El bloque progresista y la Alianza del Pacífico
Luego de la 68ª asamblea de la ONU.
La reciente reunión dejó en claro varios asuntos importantes a nivel
mundial, con Latinoamérica como uno de los tantos escenarios del
conflicto internacional. Y si bien en la región dicho conflicto aparece
solapado y encubierto, es bien sabido ya que tiene una prioridad de
primera magnitud estratégica para los Estados Unidos y otras potencias
en su esquema de dominación global.
Los dos aspectos más notorios de la pasada Asamblea fueron la guerra
en Siria y el caso de espionaje masivo dado a conocer por el ex
contratista de la CIA Edward Snowden. En América latina, los datos
entregados por el ex agente estadounidense demuestran que se cometieron
violaciones flagrantes al derecho internacional por parte de los Estados
Unidos al espiar a la propia presidenta brasileña, Dilma Rousseff, a
miembros de su gabinete y por haber robado “información sensible” de
origen comercial, como denunciara la presidenta de Brasil el martes
pasado ante la Asamblea General.
Si bien los presidente agrupados en el bloque progresista de la región condenaron estos hechos, además de defender la soberanía de cada uno de los países latinoamericanos, una situación muy distinta se vivió en torno del “otro bloque de integración”, la Alianza del Pacífico, conformada por Perú, Chile, Colombia y México.
Esta otra situación tiene el particular sello del neoliberalismo en su expresión regional. Pues si en las décadas pasadas la escuela de Chicago y otros tecnócratas de la región formados y asesorados en los Estados Unidos se dedicaron a crear programas económicos de privatización de empresas públicas, desgravaciones arancelarias, apertura de mercados, flexibilización laboral y privatizaciones de derechos básicos como la educación y la salud, desde la formalización de la Alianza del Pacífico en 2011 los mandatarios conservadores de estos cuatro Estados dieron un paso más: regionalizar de forma complementaria el esquema de liberalización productiva de las sociedades a las que gobiernan.
Representados por Ollanta Humala, de Perú; Sebastián Piñera, de Chile; Juan Manuel Santos, de Colombia, y el Secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo, la Alianza del Pacífico se reunió con 200 empresarios estadounidenses para “atraer inversiones”, generar confianzas y demostrar al gran capital transnacional reunido en la ciudad de Nueva York que estos cuatro países se encuentran en óptimas condiciones para la inversión. Esta reunión de carácter empresarial da cuenta de los objetivos, manejos y formas de despolitizar una instancia donde se debaten los problemas de la guerra y la paz y la relación entre los pueblos como es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Clarificador de este carácter de lobbystas para asegurar la rentabilidad del capital en la región es el hecho de que haya sido el Secretario de Economía como cargo ad hoc el que enviara Peña Nieto para representar a su nación ante los demás pueblos del mundo, mientras él se quedaba en México haciéndose cargo de las devastaciones de dos ciclones tropicales. Pues si bien cada mandatario habla al mundo de lo que el país al que representa puede proponer (o criticar), lo cierto es que en el caso de la Alianza del Pacífico le hablan prioritariamente a los públicos locales.
Así, Santos se explayó largo y tendido sobre el proceso de negociaciones con las FARC que su gobierno se encuentra llevando a cabo. Expresó que “hacer la guerra, como yo la sé hacer, es mucho más fácil, pero no sería justo seguir conviviendo con el conflicto. Sería condenar a los colombianos a seguir siendo víctimas, y eso no sería responsable con América latina y con mi propia conciencia, porque estamos ante la oportunidad, tal vez la última, de poner fin al conflicto”. Y agregó que “queremos acabar con nuestro conflicto sin renunciar a la justicia ni mucho menos a la reparación de las víctimas”.
