Paso en falso hacia el Buen Vivir
Por Gerardo Szalkowicz (www.marcha.org.ar)
El anuncio de abortar la iniciativa ambientalista Yasuní-ITT y de iniciar la explotación petrolera en esa reserva amazónica puso de relieve las contradicciones que marcan al gobierno ecuatoriano. Los límites de un modelo que alimenta el ideario antiimperialista mientras fortalece su matriz extractivista.
El Parque Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, es una de las
principales reservas de biodiversidad del continente. En 2007, durante
una asamblea de la ONU, el presidente Rafael Correa lanzó la propuesta
de dejar el petróleo bajo tierra en la zona conocida como el Bloque ITT
para evitar la contaminación y destrucción de esa parte de la selva.
Ecuador pedía al mundo, a cambio, una compensación de 3.600 millones de
dólares en un período de 12 años por la pérdida que supondría dejar de
explotar el crudo allí existente.
La iniciativa Yasuní-ITT era, sin dudas, una propuesta vanguardista,
innovadora. “Con profunda tristeza, pero también con absoluta
responsabilidad con nuestro pueblo y nuestra historia, he tenido que
tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno”, fueron
las palabras de Correa, el 15 de agosto pasado, que precedieron al
anuncio que decretaba el certificado de defunción de la iniciativa, seis
años después.
El mandatario argumentó que el proyecto no tuvo el respaldo económico
requerido. “Solo existen $ 13.3 millones en fondos disponibles en los
Fidecomisos Yasuní ITT, apenas el 0.37% de lo esperado”, se lamentó, y
en una frase sintetizó la responsabilidad del fracaso: “El mundo nos ha
fallado”.
Posteriormente, Correa anunció que al no alcanzarse los objetivos
planteados, se aplicará el “Plan B”, es decir, se comenzará con la
explotación petrolera del Bloque ITT. La Constitución ecuatoriana
prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas
protegidas, pero se puede hacer excepcionalmente a pedido de la
Presidencia y previa declaratoria de interés nacional del Parlamento.
Por eso, Correa aclaró que en el decreto firmado ordenó la “elaboración
de informes técnicos, económicos y jurídicos para solicitar a la
Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional al aprovechamiento
del petróleo en el Yasuní.
Salto hacia atrás
Si bien Correa aseguró que la extracción de crudo se hará “con
responsabilidad ambiental y social” y que sólo afectará a menos del 1
por mil del Parque, el anuncio generó fuerte rechazo de organizaciones
ambientalistas y sociales por el impacto que tendrá para las poblaciones
indígenas, el clima y la biodiversidad de la selva ecuatoriana.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía
Ecuatoriana (Confeniae), que aglutina a 21 organizaciones y federaciones
de 11 nacionalidades amazónicas, se declaró en alerta y vigilia
permanente. Franco Viteri Gualinga, uno de sus líderes, calificó la
decisión como “una profundización de la política extractivista” y
aseguró que mantendrán “una lucha sin cuartel en defensa de nuestras
tierras, nuestra selva y nuestras vidas”.
Por su parte, la Unión de Afectados por las Operaciones de la
Petrolera Texaco (Udapt), que aglutina a los 30 mil afectados por esa
multinacional (hoy Chevron), emitió un comunicado en el que piden a
Correa que revea la decisión ya que "no existe tecnología alguna que
evite los daños ambientales en una zona extremadamente sensible cultural
y ecológicamente, por lo que los impactos negativos serán inminentes".
Para el sociólogo ecuatoriano Francisco Hidalgo Flor, “se da a la faz
pública, nacional e internacional, el definitivo salto hacia atrás: se
renuncia con contundencia a lo más avanzado que había logrado proponer y
elaborar el proceso social ecuatoriano contemporáneo en 20 años de
combate al neoliberalismo y el colonialismo”.
En tanto, Guadalupe Rodríguez, directora de la organización Salva la
Selva, señaló que “pedir dinero por millones para no explotar el Yasuní
porque así se preservaría su riqueza y ahora decir que es posible
explotarlo sin dañarlo encierra una contradicción -y una desfachatez-
inmensa. La explotación petrolera en la selva es algo enormemente
destructivo y peligroso tanto para la naturaleza como para las
comunidades que allí habitan”.
Diversas organizaciones como la Conaie, Ecuarunari, Acción Ecológica y
la Federación de Estudiantes Universitarios impulsan la iniciativa de
convocar a una consulta popular para detener la explotación petrolera en
el Yasuní. Para eso, deben reunir unas 600 mil firmas que corresponden
al 5% del padrón electoral.
La propia Ivonne Baki, secretaria de Estado encargada de la
Iniciativa Yasuní-ITT, comentó que se siente triste por la decisión
gubernamental. Y se lamentó: "Hubiera sido un precedente a seguir que
cambiaría la historia de la humanidad".
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