La Corte Suprema de
la Argentina revocó un fallo del fuero civil que había ordenado el
cumplimiento en el país de un embargo dispuesto en Ecuador por 19.552
millones de dólares en contra de la petrolera norteamericana Chevron. La
demanda había sido entablada por los pueblos originarios amazónicos y
el gobierno de ese país por los gravísimos daños ambientales producidos
entre 1964 y 1990 en la zona de Lago Agrio (unas 500.000 hectáreas
contaminadas y envenenadas en la selva Amazónica) por la Texaco, empresa
que luego fue adquirida por la Chevron. En la Argentina el juez en
primera instancia y la cámara de apelaciones otorgaron la razón a los
demandantes ecuatorianos disponiendo el embargo del futuro flujo de caja
de Chevron así como los dividendos que generaran su operación en el
país, el 40 % de sus depósitos bancarios y los ingresos futuros a
recibir por la venta del crudo a extraer de la Argentina en la zona de
Vaca Muerta. Esto sumaba unos 2.000 millones de dólares anuales, a pagar
a lo largo de los años necesarios hasta cubrir la cifra fijada por los
tribunales ecuatorianos.
Dado que Chevron había declarado que
carecía de recursos en Ecuador los demandantes de este país trasladaron
el juicio a la Argentina, donde la empresa sí tiene recursos. Sin
embargo, apelando a un tecnicismo leguleyo la Corte Suprema consideró
que Chevron Argentina era tan sólo una filial de la Chevron Corporation y
no la empresa demandada. El abogado de los intereses ecuatorianos en la
Argentina se preguntó "¿Cómo una empresa que es una sola cosa cuando a
ingresos o beneficios se refiere es otra a la hora de pagar?" Gambitos
de este tipo proliferaron en la Argentina durante la crisis del
2001-2202, cuando grandes bancos transnacionales (por ejemplo el Boston,
renunciaron a devolver a sus clientes sus depósitos en dólares
aduciendo que la filial argentina ya no los tenía y que la casa matriz
no podía hacerse cargo de los resultados de las operaciones de su
filial). De todas maneras los reclamantes tienen también planteada otra
demanda mediante la cual se busca el reconocimiento internacional de la
sentencia adoptada en Ecuador, al paso que se han iniciado causas
similares –con menores probabilidades de éxito- en otros países, como
Brasil y Canadá, en donde opera y tiene recursos la petrolera
norteamericana. Sorprende, ¿o no?, que la procuradora general del
gobierno argentino, Alejandra Gils Carbó, perteneciente al grupo de
Justicia Legítima –crítico de los sesgos clasistas y reaccionarios de la
judicatura de este país- hubiera recomendado a la Corte pronunciarse a
favor de Chevron en este diferendo. Lamentablemente, el desesperado
interés por iniciar sin más dilaciones -mediante un acuerdo entre YPF y
Chevron- la explotación del yacimiento petrolífero "shale" en Vaca
Muerta parece haber calado muy profundamente en el propio gobierno
nacional y en ciertos estratos del "progresismo argentino", convalidando
con sus cálculos utilitaristas la impunidad ante la depredación
ambiental de la petrolera y, ¿tal vez?, haciendo lo propio ex ante
con los desastres ecológicos que seguramente se producirán en la
Argentina en cuanto comiencen las labores en Vaca Muerta. Esto habla
elocuentemente de los extremos a los que puede llegar la extorsión, el
chantaje y las amenazas de los oligopolios a la hora de proteger sus
espúreos intereses y asegurar la impunidad por sus crímenes ambientales.
Y también de la labilidad de ciertas estentóreas proclamas
latinoamericanistas oficiales, que en cuanto se alejan del plano de la
retórica se disuelven sin dejar rastros en la formalidad de los estrados
judiciales. Por eso la solidaridad con la lucha del pueblo y el
gobierno ecuatorianos por la construcción del “socialismo del buen
vivir”, del “sumak kawsay” de nuestros pueblos originarios es hoy más
importante que nunca. Solidaridad efectiva y militante, digo, no
solamente retórica.
Blog del autor: http://www.atilioboron.com.ar/2013/06/sobre-chevron-el-latinoamericanismo-y.html
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