Hacia un nuevo paso en el camino de Memoria, Verdad y Justicia
Por Cecilia Nahón *
Página/12
El antecedente más relevante es la desclasificación de 4705 documentos de carácter reservado llevada a cabo por el Departamento de Estado en agosto de 2002, hecho que fue reconocido por la Argentina. Dos años antes, en ocasión de su visita al país, la entonces secretaria de Estado Madeleine Albright había asumido públicamente ese compromiso luego de una reunión mantenida con Estela de Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo y Carmen Lapacó de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Los documentos desclasificados en 2002 (que incluyen cables diplomáticos, memorándums de reuniones, notas e informes) han sido una fuente valiosa tanto para la comprensión histórica del terrorismo de Estado en la Argentina como para algunas de las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad reabiertas en todo el país (en particular para las relativas al Plan Cóndor, al Batallón de Inteligencia 601 y al Plan sistemático de apropiación de niños). El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington y el diplomático estadounidense F. Allen “Tex” Harris (condecorado con la Orden del Libertador General San Martin durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner, al igual que Patricia Derian, quien fue secretaria para Derechos Humanos del presidente Jimmy Carter) colaboraron durante el proceso de desclasificación.
La desclasificación fue parcial. Es por eso que durante la última década los organismos de derechos humanos, junto con el gobierno nacional, impulsaron nuevas solicitudes de acceso a documentos de otras agencias del gobierno de Estados Unidos, especialmente las agencias de inteligencia, cuyos registros podrían ser relevantes para seguir conociendo la verdad sobre lo ocurrido durante la dictadura militar, así como sobre el destino de los desaparecidos y niños apropiados ilegalmente. En una primera etapa, se buscó obtener la sanción de una enmienda específica en el Congreso de Estados Unidos, tal como se hizo para Chile en 1999, que autorice la desclasificación de la información de los servicios de inteligencia norteamericanos. El pedido fue formalmente realizado por Cristina Kirchner al representante Maurice Hinchey, impulsor del caso chileno en el Congreso, durante un viaje a Buenos Aires realizado en enero de 2008, y llegó a obtener media sanción del Congreso de Estados Unidos. El entonces embajador Héctor Timerman, junto al secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, Estela de Carlotto, la diputada Victoria Donda y el entonces legislador Juan Cabandié anunciaron con satisfacción la aprobación por unanimidad que la Cámara de Representantes norteamericana dio a dicha enmienda en julio de 2008. Sin embargo, la denominada “enmienda Hinchey” nunca llegó a convertirse en ley para Argentina debido a la intransigente oposición de los senadores republicanos, quienes la rechazaron definitivamente en 2012.
A partir de ese momento, se retomaron las gestiones ante el gobierno del presidente Obama para solicitar su colaboración en una segunda tanda de desclasificación de archivos, que incluyera a las agencias de inteligencia, a través de una decisión política del Poder Ejecutivo, tal como realizó la administración Clinton para los casos de Chile, Guatemala y El Salvador. En junio de 2012, en ocasión de una visita a Washington, la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reiteró este pedido en diversas reuniones mantenidas junto al entonces embajador Argüello en el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa y el Congreso de Estados Unidos. El interés en dicho proceso fue nuevamente expresado por una delegación de nietos restituidos que visitó el Departamento de Estado y el Congreso en marzo de 2014, a quienes tuve el honor de recibir y de acompañar en sus pedidos. Desde entonces, y hasta noviembre de 2015, la Embajada Argentina en Washington mantuvo numerosas reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado, del Consejo Nacional de Seguridad (Casa Blanca) y del Departamento de Justicia con el fin de conseguir la colaboración del gobierno estadounidense. También manifestamos al embajador de Estados Unidos en Argentina, Noah Mamet, la importancia de dicha desclasificación, destacando su aporte positivo para la relación bilateral entre ambos países.
En las sucesivas reuniones mantenidas surgieron dos cuestiones concretas. Por una parte, la oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado ofreció la posibilidad de avanzar en el levantamiento de “tachaduras” de un conjunto de documentos correspondientes a la desclasificación del año 2002. En efecto, dichos documentos mantienen cierta información “tachada”, que por tanto no se puede conocer, con el fin de proteger datos considerados sensibles desde el punto de vista de la seguridad nacional de los Estados Unidos. A partir de dicho ofrecimiento, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Argentina, las Abuelas y el CELS llevaron adelante una revisión exhaustiva del material con el objetivo de identificar el valor que pudieran tener los levantamientos de tachaduras. El análisis concluyó que, sin descartar que eventualmente haya requerimientos puntuales futuros según la evolución de los juicios, el levantamiento de tachaduras no aportaba información adicional de valor en esta instancia. Este diagnóstico fue transmitido al Departamento de Estado y motivó la reiteración de la solicitud inicial.
