La Corte Suprema de EEUU aceptó analizar un pedido de la Argentina
Télam
La Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó una apelación interpuesta por el Gobierno Argentino para que estudie una sentencia de la Corte de Apelaciones que obligaría al país a divulgar los activos que mantiene en el extranjero.
La Corte Suprema de los Estados Unidos aceptó una apelación interpuesta por el Gobierno Argentino para que estudie una sentencia de la Corte de Apelaciones que obligaría al país a divulgar los activos que mantiene en el extranjero.
Este
caso responde al pedido del Fondo NML-Capital y que tuvo eco en la
Corte de Apelaciones de Nueva York, lo que fue inmediatamente apelado
por el gobierno argentino.
El juez estadounidense Thomas Griesa dio lugar al planteo de NML el pasado 25 de septiembre, para que una serie de bancos privados brinden la información que tuvieran sobre activos del país con posibilidad de ser incluidos en hipotéticos embargos, con el objetivo de cobrar la deuda en default que mantienen estos fondos.
El magistrado de primera instancia había ordenado la entrega de datos de activos por parte de Citibank, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, HSBC, Standard, UBS, Wells Fargo y BNP Paribas, entre otros.
Entonces el gobierno argentino sometió el caso a consideración de la Corte Suprema estadounidense, tribunal que aceptó hoy rever el caso, según se conoció oficialmente.
A fines de diciembre, el Procurador General de los Estados Unidos presentó un escrito en apoyo de la petición argentina, donde se argumentó que la inmunidad soberana del país debería impedir a NML obtener la información que busca.
Cuando a principios de septiembre Griesa había dicho que estaba dispuesto a firmar una orden para avanzar en la búsqueda de activos embargables de la Argentina en el exterior, el entonces secretario de Finanzas, Adrián Cosentino -hoy integrante de la Unidad Ejecutora de la reestructuración de la deuda-, puso reparos. Había planteado que no se podía deducir que existieran nuevos bienes embargables.
"De ninguna forma se afecta la inmunidad sobre activos soberanos que otorga la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos", había planteado ante la posibilidad de que, tal como pasó, se concretara la orden de "discovery".
Este caso es paralelo al juicio que Argentina enfrenta ante los tribunales de los Estados Unidos, que se conoce como "el fallo del siglo", y que casualmente es liderado por el fondo Elliott, el mismo dueño de NML, perteneciente al magnate republicano Paul Singer.
En este último caso, el pasado 23 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York falló en contra del país y lo sentenció a pagar los 1.330 millones de dólares que le reclaman.
El polémico fallo en realidad fue dividido en dos, y la primera parte se conoció en junio último. La misma ya fue apelada por la Argentina y luego rechazada para su consideración por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.
En tanto sobre la segunda parte del fallo, referida al método de pago, está ahora en proceso de ser apelada por la Argentina ante el máximo tribunal del país del norte, hecho que ocurriría durante febrero próximo, según los tiempos legales que marcan los expertos.
El juez estadounidense Thomas Griesa dio lugar al planteo de NML el pasado 25 de septiembre, para que una serie de bancos privados brinden la información que tuvieran sobre activos del país con posibilidad de ser incluidos en hipotéticos embargos, con el objetivo de cobrar la deuda en default que mantienen estos fondos.
El magistrado de primera instancia había ordenado la entrega de datos de activos por parte de Citibank, Deutsche Bank, JPMorgan Chase, HSBC, Standard, UBS, Wells Fargo y BNP Paribas, entre otros.
Entonces el gobierno argentino sometió el caso a consideración de la Corte Suprema estadounidense, tribunal que aceptó hoy rever el caso, según se conoció oficialmente.
A fines de diciembre, el Procurador General de los Estados Unidos presentó un escrito en apoyo de la petición argentina, donde se argumentó que la inmunidad soberana del país debería impedir a NML obtener la información que busca.
Cuando a principios de septiembre Griesa había dicho que estaba dispuesto a firmar una orden para avanzar en la búsqueda de activos embargables de la Argentina en el exterior, el entonces secretario de Finanzas, Adrián Cosentino -hoy integrante de la Unidad Ejecutora de la reestructuración de la deuda-, puso reparos. Había planteado que no se podía deducir que existieran nuevos bienes embargables.
"De ninguna forma se afecta la inmunidad sobre activos soberanos que otorga la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos", había planteado ante la posibilidad de que, tal como pasó, se concretara la orden de "discovery".
Este caso responde al pedido del Fondo NML-Capital y que tuvo eco en la Corte de Apelaciones de Nueva York, lo que fue inmediatamente apelado por el gobierno argentinoLa decisión era esperada por los abogados de Wall Street. De hecho, la revista Forbes apuntó en un artículo conocido esta semana que "a pesar de que la Corte (Suprema de EEUU) revisa sólo una mínima fracción de las miles de peticiones que recibe cada año, hay razones para concluir que le está dando una seria consideración al reclamo de la Argentina", adelantó.
Este caso es paralelo al juicio que Argentina enfrenta ante los tribunales de los Estados Unidos, que se conoce como "el fallo del siglo", y que casualmente es liderado por el fondo Elliott, el mismo dueño de NML, perteneciente al magnate republicano Paul Singer.
En este último caso, el pasado 23 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York falló en contra del país y lo sentenció a pagar los 1.330 millones de dólares que le reclaman.
El polémico fallo en realidad fue dividido en dos, y la primera parte se conoció en junio último. La misma ya fue apelada por la Argentina y luego rechazada para su consideración por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos.
En tanto sobre la segunda parte del fallo, referida al método de pago, está ahora en proceso de ser apelada por la Argentina ante el máximo tribunal del país del norte, hecho que ocurriría durante febrero próximo, según los tiempos legales que marcan los expertos.
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