“Colombia es la Israel de Sudamérica”
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L'Ombelico del Mondo, noticiero internacional de Radionauta FM,
dialogó con el intelectual y activista colombiano por los derechos
humanos, Renán Vega Cantor, acerca de la situación social en el
Catatumbo y la posición internacional de Colombia en este momento
histórico.
El mandatario colombiano Manuel Santos
acusó a las FARC de fomentar las rebeliones que hace más de 40 días
protagonizan los campesinos de la región fronteriza del Catatumbo.
Mientras tanto la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) pidió
públicamente refugio político a Venezuela para niños, mujeres y ancianos
de la región ante la ola represiva desatada por el gobierno que ya
cobró cuatro víctimas.
Todo esto en medio de un reacomodamiento
de la política internacional colombiana, cada vez más alineada con la
Casa Blanca y sus aliados regionales. Renán Vega Cantor, profesor
titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y referente del
pensamiento crítico latinoamericano, analizó la situación social y
geopolítica de su país.
-¿Qué es lo que está sucediendo hoy en el Catatumbo?
El Catatumbo es una zona muy rica en
recursos naturales como petróleo y carbón. Tiene diversos climas y una
tierra muy fértil. Pero como sucede en varios países de Nuestramérica en
el medio de esta riqueza natural se desenvuelven comunidades que viven
en la más absoluta pobreza y en la miseria.
Es una zona que ha sido sometida a un
proceso de violencia estructural a lo largo del siglo XX por parte de
compañías petroleras de Estados Unidos que masacraron a las comunidades
indígenas de la región. Luego los colonos atraídos por la bonanza
petrolera se convirtieron en campesinos y siempre han estado sometidos a
pésimas condiciones de existencia. No hay infraestructura, no hay
escuelas, no hay salud, y en los últimos quince años esto se acentuó con
la presencia de grupos paramilitares que han organizado masacres
terribles.
Los campesinos han soportado
históricamente la represión, y en distintos momentos han organizado sus
luchas desde la época de los trabajadores petroleros. De tal manera que
la lucha que estamos viendo hoy es la continuación de un proceso
histórico de los campesinos que luchan contra el despojo a los que son
sometidos por grandes terratenientes y por grandes empresas
multinacionales.
Allí hay dos tipos de política. Una del
Estado colombiano ligada a los intereses de los terratenientes y
capitalistas locales, que todo lo que están realizando apunta a expulsar
a los campesinos de la región. Y el proyecto que se contrapone es el de
otros sectores sociales que reivindican el derecho a la tierra,
condiciones de vida dignas, salud, educación, y que se los reconozca
como un actor social legítimo.
Hubo un hecho que fue el detonante de lo
que está sucediendo. En agosto de 2011 el instituto colombiano que se
encargaba de los predios rurales aprobó la constitución de una reserva
campesina en el Catatumbo pero que nunca se ha hecho realidad. Los
campesinos ya se cansaron de esperar y organizaron este paro que ya
lleva más de un mes donde reivindican el establecimiento de la reserva
campesina, que se les permita realizar un plan de desarrollo sostenible
por ellos mismos, y además un punto central es la erradicación forzada
de cultivos de coca en la región que sustentan los operativos militares
que allí se desarrollan y que han generado una gran cantidad de
violaciones a los derechos humanos y masacres.
-¿Qué implicaría la creación de una zona de reserva campesina?
Zonas de reserva campesina en realidad es
una denominación jurídica que tiene casi veinte años y goza de
reconocimiento legal en la constitución y las leyes del Estado
colombiano. Sin embargo, Colombia es un país muy formal, que le rinde
mucho culto a las normas, pero lo que aparece en el papel casi nunca se
pone en práctica en la realidad. Más si lo que está en el papel
beneficia de alguna manera a los sectores populares.