La frase de “sin renunciar a la justicia” debe ser interpretada en medio del contexto en el que se desenvuelve la Colombia actual. Contexto en el cual el proceso de negociaciones con las FARC abrió una ventana de oportunidad a la paz. Claro que ese proceso está lleno de vericuetos. Por un lado, los ultraconservadores, de la mano del ex presidente Álvaro Uribe, condenaron dichas negociaciones por entenderlas como un modo de “tranzar con terroristas”, hasta el difícil dilema de hasta qué punto se puede conseguir justicia para las víctimas del conflicto. Pues es necesario recordar que Santos busca la reelección en medio de un poderoso paro agrario, en donde el campesinado colombiano (mayoritariamente de origen indígena) se alzó en todas partes del país debido a las pérdidas que estaba provocando (entre otras causas) la firma del TLC con los Estados Unidos, tratado que le permite a los norteamericanos exportar commodities agrícolas a tierras colombianas a mucho menor costo, debido a los subsidios con que cuenta el negocio del agro estadounidense por parte del Estado. De esta forma, las palabras de Santos fueron íntegramente dirigidas al público colombiano local.
En tanto, mientras Humala consideró a Perú como “un país emergente capaz de atraer inversiones a largo plazo”, en la patria de Mariátegui la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal entidad multigremial del país incaico, llevó a cabo una multitudinaria marcha reivindicando mejoras salariales y el cumplimiento de promesas de campaña, dejadas de lado por el líder del movimiento nacionalista etno cacerista una vez fungido con el poder. Bastante alejado de los ideales del movimiento que levantó la plataforma presidencial de Humala, el presidente del Consejo de Ministros calificó el hecho de la marcha como “manifestaciones que no expresan la posibilidad de que el país siga creciendo”, siendo los trabajadores duramente reprimidos por la policía. Aun así, el presidente de Perú se dio la oportunidad de tocar los temas de la guerra y la paz en Medio Oriente, abogando por una salida pacífica del conflicto en Siria por medio de la negociación política. “Es la única solución que garantiza el desarrollo de los pueblos”, puntualizó en su discurso. A modo de ejemplo, citó el actual diferendo en La Haya entre Perú y Chile por territorios anexados por este último país en la Guerra del Pacífico, conflicto armado en el que Bolivia perdió cualquier posibilidad de salida al Océano Pacífico y Perú se vio invadido por tropas chilenas, llegando a ocupar Lima por varios años a fines del siglo XIX. Como se sabe, estas tibias declaraciones y el cambio de rumbo que aplicó el discurso de Humala ante dicho diferendo tienen relación con la estrategia internacional impuesta por el ex presidente Alan García en su último período 2006-2011, en donde la prioridad la tienen las relaciones comerciales entre ambos países como forma de asegurar las inversiones extranjeras en ambos lados del desierto de Atacama.
De esta forma, el esquema de integración promovido por la Alianza del Pacífico, que busca priorizar la paz de los mercados en la región, fortalece los marcos jurídicos internacionales siempre que la dinámica de los acontecimientos robustezca al mismo tiempo las inversiones en la región. En mercados altamente desregulados y, aunque parezca paradójico, poco integrados, la seguridad jurídica se convierte en el imperativo categórico necesario para conquistar los mercados de oriente para la nueva clase empresarial del Pacífico. Como declarara el empresario chileno Hermann von Muhlenbrock en Nueva York, “el foco de la Alianza del Pacífico, además del libre movimiento de mercancías, personas y profesionales en los cuatro países, es ir juntos a oriente, donde están los grandes poderes consumidores”. Adicionalmente, se firmó un acuerdo para terminar de liberalizar el comercio de productos y mercancías entre los cuatro países. Como celebrara Díaz-Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, “el 92% de las partidas arancelarias estarán desgravadas en forma inmediata una vez que entre en vigencia el acuerdo, el 8% restante lo estarán en plazos cortos y medianos”. Pero, además, el representante del empresariado peruano habría manifestado que “nuestra meta es lograr dar el paso siguiente, que sería la acumulación de origen para exportar a los países con los que todos tenemos acuerdos, como los Estados Unidos. Sin ello, estaríamos hablando de un tratado que no traerá todos los beneficios que podría lograr”, dejando en claro los objetivos de la Alianza hacia los próximos años. Los cuales plantean inquietantes dudas para los pueblos de México, Colombia, Perú y Chile, en tanto una “nueva acumulación de origen” podría significar otra fase de profundización del neoliberalismo, en una modalidad imprevisible. Lo que no faltará, seguramente, será la violencia, ya que, como la historia lo demostró en reiteradas ocasiones, nuevas acumulaciones van de la mano de nuevas destrucciones.
