Condicionan el cambio del lugar de pago de los bonos a la respuesta de la Corte de EE.UU.
El
Gobierno no planea lanzarlo para que no se lo acuse de desacato, pero
lo usará para mostrar buena voluntad mientras dure la suspensión del
fallo.
El mercado quedó confundido. La presidenta Cristina Kirchner anunció por cadena nacional la reapertura del canje de deuda
y la posibilidad de cambiar la jurisdicción de los bonos de ley
extranjera por títulos idénticos de ley nacional, pero luego no pareció
avanzar demasiado sobre los detalles. Según confiaron fuentes oficiales a
LA NACION, la idea del Gobierno sería no avanzar sobre todo con el
cambio de jurisdicción de los bonos hasta tanto la Corte Suprema de los Estados Unidos no dé su respuesta respecto al caso argentino.
La Argentina evitaría así que los bonistas que están litigando en las cortes internacionales acusen
al país de estar desobedeciendo a la justicia norteamericana que,
específicamente, advirtió el año pasado al gobierno argentino que no
debía intentar eludir la sentencia modificando las condiciones de
emisión de los bonos. "Lo único concreto es el trámite legislativo para
suspender la ley cerrojo; no dimos precisiones sobre la fecha del canje
ni del cambio de lugar de pago", indicó una calificada fuente oficial.
El fondo NML, de Paul Singer, lo primero que hizo a
días del anuncio de la Presidenta fue citar en un escrito legal el
inminente cambio de jurisdicción de los bonos como una señal de que el
gobierno argentino tenía planes de eludir la sentencia. Con el mismo
argumento, otros fondos también le pidieron al juez de Nueva York,
Thomas Griesa, una audiencia el jueves pasado, que, sin embargo, fue
suspendida a último momento "por razones de procedimiento", según
fuentes de la causa.
Para el Gobierno, el solo hecho de poner la oferta del
cambio de jurisdicción sobre la mesa serviría para demostrarle al
mercado su voluntad de pago.
Los abogados saben, no obstante, que no hay riesgo de que los holdouts embarguen futuros pagos que realice la Argentina mientras dure la suspensión de la ejecución de la sentencia de Griesa.
Los expertos legales creen, en tal sentido, que la suspensión podría extenderse por lo menos hasta el primer trimestre de 2014.
El Gobierno tiene 90 días, desde el viernes 27 en el
que se conoció el fallo de la Cámara de Apelaciones, para presentarse
ante la Corte Suprema, y recién ahí el máximo tribunal de Estados Unidos
decidirá si toma o no el caso argentino.
En última instancia, si la Corte Suprema llegara a
negarse a tomar el caso y, al mismo tiempo, levantara la suspensión que
pende sobre la ejecución de la sentencia en contra del país, la
Argentina ya les mostró a los acreedores que tienen la posibilidad,
voluntariamente, de pedir el cambio de jurisdicción de sus bonos, para
empezar a cobrar en el país, y evitar el riesgo de embargo.
El miércoles último, en su presentación ante el Senado,
el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, fue muy cuidadoso en no
hablar del cambio de jurisdicción de los bonos como un canje, ni de dar
demasiados detalles. "Esto no debe interpretarse de ninguna manera como
una decisión unilateral de alterar ningún mecanismo de pago", dijo el
ministro, según consta en la transcripción taquigráfica de la reunión.
"Lo vemos como una opción voluntaria y eventual para los acreedores que
crean más conveniente renunciar a los derechos que les da la ley
americana y aceptar, en los mismos términos para el Estado, otra
legislación", deslizó.
El 30 del mes próximo, el Gobierno deberá pagar US$ 164
millones a los tenedores de bonos PAR, y luego el 2 de diciembre tiene
un vencimiento del Global 17 y el 30 del mismo mes, un cupón de los
bonos Discount. "Me parece que el mensaje que tenemos que dar, tanto a
la justicia como en particular a los argentinos y al 93% que ingresó en
el canje, es que la Argentina tiene la capacidad y la voluntad de hacer
frente a esas obligaciones", dijo Lorenzino a los senadores.
Ayer, en el mercado bursátil los bonos argentinos
volvieron a registrar cierres mixtos, señal del desconcierto que todavía
genera la estrategia argentina, y la incertidumbre con respecto de cuál
será la reacción de la justicia norteamericana. El bono PAR en dólares
de legislación extranjera subió ayer 0,67%, mientras que el de ley
argentina avanzó 2,14%. En tanto que el Discount en dólares con ley
argentina bajó 0,61%, y el mismo bono, pero emitido en 2010, subió 1,23
por ciento.
El miércoles próximo está previsto que se trate en el
recinto del Senado el proyecto enviado por el oficialismo para suspender
la ley cerrojo y así poder reabrir el canje de deuda. Se cree que en
unos 15 días podría tener también el aval de la Cámara baja. Según una
estimación del banco Credit Suisse, si el Gobierno les ofreciera a los holdouts
un canje bajo las mismas condiciones que las de 2010, tal como dijeron
desde el equipo económico, la oferta estaría valuada en unos 50 centavos
de dólar y 48,3 de euro los nuevos Discount en dólares y euros,
respectivamente.
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