Las zonas de reserva campesina existen
desde la década de 1990 pero sólo se han podido establecer seis, que han
sido criminalizadas y perseguidas, gran parte de sus dirigentes han
sido asesinados y su suelo ocupado. Según la ley debería ser un lugar
manejado por los mismos campesinos, autónomo y con límites territoriales
para que no caiga en manos de los grandes terratenientes. Para que las
zonas de reserva campesina funcionen se necesita del apoyo y el
reconocimiento del Estado. Esto nunca se ha hecho realidad.
Ahora que estamos en medio de las
conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno, volvió en la mesa
del debate el tema de las reservas campesinas. Pero si se los pide las
FARC, y en total serían unos 9 millones de hectáreas, esto comienza a
ser un problema y los campesinos son criminalizados como miembros de la
insurgencia. Y entonces sigue el conflicto entre los dos modelos.
-Y esto tiene repercusiones internacionales por su cercanía con Venezuela.
Es una zona geopolíticamente muy
importante en términos fronterizos por varias razones. En primer lugar
la presencia del Estado colombiano pero no en términos legales sino
militares. En términos legales las fronteras del país son muy
permeables, con poca presencia estatal en términos sociales y
económicos. Esta es una frontera por donde circula mucho tráfico ilegal
de gasolina desde Venezuela, y es lo que ha nutrido el paramilitrarismo
en la región, ligado en gran medida al Estado. Pero también desde allí
se han preparado agresiones paramilitares para incursionar en territorio
venezolano.
Es una
zona de disputa territorial y de fortalecimiento por parte del Estado
colombiano, que ha invertido mucho ahí pero no para solucionar los
problemas de los campesinos sino de fortalecimiento militar. Y en la
frontera con Venezuela esto tiene repercusiones de tipo geopolítico
internacional. Porque estamos hablando de la presencia de tropas
extranjeras y servicios secretos de los EEUU que están posicionados en
un lugar tan estratégico como es este y otros a lo largo de la frontera
con Venezuela.
-En este sentido, ¿cuál es el rol que está jugando Colombia con respecto a la integración regional?
Colombia es la Israel de Sudamérica. No
es simplemente una consigna. Si analizamos la historia colombiana nos
damos cuenta de que es una cuestión profundamente real. Hay un sin
número de hechos. Por ejemplo el bombardeo ilegal que realizó el
ejercito colombiano en 2008 en Ecuador donde masacró a 26 personas,
entre ellos cuatro estudiantes mexicanos y un ecuatoriano, y donde fue
asesinado un miembro del secretariado de las FARC Raúl Reyes. Un crimen
de guerra que fue condenado hasta por la OEA y que significó un
conflicto diplomático de larga duración y que tuvo repercusiones
inclusive en el intercambio económico con Ecuador y Venezuela.
Pero hay una gran cantidad de hechos de
esa naturaleza y la política colombiana en ese sentido no ha cambiado.
El ex presidente Uribe, quien fue el portador de esa política cuasi
expansionista del ejército colombiano, que pretendía tener el derecho de
ocupar, invadir y bombardear a otros países donde supuestamente haya
miembros de la insurgencia, llegó a decir que no le alcanzó su mandato
para invadir a Venezuela pero lo hubiera hecho.
Cuando Santos llega a la presidencia de
la república, la situación del intercambio comercial con Venezuela era
tan negativa para el país, que debió recomponer diplomáticamente las
relaciones. Pero su política no ha cambiado. Eso se ha confirmado por
ejemplo con el saboteo a la cumbre de Unasur que impulsó la Alianza del
Pacífico, que es promovida por los EEUU con sus aliados incondicionales.
O el haber recibido, sin guardar el más mínimo decoro diplomático, a
Henrique Capriles con los honores que se le hacen a un jefe de Estado,
cuando es un personaje de la oposición y con un pasado no muy santo. Es
parte de una política a largo plazo que no creo que vaya a cambiar por
más que haya acuerdos circunstanciales entre Colombia y Venezuela. Hay
una estrategia de saboteo que apunta a que los procesos nacionalistas en
marcha en el continente se acaben.
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