Argentina elevó la primera apelación ante la Corte Suprema de EEUU
Télam
Mientras espera el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la causa por fondos buitre, el Gobierno presentó una primera apelación ante la Corte Suprema de EEUU en contra del fallo de dicho tribunal que avaló al juez Thomas Griesa.
Mientras espera el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Nueva York en la causa por fondos buitre, el Gobierno presentó una primera apelación ante la Corte Suprema de EEUU en contra del fallo de dicho tribunal que avaló al juez Thomas Griesa.
Así lo confirmó a Télam el Ministerio de Economía, que conduce Hernán Lorenzino, al indicar que "hoy la Argentina presentó el primer recurso extraordinario (Writ of Certiorari) ante la Corte Suprema de los Estados Unidos de Nueva York".
"Es un primer recurso contra la sentencia dictada el pasado 26 de octubre de 2012 (por el tribunal), cuando aún se aguarda un fallo definitivo", precisaron.
Estos movimientos del equipo económico, que trabajó el fin de semana en el escrito, marcan la pauta de que el juicio que enfrenta el país contra los fondos buitre se extenderá en el tiempo, al margen del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que se podría concretar en las próximas semanas.
La Argentina estiró la presentación del recurso hasta el plazo de vencimiento previsto para hoy, "de manera de no anticipar los argumentos de una futura apelación contra la resolución definitiva de la Cámara", que aún no se produjo, y que de acuerdo al resultado "podrá ser objeto de otro recurso posterior también ante la Corte Suprema", agregaron las mismas fuentes.
La presentación de la Argentina atacó exclusivamente dos aspectos de la sentencia de la Cámara que confirmaron decisiones del juez Griesa, y que a criterio del país, "afectan cuestiones federales que son las únicas que puede revisar la Corte Suprema".
En primer lugar, el escrito sostiene que "si una Corte viola la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA), al ejecutar reclamos monetarios contra un país mediante el otorgamiento de órdenes que restringen el uso de sus activos ubicados no sólo en EEUU, sino también fuera de su territorio, (esto) supone ir más allá del ámbito de ejecución que prevé la Ley".
El segundo punto afirma que, "si una Corte Federal puede emitir medidas cautelares con anterioridad a la sentencia, forzando a un país a pagar un reclamo puramente monetario, va así en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a que los remedios equitativos tradicionales no incluyen órdenes diseñadas para forzar pagos acordados contractualmente o el cumplimiento específico de obligaciones monetarias".
Con el escrito presentado hoy, "la Argentina sigue maximizando los recursos legales que le han permitido rechazar los intentos de los buitres de cobrar por un lado, y por el otro seguir cumpliendo con los pagos comprometidos por los canjes de 2005 y 2010", enfatizaron las fuentes.
En su oportunidad, Lorenzino manifestó, en este sentido, que "recurriremos a todas las instancias legales que sean necesarias, incluida la de la Corte de los EEUU, para cumplir con los acreedores que confiaron y confían en la Argentina".
Para la Argentina, la decisión de la Cámara "justifica ser revisada porque representa una intromisión sin precedente dentro de las actividades de un Estado extranjero dentro de su propio territorio que hace que surjan preocupaciones sobre las relaciones exteriores de Estados Unidos", sostiene el escrito en relación al primer argumento.
El documento agrega que, al comprometer los pagos del canje para abonarle a los fondos buitre, "la decisión también pone en riesgo el proceso de reestructuración de deuda soberana voluntario que cuenta con el apoyo tanto de Estados Unidos como del resto de la comunidad financiera internacional”.
La presentación hace referencia a las intervenciones que el propio gobierno de EEUU ya ha tenido durante el proceso a través de los fiscales de Nueva York.
De igual modo se señaló el efecto negativo que tendrá sobre la plaza financiera de Nueva York como centro financiero internacional, y del efecto sistémico sobre otras reestructuraciones de deuda.
Asimismo, de cara al juicio en curso en Bélgica de los bonistas europeos del canje, que buscan frenar la avanzada del fallo de Griesa en esa jurisdicción, el equipo económico confirmó a Télam que "avanza sobre el escenario de las respuestas que pueden dar otras Cortes fuera de EEUU".
En otro tramo del escrito, Argentina sostiene que “es difícil concebir una cuestión que irrite más a un Estado extranjero y a la comunidad internacional que la orden de una Corte de una Nación a otra Nación sobre asuntos que van al núcleo de la definición de soberanía”.
Argumenta en otro párrafo del escrito que una solución como la de Griesa "no tiene precedentes en ninguna corte" y "contradice" a otros fallos de distintas Cámaras Federales y de la propia Cámara que la emitió, acerca del `pari passu` (tratamiento igualitario a los acreedores).
