Henrique
Alonso de Albuquerque Rodrigues Pereira, Haroldo Loguercio Carvalho, Sebastião
Leal Ferreira Vargas Netto (organizadores) 2015
Relações Interamericanas (Natal: EDUFRN), pp. 143-175.
Capítulo en el libro editado por la Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Brasil. ISBN: 978-85-425-0428-6
MALVINAS: GRAN BRETAÑA Y ESTADOS UNIDOS ANTE UNA CAUSA LATINOAMERICANA
Por Leandro Morgenfeld[1]
1. La
historia del poblamiento de las islas
as Malvinas,
un archipiélago comprendido por las islas Soledad y Gran Malvina (East Falkland
y West Falkland, en inglés), más otras 50 pequeñas, fueron descubiertas en el
siglo XVI. En el año 1616, una expedición al mando del holandés LeMaire
confirmó su existencia. El corsario inglés William Ambrose Cowley se refirió a
las mismas en un diario de viaje, en 1684, llamando la atención de los
británicos. John Strong encabezó una expedición a las islas seis años más
tarde. Hasta mediados del siglo XVIII, las Malvinas fueron visitadas por
navegantes holandeses, españoles, ingleses y franceses. En 1763, al final de la
Guerra de los Siete Años y tras perder diversos dominios coloniales a manos de
los ingleses, los franceses intentaron colonizarlas. Ante este hecho, la corte
española planteó un reclamo, tras lo cual Francia reconoció los derechos
jurídicos de España sobre las islas. En 1767, la nueva colonia pasó a depender
administrativamente del Gobernador y Capitán General de Buenos Aires. Poco
antes, en enero de 1765, el comodoro John Byron llegó a las islas y estableció
una base, Port Egmont, en nombre del
Rey Jorge III de Gran Bretaña, y las nombró Falkland
Islands (Del Carril, 1986, p. 11). Esto generó diversas protestas españolas
e incluso algunos incidentes militares.
El 22 de enero de 1771 se firmó
una declaración conjunta entre Gran Bretaña y España reconociendo los derechos
de Madrid sobre las islas. Tres años más tarde se produjo la evacuación
británica. Hasta 1830, Gran Bretaña no volvió a realizar reclamos por derechos
en Malvinas.
Felipe Ruiz Puente asumió como
el primero de varios gobernadores españoles de las islas, que pasaron a
depender del Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776. El archipiélago
era frecuentado por balleneros y loberos ingleses y norteamericanos.
En enero de 1811, pocos meses
después de la Revolución de Mayo (1810), el gobernador de Montevideo reunió a todas las tropas
realistas para enfrentar a los revolucionarios de Buenos Aires. Para ello, los
españoles abandonaron las islas, que a partir de ese momento quedaron
despobladas. En esa década fueron visitadas esporádicamente por pescadores de
distintas nacionalidades, quienes las usaron como refugio y para obtener
víveres.
Declarada la independencia, en
1816, las Provincias Unidas del Río de la Plata asumieron la soberanía de las
islas – como legado de la corona española-, de acuerdo al principio de uti possidetis, que determinaba la
soberanía territorial en base a los antiguos límites administrativos coloniales
de las ex metrópolis.
En 1820, el gobierno de las
Provincias Unidas tomó posesión formal de las islas, enviando a la fragada Heroína, al mando del coronel David
Jewett (de origen estadounidense). El primer representante de las Provincias
Unidas fue Pablo Areguati, quien arribó a las Malvinas en 1823.
Esta toma de posesión no generó
ninguna protesta por parte de Gran Bretaña, país que tampoco presentó queja
alguna cuando se firmó el Tratado de
Amistad, Comercio y Navegación con las Provincias Unidas, en 1825, momento
en que Londres reconoció la independencia de las Provincias Unidas. Éste es un
argumento jurídico importante para defender el derecho soberano argentino sobre
las Malvinas.
El 10 de junio de 1829, mediante el decreto dictado
por Martín Rodríguez, gobernador delegado por el general Juan Lavalle, Luis
Vernet fue nombrado Comandante Político y Militar de las islas (Malvinas,
Georgias del Sur, Orcadas del Sur, Shetland del Sur, Tierra de Graham y Tierra
del Fuego). Este decreto es uno de los fundamentos clave del reclamo de
soberanía argentina al fijar en sus considerandos el derecho de primer
ocupante, que se había heredado de la Corona Española, además del
consentimiento de las potencias marítimas de Europa y la proximinad al
continente americano (Bosoer, 2007, p. 23). Durante su gestión, Vernet impulsó
el desarrollo de la pesca y la ganadería. En 1830 nacieron los primeros
isleños, entre ellos la hija de Luis, Malvina Vernet Sáez.
2. El conflicto con Estados Unidos
y la ocupación británica
A Vernet se le encomendó un
control más rígido sobre las islas. En ese momento, empresarios ingleses se
interesaron por el archipiélago. En julio de 1829, un financista de apellido
Beckington envió una carta al premier británico solicitando a su gobierno que
se apropiara de las Malvinas. Londres, con la excusa del nombramiento de
Vernet, elevó una protesta, argumentando que la evacuación inglesa en 1774 no
había invalidado los derechos británicos, ignorados por Buenos Aires.
Los barcos extranjeros fueron
reacios a aceptar los límites impuestos por Vernet, quien se apoderó de tres
buques estadounidenses. Uno de ellos, el Harriet,
fue enviado a Buenos Aires, para ser sometido a juicio. Esto ocasionó fuertes
protestas del cónsul George Slacum, novato representante de Washington en
Buenos Aires. Slacum presentó una protesta formal, desconociendo el derecho
argentino a capturar buques estadounidenses o negarles el uso de las
pesquerías. La actitud de Slacum suscitó una airada respuesta del canciller
Tomás Manuel de Anchorena. La controversia diplomática no hizo sino agravarse,
tras la llegada del buque de guerra estadounidense Lexington al puerto de Buenos Aires. Su capitán, Silas Duncan, dio
un ultimátum a Anchorena, en respuesta a la captura del Harriet, amenazando con avanzar con su embarcación hacia las
Malvinas. Duncan calificó al gobernador Vernet como saqueador y pirata. En
medio de esa controversia, el influyente comerciante y diplomático inglés
Woodbine Parish comunicó al gobierno de Buenos Aires que Gran Bretaña tenía
pretensiones sobre las islas desde que se había retirado, más de medio siglo
antes (Morgenfeld, 2012, pp. 31-33).