Quien sí se habría explayado en términos concretos sobre los problemas de la guerra y la paz fue Sebastián Piñera. Esta actitud de mayor contenido político (hecho extraño en un presidente de marcada historia y tendencia tecnocrática) posee una doble explicación. Piñera se encuentra transitando su último año de mandato, por lo que las apuestas fueron durante 2013 a dar relieve al país en el ámbito internacional. Además, su administración formalizó una candidatura para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente. Así, en relación con la estructura del principal órgano de las Naciones Unidas, fuertemente criticada por dejar el poder de toma de decisiones en las manos de cinco naciones, Piñera habría manifestado la necesidad de reformas y profundizaciones democráticas. Manifestó que “la reforma que este Consejo requiere no se agota en el cambio en su composición orgánica, sino que exige dejar atrás la lógica de los vetos, que responde a un mundo antiguo que ya no existe, para reemplazarla por una lógica de quórums especiales”. El mandatario chileno habría abogado por una ampliación de los miembros permanentes y no permanentes, por fortalecer los “métodos de trabajo” para dotarlos de más “eficacia y legitimidad” y por asegurar una debida representación regional. Sin embargo, es necesario disgregar algunas de las ideas expuestas para entenderlas en su verdadera expresión. Pues si bien es altamente deseable una apertura del Consejo de Seguridad de la ONU en pos de una mayor democratización global, el llamado a abstenerse de usar el mecanismo de veto ante poblaciones vulneradas y ante crímenes de lesa humanidad adquiere la doble significación del apoyo a la intervención extranjera en el actual conflicto sirio. Esto puede inferirse del discurso pronunciado por François Hollande, presidente de Francia y uno de los principales aliados de los Estados Unidos en pos de la intervención. Hollande declaró que “el Consejo de Seguridad, en caso de un crimen en masa, debe renunciar de manera colectiva a su derecho de veto”. Y agregó que “nuestra credibilidad yace en nuestra capacidad de intervenir de manera rápida y efectiva para asegurar que el derecho internacional sea respetado y para sancionar a aquellos que lo violan”, manifestando que el “estancamiento” en el Consejo de Seguridad permite situaciones como las de Siria. Esto es, el mantenimiento del gobierno de Al Assad y la no posibilidad de intervención de su país de la mano de potencias regionales y globales para cambiar el curso del conflicto, debido a la posibilidad de veto de Rusia y China. Sólo con estas palabras como antecedente se entiende la propuesta de Piñera, la cual expresa el brazo político estadounidense en la región.
Finalmente, los pocos trascendidos de la reunión entre empresarios norteamericanos y representantes de la Alianza del Pacífico, dejaron en claro que los tres presidentes presentes actuaron como la punta de lanza del lobby regional en búsqueda de nuevas inversiones extranjeras. Santos afirmó que la consolidación de una clase media relativamente joven y con mayor poder de consumo convierten a los países de la Alianza en atractivos destinos de inversión, agregando que en el futuro será necesaria una mayor “unidad homogénea” para unificar, además de intercambios comerciales, impuestos y sistemas de salud entre países. A esto, Piñera agregó que se estaba trabajando en la creación de las “zonas de libre comercio en un plazo de 40 días”, lamentando que Barack Obama no hubiera nombrado en ningún momento a América latina en su discurso ante la ONU. En tanto, Humala, fiel a su nuevo estilo empresarial, declaró que “debemos avanzar en estándares de calidad en el tema medioambiental y en la provisión de servicios, para generar que los productos que se elaboren en la Alianza del Pacífico tengan un reconocimiento internacional por su calidad”, rematando la ronda de declaraciones Idelfonso Guajardo, ministro de Economía de México, con la frase “en la Alianza del Pacífico va a haber convergencia entre muchos acuerdos”. Dadas las declaraciones del gran empresariado del bloque del Pacífico, esta convergencia de acuerdos iría de la mano de nuevas acumulaciones de origen, dando forma a una profundización reformulada del modelo neoliberal imperante en las costas latinoamericanas del mayor océano del mundo.
