EL GOBIERNO EJECUTO EL ACUERDO PARA CERRAR EL CONFLICTO CON CINCO EMPRESAS
El Ciadi empieza a ser historia antigua.
Las cinco firmas que ganaron juicios contra la
Argentina ya cobraron lo adeudado en bonos por 506 millones de dólares. A
su vez, destinaron 68 millones para comprar bonos Baade.
Por Tomás Lukin (Página/12)
Las
cinco empresas extranjeras que alcanzaron un acuerdo con el Gobierno
para levantar sus demandas en el Ciadi y cobrar en el país recibieron el
pago de 506 millones de dólares en bonos argentinos denominados en esa
moneda y realizaron una inversión en Baade por 68 millones de dólares.
El Ministerio de Economía publicó ayer la resolución que oficializó la
operatoria que contempló la renuncia a las sentencias en el tribunal
arbitral del Banco Mundial y la reestructuración del pasivo, con una
quita nominal del 25 por ciento. El acuerdo destrabó un crédito del
Banco Mundial, que desembolsará 3000 millones de dólares entre
2014-2016.
Desde el equipo del ministro Hernán Lorenzino consideran que la
decisión “no creará ningún precedente sobre la resolución de este tipo
de juicios, ya que es un acuerdo voluntario a partir de una propuesta
acercada por las propias empresas en agosto. La renegociación con estas
cinco empresas no ata al Estado a acceder a cualquier acuerdo planteado
por otras compañías”. De todas formas, en Economía explican que no hay
más causas abiertas en el Ciadi en una instancia cercana a obtener una
sentencia firme.- El Ciadi: Es el tribunal del Banco Mundial que dirime controversias entre países y empresas extranjeras, cuya competencia fue aceptada por la Argentina en el gobierno de Carlos Menem. Esa decisión, junto con la firma de 55 Tratados Bilaterales de Inversión, implicó la cesión de soberanía jurídica a tribunales internacionales. Néstor Kirchner y Cristina Fernández rechazaron pagar los fallos en contra, argumentando que las empresas debían ejecutar sus sentencias bajo la jurisdicción local. Las compañías nunca lo aceptaron. La resolución de Economía informa que, a comienzos de agosto, las empresas acercaron “una propuesta de cancelación de los reclamos” donde ofrecían cobrar “exclusivamente con títulos de deuda pública interna, por montos que suponen una quita importante sobre las sumas reclamadas y un plazo razonable de repago”.
- El acuerdo: Sobre el reclamo total de 677 millones de dólares, el acuerdo contempla: 1) la renuncia a las demandas en el Ciadi y la aceptación de la jurisdicción local para cursar el reclamo; 2) una quita del 15 por ciento sobre el capital adeudado y de 45 por ciento sobre los intereses, de manera que la quita nominal es de 171 millones de dólares, el 25 por ciento del monto reclamado, y 3) la entrega de dos títulos públicos en dólares –Bonar X y Boden 15, vencen en 2017 y 2015 respectivamente– como forma de pago del capital e intereses. Además, el convenio contempla una inversión equivalente al diez por ciento del laudo original, aproximadamente 68 millones de dólares, en Baade. A lo largo de la última semana, las empresas renunciaron a sus demandas, recibieron esos bonos y realizaron el desembolso. La operación fue tramitada por la Secretaría de Finanzas y las divisas ya ingresaron a las reservas del Banco Central.
Desde el equipo del ministro Lorenzino enfatizaron a Página/12 que “la aceptación de la jurisdicción local es la ratificación de la posición argentina ante los laudos firmes del Ciadi”. En ese sentido, consideran que se trata de una operación “inédita”, ya que “no existen antecedentes de renegociación con quita e inversión en dólares de un fallo del tribunal”.
- Beneficios: El acuerdo con las empresas en el Ciadi destrabó un nuevo programa de créditos del Banco Mundial por 3000 millones de dólares. Esa línea de financiamiento es la primera que habilita el organismo en más de un año y todavía debe ser aprobada por el directorio de la entidad. El cierre de la disputa con las cinco empresas –fundamentalmente las norteamericanas Azurix y CMS– debería habilitar el voto positivo de Estados Unidos, que hasta ahora bloqueaba nuevos préstamos.
- Empresas: La compañía norteamericana Azurix y la francesa Vivendi, dos ex concesionarias de servicios de aguas y cloacas que se fueron del país en 2002 y 1996, respectivamente, y ganaron juicios en el Ciadi a pesar de los graves incumplimientos en sus contratos, contabilizan alrededor de la mitad del monto de las demandas. La lista la completan CMS Gas Transmission Company (propiedad del fondo Blue Ridge, una subsidiaria del Bank of America que impulsó un fuerte lobby contra el país), cuyo contrato se cayó con el fin de la convertibilidad; National Grid, una empresa británica de energía que formaba parte de la transportadora de energía eléctrica Transener, y Continental Casualty Company, accionista de CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo.