Mientras tanto, Duncan partió
rumbo a las Malvinas, saqueó sus poblados y tomó prisioneros, a quienes llevó a
Montevideo para negociar, hasta que el gobierno de Buenos Aires diera marcha
atrás. El ataque del Lexington a las
islas generó un gran revuelo en las Provincias Unidas. Anchorena desconoció la
representación de Slacum, no aceptándolo más como enviado oficial de Estados
Unidos. La respuesta del presidente Andrew Jackson (1829-1937) mostró la
agresividad de la Casa Blanca en el tema Malvinas, aunque no todos en su
gobierno compartían esta postura (Gustafson, 1988, p. 25). Washington eligió a
Francis Baylies como encargado de negocios que viajaría a Buenos Aires para
solucionar el conflicto bilateral. Sin embargo, su gestión también resultó un
fracaso.
Gran Bretaña, en tanto,
aprovechó el conflicto Buenos Aires-Washington para avanzar en su pretensión
colonialista. Reivindicando derechos abandonados explícitamente en 1774, los
ingleses tomaron posesión de las islas en enero de 1833, a través del capitán
John James Onslow. Sabían que el gobierno de Estados Unidos, en fuerte
controversia con las Provincias Unidas, no se opondría a la ocupación
británica. En el medio de la puja bilateral, ni el gobierno de Buenos Aires
exigió a Estados Unidos que aplicara la doctrina Monroe (America for the Americans, 1823) para rechazar la apropiación
inglesa (a pesar de que la misma se declaraba contraria al establecimiento de
cualquier colonia europea nueva en América), ni la Casa Blanca reaccionó por su
cuenta protestando contra Gran Bretaña. Se iniciaba, así, uno de los mayores
ejes de conflicto de la política exterior argentina.
Poco después de la ocupación, se
produjo una sublevación de los criollos y charrúas sometidos por los ingleses.
El 26 de agosto de 1833, el entrerriano Antonio Rivero lideró este
levantamiento. Tomaron la casa de la Comandancia, arriaron la bandera británica
e izaron la celeste y blanca. En enero del año siguiente, arribaron dos naves
británicas y en marzo derrotaron a los sublevados y retomaron el control,
apresando a Rivero y otros gauchos que lo habían acompañado. El 23 de junio de
1843, a través de una Carta Patente, las islas se transformaron en Colonia
formal de la Corona Británica (Del Carril, 1986, p. 186).
3. Los reclamos argentinos a lo largo de la
historia
En los años siguientes se
sucedieron diversos reclamos por la soberanía de las islas. El 17 de junio de
1833, Manuel Moreno, enviado de Buenos Aires al Reino Unido, presentó una
protesta formal (conocida como La
Protesta). Cinco años más tarde, Moreno volvió a ser enviado por el
gobernador Rosas, y sondeó la posibilidad de ceder los derechos argentinos
sobre Malvinas, a condición de que se cancelara la deuda remanente del préstamo
de la Baring Brothers de 1824.
El 24 de noviembre de 1849 se
firmó la “Convención de perfecta amistad” entre Argentina y Gran Bretaña. En
ella no se mencionó el reclamo argentino por Malvinas, lo cual luego fue
utilizado como un argumento por los ingleses. Tras la Batalla de Caseros
(1852), y por casi tres décadas, el tema prácticamente desapareció de la agenda
de ambos países (Bosoer, 2007, p. 25).
Años más tarde, el presidente
Julio Argentino Roca (18801886) planteó la necesidad de dirimir el diferendo a
través de un arbitraje. En 1884, el Instituto Geográfico Militar publicó un
mapa de la República Argentina incluyendo a las Malvinas, lo cual suscitó la
preocupación de la embajada británica en Buenos Aires.
Hacia 1908, la Corona Británica
emitió una Carta Patente Real que formalmente anexaba las islas Georgias,
Orcadas, Shetland y Sandwich del Sur.
Entre 1910 y 1936, el Foreign Office dispuso diversos
documentos de circulación reservada en los que expresaba la debilidad de los
derechos británicos y la posibilidad de que Argentina retomara los reclamos.
En 1936, el embajador británico
en Buenos Aires, Anthony Eden, planteó nuevos argumentos para reforzar la posición de su país: al abandonar
España las islas, en 1811, éstas habían quedado vacías; Gran Bretaña había
adquirido el título de las islas por prescripción, luego de un siglo; y la
Argentina no tenía poder militar como para hacer valer sus reclamos.
Más allá de algunas demandas
puntuales, la falta de interés en el tema Malvinas, en el período
agroexportador (18801930), tenía que ver con la dependencia económica argentina
respecto de Gran Bretaña y el establecimiento de una “diplomacia
comercialista”. La oligarquía terrateniente, cuyas exportaciones se dirigían
fundamentalmente al mercado inglés, era renuente a plantear cualquier obstáculo
a la fluida relación con Londres (Rapoport, 2006).
El reclamo por Malvinas se
reflotó en el marco de la segunda guerra mundial. En la Primera Conferencia
Cancilleres Americanos (1939), Argentina afirmó sus derechos legítimos sobre
las Malvinas y demás islas que estuvieran en sus aguas adyacentes. En la
siguiente reunión de cancilleres (1940), el gobierno de Buenos Aires reiteró su
proclama. El Foreign Office, en
tanto, redactó un documento en el que se planteó que era posible alcanzar un
acuerdo para el dominio compartido con Argentina (Morgenfeld, 2011, pp.
283-301).
Tras la guerra, y a partir de la
declinación británica y su pérdida de preponderancia en la economía argentina,
el tema de Malvinas fue registrando una creciente presencia en la agenda
bilateral y generó reiterados conflictos en la relación.
El 23 de mayo de 1945, en la
Conferencia de San Francisco que dio origen a la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el representante argentino, Cárcano, realizó la primera reserva
sobre Malvinas en ese organismo (Cisneros y Escudé, 1998, cap. 56; Morgenfeld,
2011, pp. 337-343).
Durante el primer peronismo
(1946-55), el reclamo por Malvinas cobraría una gran importancia en la agenda
política. El 5 de julio de 1946, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad
un proyecto para llevar la demanda anti-colonial al Consejo de Seguridad de la
ONU.
En 1948, se creó la División Antártida y Malvinas,
dependiente de la Cancillería, para defender los derechos jurídicos sobre la
Antártida Argentina, las Malvinas, las Georgias y las Sandwich del Sur. Cuatro
años más tarde, Argentina anunció planes para la ocupación efectiva de los
territorios que reclamaba como propios, lo cual derivó en una serie de incidentes
menores con Gran Bretaña.
En 1953, Perón envió a Londres a
Alberto Tesaire, presidente provisional del Senado, a proponer que las islas
pasaran a manos argentinas a través de una operación privada que implicara
transferencia de fondos.
