reducción de la violencia producto del narcotráfico, una flexibilización de las sanciones previstas en las legislaciones y la aplicación de políticas de resocialización para el consumidor. Desde entonces, son crecientes las voces que reclaman una revisión de la estrategia que impuso Estados Unidos.
Teniendo en cuenta este balance, sería auspicioso que Nuestra América Latina se alejase de los mandatos de Estados Unidos y desarrollara políticas propias, evitando el intervencionismo que se esconde debajo del ropaje de la guerra contra las drogas. Estados Unidos es consciente del creciente rechazo que generan estas políticas y busca limitar los cuestionamientos a la “guerra contra las drogas” ya que pretender seguir con sus prácticas injerencistas en el continente. Para ello, promueve las carreras de políticos que avalen la violación de las soberanías nacionales, con la excusa de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Es notorio cómo enfatizan un discurso securitario, colocan el tema en el centro de sus discursos, pero la intención es modificar legislación existente, para habilitar operaciones ilegales (como la promocionada “ley de derribo”, en la Argentina) o para justificar la intervención extranjera, en particular en materia de seguridad, defensa e inteligencia.
La reciente visita de Obama procuró, entre otras cuestiones, que el Pentágono, el FBI y la DEA recuperen posiciones en nuestro país y puedan tener una injerencia mayor en temas como el de la seguridad
En este sentido, la asunción de Mauricio Macri en la Argentina es funcional a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. La reciente visita de Obama procuró, entre otras cuestiones, que el Pentágono, el FBI y la DEA recuperen posiciones en nuestro país y puedan tener una injerencia mayor en temas internos muy sensibles, como el de la seguridad. A contramano de la tendencia de no intervención que venía dándose tanto en nuestro país como en algunos otros de de América Latina, desde el macrismo se explora un nuevo realineamiento bajo el comando estadounidense. La ministra de seguridad Patricia Bullrich viajó a Washington en febrero, para reunirse con funcionarios de la DEA y el FBI, con el objetivo de profundizar la “cooperación”. Parte de los acuerdos bilaterales firmados durante la visita de Obama, el 23 de marzo pasado, tienen que ver con avanzar en esa línea. Estados Unidos pretende venderle armamento a la Argentina, promover ejercicios militares conjuntos y estrechar los lazos con las fuerzas de seguridad y de defensa, con el argumento de que deben modernizarse para enfrentar novedosas amenazas.En el contexto de las fuertes disputas políticas y económicas que se despliegan en Nuestra América en la actualidad, Estados Unidos apela al flagelo del narcotráfico para promover la penetración militar, frenando las iniciativas de defensa más autónomas que se esbozaron en los últimos años, alejando a potencias extra-hemisféricas y avanzando nuevamente hacia el dominio de una región que, pretenden, no se escape de su órbita. Discutir el problema del narcotráfico y cómo se lo combate, requiere incluir esta dimensión geopolítica, generalmente soslayada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario