Se
suspendió la audiencia convocada en el despacho de Griesa, al parecer,
porque las partes están "conversando"; los demandantes aceptarían una
quita en la deuda que reclaman.
La audiencia convocada ayer
en el despacho el juez de Nueva York Thomas Griesa para determinar si
la Argentina está en desacato por haber anunciado que planea cambiar el
domicilio de
pago de los bonos se canceló a último momento.
Y aunque los motivos no se comentaron abiertamente, dos
fuentes ligadas al caso indicaron que se abrió una instancia de
negociación por pedido de los "fondos buitre".
Uno de los empleados del juzgado de Griesa confirmó
temprano que la audiencia se llevaría a cabo, tal como informó ayer LA
NACION.
Luego comenzó a circular la versión de que el encuentro
se suspendía. Antes del mediodía, desde el propio tribunal de Griesa
confirmaron esta cancelación.
"Las partes están solucionando las cosas entre ellas",
fue la escueta explicación que recogió LA NACION de fuentes judiciales
de Nueva York.
Esta explicación coincide con el ánimo de los bonistas
más agresivos, que, pese a contar con una sentencia firme de segunda
instancia a favor, volvieron a expresar por lo bajo su intención de
negociar un acuerdo con la Argentina para cobrar.
Aunque los fondos NML, Aurelius y Blue Angel ya tienen
un fallo de la Cámara de Apelaciones en cuanto al fondo de la cuestión
(la violación de la cláusula de pari passu ) y al monto de pago
(100%), han expresado por canales informales que están dispuestos a
acordar un monto con una quita respecto de los US$ 1333 millones -más
intereses- que pretenden cobrar. Los "fondos buitre" ponen como
condición para aceptar una quita que la Argentina se siente a negociar y
no siga con sus enunciados unilaterales.
Desde el Gobierno, calificadas fuentes respondieron a
LA NACION que "no hay ningún margen político ni jurídico para negociar
nada por fuera de la oferta de canje efectuada a los bonistas que
entraron en los canjes de 2005 y 2010".
"En nada cambió la estrategia política de no negociar
más allá de los términos del canje, y eso es lo que también se le
expresó a la justicia norteamericana", agregó la fuente.
Sin embargo, dado que los camaristas que dictaron el
fallo del viernes pasado consideraron que la reapertura del canje no
satisfacía los derechos de los demandantes, los "fondos buitre"
volvieron a plantear este escenario.
Así, podría plantearse un acuerdo a mitad de camino
entre las aspiraciones de los fondos litigantes y del Gobierno, que, al
menos en lo formal, no parece dispuesto a entablar un canal alternativo
de diálogo.
No se trataría de una novedad, ya que desde que se
desató el litigio el equipo del magnate financiero Paul Singer intentó
buscar vías de acercamiento. En concreto, en 2008 el manager del fondo
NML-Elliot, Jay Newman, estuvo en el país negociando con un calificado
equipo de la Casa de Gobierno y del Ministerio de Economía sobre las
chances de terminar con este pleito.
Newman, abogado que antes de estar en NML manejó la
oficina de mercados emergentes de las firmas Shearson Lehman Hutton y
Morgan Stanley, estuvo en un encuentro reservado acompañado por los
economistas que manejan la estrategia financiera de este agresivo fondo.
En ese momento, la tentativa fue rechazada por la
presidenta Cristina Kirchner por su sensación de que el Gobierno
obtendría fallos favorables en la justicia de Estados Unidos en el caso
del pari passu , algo que no ocurrió en primera instancia ni en la Cámara de Apelaciones.
Ahora, aunque los fallos fueron en favor de los "fondos
buitre", el Gobierno cree que sigue contando con el tiempo a su favor:
el viernes que viene pedirá la revisión del último fallo a la propia
cámara; luego, tendrá otras dos semanas para pedir el mismo trámite ante
un plenario de camaristas.
Casi convencido de que ambas solicitudes serán
rechazadas, al Gobierno aún le queda la instancia de recurrir a la Corte
Suprema de Estados Unidos, dentro de tres meses.
Así, casi se llegaría al año próximo y, en ese
entonces, el máximo tribunal norteamericano podría pedir la opinión del
procurador general del gobierno de Obama, lo cual demoraría el trámite
unos meses más.
También puede ocurrir que el alto tribunal deseche en
forma inmediata estudiar el caso argentino, dado que ya está estudiando
otros dos expedientes sobre el país: el caso del Discovery de las
cuentas del Banco Nación y el de British Gas.
Sin embargo, los "fondos buitre", como expresó el
abogado Marco Schnabl, pueden seguir ganando causas, pero seguirán sin
cobrar si no llegan a un acuerdo con la Argentina, al no existir activos
comerciales que puedan embargar.
Audiencia pendiente
En el caso del pari passu , la intención de
los demandantes es demostrar que, con el anuncio presidencial del lunes
pasado de cambiar el lugar de pago de los bonos de Nueva York a Buenos
Aires, el Gobierno estaría desobedeciendo la orden de Griesa y de la
Cámara de 2012 de no alterar los mecanismos de pago.
"La audiencia se va a hacer, aunque no está claro cuándo", indicó una fuente que participa del caso.
En el Ministerio de Economía juran que no habían sido
notificados de la audiencia de ayer y, al menos en términos retóricos,
juran no estar preocupados por la posibilidad de que Griesa los
considere en desacato, ante la falta de antecedentes sobre funcionarios
extranjeros que puedan ser penalizados por esta falta. En cambio, el
perjuicio directo podría recaer sobre los intermediarios (BoNY, DTC,
Euroclear) y sobre los bonistas reestructurados, que operan en Estados
Unidos.
La posibilidad de que, por el mismo motivo, se levante
el "suspenso" dictado por la Cámara de Apelaciones tampoco desvela a
Economía, que cree que con el proceso de apelaciones pendiente, al menos
este año, la sentencia desfavorable al país no se pondrá en práctica.
Los anuncios, en la mira de la justicia
- Thomas Griesa - Juez de Nueva York
El
magistrado había aceptado una audiencia para determinar si la Argentina
violó su orden de no alterar el mecanismo de pago formulado a principios
de 2012
- Los demandantes
Los "fondos buitre" y
los minoristas creen que el anuncio del cambio del lugar de pago intenta
eludir los fallos de la justicia de EE.UU
- La Argentina
El anuncio presidencial fue
seguido por el envío al Congreso del proyecto para suspender la "ley
cerrojo" y habilitar un nuevo canje, pero sin dar precisiones sobre los
plazos