Si bien los presidente agrupados en el bloque progresista de la región condenaron estos hechos, además de defender la soberanía de cada uno de los países latinoamericanos, una situación muy distinta se vivió en torno del “otro bloque de integración”, la Alianza del Pacífico, conformada por Perú, Chile, Colombia y México.
Esta otra situación tiene el particular sello del neoliberalismo en su expresión regional. Pues si en las décadas pasadas la escuela de Chicago y otros tecnócratas de la región formados y asesorados en los Estados Unidos se dedicaron a crear programas económicos de privatización de empresas públicas, desgravaciones arancelarias, apertura de mercados, flexibilización laboral y privatizaciones de derechos básicos como la educación y la salud, desde la formalización de la Alianza del Pacífico en 2011 los mandatarios conservadores de estos cuatro Estados dieron un paso más: regionalizar de forma complementaria el esquema de liberalización productiva de las sociedades a las que gobiernan.
Representados por Ollanta Humala, de Perú; Sebastián Piñera, de Chile; Juan Manuel Santos, de Colombia, y el Secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo, la Alianza del Pacífico se reunió con 200 empresarios estadounidenses para “atraer inversiones”, generar confianzas y demostrar al gran capital transnacional reunido en la ciudad de Nueva York que estos cuatro países se encuentran en óptimas condiciones para la inversión. Esta reunión de carácter empresarial da cuenta de los objetivos, manejos y formas de despolitizar una instancia donde se debaten los problemas de la guerra y la paz y la relación entre los pueblos como es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Clarificador de este carácter de lobbystas para asegurar la rentabilidad del capital en la región es el hecho de que haya sido el Secretario de Economía como cargo ad hoc el que enviara Peña Nieto para representar a su nación ante los demás pueblos del mundo, mientras él se quedaba en México haciéndose cargo de las devastaciones de dos ciclones tropicales. Pues si bien cada mandatario habla al mundo de lo que el país al que representa puede proponer (o criticar), lo cierto es que en el caso de la Alianza del Pacífico le hablan prioritariamente a los públicos locales.
Así, Santos se explayó largo y tendido sobre el proceso de negociaciones con las FARC que su gobierno se encuentra llevando a cabo. Expresó que “hacer la guerra, como yo la sé hacer, es mucho más fácil, pero no sería justo seguir conviviendo con el conflicto. Sería condenar a los colombianos a seguir siendo víctimas, y eso no sería responsable con América latina y con mi propia conciencia, porque estamos ante la oportunidad, tal vez la última, de poner fin al conflicto”. Y agregó que “queremos acabar con nuestro conflicto sin renunciar a la justicia ni mucho menos a la reparación de las víctimas”.
La frase de “sin renunciar a la justicia” debe ser interpretada en medio del contexto en el que se desenvuelve la Colombia actual. Contexto en el cual el proceso de negociaciones con las FARC abrió una ventana de oportunidad a la paz. Claro que ese proceso está lleno de vericuetos. Por un lado, los ultraconservadores, de la mano del ex presidente Álvaro Uribe, condenaron dichas negociaciones por entenderlas como un modo de “tranzar con terroristas”, hasta el difícil dilema de hasta qué punto se puede conseguir justicia para las víctimas del conflicto. Pues es necesario recordar que Santos busca la reelección en medio de un poderoso paro agrario, en donde el campesinado colombiano (mayoritariamente de origen indígena) se alzó en todas partes del país debido a las pérdidas que estaba provocando (entre otras causas) la firma del TLC con los Estados Unidos, tratado que le permite a los norteamericanos exportar commodities agrícolas a tierras colombianas a mucho menor costo, debido a los subsidios con que cuenta el negocio del agro estadounidense por parte del Estado. De esta forma, las palabras de Santos fueron íntegramente dirigidas al público colombiano local.
