La jueza federal de Río Grande hizo lugar al pedido del
Ministerio Público Fiscal por la exploración y explotación ilegal de
hidrocarburos en las Islas. La cifra asciende a los 156 millones de dólares.
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Una jueza federal de Río Grande ordenó embargos por más de
156 millones de dólares sobre bienes y activos de empresas británicas y
estadounidenses denunciadas por la exploración y explotación ilegal de
hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Los embargos fueron dispuestos por la jueza federal Lilian
Herraez al admitir un pedido de los fiscales Marcelo Rapoport, de Río Grande,
Adrián García Lois, coordinador de distrito de Tierra del Fuego, y Carlos
Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de
Activos (Procelac).
Los funcionarios imputaron penalmente el 21 de abril a las
empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison
International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited,
Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
Herraez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y
ordenó embargos por más de 156.432.000 millones de dólares. La medida incluye
el secuestro de buques, de una plataforma semisumergible y cuentas bancarias de
empresas británicas y estadounidenses.
Además, la magistrada ordenó el cese inmediato de la
exploración y explotación en territorio argentino, medida que se había
solicitado en el requerimiento de instrucción debido a los graves e
irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras
ilícitas.
La orden judicial será notificada a la Cancillería para que,
por vía diplomática y en cumplimiento de los pactos de cooperación
internacional en materia judicial, sea derivada para su ejecución ante los
tribunales de cada país en los que se encuentren radicados los activos
identificados. Asimismo, la jueza autorizó al Ministerio Público Fiscal a
realizar medidas tendientes a poner en conocimiento de lo decidido a los
organismos internacionales correspondientes para hacer efectiva algunas de
estas medidas, entre otras destinadas al embargo de bienes, cuentas bancarias y
acciones, mediante la articulación de mecanismos internacionales.
Cuatro petroleras británicas no podrán invertir en Argentina
hasta 2033.
Al momento de presentar la denuncia, Gonella, mencionaba que
"cualquier persona física o jurídica, cualquier Estado que desee realizar
actividades de esta naturaleza en nuestro territorio, tiene que contar con la
autorización de las autoridades estatales". "En este caso –por
tratarse de recursos naturales sometidos a la soberanía del Estado- y como se
detectó a partir de una investigación de Cancillería que buques extranjeros de
empresas extranjeras estaban haciendo este tipo de actividades sin contar con
autorización, se iniciaron ya en el año 2010 sumarios administrativos y se
sancionó a estas empresas", según la web de fiscalías nacional.
El fiscal advirtió que "como no cesaron con esta
actividad, se presentó una denuncia penal en el marco de la ley 26.659 que
regula estos delitos".
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