Las decisiones que el Congreso de la Nación debe tomar en relación a la propuesta del Gobierno sobre la deuda externa, afectarán la vida de todos los argentinos y argentinas en los próximos veinte o treinta años. Excede largamente la duración del mandato presidencial y del conjunto de diputados y senadores. Se impone, por principio elemental de la democracia, la realización de una Consulta Popular Vinculante, tal como está prevista en la Constitución Nacional y la legislación vigente, para que sea el pueblo argentino el que decida sobre este vital asunto.
Seis motivos para tomar conciencia de lo que está en juego
1. Según el gobierno el acuerdo con los buitres tendrá un costo de aproximadamente 12 mil millones de dólares, que se pagarían emitiendo una serie de bonos a mediano y largo plazo, con una tasa de interés del alrededor del 7,5% anual. Sólo ese arreglo, que permitiría terminar con el litigio de los buitres, supone un importante endeudamiento que el periódico británico Financial Times calificó como “la mayor emisión de deuda de un país emergente en los últimos 20 años.” Es importante retener que esos U$S 12 mil millones que emitirá la Argentina es dinero que no va a ingresar al país, porque se usará para pagar en EFECTIVO el arreglo con los buitres. Si sólo se tratara de esto, de una importante emisión de deuda para acatar el fallo Griesa y resolver el juicio con los buitres, ya sería suficiente motivo para un debate profundo.
2. El argumento principal del Ministro de Hacienda es que el arreglo con los buitres es necesario para acceder al financiamiento internacional. ¿Qué significa esto? Que la nueva deuda que se emitirá para pagar a los buitres es un paso para poder emitir más deuda, un “costo a pagar” para poder acceder a ese financiamiento. Más allá de todo cuestionamiento ético, si alguien está dispuesto a pagar ese precio con tal de acceder a nuevo financiamiento es porque está pensando realmente en usarlo y en grandes magnitudes. Dicho de otro modo, el acuerdo con los fondos buitres supone el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento a gran escala. Es decir un mega-endeudamiento, que pagaremos todos por las próximas décadas o nos conducirá a un nuevo default como ocurrió en 2001.
3. Este acuerdo es para resolver con un tratamiento altamente privilegiado la situación del 7,6% de los bonos defaulteados que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. No hay ninguna seguridad de que el 92,4% restante se abstenga de iniciar litigios contra nuestro país argumentando que se ha defraudado su buena fe y que entonces exijan al país el mismo trato que hoy se le pretende reconocer a los buitres. Puede sonar descabellado y sería realmente escandaloso, que algún juez dé lugar a este planteo. Pero no menos descabellado y escandaloso que lo mismo que hizo el propio juez Griesa con los buitres. Es decir, que este acuerdo pone al país en un riesgo financiero descomunal, ya que un trato equivalente al que se propone con los buitres para el 92,4% restante implicaría un juicio contra el país de varios cientos de miles millones de dólares, algo impagable.
4. El plan de endeudamiento que propone el gobierno no está especificado y por lo tanto conviene apelar a cierta memoria histórica. El argumento es la necesidad de realizar obras de infraestructura e inversiones de distinto tipo, pero nada de esto está detallado en la propuesta del poder ejecutivo. Tenemos por tanto, derecho a sospechar que estamos ante el peligro de repetir lo que tantas veces ha ocurrido en nuestra historia, a saber, que el endeudamiento sea parte de un espectacular negocio que financie la fuga de capitales y el déficit de cuenta corriente en caso de que se avance en acuerdos de libre comercio y se abran completamente las importaciones. Dicho de otro modo, el endeudamiento puede ser la contracara de la destrucción de la precaria industria nacional, una vez más.
5. La ley de Pago Soberano que se propone derogar el gobierno, establecía la creación de una Comisión Bicameral para investigar el origen, evolución y estado actual de la deuda externa argentina desde 1976 hasta la fecha. El objetivo de esto era comprobar irregularidades que sirvan para transparentar y rechazar componentes ilegítimos del pasivo externo de nuestro país. Esta información aún no ha sido confeccionada y publicitada y la comisión misma quedaría eliminada en caso de derogarse la mencionada ley.
6. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, por iniciativa argentina, nueve principios que deben regir la reestructuración de deudas soberanas en todo el mundo. Estos se contraponen a los criterios con los que el Juez Griesa fundamentó su fallo contrario a nuestro país y que nos llevó a esta situación. En caso de avanzar con el acuerdo propuesto por el gobierno, la Argentina sería el primer país en no respetar los principios sancionados por la ONU siendo el mismo país que los promovió.
Estos seis elementos son suficientes para rechazar un tratamiento exprés en pocas semanas. Pero además, ¿tiene sentido que diputados y senadores cuyos mandatos vencen en 2, 4 o a lo sumo 6 años, decidan sobre un endeudamiento que nos condicionará en los próximos 30 años? ¿No sería más conveniente, más legítimo y democrático promover un debate profundo que culmine con la consulta directa al pueblo argentino sobre la conveniencia o no de este acuerdo tan relevante?
Qué es y cómo se hace una Consulta Popular.
La Constitución Argentina en su artículo 40 establece un mecanismo para someter a Consulta Popular iniciativas parlamentarias. La ley 25.432 establece las características que debe tener este proceso. No es necesario inventar nada que no exista, simplemente aplicar un mecanismo institucional vigente.
Esto no se trata de ser oficialista u opositor. Ni de haber apoyado o no las políticas del gobierno anterior. Se trata de una decisión crucial sobre la soberanía y el futuro de nuestro país, que se acerca al bicentenario de su independencia. En estos 200 años nos hemos endeudado y pagado y vuelto a endeudar una y mil veces.
Si no queremos repetir en el Siglo XXI los mismos padecimientos que sufrimos a lo largo de nuestra historia, es hora de replantearnos también a qué llamamos democracia y cuál es la mejor forma de tomar las decisiones. Que los diputados y senadores no carguen con la tentación de traicionar a su Patria y negociar otros acuerdos a cambio de hipotecar el futuro del país. Consultemos al pueblo y ejerzamos una democracia plena y verdadera.
Leer también: "Avanza para propuesta para una consulta popular sobre los fondos buitre" (Notas)
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