Una década más tarde, en 1964, un piloto civil, Miguel
FitzGerarld, aterrizó sin autorización en Puerto Stanley. Dos años después se
produjo el llamado “Operativo Cóndor”: se desvió un vuelo que se dirigía desde
Buenos Aires a Río Gallegos, obligándolo a aterrizar en Malvinas. Allí se
desplegaron banderas argentinas. Tras este incidente, Londres incrementó su
presencia militar en las islas.
4. Las resoluciones de la ONU y las negociaciones
posteriores
En la década de 1950, la
Asamblea de la ONU impulsó un proceso de descolonización que venía siendo
protagonizado por distintos pueblos de Asia y África desde el fin de la segunda
guerra. El 4 de diciembre de 1960, se aprobó la Resolución 1514 (año XV),
denominada “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales” (89 países
votaron a favor, mientras que 9 se abstuvieron, incluyendo Estados Unidos). Se
ratificaba en ella el respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la
unidad nacional y a la integridad territorial. Esta resolución alentó el inicio
de negociaciones bilaterales entre Argentina y Gran Bretaña.
El gobierno de Buenos Aires
planteó que el principio de autodeterminación debía someterse a otros de mayor
jerarquía, como el de la unidad territorial del Estado, y por lo tanto no era
aplicable a Malvinas, cuya población (británica de origen), no era autóctona
sino transplandada, producto de un desalojo violento de los legítimos
residentes en enero de 1833.
El 16 de diciembre de 1965, la
Asamblea General de la ONU aprobó (94 votos a favor, 0 en contra, 14
abstenciones) la Resolución 2065 (año XX), que invitaba formalmente a los
gobiernos de Buenos Aires y Londres a mantener negociaciones sobre la soberanía[2].
Esta histórica resolución sostiene que las Malvinas no pueden ser descolonizadas
atendiendo al principio de autodeterminación y pide a las partes que informen
al Comité Especial de los Veinticuatro y a la Asamblea General sobre el
progreso de las negociaciones. Antes, el Subcomité III había redactado un
informe con sus conclusiones, contrarias a lo que pretendía Gran Bretaña: se
aceptaba la existencia de una disputa por la soberanía; la Resolución 1514 era
aplicable al territorio, pero no a la población de las Malvinas; se recomendaba
al Comité Especial que invitara a ambas partes a iniciar negociaciones que
tendrían en cuenta los intereses
(pero no los deseos) de los isleños.
A partir de 1965, se abrió una
nueva etapa de negociaciones bilaterales. El 14 de enero del año siguiente, el
Reino Unido aceptó la validez de la Resolución 2065 y accedió a iniciar
negociaciones conjuntas. La declinación del imperio británico y los costos de
mantener una base tan lejana parecieron ir horadando las pretensiones
colonialistas de Londres. En esa línea, entre 1966 y 1968 hubo sendas
negociaciones secretas, en las cuales representantes argentinos trataron de
obtener un compromiso formal y explícito de transferencia de la soberanía, de
acuerdo a las promesas del gobierno inglés.
En 1967, Londres declaró que
estaba dispuesto a ceder la soberanía, siempre que se respetaran los deseos de los malvinenses. Ante la
negativa argentina a aceptar la inclusión de los isleños como sujetos de
derecho, comenzó a operan el Falkland
Lobby, un comité de malvinenses que se oponían a la transferencia de la
soberanía.
En tanto, el gobierno laborista
presentó un “Memorándum de Entendimiento”, que determinaba el traspaso de la soberanía,
respetando los intereses (no los deseos) de los isleños. Luego de algunas
dilaciones, Argentina lo aceptó finalmente en diciembre de 1968, pero el
gobierno inglés señaló que ya era tarde, y que había gran oposición en el
parlamento, la prensa y la opinión pública inglesa. Dando marcha atrás,
entonces, Londres volvió a insistir con la “autodeterminación” de los isleños.
Había triunfado el Falkland Lobby y
se alejaba un compromiso que incluyera la transferencia a Argentina de la
soberanía de las islas.
En 1970, la ONU ratificó la
Resolución 1514 de 1960 y urgió a acelerar la descolonización, tras lo cual se
desarrollaron nuevas negociaciones bilaterales y algunos acuerdos muy
parciales.
Tres años más tarde, con la
vuelta del peronismo al poder luego de una larga proscripción, el tema recobró
un nuevo impulso. El presidente Héctor Cámpora señaló en su asunción, el 25 de
mayo de 1973, que el reclamo por Malvinas sería uno de los objetivos de su
gobierno.
Ese año, la ONU emitió una nueva
resolución, la 3160 (año XXVIII), con un amplio respaldo: 116 votos a favor, 0
en contra y 14 abstenciones. Instaba a las partes a retomar las negociaciones
según lo establecido en la Resolución 2065.
El gobierno inglés, por su
parte, presentó una propuesta de soberanía compartida, tras lo cual se
iniciaron negociaciones bilaterales secretas. Luego de la muerte de Perón (1 de
julio de 1974), las mismas fueron abandonadas. El Foreign Office, además, volvió a dar marcha atrás y descartó
cualquier cesión de soberanía, argumentando que no contaba con la aprobación de
los isleños para dar ese paso.
En esos años, Gran Bretaña
inició exploraciones geológicas para determinar la existencia o no de reservas
de petróleo en las Malvinas. Hacia 1975, los primeros resultados de las
investigaciones científicas sostenían que podría haber hidrocarburos en las
aguas cercanas al archipiélago, lo cual llevó a varias petroleras inglesas a
prestar especial atención a la región.
En respuesta a las
exploraciones, el 19 de marzo de 1975, el gobierno argentino presentó una
queja, declarando que no reconocía a Gran Bretaña ningún derecho en torno a la
explotación de recursos naturales. A partir de ese entonces se deterioraron las
relaciones bilaterales, con amenazas de acciones bélicas de ambas partes.
En octubre de ese mismo año, Gran Bretaña anunció que
enviaría a las islas una misión encabezada por el ex Ministro de Trabajo, Lord
Shackleton, para realizar un diagnóstico de la economía malvinense. En 1976, el
Informe Shackleton (unas 450 páginas), concluía:
Un tesoro
inmenso, compuesto de proteínas, gas natural y petróleo podría ocultarse en la
zona que rodea a las Islas Malvinas ocupadas por Gran Bretaña y reclamadas por
la Argentina, en el Atlántico Austral. (...) ni las proteínas ni el petróleo,
ni el gas serán aprovechados, a menos que Gran Bretaña obtenga la cooperación
financiera de la Argentina. (...) Se obtuvieron suficientes pruebas geológicas
como para asegurar que habrá gran interés en la exploración del petróleo frente
a sus costas, así como del gas que allí se encuentra, a condición que se llegue
a un acuerdo con la Argentina sobre alguna forma de colaboración económica[3].
