Denunció EE.UU. la corrupción en el país
En un informe sobre derechos humanos, criticó la impunidad y mencionó a Boudou.
WASHINGTON.- Una denuncia sobre la impunidad frente a la corrupción política y la inclusión del vicepresidente Amado Boudou
entre los funcionarios sometidos a un largo proceso de investigación
por "enriquecimiento ilícito" y "tráfico de influencias" integran el duro diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, en el informe mundial que elabora el Departamento de Estado.
Mencionado junto con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime,
el informe identifica a Boudou y recuerda el fracaso de sus intentos de
demorar o impedir el proceso judicial en su contra. Además, advierte
sobre la falta de independencia judicial y de garantía procesal, así
como sobre presiones y atropellos oficiales contra la prensa independiente.
"La legislación argentina contempla sanciones para los
casos de corrupción de sus funcionarios, pero hay múltiples reportes
sobre casos que involucran a agentes tanto del Gobierno como de los
poderes Legislativo y Judicial, que quedan amparados por la impunidad y
que sugieren una incapacidad para hacer valer la ley con ellos", señala
el documento, que incluyó a Cuba, Venezuela y Ecuador entre los países
que menos respetan los derechos humanos en el mundo.
Presentado anualmente como el informe internacional
"más abarcador y sólido" sobre derechos humanos, la nueva edición del
documento que anualmente elabora el Departamento de Estado advierte
sobre las presiones del gobierno argentino contra la prensa
independiente y la violación de la norma judicial que lo obliga a
distribuir equitativamente la pauta oficial de publicidad.
Sin mencionarlos por sus nombres, el texto recuerda que
los "dos diarios más importantes" recibieron apenas el 1% de ese
paquete, con la particularidad de ser "críticos" del Gobierno, mientras
que los que están en su sintonía fueron premiados con un caudal superior
al 45%, pese a su reducido alcance en lectores.
Recuerda también el llamado "boicot publicitario"
contra los diarios críticos y los indicios de que la medida fue ordenada
por el gobierno de Cristina Kirchner,
si bien ello no fue admitido jamás en forma pública. "Los diarios
perdieron el 70% de sus ingresos" por ese concepto, señala el informe.
El documento dado a conocer en esta ciudad refleja
especialmente las presiones y amenazas contra periodistas independientes
y recuerda en ese sentido no sólo la expulsión de Juan Miceli del canal
de televisión oficial, sino también el "descrédito" al que se intentó
someter su nombre por parte de colegas que seguían trabajando en esa
emisora oficial.
El informe se hace eco de la acusación de "asesino mediático" y "sicario" que el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, le dedicó al periodista Jorge Lanata, conductor de un taquillero programa periodístico de televisión que abundó en casos de denuncia de corrupción oficial.
"Éste es un informe muy oportuno", sostuvo el
secretario de Estado, John Kerry, al presentar el documento. No hubo
mención alguna de nuestro país en el acto, pero sí de Venezuela, con un nuevo llamado al "cese de violencia".
El diplomático ponderó el documento como el instrumento "más sólido y
abarcador" en el nivel internacional para la defensa de los derechos
humanos.
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