Con la idea fija puesta en la guerra
La canciller habló ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que discute un cambio de paradigma sobre las drogas.
Mencionó la tragedia de Costa Salguero. Organizaciones que observan las
sesiones criticaron las contradicciones de la postura argentina.
Por Mariana Carbajal (Página/12)
El gobierno
argentino dejó asentada ayer su posición en la sesión especial de la
Asamblea General de las Naciones Unidas donde se discute el futuro de la
política sobre drogas (Ungass). La canciller Susana Malcorra abrió su
discurso ante el plenario dando cuenta de las cinco muertes ocurridas en
la fiesta electrónica de Costa Salguero “como consecuencia de la
ingesta de drogas sintéticas”. Sin embargo, la postura oficial fue
cuestionada por voces de la sociedad civil argentinas que siguen el
debate en la sede de la ONU, en Nueva York, por no alejarse “en esencia”
de las fracasadas recetas de la llamada guerra contra las drogas, y
evitar pronunciarse a favor de los programas de reducción de daños, que
se aplican en otros países en fiestas electrónicas y otros escenarios
musicales, para evitar graves daños a la salud e incluso la muerte por
sobredosis de sustancias psicoactivas.
“Este hecho lamentable, que genera una herida irreparable a la
sociedad argentina, es una clara muestra de cómo el flagelo de las
drogas afecta a todos los países y a todas las personas, sin ninguna
distinción, truncando proyectos de vida, el futuro de nuestros jóvenes e
hiriendo de manera irreversible a nuestras familias y nuestra
sociedad”, dijo Malcorra al inicio de su exposición.“Si bien la canciller comenzó su discurso lamentando las muertes en la tragedia de Costa Salguero, es lamentable que no haya hecho mención a la necesidad de adoptar políticas de salud pública tales como la reducción de daños que incluyen programas de testeo de sustancias o entrega de información sobre los riesgos del consumo y las mezcla de drogas, que justamente hubieran podido evitar o reducir significativamente los daños tan tremendos ocurridos en la fiesta electrónica”, consideró a Página/12 la presidenta de la asociación civil Intercambios, Graciela Touzé, quien se encuentra presenciando el debate ante la Asamblea General de la ONU.
Touzé, con una larga trayectoria en programas de reducción de daños en el país, rescató del discurso de Malcorra el hecho de que señaló la necesidad de acceso a medicamentos controlados y el repudio a la pena de muerte por delitos de drogas que mantienen los países más conservadores en la materia. No obstante, calificó como “tibia” la posición argentina.
El Gobierno se alejó de las posturas que plantean la necesidad de despenalizar el consumo de algunas sustancias ilícitas. No hizo ninguna alusión a ese aspecto. Sí habló de compromisos con un enfoque de derechos humanos. Pero esos compromisos parecen contradecirse con la política de derribo de aviones, anunciada por el Gobierno y la mayor asociación con la DEA desplegada por la gestión macrista. “En lo que se refiere a la demanda, tenemos en cuenta que el fin último es colocar a las personas como centro de las políticas sobre drogas. Sostenemos un cambio en la centralidad desde la sustancia a la persona, en tanto sujeto de derechos, proponiendo la inclusión social como elemento central y objetivos a alcanzar con la políticas públicas. Tenemos una perspectiva de atención, cuidado, tratamiento y recuperación de los usuarios de drogas, promoviendo a su vez la eliminación de actitudes de discriminación y estigmatización”, afirmó la canciller. Malcorra destacó además, la necesidad de profundizar la cooperación internacional para hacer frente al “problema mundial de las drogas”.
Pablo Cymerman, responsable de incidencia política de Intercambios, también presente en la Asamblea, observó “cierta contradicción entre un discurso que, por un lado, coloca a los seres humanos como centro y eje de las políticas de drogas, pero por el otro sostiene la línea de la guerra a las drogas, paradigma que justamente se buscó cuestionar en la convocatoria a esta sesión especial de la ONU, debido a las devastadoras consecuencias de estigmatización, encarcelamientos masivos y muertes en muchos países del mundo”.
Para Touzé, la tragedia de Costa Salguero “ha puesto de relevancia la necesidad de una acción decidida por parte del Estado en materia de reducción de daños” y cuestionó que la única respuesta sea “la prohibición, en este caso, de las fiestas electrónicas”. “No podemos calificarlo ni siquiera de ingenioso. Es un planteo totalmente irracional, que podría tener efectos cada vez más contraproducentes, más peligrosos”, consideró, al ser consultada por este diario.