La avanzada británica produjo la ruptura
unilateral de las negociaciones bilaterales por parte del gobierno de Isabel
Perón (1974-76). La OEA, por su parte, se pronunció a favor de Argentina,
señalando que las actividades prospectivas inglesas violaban las resoluciones
2065 y 3160 de la ONU, constituían una amenaza a la seguridad hemisférica y a la
paz mundial y que Argentina tenía un inobjetable derecho a la soberanía sobre
las Malvinas.
Tras el golpe del 24 de marzo de
1976, el dictador Jorge Rafael Videla intentó reencauzar las relaciones
bilaterales y se iniciaron conversaciones secretas con Londres.
En Gran Bretaña, se publicó en
julio de 1976 el mencionado Informe Shackleton, que señalaba la debilidad de la
economía malvinense y la hipotética necesidad de cooperación con Argentina para
el desarrollo de la explotación del petróleo. A esto se sumaba la preocupación
del gobierno inglés por la presión en el marco de la ONU y la OEA para avanzar
en la descolonización. El Foreign Office publicó,
el 2 de febrero de 1977, una declaración en la que apoyaba las conclusiones a
las que se arribaba en el Informe Shackelton.
El 19 de abril de 1977 se emitió
un comunicado de prensa bilateral, en el que se hacía referencia a la
posibilidad de la búsqueda conjunta de una solución pacífica a la disputa
existente. En consecuencia, se estableció una agenda de negociación, que
incluía la cooperación económica entre las Islas y la Argentina. Hasta fines de
1981, prosiguieron las negociaciones, con reuniones bilaterales en New York,
Lima, Ginebra y París.
En mayo de 1979 asumió Margaret
Thatcher como primera ministro. Aunque siguieron las tratativas iniciadas en
1976, el ahora conservador gobierno inglés enfatizó su postura de respetar el
principio de autodeterminación de los isleños. El Falklands Lobby boicoteó las propuestas de negociación de la
soberanía de las islas e incluso las iniciativas de explotación económica
conjunta. Hacia 1981 se impuso el sector más intransigente de los isleños, y se
limitó la posibilidad de que el gobierno inglés negociara cualquier cambio en
el statu quo.
5. La guerra (1982)
Planificada desde fines de 1981 por militares cercanos a Leopoldo F. Galtieri, la recuperación y posesión argentina de las islas duró desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982.
La ocupación, que se sostenía en
un legítimo reclamo histórico argentino, tenía que ver con la necesidad de la
dictadura de afrontar la creciente crisis económica (devaluación, quiebras
masivas de bancos y empresas, hiperinflación) y política (paros,
movilizaciones, movimientos de derechos humanos y Multipartidaria que
reclamaban el fin de la dictadura) (Rapoport, 2006).
Galtieri especuló, erróneamente,
con una respuesta no militar por parte de Gran Bretaña, con una eventual
neutralidad de Estados Unidos (el dictador argentino había impulsado un
acercamiento a Reagan, en función de la participación en la contra-insurgencia
en América Central), y con la viabilidad de una salida negociada (Russel, 1988,
p. 124; Morgenfeld, 2012, p. 104).
Apoyándose en un reclamo justo,
la improvisada ofensiva de Galtieri logró un inusitado apoyo popular, luego de
la feroz represión a la masiva movilización popular anti-dictatorial del 30 de
marzo de 1982.
Thatcher, cuyo gobierno
enfrentaba una creciente oposición debido al fuerte ajuste social que había
implementado, optó por una salida militar, promoviendo la mayor movilización de
las tropas de su país en un cuarto de siglo.
Las vías diplomáticas se agotaron
en abril, Estados Unidos, pese a su declarada neutralidad en las negociaciones
para evitar la guerra, apoyó logística, económica, diplomática y militarmente a
Gran Bretaña, y la avanzada imperialista inglesa terminó en la derrota
argentina[4].
Europa y Chile también apoyaron activamente a Gran Bretaña, a pesar de ser
neutrales (Morales, 2012).
El saldo de víctimas fatales fue
de más de 600 argentinos, 250 británicos y 3 isleños.
Entre las principales
consecuencias de la guerra, podrían resumirse las siguientes: Galtieri fue
reemplazado por Bignone; se profundizó la crisis económica iniciada en 1981
llevando al país a un desastre económico-social; se aceleró la debacle final de
la dictadura; se creó una comisión de investigación, que produjo meses después
el Informe Rattenbach, con importantes críticas a la Junta Militar por la
conducción de las negociaciones, la diplomacia y la guerra; se reforzó el
liderazgo de Thatcher en Gran Bretaña (ganó las elecciones y logró la
reelección); el TIAR dejó de funcionar de hecho ya que Estados Unidos, como era
previsible, priorizó la OTAN; aumentó la popularidad de Raúl Alfonsín, quien no
había apoyado la guerra. Londres reforzó su presencia militar en las Malvinas y
otorgó la ciudadanía británica plena a los isleños.
En noviembre de 1982, y en parte para recomponer el
vínculo con América Latina luego del desempeño pro-inglés durante la
conflagración, Estados Unidos votó en la ONU, por primera vez, a favor de una
resolución (37/9) que instaba a Londres y Buenos Aires a reanudar
conversaciones en pos de solucionar la disputa. Esta actitud de Reagan provocó
el enojo de la primera ministro inglesa, quien se declaró decepcionada por esta
nueva posición de Washington (Gustafson, 1988, p. 179).
6. Las negociaciones luego de la
guerra
En su discurso de asunción, Alfonsín
(1983-89) ubicó al tema de la recuperación de Malvinas como objetivo central de
su gobierno. Su canciller, Dante Caputo, planteó la estrategia de sostener la
tensión, para mantener los costos internacionales para Gran Bretaña lo cual,
según su visión, haría desistir a los ingleses de sostener esa lejana colonia
(Escudé y González de Oleaga, 1996).
Thatcher, por su parte, impulsó
cambios económicos para el desarrollo de Malvinas. Se estableció una nueva
constitución para las islas, que les otorgaba a los malvinenses mayor control
sobre los asuntos internos.
Alfonsín, frente a la posición
intransigente de Thatcher, se reunió con líderes de la oposición laborista. En
1985, más allá del giro realista de
su gestión (acercamiento a Reagan, acuerdo con el FMI, Plan Austral),
persistieron los roces con Gran Bretaña (Morgenfeld, 2012, pp. 109-110; Míguez,
2012). El acercamiento a las socialdemocracias europeas, en tanto, no arrojó
los resultados esperados. Gran Bretaña era parte de la OTAN y la Comunidad
Económica Europea (CEE) y los gobiernos de ese continente se alinearon con
Londres.