La segunda cuestión que surgió del intercambio mantenido fue la recomendación de que Argentina brindase mayor precisión respecto de qué documentos o criterios resultaban de particular interés para eventualmente iniciar una segunda ola de desclasificación. En función de diversos análisis, se decidió entonces solicitar la desclasificación de las comunicaciones correspondientes al “Agregado Jurídico”, dependiente del Federal Bureau of Investigation (FBI), apostado en la Embajada de Estados Unidos en Argentina durante 1975-1985. Así, el 20 de noviembre de 2015, culminando un extenso período de gestiones bilaterales, la Embajada Argentina envió una nota a la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch (de quien depende el FBI), donde se formalizó la solicitud de colaboración para la desclasificación de las comunicaciones de dicho “Agregado Jurídico” en todo lo relativo a: 1) las graves violaciones a los derechos humanos; 2) los niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus padres; 3) la coordinación represiva del Cono Sur, especialmente de la Operación Cóndor. Por supuesto, esta solicitud específica al Departamento de Justicia se inscribe en el pedido de desclasificación de todos los documentos reservados correspondientes al entramado de agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluyendo la CIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa y el Buró de Inteligencia e Investigaciones del propio Departamento de Estado, entre otros.
Hoy, en vistas de la próxima visita del presidente Obama a la Argentina, resulta oportuno destacar estos antecedentes y esfuerzos de décadas. En los últimos años, los pedidos de desclasificación de archivos de la dictadura a Estados Unidos no fueron solicitudes aisladas, sino acciones coherentes con un gobierno que, entre 2003 y 2015, colocó en su centro el fortalecimiento y la ampliación de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los argentinos. En la actualidad, imposible no decirlo, demasiados de estos derechos se encuentran amenazados. Pero, a diferencia de otros momentos, hoy los argentinos contamos con los aprendizajes de nuestra historia y con el ejemplo invaluable de los militantes y organismos de derechos humanos que nos enseñaron a defender nuestros derechos y a no claudicar, nunca, en la construcción de un país más justo, soberano e inclusivo.
* Ex embajadora de Argentina en Estados Unidos (2013-2015).
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EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS ANUNCIO QUE DESCLASIFICARA NUEVOS DOCUMENTOS VINCULADOS A LA ULTIMA DICTADURA
Nuevos secretos pueden salir a la luz
A cinco días de la visita de Barack Obama, la consejera
para la Seguridad Nacional de la Casa Blanca anunció que darían
respuesta al pedido de los organismos de derechos humanos. El proceso
puede ser largo e incluir información de inteligencia.
Por Werner Pertot
Página/12
El gobierno
de los Estados Unidos anunció que desclasificará documentos militares y
de inteligencia sobre la dictadura argentina. La decisión fue anunciada
por la consejera para la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan
Rice, quien también indicó que “la visita del presidente (Barack Obama)
cae en el aniversario del golpe de Estado militar de 1976 y para
demostrar nuestro compromiso con los derechos humanos, el presidente
visitará el Parque de la Memoria para honrar la memoria de las víctimas
de la guerra sucia de la Argentina”. En 2002, Estados Unidos ya había
desclasificado 4700 documentos del Departamento de Estado. La decisión
de ampliarlo a documentos militares y de inteligencia fue celebrada por
el gobierno de Mauricio Macri y por los organismos de derechos humanos.
El proceso hasta que los documentos estén disponibles será largo.
Es sabido que la dictadura argentina tuvo un fuerte respaldo de las
autoridades del gobierno de los Estados Unidos, algo de lo que ayer se
ocupó una editorial del diario The New York Times que habla de la
“historia vergonzosa” de ese país (ver recuadro). Allí se menciona el
rol que jugó el secretario de Estado Henry Kissinger, quien apoyó a las
diversas dictaduras del cono sur, tuvo un papel central en el golpe de
Augusto Pinochet en Chile y en la Argentina, como prueban los documentos
desclasificados, además del respaldo político dio luz verde a la
represión.La decisión de Obama busca darle un giro a su visita y colocarlo en la línea del gobierno de Jimmy Carter y su secretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian, que condenaron la dictadura argentina. El gobierno de Ronald Reagan terminó con ese período de denuncia.