Por último, en referencia al segundo argumento esgrimido por Argentina, el texto presentado por Argentina cuestionó aspectos técnicos "referentes a la imposibilidad de las Cortes de conceder remedios basados en equidad cuando existan remedios legales adecuados".
En este sentido, indicaron las fuentes que “las órdenes que, con el objeto de reparar un daño puramente monetario, prohíben que la República efectúe pagos a un grupo de acreedores, a menos que haga pagos pro-rata a otro grupo de acreedores, viola cada uno de estos preceptos fundamentales”.
Estos movimientos del equipo económico, que trabajó el fin de semana en el escrito, marcan la pauta de que el juicio que enfrenta el país contra los fondos buitre se extenderá en el tiempo, al margen del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que se podría concretar en las próximas semanas.
La Argentina estiró la presentación del recurso hasta el plazo de vencimiento previsto para hoy, "de manera de no anticipar los argumentos de una futura apelación contra la resolución definitiva de la Cámara", que aún no se produjo, y que de acuerdo al resultado "podrá ser objeto de otro recurso posterior también ante la Corte Suprema", agregaron las mismas fuentes.
La presentación de la Argentina atacó exclusivamente dos aspectos de la sentencia de la Cámara que confirmaron decisiones del juez Griesa, y que a criterio del país, "afectan cuestiones federales que son las únicas que puede revisar la Corte Suprema".
En primer lugar, el escrito sostiene que "si una Corte viola la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA), al ejecutar reclamos monetarios contra un país mediante el otorgamiento de órdenes que restringen el uso de sus activos ubicados no sólo en EEUU, sino también fuera de su territorio, (esto) supone ir más allá del ámbito de ejecución que prevé la Ley".
El segundo punto afirma que, "si una Corte Federal puede emitir medidas cautelares con anterioridad a la sentencia, forzando a un país a pagar un reclamo puramente monetario, va así en contra de la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a que los remedios equitativos tradicionales no incluyen órdenes diseñadas para forzar pagos acordados contractualmente o el cumplimiento específico de obligaciones monetarias".
Con el escrito presentado hoy, "la Argentina sigue maximizando los recursos legales que le han permitido rechazar los intentos de los buitres de cobrar por un lado, y por el otro seguir cumpliendo con los pagos comprometidos por los canjes de 2005 y 2010", enfatizaron las fuentes.
En su oportunidad, Lorenzino manifestó, en este sentido, que "recurriremos a todas las instancias legales que sean necesarias, incluida la de la Corte de los EEUU, para cumplir con los acreedores que confiaron y confían en la Argentina".
Para la Argentina, la decisión de la Cámara "justifica ser revisada porque representa una intromisión sin precedente dentro de las actividades de un Estado extranjero dentro de su propio territorio que hace que surjan preocupaciones sobre las relaciones exteriores de Estados Unidos", sostiene el escrito en relación al primer argumento.
El documento agrega que, al comprometer los pagos del canje para abonarle a los fondos buitre, "la decisión también pone en riesgo el proceso de reestructuración de deuda soberana voluntario que cuenta con el apoyo tanto de Estados Unidos como del resto de la comunidad financiera internacional”.
La presentación hace referencia a las intervenciones que el propio gobierno de EEUU ya ha tenido durante el proceso a través de los fiscales de Nueva York.
De igual modo se señaló el efecto negativo que tendrá sobre la plaza financiera de Nueva York como centro financiero internacional, y del efecto sistémico sobre otras reestructuraciones de deuda.
Asimismo, de cara al juicio en curso en Bélgica de los bonistas europeos del canje, que buscan frenar la avanzada del fallo de Griesa en esa jurisdicción, el equipo económico confirmó a Télam que "avanza sobre el escenario de las respuestas que pueden dar otras Cortes fuera de EEUU".
En otro tramo del escrito, Argentina sostiene que “es difícil concebir una cuestión que irrite más a un Estado extranjero y a la comunidad internacional que la orden de una Corte de una Nación a otra Nación sobre asuntos que van al núcleo de la definición de soberanía”.
Argumenta en otro párrafo del escrito que una solución como la de Griesa "no tiene precedentes en ninguna corte" y "contradice" a otros fallos de distintas Cámaras Federales y de la propia Cámara que la emitió, acerca del `pari passu` (tratamiento igualitario a los acreedores).
Por último, en referencia al segundo argumento esgrimido por Argentina, el texto presentado por Argentina cuestionó aspectos técnicos "referentes a la imposibilidad de las Cortes de conceder remedios basados en equidad cuando existan remedios legales adecuados".
En este sentido, indicaron las fuentes que “las órdenes que, con el objeto de reparar un daño puramente monetario, prohíben que la República efectúe pagos a un grupo de acreedores, a menos que haga pagos pro-rata a otro grupo de acreedores, viola cada uno de estos preceptos fundamentales”.
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