Desde 1987, tras gestiones reservadas de Estados Unidos
(que pese a su supuesto carácter mediador presionaba cada vez más a la Casa
Rosada para que aceptase los términos impuestos por Londres), Alfonsín decidió
reanudar las negociaciones con Gran Bretaña bajo la “fórmula del paraguas”, que
implicaba avanzar en temas vinculados con la economía, las comunicaciones y las
relaciones culturales entre ambos países, sin tocar la cuestión de la soberanía
(García del Solar; 1997). Como señala la
especialista María Cecilia Míguez:
El período
fue caracterizado como de desmalvinización, porque finalmente el tema fue
prácticamente dejado fuera de la agenda de política exterior del gobierno –a
pesar de que se continuó con una estrategia multilateral en la Asamblea General
de Naciones Unidas y otros foros internacionales-.
Mientras
tanto, Gran Bretaña desarrolló una política de hechos consumados: había logrado
en mayo de 1985 una base militar permanente con pista de aterrizaje, una zona
de administración y conservación pesquera de 150 millas en febrero de 1987 como
reacción a los acuerdos pesqueros realizados por Argentina con Bulgaria y la
Unión Soviética, y había realizado maniobras militares en marzo de 1988 e
instalado una línea marítima regular entre las Islas Malvinas y los puertos de
Montevideo y Punta Arenas (Míguez, 2011)
Más allá de la reorientación del
tema al final del gobierno de Alfonsín, el giro fundamental se consumó durante
las presidencias de Carlos Menem (1989-99).
En el marco del “realismo
periférico” y las “relaciones carnales” con Estados Unidos, hubo también un
restablecimiento de las relaciones con Gran Bretaña (Morgenfeld, 2012, pp.
111-113).
En 1989 se firmaron los Acuerdos de Madrid. Estos
incluyeron: el cese de hostilidades, el levantamiento por parte de Argentina de
las auditorías a las empresas británicas, la no discriminación en las
licitaciones públicas a privatizaciones a las empresas del Reino Unido, el
levantamiento de la restricción a girar remesas al exterior por parte de estas
empresas, se retomaron las comunicaciones aéreas y terrestres entre ambos
países (pero no entre la Argentina y el archipiélago), y el anuncio británico
de que la zona de protección militar coincidiría con la de conservación
pesquera, liberando unos 4.000 kilómetros cuadrados en los que la Argentina
podría pescar. En 1990 se concretó una segunda parte de estos acuerdos. Como
señala en su tesis Míguez:
…las
posiciones de los cancilleres del presidente Menem, y a través de las
negociaciones del embajador radical, hicieron que la discusión se retrotrajera
a un nivel anterior al de la resolución de Naciones Unidas de 1965 (2065),
aceptando el hecho de que la posesión efectiva de las islas está en manos
británicas y proponiendo caminos de acción que fueron entre entregar o vender
las islas a los kelpers (planteado por el asesor Carlos Escudé), la “asociación”
(propuesta por el canciller Guido Di Tella) y el olvido del asunto” (Míguez,
2011).
En estos años, entonces, y más allá de los discursos,
se profundizó la desmalvinización iniciada
a fines de los años ‘80. No es casual que Argentina fuera electa como aliado
extra-OTAN, a pesar de que la base inglesa que ocupaba las islas pertenecían a
esa organización militar liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña.
7. Militarización: Gran Bretaña,
Estados Unidos y la OTAN
No hay que olvidar que la
presencia militar británica en el Atlántico Sur se da en el marco de la OTAN,
lo cual hace que Estados Unidos no acompañe a los demás países americanos en el
reclamo por el fin de la militarización de la región por parte de una potencia
extracontinental.
Como bien denuncia Rina Bertaccini, presidenta del
Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos
(Mopassol):
Terminada la
guerra Inglaterra retoma el control total del archipiélago y el proyecto se
concreta con la ampliación de la pista e instalaciones del aeropuerto de Mount
Pleasant en las cuales, según trascendidos periodísticos, hasta 1987 se
invirtieron 661 millones de dólares. Un dato revelador, consignado en el diario
El Malvinense, del 23-1-2009, es que
el siete por ciento del presupuesto de la OTAN está destinado a Malvinas.
Nuestro movimiento condenó la creación de la base militar como parte del
armamentismo de la era Reagan. Señalamos entonces: en Malvinas hay silos y
rampas para el lanzamiento de armas nucleares, se amplió la pista para permitir
el aterrizaje y despegue de aviones de gran porte, aptos para trasladar
soldados y equipos en maniobras de despliegue rápido. Los buques y aeronaves
militares que van y vienen desde Gran Bretaña, vía Isla Ascensión, portan armas
nucleares. Hoy, por la reactivación de la 4ª Flota de EE.UU., los peligros se
han agravado. La Fortaleza Malvinas se terminó de construir en 1985, en ella
operan de modo permanente 1500 militares y 500 civiles británicos. Los
contingentes se renuevan periódicamente”[5].
En una línea similar, la especialista Virginia Gamba,
denunciando la actual militarización del Atlántico Sur, sostiene:
El propósito
es servir como base de apoyo y de proyección geoestratégica tanto de la OTAN
como de la Unión Europea con el triple fin de controlar el transporte de
materiales estratégicos (como ser hidrocarburos), discriminar a favor de
compañías europeas en la exploración y la explotación de recursos no renovables
y renovables en la plataforma continental, y condicionar el acceso hacia y desde
el Atlántico al Pacífico y desde el Atlántico hacia la Antártida de acuerdo con
el nuevo concepto estratégico de la OTAN de 2010 y con la nueva política
marítima geoestratégica de la Unión Europea 2009. En esta última función
comparte tareas con la base militar Georgias y Sandwich del Sur (Ambito Financiero, 01/04/2012).
La creciente presencia militar británica contituye una
amenaza para el Cono Sur por las siguientes razones: la Base de Mont Pleasant
es uno de los principales cinco enclaves militares extranjeros en América, que
costó 1200 millones de dólares; está ubicada en un área estratégica; tiene dos
pistas: de 2590 y 1525 metros, aptas para aterrizaje y despegue de aviones
capaces de transportar tropas y equipos; funciona en red con las bases de
control y espionaje de todo el planeta; posee una estación naval de aguas
profundas (Mare Harbour) apta para
submarinos nucleares y silos capaces de
lanzar armas nucleares; Gran Bretaña invierte en la base 150 millones de
dólares anuales. En mayo de 2012, la armada británica anunció el envío del
submarino con propulsión nuclear HMS
Talent. Como advierte en una reciente publicación Telma Luzzani:
La línea imaginaria de poder naval que los británicos trazan con sus
bases en Gibraltar, Ascensión, Santa Helena, Tristán da Cunha y Malvinas les
permite controlar todo el Atlántico Sur, las cosas de dos continentes, América
y África, y la disputada Antártida. A esta capacidad debe sumarse el patrullaje
de la IV Flota norteamericana a lo largo de ambas costas sudamericanas a partir
de 2008” (Luzzani, 2012, p. 433).
