EL GOBIERNO SE COMPROMETE A PAGAR EN EFECTIVO MAS DE 4600 MILLONES DE DOLARES A LOS FONDOS MAS DUROS
Acuerdo con buitres para lanzar el plan deuda
El entendimiento es con los fondos de Paul Singer y
otros carroñeros que forzaron al Gobierno a mejorar su oferta hasta
reducir la quita a sólo el 25 por ciento de la sentencia de Griesa. Para
pagar, hay que derogar dos leyes y emitir deuda por 15 mil millones de
dólares.
Por Cristian Carrillo (Página/12)
El gobierno
de Mauricio Macri acordó pagarles en efectivo 4653 millones de dólares a
los cuatro fondos buitre que encabezan la demanda contra la Argentina
por sus tenencias en bonos defolteados desde 2001. Este pago
comprendería al 75 por ciento de la deuda en litigio y deberá realizarse
antes del 14 de abril próximo. Si se suman otros fondos litigantes que
aceptaron la propuesta del gobierno, la resolución alcanzaría al 85 por
ciento de la deuda demandada. El dinero provendrá de la colocación de
nuevos títulos públicos, por aproximadamente unos 15.000 millones de
dólares, para lo cual requerirá que el Congreso apruebe antes de esa
fecha la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. El arreglo
con el 93 por ciento de los bonistas que aceptaron las
reestructuraciones del kirchnerismo había ascendido a 30.000 millones de
dólares. “En tres meses lo pudimos hacer”, sostuvo al ministro de
Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, al anunciar junto al secretario
de Finanzas, Luis Caputo, el acuerdo alcanzado sobre el que sólo pudo
hacerse una poda del 25 por ciento sobre la sentencia sin discutir
capital. Los canjes de 2005 y 2010 se habían realizado con una quita de
67 por ciento. El gobierno espera cerrar lo antes posible este acuerdo
para poner en marcha la maquinaria del endeudamiento. “La única forma
para llevar adelante el país es con crédito”, afirmó Prat-Gay, quien
explicó que si no se consigue ese financiamiento externo bajar el
déficit fiscal requeriría de un ajuste menos gradualista.
El pasado 5 de febrero el equipo económico de Macri había presentado
una oferta para abonar 6500 millones de dólares sobre un total de 9000
millones, que se componía de capital e intereses, a fondos buitre y
otros acreedores en litigio, entre los que se encuentran demandantes con
sentencia firme por la cláusula pari passu y los denominados me too (yo
también, en inglés). EM Limited y Montreux Partners, dos de los seis
principales fondos especulativos, que ganaron juicios con sentencia
firme en Nueva York, fueron los primeros en aceptar la oferta, por la
cual cobrarán 849,2 millones y 298,66 millones de dólares,
respectivamente. Pero los carroñeros más duros, NML Capital y Aurelius,
jugaron un rato más con la desesperación del gobierno macrista por
emitir deuda, no aceptaron y siguieron negociando.
La noticia de un preacuerdo entre el gobierno y los buitres comenzó a
circular temprano desde el despacho de Daniel Pollack, el Special
Master (mediador judicial) designado por el juez Thomas Griesa.
“Argentina llegó a un principio de acuerdo con el fondo NML Capital de
Paul Singer y otros holdouts para pagarles hasta el próximo 14 de abril
4653 millones de dólares en efectivo y saldar el multimillonario juicio
en Nueva York por su deuda en default desde 2001”, anunció a través de
un comunicado el mediador. Destacó que el acuerdo alcanza al 75 por
ciento de la totalidad de las sentencias, incluyendo capital e
intereses. “Este acuerdo, si es consumado, junto con acuerdos en
principio previos con otros holdouts, resuelve el 85 por ciento de las
demandas de aquellos con restricciones pari passu y me too. Continuaré
trabajando hasta que todas las demandas sean resueltas”, dijo.