En tanto, mientras Humala consideró a Perú como “un país emergente capaz de atraer inversiones a largo plazo”, en la patria de Mariátegui la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal entidad multigremial del país incaico, llevó a cabo una multitudinaria marcha reivindicando mejoras salariales y el cumplimiento de promesas de campaña, dejadas de lado por el líder del movimiento nacionalista etno cacerista una vez fungido con el poder. Bastante alejado de los ideales del movimiento que levantó la plataforma presidencial de Humala, el presidente del Consejo de Ministros calificó el hecho de la marcha como “manifestaciones que no expresan la posibilidad de que el país siga creciendo”, siendo los trabajadores duramente reprimidos por la policía. Aun así, el presidente de Perú se dio la oportunidad de tocar los temas de la guerra y la paz en Medio Oriente, abogando por una salida pacífica del conflicto en Siria por medio de la negociación política. “Es la única solución que garantiza el desarrollo de los pueblos”, puntualizó en su discurso. A modo de ejemplo, citó el actual diferendo en La Haya entre Perú y Chile por territorios anexados por este último país en la Guerra del Pacífico, conflicto armado en el que Bolivia perdió cualquier posibilidad de salida al Océano Pacífico y Perú se vio invadido por tropas chilenas, llegando a ocupar Lima por varios años a fines del siglo XIX. Como se sabe, estas tibias declaraciones y el cambio de rumbo que aplicó el discurso de Humala ante dicho diferendo tienen relación con la estrategia internacional impuesta por el ex presidente Alan García en su último período 2006-2011, en donde la prioridad la tienen las relaciones comerciales entre ambos países como forma de asegurar las inversiones extranjeras en ambos lados del desierto de Atacama.
De esta forma, el esquema de integración promovido por la Alianza del Pacífico, que busca priorizar la paz de los mercados en la región, fortalece los marcos jurídicos internacionales siempre que la dinámica de los acontecimientos robustezca al mismo tiempo las inversiones en la región. En mercados altamente desregulados y, aunque parezca paradójico, poco integrados, la seguridad jurídica se convierte en el imperativo categórico necesario para conquistar los mercados de oriente para la nueva clase empresarial del Pacífico. Como declarara el empresario chileno Hermann von Muhlenbrock en Nueva York, “el foco de la Alianza del Pacífico, además del libre movimiento de mercancías, personas y profesionales en los cuatro países, es ir juntos a oriente, donde están los grandes poderes consumidores”. Adicionalmente, se firmó un acuerdo para terminar de liberalizar el comercio de productos y mercancías entre los cuatro países. Como celebrara Díaz-Granados, ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, “el 92% de las partidas arancelarias estarán desgravadas en forma inmediata una vez que entre en vigencia el acuerdo, el 8% restante lo estarán en plazos cortos y medianos”. Pero, además, el representante del empresariado peruano habría manifestado que “nuestra meta es lograr dar el paso siguiente, que sería la acumulación de origen para exportar a los países con los que todos tenemos acuerdos, como los Estados Unidos. Sin ello, estaríamos hablando de un tratado que no traerá todos los beneficios que podría lograr”, dejando en claro los objetivos de la Alianza hacia los próximos años. Los cuales plantean inquietantes dudas para los pueblos de México, Colombia, Perú y Chile, en tanto una “nueva acumulación de origen” podría significar otra fase de profundización del neoliberalismo, en una modalidad imprevisible. Lo que no faltará, seguramente, será la violencia, ya que, como la historia lo demostró en reiteradas ocasiones, nuevas acumulaciones van de la mano de nuevas destrucciones.