Esta creciente presencia militar
de la OTAN, entonces, es una amenaza real y concreta para la soberanía de la
región, y no un “fantasma” agitado por Argentina para justificar su reclamo.
8. La incidencia de los recursos
naturales: pesca y petróleo
La pesca es la actividad que más divisas le reporta a la economía de los kelpers (C. Del Castillo, 1989; Willettss, 1989). Gracias a las licencias que otorgan, los isleños tienen uno de los PBI per cápita más altos del mundo. La decisión británica de permitirle al gobierno isleño declarar una zona económica de 320 kilómetros alrededor de las Islas fue lo que les dio jurisdicción sobre las aguas y una transformación en los ingresos: el PBI pasó de 8 millones de dólares en 1985 a casi 60 millones en sólo algunos años. En 2012, según previsiones, podría haber superado los 200 millones:
Hoy la pesca
explica el 60% del PBI de la Islas, es la estrella económica de Malvinas, la
quintaesencia de una transformación económica que bajo el imperio de las
fuertes valoraciones de las materias primas en el mundo ha modificado los
destinos del grueso de los habitantes. Los ingresos de estas licencias les
permitieron a los isleños tener un superávit cercano a los u$s 30 millones en
2011 y las estimaciones amplían ese margen para este año. Pero no son las
empresas con actividad en Malvinas las que capturan la riqueza ictícola: el
gobierno kelper es el que concede -unilateralmente- licencias por 25 años para
la explotación pesquera: compañías taiwanesas, coreanas, españolas y algunos joint ventures con Indonesia y otros
países han poblado el mar austral de buques factoría, que no sólo realizan
capturas de ultramar de hasta 50 toneladas de pescado por día; también procesan,
seleccionan y congelan a bordo, producto que, una vez repletas las bodegas, es
transportado aguas afuera para ser reubicado en otros buques que se encargaran
de llevarlo a puertos de destino en Europa. (...) Por esta razón, el PBI per capita de un kelper rondará en 2012
los u$s 63.000, es decir, será la cuarta jurisdicción del mundo, detrás de
Qatar, Liechtenstein y Luxemburgo y muy lejos de los casi u$s 15.000 anuales de
la Argentina continental, de acuerdo a las cifras del World Factbook, que elabora
el Departamento de Inteligencia estadounidense. (El Cronista Comercial, 30/03/12).
Hacia el año 2010, se reflotó la
posibilidad de obtener petróleo en Malvinas. La firma anglo-holandesa Shell confirmó la existencia de reservas
probadas de petróleo. Según algunas estimaciones inglesas, habría más de 12.000
millones de barriles de reservas, un 600% más que las de Argentina. Se calcula
que en cinco años podría comenzar a extraerse petróleo de Malvinas. Según
plantea el especialista Federico Bernal, esta explotación le permitiría a Gran
Bretaña ahorrarse años de importaciones de crudo por un valor cercano a los 60
mil millones de dólares (Bernal, 2011).
Actualmente hay varias compañías inglesas que están
explorando en distintas regiones. En marzo de 2012, Argentina amenazó con
llevar a tribunales internacionales a las empresas que prestaran algún tipo de
colaboración con las petroleras. El objetivo es denunciar la explotación ilegal
de recursos que pertenecen a Argentina y obligar a Gran Bretaña a iniciar el
diálogo demandado por la ONU. En un comunicado de la Cancillería del 25 de
abril de 2012, se explicó que como parte:
“del plan de
acciones que lleva adelante el Estado Nacional contra aquellas empresas que
realizan ilegítimas actividades de exploración en la plataforma continental
argentina, el pasado 17 del corriente funcionarios de la Embajada Argentina en
Londres notificaron a las petroleras Argos Resources, Rockhopper Exploration,
Borders & Southern PLC, Falkland Oil & Gas Ltd y Desire Petroleum PLC
respecto de su condición clandestina y de las consecuencias que ello conlleva”[6].
El gobierno estableció un plazo
para que estas empresas presentaran su descargo, antes de iniciar acciones
penales y civiles.
El 23 de abril de 2012, la firma
inglesa Borders and Southern Petroleum
PLC declaró que logró un importante hallazgo de condensado de gas natural
en las costas de las Malvinas. Los recursos gasíferos, entonces, se suman a los
petroleres.
Más allá de las especulaciones sobre la cantidad y la
rentabilidad de las explotaciones, lo cierto es que la potencialidad de las
Malvinas y sus áreas adyacentes como región hidrocarburífera transformaron el
escenario del conflicto entre Gran Bretaña y Argentina por la soberanía de las
islas[7].
9. La actual estrategia argentina
A lo largo del año 2012, año del trigésimo aniversario
de la guerra, la estrategia del gobierno argentino se focalizó en las
siguientes iniciativas:
1.
Presión en los ámbitos diplomáticos americanos.
2.
Crítica a la guerra provocada por la dictadura en
1982, separando el reclamo actual, de un gobierno democrático, de la acción
militar emprendida por la dictadura.
3.
Presentaciones en la ONU (en junio hubo una en el
Comité de Descolonización, presentada por la propia presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, algo inédito).
4.
Denuncia de la creciente militarización británica del
Atlántico Sur (lo cual fue votado en la Conferencia Interamericana de Defensa,
en octubre de 2012).
5.
Denuncia de la explotación de hidrocarburos por parte
de empresas británicas.
Estas acciones han logrado reposicionar el tema en
diversos foros diplomáticos internacionales. Por ejemplo, en la XIII
conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo que tuvo lugar en Doha, Qatar
(21 de abril 2012), los 132 miembros del Grupo de los 77 más China aprobaron,
por unanimidad, una declaración sobre la Cuestión Malvinas:
Nosotros reafirmamos la necesidad de que el Gobierno de la República
Argentina y el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las
negociaciones de conformidad con los principios y los objetivos de la Carta de
las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, a
fin de encontrar, tan pronto como sea posible, una solución pacífica a la disputa
de soberanía referida a la “Cuestión de las Islas Malvinas”, que perjudica
seriamente la capacidad económica de la República Argentina y la necesidad de
que ambas partes se abstengan de adoptar decisiones que implicarían la
introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas
atraviesan por el proceso recomendado por la Asamblea General[8].