Por la tarde, Prat-Gay y Caputo ofrecieron una conferencia de prensa,
en la que también participaron el coordinador del gabinete económico,
Mario Quintana, y Santiago Bausili, técnico en deuda y mercado de
capitales. “Es un día muy importante. Hemos llegado a un acuerdo con los
fondos más duros en esta negociación”, confirmó el ministro. “Estamos
buscando que nos crean en el mundo. No hay país en el mundo que crezca
sin créditos. Estamos en una economía suficientemente moderna para
expandirse y lo que estamos tratando de hacer justamente es recuperar
eso: el crédito”, dijo. De esta manera, el funcionario justificó la
premura con la que se arribó a un acuerdo más que generoso respecto a la
demanda de los acreedores carroñeros.
El Gobierno pagará a los fondos manejados por Elliott Management,
Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital, 75 por ciento
de sus juicios incluyendo el capital y el interés, además de un pago
para arreglar los reclamos fuera del Distrito Sur de Nueva York
(Manhattan) y costas legales. “Nos pusimos duros. No quisimos firmar un
acuerdo de confidencialidad. Dijimos que la negociación debía ser
transparente”, expresó Prat-Gay, quien aclaró que la gestión macrista
jugó “con las reglas, pero con la mayor firmeza posible defendiendo los
recursos de los argentinos”. Según las cifras que ofreció, la supuesta
dureza en la propuesta se reflejó en una quita de entre 25 y 26 por
ciento sobre el monto de la sentencia firme en Nueva York, es decir,
sobre los 9000 millones de dólares a los que asciende la deuda con los
intereses corridos de los últimos quince años. Esa quita no fue sobre el
capital sino que se explica por un recorte del 40 por ciento sobre
intereses punitorios y costas legales.
La deuda no se pagará con fondos de las alicaídas reservas ni tampoco
se entregarán nuevos bonos por el importe. A los buitres se les pagará
en efectivo, pero para ello el gobierno pretende emitir dos o tres bonos
por un total de 15.000 millones de dólares. Según explicó el ministro,
el objetivo de hacerlo así es para que los fondos demandantes no tiren
abajo los precios de los títulos; es decir, que no los tomen muy por
debajo de su valor técnico. Para poner en marcha esta maquinaria de
endeudamiento se enviará esta semana un proyecto de ley que permita
ejecutar estos acuerdos con los holdouts.
El Congreso deberá derogar la Ley Cerrojo y de Pago Soberano, que en
conjunto impiden una reapertura de las exitosas reestructuraciones de
2005 y 2010, a las que se adhirieron el 93 por ciento de los bonistas.
El juez Griesa, con el objetivo de forzar al país a aceptar sus
controversiales fallos, había dispuesto en julio de 2014 congelar los
fondos depositados por el Estado argentino a los tenedores de deuda
reestructurada que cobraban en Nueva York por 539 millones de dólares.
Con el acuerdo, Griesa levantaría la medida.
Caputo manifestó su confianza en que se llegará bien a la fecha
límite para el pago a los buitres, “el 14 de abril, pero puede haber una
extensión”. “Si estamos encaminados no va a ser un problema”, dijo en
referencia a la posibilidad de solicitar una prórroga. “Es muy
importante la discusión que se dará en el Congreso de la Nación. No
queremos que el 14 de abril luzca como un impedimento en la discusión”,
agregó PratGay. El funcionario dejó en claro que el objetivo de esta
negociación acelerada es poder endeudarse. “Si no tenemos un horizonte
para financiarnos, si alguien no nos presta, no hay margen para el
gradualismo en bajar el déficit fiscal”, sostuvo. Fiel a su concepción
monetarista, el funcionario sostuvo que la emisión de pesos no es una
posibilidad, porque genera inflación, y que sin financiamiento el
programa fiscal y monetario requerirá de “un gran ajuste, incluso en
áreas sensibles”. “Pero esta no es la propuesta de este equipo”, aseguró
el integrante de un gobierno que hasta el momento sólo llevó a cabo
recetas recesivas y despidos en casi todas las áreas del Estado.
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