–¿Cuál es la responsabilidad del Estado en este caso? –Hay una responsabilidad del Estado para llevar adelante políticas que sean eficaces. Desde Intercambios planteamos que la necesidad de cooperación entre el Estado y la sociedad civil, para instrumentar cambios y estrategias decididas para responder efectivamente a situaciones como esta, tan dolorosa que tuvo lugar en la fiesta electrónica.
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El pasado fin de semana, cinco jóvenes murieron y 5 sufrieron graves daños a su salud por tomar pastillas cuya composición
aún no se conoce. Estas muertes evitables generaron un debate social que es necesario profundizar.
El modelo prohibicionista y el enfoque punitivo del consumo fracasaron en el objetivo de alcanzar una "sociedad libre de drogas". En esencia, la prohibición tiene al menos tres tipos de consecuencias negativas. Por un lado, la ausencia de regulación estatal no hace más que fortalecer el negocio de la producción y el tráfico de drogas y generar ganancias extraordinarias. Por otro, en su "guerra contra las drogas" el sistema penal -las fuerzas de seguridad, los servicios penitenciarios, el Poder Judicial- es responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Por último, los graves daños a la salud de los consumidores se derivan en buena medida de la ausencia del Estado en su rol de contralor: las drogas son un gigantesco mercado desregulado o, mejor dicho, regulado por mafias. La muerte de los jóvenes en Costa Salguero es consecuencia de esto último.
Es necesaria una mirada sobre los consumidores no centrada en lo punitivo ni en la criminalización, que haga posible que el Estado desarrolle una política de reducción de daños. Un aspecto de estas políticas debería ser la presencia de las agencias estatales en la verificación de las sustancias que se consumen para evitar mezclas y adulteraciones letales y para informar sobre los hábitos de consumo que son menos dañinos. Además se requiere una mirada más estructural como la que adoptan las experiencias de regulación estatal de los mercados de drogas que se han comenzado a explorar en otros países.
Estas discusiones se están dando ahora mismo a nivel internacional, en la Sesión Especial de las Naciones Unidas por el tema drogas (UNGASS) que está sucediendo en Nueva York. Allí, la Argentina tiene la oportunidad de apoyar a los países que están impulsando un cambio en el sistema internacional de control de las drogas en un sentido más respetuoso de los derechos humanos. Estos avances internacionales podrían servir de marco para adoptar políticas nacionales menos atravesadas por la retórica de la guerra y la invasión de los barrios pobres y que, en cambio, dispongan más recursos para un abordaje socio-sanitario de reducción de daños para los consumidores, a partir de la importancia del fortalecimiento democrático en el manejo del fenómeno de las sustancias psicoactivas.
Grupo Convergencia
Intercambios Asociación Civil
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
El modelo prohibicionista y el enfoque punitivo del consumo fracasaron en el objetivo de alcanzar una "sociedad libre de drogas". En esencia, la prohibición tiene al menos tres tipos de consecuencias negativas. Por un lado, la ausencia de regulación estatal no hace más que fortalecer el negocio de la producción y el tráfico de drogas y generar ganancias extraordinarias. Por otro, en su "guerra contra las drogas" el sistema penal -las fuerzas de seguridad, los servicios penitenciarios, el Poder Judicial- es responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Por último, los graves daños a la salud de los consumidores se derivan en buena medida de la ausencia del Estado en su rol de contralor: las drogas son un gigantesco mercado desregulado o, mejor dicho, regulado por mafias. La muerte de los jóvenes en Costa Salguero es consecuencia de esto último.
Es necesaria una mirada sobre los consumidores no centrada en lo punitivo ni en la criminalización, que haga posible que el Estado desarrolle una política de reducción de daños. Un aspecto de estas políticas debería ser la presencia de las agencias estatales en la verificación de las sustancias que se consumen para evitar mezclas y adulteraciones letales y para informar sobre los hábitos de consumo que son menos dañinos. Además se requiere una mirada más estructural como la que adoptan las experiencias de regulación estatal de los mercados de drogas que se han comenzado a explorar en otros países.
Estas discusiones se están dando ahora mismo a nivel internacional, en la Sesión Especial de las Naciones Unidas por el tema drogas (UNGASS) que está sucediendo en Nueva York. Allí, la Argentina tiene la oportunidad de apoyar a los países que están impulsando un cambio en el sistema internacional de control de las drogas en un sentido más respetuoso de los derechos humanos. Estos avances internacionales podrían servir de marco para adoptar políticas nacionales menos atravesadas por la retórica de la guerra y la invasión de los barrios pobres y que, en cambio, dispongan más recursos para un abordaje socio-sanitario de reducción de daños para los consumidores, a partir de la importancia del fortalecimiento democrático en el manejo del fenómeno de las sustancias psicoactivas.
Grupo Convergencia
Intercambios Asociación Civil
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
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