Pese al creciente acompañamiento al reclamo argentino,
las pretensiones inglesas de extraer recursos en la zona en disputa no cesan.
En el mes de octubre, la empresa Rockhopper
anunció que extraerá petróleo de Malvinas en 2017:
La
plataforma petrolera de Rockhopper en las Islas Malvinas está en actividad sin
la autorización del Gobierno nacional. Una de las empresas británicas que opera
en la zona de las Islas Malvinas aseguró que en 2017 comenzará a extraer
petróleo. Así lo indicó la compañía Rockhopper, tras anunciar un acuerdo por
casi 1.000 millones de dólares (600 millones de libras esterlinas) con la
empresa Premier Oil. Según publicó el diario británico The Guardian, en el “tercer trimestre” de 2017 comenzará a extraer
petróleo del yacimiento “Sea Lion” al Norte de las Malvinas. Rockhopper anunció
que descubrió petróleo en esa zona en 2010 y ya acordó entregarle a Premier el
60 por ciento de lo que produzca el yacimiento en el marco de una asociación, a
cambio de 961,68 millones de dólares. De acuerdo al anuncio, el yacimiento “Sea
Lion” contendría alrededor de 300 millones de barriles de crudo, lo que a los
precios actuales implica 30 billones de dólares. Sam Moody, número uno de
Rockhopper aseguró que ahora la empresa está “completamente fondeada” para
extraer petróleo y para un nuevo programa de exploración a desarrollar en 2014,
a pesar que no cuenta con la autorización del Gobierno nacional para operar en
las islas. (Ámbito Financiero,
19/10/2012).
Esta circunstancia obliga a la
Argentina a incrementar la presión junto al resto de los países de la región,
como estrategia para contrarrestar la pretensión inglesa de mantener la situación
colonial.
10. Malvinas como causa
latinoamericana
En los últimos años, uno de los
principales avances hacia la descolonización es que el reclamo por Malvinas se
haya transformado en una causa regional: el MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC ya
refrendaron la posición argentina y acompañaron algunas medidas, como la
restricción en sus puertos a los barcos con la ilegítima bandera de las Falkland.
En la última Cumbre de las
Américas (Cartagena, 14 y 15 de abril 2012), 32 países de la región (a los que
debe sumarse Cuba) presionaron a Estados Unidos para incluir el reclamo
argentino en la declaración final (que no existió, por el rechazo de Washington
a incluir este tema y permitir la participación de Cuba en estas cumbres
presidenciales).
En Cartagena, el gobierno
argentino buscó lograr un mayor compromiso continental, incluyendo a Estados
Unidos, país que nunca estuvo dispuesto a interceder por Argentina, por el
riesgo de generar un cortocircuito con su socio estratégico, Gran Bretaña. La
administración Obama ratifica una y otra vez su posición “neutral” en el tema y
no pretende involucrarse más allá. En la Cumbre realizada en Colombia, la Casa
Blanca tuvo que transitar un delicado equilibrio entre sus compromisos
históricos con Londres, y las presiones latinoamericanas. Esta pretendida
neutralidad estadounidense es, en realidad, funcional al mantenimiento del statu quo, lo cual sirve a los intereses
geoestratégicos de Washington en tanto logra mantener una poderosa base de la
OTAN en el Atlántico Sur.
Los países latinoamericanos, más
allá de la posición de Estados Unidos, han tomado la ofensiva anti-colonial
como una causa regional. Es más, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, fue
el primero que decidió boicotear una reunión de mandatarios de esta envergadura.
Entre las razones que esgrimió en la carta que envió el 2 de abril a su par
colombiano, el presidente Santos, explicaba que es inaceptable realizar un
encuentro de las Américas que excluya a Cuba y que se niegue a aunar esfuerzos
para terminar con la rémora colonial inaceptable que significa la ocupación
inglesa de Malvinas, que además supone bases militares de la OTAN en un punto
estratégico del Atlántico Sur.
Evo Morales, el 13 de abril, le planteó públicamente a
la Secretaria de Estado Hillary Clinton que debía incluirse en la agenda de la
cumbre la discusión sobre Malvinas, que ya es un reclamo de TODA América
Latina. Itamaraty, por su parte, comprendió que la desmesurada presencia
militar inglesa, sumada a las bases estadounidenses que rodean la estratégica
región del Amazonas, supone una amenaza para su pretensión de consolidar una
integración autónoma en América del Sur.
11. El debate con los
intelectuales argentinos “alternativos”
A 30 años de la guerra, un grupo
de intelectuales argentinos (Emilio de Ipola, Pepe Eliaschev, Rafael
Filippelli, Roberto Gargarella, Fernando Iglesias, Santiago Kovadloff, Jorge
Lanata, Gustavo Noriega, Marcos Novaro, José Miguel Onaindia, Vicente Palermo,
Eduardo Antin (Quintín), Luis Alberto Romero, Hilda Sábato, Daniel Sabsay,
Beatriz Sarlo y Juan José Sebreli, entre otros) presentaron un documento que proponía una visión “alternativa”
sobre el conflicto de Malvinas.
En este escrito denunciaban el
supuesto clima de agitación nacionalista, minimizaban la importancia de
Malvinas, criticaban el que no se tuvieran en cuenta los deseos de los isleños
(volvían a plantear la necesidad de una estrategia de “seducción”, como la
implementada durante la presidencia de Menem) y que no hubiera disposición del
gobierno nacional a negociar la soberanía de las Malvinas:
Como
miembros de una sociedad plural y diversa que tiene en la inmigración su fuente
principal de integración poblacional, no consideramos tener derechos
preferenciales que nos permitan avasallar los de quienes viven y trabajan en
Malvinas desde hace varias generaciones, mucho antes de que llegaran al país
algunos de nuestros ancestros. La sangre de los caídos en Malvinas exige, sobre
todo, que no se incurra nuevamente en el patrioterismo que los llevó a la
muerte ni se la use como elemento de sacralización de posiciones que en todo
sistema democrático son opinables.[9]
Esta postura, que los medios de
prensa ingleses exaltaron para horadar la posición argentina, plantea una serie
de equívocos y problemas. En primer lugar, no menciona el tema más grave que es
la ocupación colonial y la creciente militarización de la OTAN en la región
(las bases inglesas en Malvinas y Georgias se suman a las más de 70 que Estados
Unidos tiene en el continente americano) (Borón, 2012, pp. 247-256; Luzzani,
2012). En segundo lugar, extiende el concepto de “autodeterminación” a un
población no originaria, sino trasplantada luego de una ocupación militar (en
los hechos, legitima la posición inglesa, que siendo la potencia colonialista
más grande de la historia, ahora para sostener una dominación colonial esgrime
hipócritamente la noción de la “autodeterminación”, un principio históricamente
ligado a los movimientos anti-colonialistas). En tercer lugar, no inscribe el
conflicto en la lucha por la independencia real de la Argentina, que implica
una ruptura con los grandes capitales trasnacionales que operan en el país.