Quien sí se habría explayado en términos concretos sobre los problemas de la guerra y la paz fue Sebastián Piñera. Esta actitud de mayor contenido político (hecho extraño en un presidente de marcada historia y tendencia tecnocrática) posee una doble explicación. Piñera se encuentra transitando su último año de mandato, por lo que las apuestas fueron durante 2013 a dar relieve al país en el ámbito internacional. Además, su administración formalizó una candidatura para formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente. Así, en relación con la estructura del principal órgano de las Naciones Unidas, fuertemente criticada por dejar el poder de toma de decisiones en las manos de cinco naciones, Piñera habría manifestado la necesidad de reformas y profundizaciones democráticas. Manifestó que “la reforma que este Consejo requiere no se agota en el cambio en su composición orgánica, sino que exige dejar atrás la lógica de los vetos, que responde a un mundo antiguo que ya no existe, para reemplazarla por una lógica de quórums especiales”. El mandatario chileno habría abogado por una ampliación de los miembros permanentes y no permanentes, por fortalecer los “métodos de trabajo” para dotarlos de más “eficacia y legitimidad” y por asegurar una debida representación regional. Sin embargo, es necesario disgregar algunas de las ideas expuestas para entenderlas en su verdadera expresión. Pues si bien es altamente deseable una apertura del Consejo de Seguridad de la ONU en pos de una mayor democratización global, el llamado a abstenerse de usar el mecanismo de veto ante poblaciones vulneradas y ante crímenes de lesa humanidad adquiere la doble significación del apoyo a la intervención extranjera en el actual conflicto sirio. Esto puede inferirse del discurso pronunciado por François Hollande, presidente de Francia y uno de los principales aliados de los Estados Unidos en pos de la intervención. Hollande declaró que “el Consejo de Seguridad, en caso de un crimen en masa, debe renunciar de manera colectiva a su derecho de veto”. Y agregó que “nuestra credibilidad yace en nuestra capacidad de intervenir de manera rápida y efectiva para asegurar que el derecho internacional sea respetado y para sancionar a aquellos que lo violan”, manifestando que el “estancamiento” en el Consejo de Seguridad permite situaciones como las de Siria. Esto es, el mantenimiento del gobierno de Al Assad y la no posibilidad de intervención de su país de la mano de potencias regionales y globales para cambiar el curso del conflicto, debido a la posibilidad de veto de Rusia y China. Sólo con estas palabras como antecedente se entiende la propuesta de Piñera, la cual expresa el brazo político estadounidense en la región.
Finalmente, los pocos trascendidos de la reunión entre empresarios norteamericanos y representantes de la Alianza del Pacífico, dejaron en claro que los tres presidentes presentes actuaron como la punta de lanza del lobby regional en búsqueda de nuevas inversiones extranjeras. Santos afirmó que la consolidación de una clase media relativamente joven y con mayor poder de consumo convierten a los países de la Alianza en atractivos destinos de inversión, agregando que en el futuro será necesaria una mayor “unidad homogénea” para unificar, además de intercambios comerciales, impuestos y sistemas de salud entre países. A esto, Piñera agregó que se estaba trabajando en la creación de las “zonas de libre comercio en un plazo de 40 días”, lamentando que Barack Obama no hubiera nombrado en ningún momento a América latina en su discurso ante la ONU. En tanto, Humala, fiel a su nuevo estilo empresarial, declaró que “debemos avanzar en estándares de calidad en el tema medioambiental y en la provisión de servicios, para generar que los productos que se elaboren en la Alianza del Pacífico tengan un reconocimiento internacional por su calidad”, rematando la ronda de declaraciones Idelfonso Guajardo, ministro de Economía de México, con la frase “en la Alianza del Pacífico va a haber convergencia entre muchos acuerdos”. Dadas las declaraciones del gran empresariado del bloque del Pacífico, esta convergencia de acuerdos iría de la mano de nuevas acumulaciones de origen, dando forma a una profundización reformulada del modelo neoliberal imperante en las costas latinoamericanas del mayor océano del mundo.
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