Lo que Obama debe saber sobre la Argentina de Macri
Durante
su viaje a la Argentina esta semana, es poco probable que el Presidente
Obama visite a Milagro Sala. Reconocida activista social de la
provincia de Jujuy, al noroeste del país, Sala fue detenida en enero a
instancias del gobernador, Gerardo Morales, un aliado político del nuevo
presidente, Mauricio Macri.
Su
detención ha generado rechazo internacional; el Papa Francisco,
Naciones Unidas y Amnistía Internacional han expresado su preocupación.
Pero no la Casa Blanca: al anunciar la visita de Obama, agradeció a
Macri por sus “aportes a la defensa de los derechos humanos en la
región.”
El
histórico viaje de Obama a Cuba tiene toda la pompa de una despedida a
la Guerra Fría en América Latina. Su visita a La Habana servirá como el
punto simbólico culminante en la normalización de las relaciones de
Estados Unidos con el gobierno comunista de Cuba. Pero su excursión a la
Argentina tiene un sentido muy distinto.
Poco
antes de que Obama llegara a Buenos Aires, su administración anunció la
desclasificación de documentos del gobierno de Estados Unidos
relacionados con la dictadura militar argentina del 1976 al 1983. Sin
embargo, la visita no se trata del estado actual de los derechos humanos
sino del libre comercio y la seguridad hemisférica.
Un
reconocimiento del papel maligno que jugó EE.UU. en los primeros años
de la dictadura es bienvenido, aun cuando sea tardío. Pero ignorar las
señales de alarma sobre el impacto en los derechos humanos generadas por
las acciones recientes de la nueva coalición gobernante de la Argentina
es un recordatorio preocupante de ese legado. Para Macri, la visita de
Obama ya es un respaldo.
La
detención de Milagro Sala ilustra el nuevo enfoque de mano dura del
gobierno argentino. Su organización jugó un papel importante al ofrecer
viviendas, trabajos y educación a grupos marginados socialmente. Sala
fue detenida por liderar una protesta de trabajadores cooperativistas,
desempleados e indígenas en una de las provincias más pobres del país.
Después, fue acusada de malversar fondos públicos. Esa investigación
judicial debe seguir su curso pero el debido proceso exige que, mientras
tanto, ella no sea encarcelada.
Esta
detención arbitraria ocurre en el contexto de una serie de medidas
tomadas por la administración de Macri que han debilitado el Estado de
derecho bajo el pretexto de seguridad, libertad económica y la guerra
contra las drogas. En enero, unas semanas después de asumir, Macri
declaró la emergencia de seguridad que permitió que las fuerzas
militares derriben aviones no identificados sospechados de estar
vinculados con el narcotráfico.
En los hechos, el presidente ha decretado una pena de muerte de facto
sin juicio previo. Esta política ha sido criticada como un ejemplo de
la “narcotización” de la seguridad pública. Va en contra de los
principios centrales de las reformas argentinas posdictadura que
prohíben la intervención militar en la seguridad interior.
Poco
después de la asunción de Macri, la corte suprema de la capital del
país, Buenos Aires, dictaminó que la policía local puede requerir que
los ciudadanos muestren sus documentos de identificación sin tener
sospecha, un fallo que da luz verde al acoso policial basado en los
prejuicios. En otra jugada igual de preocupante, el gobierno nacional
presentó recientemente un nuevo protocolo para protestas que otorga a
las fuerzas de seguridad mayores facultades para reprimir y criminalizar
las manifestaciones; en un país donde la gente valora el derecho a la
protesta y suele ocupar las calles para reclamar sus derechos.
El
colapso económico y político de 2001 en la Argentina demostró
definitivamente que las políticas de libre mercado de los 90 no habían
mejorado las vidas de la gente común. No obstante, Macri y su equipo
están resucitando algunas medidas fracasadas del pasado. Con los precios
de las materias primas a la baja, quieren atraer inversión extranjera
con recortes para llegar a mayor competitividad: buscan reducir el gasto
público y achicar el Estado.
A
la vez, su administración ha eliminado los controles cambiarios, lo
cual aumenta la inflación. Algunos analistas estiman que el aumento de
precios excederá la meta oficial para 2016 de entre 20 y 25 por ciento.
A
pesar de sus promesas de campaña de fortalecer las instituciones
democráticas, el Presidente Macri está gobernando en el sentido opuesto.
En diciembre, intentó nombrar a dos jueces nuevos de la Corte Suprema
de la Nación por decreto y así sortear la aprobación del Senado. Ante el
clamor de la sociedad, el presidente dio marcha atrás y mandó los
nombramientos al Senado.
No
fue la única decisión prepotente: Macri utilizó varias órdenes
ejecutivas para modificar un pilar de la legislación sobre los medios
que había ampliado la libertad de expresión al fortalecer las normas
antimonopólicas, aun cuando la administración anterior no la haya
implementado bien. Este tipo de intervención presidencial sería
desastrosa en cualquier circunstancia, pero en el contexto de la
polarización política en la Argentina y de otras medidas represivas es
alarmante.
El
riesgo de militarizar el orden público, el debilitamiento de los
límites institucionales al poder ejecutivo, la criminalización de la
protesta y una obsesión con la promoción de políticas ortodoxas de libre
mercado: nada de esto tiene buenos ecos en América Latina. Estados
Unidos apoyó a muchos de los dictadores de la región durante los 70 y
los 80 para que sirvieran de garantes locales del libre comercio y la
seguridad contra el comunismo.
Recién
después de la asunción del presidente Jimmy Carter en 1977, Estados
Unidos empezó a intentar frenar las fuerzas represivas del continente.
Si bien esto fue importante, no pudo compensar las décadas durante las
cuales EE.UU. ayudaba a los dictadores latinoamericanos mientras decía
defender la democracia.
Obama
seguramente quiere dejar atrás ese pasado. Pero durante su
administración, Estados Unidos alentó la desestabilización de la
democracia en Honduras y Haití, presumiblemente porque esperaba que
socios comerciales más favorables o aliados en la guerra contra las
drogas tomaran el poder.
La
decisión de Estados Unidos de desclasificar más documentos relacionados
con la dictadura argentina es un paso importante que podría permitir
investigaciones judiciales adicionales de crímenes de lesa humanidad.
Pero ahora Obama no debe avalar la violencia estatal y la intolerancia
ideológica como efectos secundarios aceptables de las metas más amplias
de Estados Unidos de promoción del libre mercado y cooperación en
materia de seguridad.
Una
visita presidencial a la Argentina que ignora cómo el gobierno de Macri
está socavando los derechos humanos y las instituciones democráticas —y
en su lugar ofrece elogios vacíos sobre sus políticas— será
interpretada correctamente como una vuelta al pasado.
Gastón Chillier es el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en Buenos Aires.
Ernesto Semán es profesor de historia en la Jepson School of Leadership Studies de la Universidad de Richmond.
Ernesto Semán es profesor de historia en la Jepson School of Leadership Studies de la Universidad de Richmond.
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