12. Conclusiones: el futuro de
Malvinas, los interrogantes
El litigio por Malvinas no sólo
es simbólico, sino real y concreto. Gran Bretaña mantiene esta colonia por sus
intereses geoestratégicos ya que la ocupación de Malvinas le permite tener
bases (a Londres y a la OTAN) en el Atlántico Sur, y muy próximas a la
Antártida, otra región disputada por muchos países. Además, hay crecientes
intereses económicos en juego. La pesca (los permisos que conceden los isleños
en aguas argentinas), como se señaló más arriba, deja ingresos muy importantes.
Por otra parte, ya está comprobada la existencia de cuantiosas reservas de
petróleo y gas. Cuando empiece su extracción, en 2017, esto generará ingresos
económicos muy significativos para las grandes petroleras inglesas y sus
socios.
La vía diplomática es la
alternativa que viene desplegando el gobierno argentino. Aunque también planteó
algunas medidas, informales, para limitar compras británicas. A nuestro juicio,
la presión diplomática en todos los foros internacionales debe ir acompañada
con medidas económicas, preferentemente tomadas en forma conjunta con los demás
países latinoamericanos. El problema con la diplomacia es que la máxima
autoridad de la ONU es su Consejo de Seguridad, antidemocrático, que cuenta con
cinco potencias con asiento permanente y derecho a veto. Allí no va a
resolverse nada sin la aceptación británica y estadounidense. Argentina debería
presionar cada vez más junto a los demás países latinoamericanos. Insistir en
todos los foros diplomáticos, pero también tomar medidas concretas que afecten
intereses económicos británicos en la Argentina (petroleras, tierras, bancos,
empresas), para convencer al gobierno inglés de la necesidad de sentarse a
negociar, tal como viene reclamando la ONU (y desconociendo Londres) desde
1965.
En síntesis:
1)
Malvinas es una situación colonial inaceptable en el
siglo XXI (es uno de los 16 enclaves coloniales que persisten, 11 de los cuales
son dominios británicos).
2)
Gran Bretaña no permanece en Malvinas para defender la
autodeterminación de los isleños, sino por cuestiones geoestratégicas (mantener
bases en el Atlántico Sur, disputar la Antártida), económicas (potencial
extracción de recursos como el petróleo, gas y pesca) y políticas (en tiempos
de crisis interna, la confrontación con el “imperialismo” argentino es
utilizada para lograr cohesión entre su población: lo hizo Thatcher hace 30
años, también lo hace ahora David Cameron).
3)
Es necesario plantear el debate por Malvinas como una
causa latinoamericana, anti-imperialista y vincularla a un proceso más general
de lucha contra la dependencia.
4)
Además de los reclamos en los organismos regionales e
internacionales, es preciso tener en cuenta que difícilmente las gestiones en
el anti-democrático Consejo de Seguridad de la ONU (en el que Gran Bretaña y
Estados Unidos tienen derecho a veto) produzcan un avance en el tema de la
soberanía.
5)
No hay que tener demasiadas expectativas en un
hipotético apoyo de Washington. La última Cumbre de las Américas fue un claro
indicio de esto. Estados Unidos no va a romper su histórica alianza militar con
Gran Bretaña. En la reciente Cumbre de Ministros de Defensa de las Américas,
Estados Unidos y Canadá de abstuvieron de refrendar el reclamo por Malvinas, a
diferencia de lo que hicieron los demás países.
6)
Es necesario considerar medidas latinoamericanas que
afecten los intereses de las multinacionales inglesas en la región (petróleo,
tierras, bancos, comercio). Con esta vía puede avanzarse en obligar a Gran
Bretaña a sentarse a negociar.
Los futuros debates sobre la problemática deberían
incluir, entre otros, los siguientes interrogantes: ¿Es conducente la actual
estrategia del gobierno argentino para recuperar las Malvinas? ¿Qué medidas
concretas podrían tomarse en Argentina y América Latina para forzar la
negociación que reclama la ONU desde 1965? ¿Qué políticas habría que desplegar
si se recuperara la soberanía plena de Malvinas? ¿Qué habría que hacer con los
isleños? ¿Es posible pensar en algún tipo de gobierno local de los isleños,
pero en el marco de una soberanía argentina? ¿Cómo se podría relacionar el
reclamo por Malvinas con el que exige la desmilitarización del Atlántico Sur
por parte de potencias extracontinentales?
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[1] Docente de la Universidad
de Buenos Aires y del Instituto del Servicio Exterior de la Nación.
Investigador del IDEHESI-CONICET. Contacto: leandromorgenfeld@hotmail.com /
vecinosenconflicto.blogspot.com
[2] Estados Unidos,
nuevamente, se abstuvo, lo cual motivó el lamento del embajador argentino
García del Solar (CARI, 1983, p. 259). Ver también García del Solar (1995).
[3] Citado por Bernal (2011).
[4] Existe una amplia
bibliografía sobre la guerra. Entre otros, pueden consultarse Balza (2003);
Bosoer (2007); Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooy (1984); Cisneros y Escudé
(1998); Costa Méndez (1993); Freedman (1988); Freedman y Gamba-Stone-house
(1991); Lorenz (2006); Middlebrook (1991); Morales (2012); Olivieri (1992);
Piñeiro (1992); Rattenbach (2008).
[5] Disponible en
www.mopassol.com.ar
[6] Disponible en
www.cancilleria.gov.ar
[7] En un reciente trabajo,
Atilio Borón desarrolla la importancia geopolítica del control de los bienes
comunes de la tierra, entre ellos el petróleo y el gas, y cómo la avidez de las
principales potencias por apropiarse estos recursos estratégicos explicarán los
conflictos armados del siglo XXI (Borón, 2012).
[8] “Más de 130 países exigen
se respete la decisión de las Naciones Unidas sobre Malvinas”, en
www.mrecic.gov.ar.
[9] Fragmento de “Malvinas,
una visión alternativa”, reproducido íntegramente en Página/12, 23/02/2012.
En la imagen de malvinas y latino america hay que sacar a chile.
ResponderEliminarEse pais se paso para el lado de gran bretaña