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En medio de fuertes sospechas, oficializan pagos a un fondo buitre
Por Marcelo Bonelli (Clarín)
Son causas iniciadas en el CIADI, el tribunal del Banco Mundial. Vínculos de Boudou con un fondo que cobrará. El Gobierno reasignó partidas presupuestarias para pagar con bonos en dólares los juicios que perdió.
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En forma inesperada la Casa Rosada aprobó ayer el pago de deudas
a cinco empresas internacionales que reclamaban juicios pendientes en
el CIADI. La decisión la formalizó, con su firma, el jefe de Gabinete
Juan Manuel Abal Medina a través de una simple resolución administrativa
que modifica partidas presupuestarias y en donde se reconocen las nuevas obligaciones de la Argentina que hasta ahora no eran admitidas por el Gobierno.
Esta salida se adoptó a pesar de la fuerte polémica que existe sobre la secreta negociación
que llevó adelante el ministro Hernán Lorenzino para cerrar los
acuerdos, que benefician a fondos de inversión internacionales y
consultoras que la Justicia investiga para determinar si están o no vinculados al actual vicepresidente a cargo del Ejecutivo, Amado Boudou.
También el convenio reconoce la jurisdicción legal de Estados Unidos y contradice el relato oficial de que sólo se iban a reconocer reclamos del CIADI si intervenía además la Justicia argentina.
La convalidación de los acuerdos le genera fuertes ganancias
a los fondos de inversión que participaron en las transacción. Los
acreedores recibirán bonos Boden 2015 y Bonar 17 por el equivalente a
500 millones de dólares. Y se comprometieron a invertir al menos 50
millones en bonos Baade.
Habrían comprado esas deudas con descuentos del 65%.
A
pesar de ello la resolución se adoptó sin dar explicaciones de los
acuerdos, sin comunicación oficial del Gobierno y sin siquiera abrir la
información a legisladores del propio Frente para la Victoria.
La medida implica el reconocimiento de una nueva deuda externa y esto obligaría a la Casa Rosada a darle participación en algún momento al Congreso.
También,
porque el reconocimiento de estos cinco fallos del CIADI, habilita
nuevos reclamos de 30 juicios pendientes por un total de 13.600 millones dólares y le otorga un fuerte argumento en sus reclamos a Repsol por 10.000 millones de dólares.
Clarín
anticipo ayer el impacto de los acuerdos, pero la negociación se
mantiene en secreto y no se informó por qué se avanzó en un convenio que
convalida fuertes ganancias a inversores ajenos a los juicios, pero que
adquirieron –con la prácticas de fondos buitre– las acreencias que
tenían firmas que litigaban contra la Argentina.
Entre ellos se
encuentran Blue Ridge Investment, el CC-WB Holdings LLC, y NG-UN
Holdings. También las deudas por los contratos de Vivendi Universal,
Aguas de Aconquija y Azurix.
Según fuentes de Washington, detrás de estos convenios y estas compañías se encontrarían subsidiarias de Gramercy Funds Management, el fondo de inversión que tiene fuertes vínculos con Amado Boudou. (ver aparte).
Este
fondo sería uno de los que compró los juicios, con fuertes descuentos y
ahora obtendría excelentes ganancias con la decisión del Gobierno.
Gramercy actuó como un fondo buitre en la negociación del canje que
llevo adelante Néstor Kirchner en el 2004. No participó y boicoteó el
acuerdo Pero cambió de actitud y su participación fue clave para que no
fracasara la reapertura del canje del 2010 que llevó adelante Boudou
cuando fue ministro de Economía. Gramercy se acercó en aquel momento a
Boudou a través de la firma Arcadia que lidera el influyente abogado
Marcelo Etchebarne.
Ahora la intermediación de Arcadia y la gestión de Amado Boudou son investigadas por la Justicia federal por presunto “tráfico de influencias”.
También en la causa se investiga si Arcadia fue utilizada como “una
pantalla” para que Boudou cobrara comisiones ilegales en la
refinanciación de la deuda externa.
La denuncia judicial fue
realizada por los diputados Pino Solanas y Claudio Lozano y en junio el
fiscal Jorge Di Lello activó la investigación.
Arcadia dijo que no tuvo nada que ver en la negociación por estos acuerdos en el marco del CIADI.
El
contacto de Boudou con Gramercy también se dio a través del Banco
Barclays, que fue el agente financiero de la negociación externa. Su
representante Gustavo Ferraro asesoró para la facilitar la participación
de Gramercy y ahora es un importante operador de Gramercy.
El
Gobierno pretende dar por cerrada la cuestión con estos provisorios
instrumentos legales que aprobó ayer. Y tal vez replicarlos en otros
juicios.
Pero la cuestión también levanta inquietud en la oposición, por una concreta razón: el Gobierno compromete financieramente al próximo presidente y su gestión, porque financia los pago de los juicios con bonos que vencen en el 2015 y en el 2016.
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