Univisión
El Senado estadounidense aprobó el jueves por 68 votos a favor y 32 en contra el proyecto de reforma migratoria que le daría un camino a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados.
Esta aprobación se da siete meses después del reinicio de las conversaciones bipartidistas para redactar un plan de reforma migratoria -luego de la reelección del presidente Barack Obama para un segundo mandato de cuatro años, en noviembre del año pasado-, ahora el proyecto será enviado a la Cámara de Representantes donde será debatido.
A primera hora del jueves se llevó a cabo una votación denominada "voto de procedimiento", moción para incorporar la enmienda Leahy 1183 al anteproyecto de ley S. 744 escrito por el Grupo de los Ocho y que fue aprobada el miércoles con 67 votos a favor y 29 en contra.
Camino despejado
Poco antes de las votaciones del jueves, analistas indicaban que el líder del Senado, Harry Reid (demócrata de Nevada), no tendría problemas para contar con los respaldos necesarios de acuerdo con las últimas votaciones celebradas en el pleno, a pesar de la oposición del ala ultra conservadora del Partido Republicano.
Para lograr la aprobación que se consiguió este jueves, el Grupo de los Ocho se vio forzado a ceder y aceptar una dura enmienda de seguridad patrocinada por republicanos como condición para convencer a los senadores indecisos y aprobar el proyecto.
La enmienda, patrocinada por republicanos John Hoeven (Dakota del Norte) y Bob Corker (Tennessee), fue pactada el miércoles de la semana pasada y persiguió seis objetivos clave: mejorar aspectos de seguridad contenidos en el plan de reforma S. 744, detener la andanada de enmiendas para congelar la iniciativa, conseguir el voto de detractores e indecisos, garantizar que el proyecto será aprobado, que incluirá un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados y enviarle un mensaje firme a la Cámara de Representantes que la reforma cuenta con apoyo bipartidista.
Detalles de la reforma
La medida adicional agrega, entre otros, más de 20 mil agentes a la Patrulla Fronteriza, un presupuesto extra de unos $30 mil millones, implementación obligatoria del programa federal E-Verify para verificar el estado migratorio de los trabajadores (con una base de datos administrada por el Departamento de Seguridad Nacional –DHS-), construcción de 700 millas de vallas fronterizas, alta tecnología para vigilar la frontera y un sistema biométrico para rastrear a los extranjeros que ingresan y salen de Estados Unidos.
Con el aumento de personal de la Patrulla se estima que habrá 12 policías por cada mil metros de la frontera de 3,200 kilómetros que separa a Estados Unidos y México.
El proyecto S. 744 también incluye un camino a la ciudadanía para indocumentados que se encuentran en Estados Unidos desde antes del 31 de diciembre de 2011, pagan impuestos, carecen de antecedentes penales, entreguen sus huellas digitales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y cancelen multas.
Los favorecidos
Se estima que la medida favorecerá a unos 8 millones de inmigrantes sin papeles de estadía legal.
El plan señala que quienes sean autorizados entrarán en un estado de inmigrante provisional (RPI) por espacio de 10 años, al término de los cuales podrán gestionar la residencia legal permanente y tres años después tramitar la ciudadanía. Los llamados Dreamers y trabajadores del campo tendrán una vía de acceso rápido y podrán conseguir la residencia en la mitad del tiempo.
Advierte que a los seis años como RPI deberán verificar nuevamente los antecedentes panales y cancelar una multa.
Durante el estatus provisorio, los favorecidos tendrán derecho a un permiso de viaje, una licencia de manejar y una autorización para salir y reingresar a Estados Unidos sin perder el derecho a la residencia.
Campaña de llamados
Las principales organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellas el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA), el Foro Nacional de Inmigración (NIF) y Reforma Migratoria Pro América aceleraron el paso el miércoles invitando a la comunidad inmigrante para que se comunique con sus legisladores, en ambas cámaras, y les pidan que voten a favor del proyecto de ley que legaliza a millones de indocumentados.
La campaña fue activada en noviembre del año pasado desde que se conoció que un grupo bipartidista redactaba un proyecto de ley.
La iniciativa se desarrolla por teléfono y correos electrónicos.
Organizaciones y activistas han advertido a los legisladores que sus votos serán considerados en las prócimas elecciones de medio tiempo y presidencial.
En noviembre del año pasadoel 71% de los 12.2 millones de electores latinos se inclinó por la relecciòn de Obama. Para ellos la reforma migratoria encabeza la lista de prioridades.
Tanto demócratas como republicanos reconocen que el voto latino es clave para la conquista de la Casa Blanca.
Después del Senado
Una vez aprobada por el Senado, la reforma migratoria será enviada a la Cámara de Representantes. El liderazgo republicano, que controla esta instancia del legislativo, ha dicho que debatirá su propia propuesta. La oposición se opone a la legalización masiva de indocumentados, proceso que tilda de “amnistía”.
Un grupo bipartidista integrado por cuatro demócratas y tres republicanos redacta en secreto un proyecto que, todo indica, incluirá un camino a la legalización de la mayoría de los indocumentados pero deja dudas si permitirá la ciudadanía.
A su vez, un grupo ultraconservador de la Cámara presiona para debatir el proyecto por partes. La semana pasada presentó al Comité Judicial una iniciativa que criminaliza la estadía indocumentada, un acto que en la actualidad constituye una falta de carácter civil. La enmienda fue aprobada por amplio margen en ese comité.
A mediados de diciembre de 2005 la Cámara aprobó el proyecto de ley H.R. 4437 del legislador James Sensenbrener, medida que criminalizó la estadía sin papeles y desató una oleada de protestas en los principales estados con alta concentración de hispanos. Las marchas recordaron el movimiento por los derechos civiles de la década de los sesenta liderados por el reverendo Martin Luther King, Jr.
En mayo de 2006 el Senado aprobó una versión distinta que incluyó una vía de legalización para millones de sin papeles. Ambas iniciativas fueron enviadas al Comité de Conferencia para que las armonizara, pero en junio el entonces liderazgo republicano canceló la instancia aduciendo razones de seguridad nacional.
Desde entonces la reforma migratoria no había tenido un escenario propicio para ser debatida y aprobada como hasta ahora.
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