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En el plano internacional, el reciente acuerdo del gobierno
argentino con Chevrón requirió dar marcha atrás con el apoyo a la
condena que la empresa recibió en Ecuador.
Mientras Cristina Fernandez pronunciaba su enérgico discurso en la
Asamblea anual de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre
pasado, el recién ascendido a director de YPF Miguel Galuccio se
encontraba en Londres, negociando parte del acuerdo que permitió el
desembarco de Chevrón en Argentina.
El anuncio de acuerdo se hizo público recién en diciembre y, siete
meses después, el gobierno argentino firmó el decreto que permite la
inversión de la multinacional en el país. Durante todo este periodo, los
encuentros fueron periódicos y las acciones que diplomáticos,
ingenieros y funcionarios implementaron para lograr el acuerdo fueron
varias. Una sobre todas viaja contra la corriente de la política
diplomática que la Argentina ha llevado adelante en los últimos años.
Sobre Chevrón pesaba un embargo a sus capitales en Argentina, unos
2.000 millones de dólares, como consecuencia de la condena recibida en
Ecuador por el desastre ambiental causado por la empresa. Fue el mismo
Galuccio quien solicitó a la Corte Suprema que se diera marcha atrás con
el embargo sobre activos y cuentas bancarias de Chevron, medida que se
hizo efectiva en junio pasado.
Pero la historia de ese fallo es larga y compleja. Sus consecuencias
en el plano internacional son aún inciertas, aunque el “caso Chevrón”
llevó a muchos diplomáticos latinoamericanos a esbozar nuevas propuestas
de reforma de los organismos judiciales internacionales, y hasta la
creación de mecanismos multinacionales regionales para evitar ciertos
“vicios” que premian las grandes transnacionales y condenan, en muchos
casos, a los Estados.
El “juicio del siglo”, como lo ha definido la prensa ecuatoriana, fue
iniciado por los habitantes de las zonas afectadas por el derrame de 17
millones de galones de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Cinco
nacionalidades indígenas, ochenta comunidades y más de 30.000 personas
se presentaron como demandantes, reclamando que Chevrón limpiara las
450.000 hectáreas que dejó contaminadas luego de su salida del país en
1992.
La empresa siempre negó las acusaciones, y pidió que el juicio se
realizara en Estados Unidos donde se encuentra su casa matriz. Sin
embargo, la corte norteamericana obligó a Chevrón a someterse ante la
justicia ecuatoriana, que comenzó el procedimiento en Lago Agrio en
2003.
El costo de la reparación del daño ambiental causado rondaba los
6.000 millones de dólares. Sin embargo, la condena dictada en febrero de
2011 incluyó una multa de 8.600 millones de dólares, que la corte
ecuatoriana subió a más del doble porque Chevron no pidió disculpas
públicas. En julio de 2012 la multa que debía pagar al Estado
ecuatoriano ascendió a 19.000 millones de dólares, contando los
distintos fallos adversos. La empresa declaró que se rehusaría a pagar y
decidió recurrir a la Corte Federal de Apelaciones de Nueva York y a un
tribunal arbitral internacional constituido en La Haya bajo reglas de
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional.
Chevrón sostiene que el gobierno ecuatoriano faltó a su obligación de
indemnizar a la compañía por cualquier pérdida producto de una
sentencia adversa, cláusula prevista por el Tratado de Promoción
y Protección Recíproca de Inversiones (TPPRI) que Ecuador firmó con los
Estados Unidos en 1998.
“Una antología del coloniaje y el entreguismo”, lo definió
recientemente el presidente Rafael Correa. Quien al mismo tiempo recordó
a la multinacional que sus operaciones en el país terminaron en 1992,
con lo cual no estaban bajo la órbita de un tratado firmado seis años
después. Sin embargo, la corte internacional de la Haya condenó al
Ecuador a pagar una indemnización de 96 millones de dólares, decisión
que fue apelada y que aún se encuentra en litigio.
La respuesta no se hizo esperar. El Presidente Subrogante de la Corte
Provincial de Sucumbíos, Dr. Wilfrido Erazo, dispuso el embargo de
96.355.369,17 dólares más intereses contra Chevrón, la misma cifra que
Ecuador debería pagar para indemnizar a la multinacional. La decisión
del tribunal internacional llevó al gobierno ecuatoriano a esbozar la
posibilidad de crear instancias regionales de resolución de conflictos,
ya que las que actualmente existen estarían signadas por una evidente
parcialidad a favor de los grandes capitales multinacionales, como
demuestra la sentencia de La Haya.
La condena de 2011 alcanzó a los capitales y propiedades de la
empresa en Brasil, Canadá y Argentina. El juez civil Adrián Elcuj
Miranda resolvió dar paso al pedido de embargo avanzado por un
magistrado de Quito en 2012, que fue luego levantado por la Corte
Suprema de Justicia a días de conocerse el acuerdo de inversión en Vaca
Muerta. “Chevron Argentina va a continuar trabajando intensamente en el
país para ayudarlo en su objetivo (el del Gobierno nacional) de lograr
la independencia energética”, sostuvo la empresa en un comunicado
oficial al conocerse el fallo que liberaba los 2.000 millones de dólares
que tenía embargados en el país.
Un paso atrás que ya se veía venir. Mientras en diciembre Correa
pedía públicamente firmeza a la Argentina con respecto al embargo a
Chevrón, la mandataria invitaba al vicepresidente de Chevron
Corporation, Ali Moshiri, a vacacionar en sus propiedades en el
Calafate. Un gesto que quizás pondrá en otra posición a la Argentina en
vista de las medidas que se podrían implementar en la región luego de la
resolución de la apelación presentada por Ecuador ante el fallo dictado
en la Haya.
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