Habida cuenta de esa estrecha relación entre Estados Unidos y la dictadura argentina, los documentos secretos que pudieran arrojar luz sobre el terrorismo de Estado siempre fueron un objetivo. El primer pedido para que se desclasificaran documentos estadounidenses lo hicieron el CELS, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo línea fundadora en 1999. En agosto de 2000, la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright –del gobierno de Bill Clinton– se reunió con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Carmen Lapacó de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y con el presidente del CELS, Horacio Verbitsky. Allí la funcionaria les prometió la desclasificación de los documentos.
La medida se concretó tras un extenso proceso que finalizó en 2002, ya durante el gobierno de George W. Bush. Sin embargo, no se incluyeron los documentos de las agencias de inteligencia y militares. “La revisión y desclasificación de 4700 documentos del Departamento de Estado sobre Argentina en 2002, se comenzó en 1999 y ya estaba lista para mediados del 2001”, relata Carlos Osorio, del Archivo Nacional de Seguridad, que depende de la Universidad George Washington y trabajó con los documentos desclasificados. “No se liberó en ese entonces por la tragedia del 11 de septiembre y luego por la crisis económica Argentina. Una reciente desclasificación muy focalizada de unos 500 documentos en respuesta a la Comisión de la Verdad de Brasil, llevo un año y medio aproximadamente. Estos procesos son largos”, explicó.
La nueva decisión de desclasificar documentos se suma a ese proceso y se enmarca en la visita de Obama a la Argentina. La encargada de anunciarlo fue Rice en una conferencia de prensa: “Además de los más de cuatro mil documentos que Estados Unidos ya liberó de ese período oscuro, el presidente Obama, por pedido del gobierno argentino, anunciará un esfuerzo para desclasificar documentos adicionales, incluyendo, por primera vez, documentos militares y de inteligencia”. “En este aniversario, y de ahora en más, tenemos la determinación de hacer nuestra parte para que Argentina continúe sanando y avanzando como una nación. Así que creemos que este viaje será una histórica y poderosa demostración del acercamiento de nuestra nación a América Latina. El presidente está comprometido en apoyar los esfuerzos para enfrentar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra sucia y remarcará ese compromiso durante su visita a la Argentina la semana próxima”, señaló la funcionaria.
Desde el gobierno nacional celebraron la decisión y la enmarcaron en un giro en la política exterior. “Es un hecho histórico”, consideró el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien aseguró “hay mucho más para ganar teniendo una relación madura con Estados Unidos”. El secretario de Derechos Humanos nacional, Claudio Avruj, sostuvo: “Tomamos la inquietud que los organismos de derechos humanos le hicieron al presidente Macri. Es un triunfo de todos los argentinos. Asumimos que abriendo esos archivos vamos a saber más, por ejemplo, sobre el Plan Cóndor y la Escuela de las Américas”, indicó. “Esta desclasificación es una demostración que mediante el diálogo estamos construyendo un nuevo vínculo con los países del mundo”, señaló el funcionario macrista.
Entre los documentos a desclasificar, se incluyen los de las agencias de seguridad (FBI), el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, los Archivos Nacionales y la librería presidencial. Osorio consideró que “es un buen signo que sea la consejera para la Seguridad Nacional la que lo anuncia. Bajo la administración Clinton, fue una oficina dentro del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) que alentó y orquestó el proceso para que cada agencia desclasificara. Esto no sucedió con la Argentina y por eso sólo el Departamento de Estado desclasificó unilateralmente. Pero no hubo nadie que acicateara a las otras agencias”. “Nosotros pensamos que las agencias deben ser la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), la CIA, el FBI e incluso el área analítica de inteligencia dentro del Departamento de Estado”, afirmó.
El número de documentos a desclasificar todavía no se determinó y dependerá de la profundidad de la búsqueda. “Lo que puede haber ahí son informes sobre operaciones de contrainsurgencia argentinos, descripción de estructura y de mando de servicios de inteligencia y posiciones de comando de militares argentinos”, indicó Osorio.
“Es una respuesta más que significativa, porque podremos acceder a la información más secreta en relación a la última dictadura militar. Nos referimos a la inteligencia de las Fuerzas Armadas, la inteligencia de las fuerzas de seguridad y del cuerpo de abogados: un equipo jurídico que estaba en la Embajada de Estados Unidos en la Argentina y que producía información sobre lo que ocurría en la Argentina”, indicó Diego Morales, director de Litigio del CELS, quien señaló que el proceso de desclasificación que comenzó en 1999 con el pedido de los organismos de derechos humanos “muestra una continuidad importante: aquella información nos permitió discutir cuando los juicios estaban cerrados. Esperemos que ahora nos permita avanzar con situaciones que todavía no se esclarecieron”.
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