Estados Unidos abrió la cárcel en la base naval de Guantánamo en 2002, contra la voluntad del Gobierno y pueblo de Cuba, para encerrar allí a toda persona considerada sospechosa de terrorismo. La prisión es considerada un moderno campo de concentración donde se aplican brutales torturas a los presos, como el aislamiento en celdas con temperaturas extremas o mantenerlos amarrados en posición fetal por más de 24 horas sin alimentos.
Los 166 detenidos fueron capturados en el extranjero y llevan más de una década sin enfrentar juicio ni cargos concretos. Al menos 130 internos mantienen un ayuno iniciado el 6 de febrero de 2013 para denunciar severas medidas disciplinarias como el confinamiento por tiempo indefinido, los registros a sus pertenencias y la confiscación de copias del Corán, el libro sagrado de los musulmanes.
El Departamento de Defensa reconoce a 92 huelguistas, mientras que el teniente coronel Samuel House confirmó en un escueto correo electrónico que 16 detenidos son forzados a recibir nutrientes líquidos por sondas nasogástricas, mientras otros dos están hospitalizados por deshidratación extrema.
Guantánamo, un centro de tortura en territorio cubano
Cuando Cuba se presente el próximo 1 de mayo al Examen Periódico Universal (EPU) que le corresponde en el Consejo de Derechos Humanos, su informe estará incompleto, pues el ámbito de aplicación no podrá incluir el territorio que Estados Unidos ocupa militarmente en la suroriental bahía de Guantánamo. Se trata de un área de 117,6 kilómetros cuadrados donde el Pentágono mantiene una base naval, que el gobierno de la isla considera ilegal, y donde opera un centro de detención y tortura, según denuncias internacionales.
La base fue resultado de un Convenio para las Estaciones Carboneras y Navales firmado entre ambos gobiernos cuando la independencia de Cuba fue cercenada por la imposición de una enmienda aprobada por el Congreso estadounidense y firmada por el presidente McKinley, en marzo de 1901. Entonces el territorio cubano estaba ocupado por el ejército del vecino norteño. La Enmienda Platt aseguraba a Washington el derecho a intervenir militarmente en Cuba cuando así lo considerase necesario a sus intereses, así como a establecer la base de Guantánamo bajo los siguientes términos:
“Si bien Estados Unidos reconoce por su parte la continuación de la soberanía definitiva de la República de Cuba sobre las extensiones de tierra y agua arriba descritas, Cuba consiente, por su parte, en que, durante el período en que Washington ocupe dicha área a tenor de las estipulaciones de este convenio, Estados Unidos ejerzan jurisdicción sobre dichas áreas...”.
En adición, ese mismo año, se firmó un Tratado Permanente de Relaciones bilaterales, en el que las ocho cláusulas de la Enmienda Platt son tomadas textualmente y convertidas en los artículos del acuerdo. Veintiún años más tarde, el 29 de mayo de 1934, como resultado de las luchas del pueblo cubano que derrocó al gobierno pronorteamericano de Gerardo Machado, fue firmado un nuevo Tratado de Relaciones que derogaba el de 1903, y con ello la Enmienda Platt.
Empero, el artículo III del nuevo trato establecía textualmente: “Respecto a esa estación naval seguirá también en vigor en las mismas formas y condiciones el arreglo suplementario referente a estaciones navales o carboneras terminado entre los dos Gobiernos el 2 de julio de 1903. Mientras no se abandone por parte de Estados Unidos de América la dicha Estación Naval de Guantánamo o mientras los dos Gobiernos no acuerden una modificación de sus límites actuales, seguirá teniendo la extensión territorial que ahora ocupa, con los límites que tiene en la fecha de la firma del presente Tratado”.
Cual prueba adicional de las condiciones abusivas impuestas a Cuba, Washington pagaba a la isla, que había sufrido una larga, sangrienta y destructiva guerra por su independencia, apenas dos mil dólares por el “arriendo” de ese territorio. Desde 1959 Cuba ha denunciado la ilegalidad de la ocupación parcial de su territorio por parte de Estados Unidos. Según La Habana, el artículo 52 de la Convención de Viena de 1969 declara la abolición de un tratado si se concluye que se ha usado la fuerza o intervención.
La instalación militar de Guantánamo dio apoyo al gobierno de Fulgencio Batista contra el Ejército Rebelde que comandaba Fidel Castro. Los aviones de Batista provocaron víctimas civiles en la población campesina de la Sierra Maestra, con bombas suministradas en la base entre 1956 y 1958. Luego del triunfo de la Revolución Cubana, dos trabajadores civiles guantanameros fueron torturados dentro de la instalación militar. Uno de ellos resultó luego asesinado. Disparos hechos desde el territorio cercenado a la isla también provocaron muertes en soldados de la brigada cubana que custodia la frontera.
Desde el año 2002, dentro de los campos X-Ray, Delta y Echo, en el recinto de la base naval del Pentágono, Estados Unidos recluye a quienes considera sospechosos de actividades terroristas. La Casa Blanca arguyó que los detenidos se encuentran legalmente fuera de Estados Unidos, razón principal para negarles sus derechos constitucionales.
La Corte Suprema rechazó este argumento en el caso Rasul contra George W. Bush durante 2004, y estableció que los reclusos en Guantánamo tengan acceso a cortes norteamericanas al considerar que la Casa Blanca tiene el control exclusivo sobre la instalación. Sin embargo, los internos de los campos Delta y Echo son considerados “combatientes enemigos ilegales”, por lo que no aplican para derechos reconocidos en la Tercera Convención de Ginebra respecto a los prisioneros de guerra, lo cual es considerado una patente de corso para cometer violaciones a los derechos humanos.
En noviembre de 2004 el diario The New York Times publicó extractos de un memorando interno de la Casa Blanca sobre un informe de la Cruz Roja Internacional que considera “equivalentes a tortura” varios de los procedimientos aplicados contra los reclusos. Desde ese año, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha reclamado a Estados Unidos el cierre del centro de detención en Guantánamo por violar la legislación internacional.
Varias organizaciones de derechos humanos en el mundo lo consideran un moderno campo de concentración donde se ensayan métodos para debilitar la voluntad humana. Los maltratos, golpizas, presiones sicológicas, aplicación de la técnica del submarino, las ofensas religiosas, entre otras violaciones, han provocado numerosos suicidios entre los presos. Solo el 10 de junio de 2006 dos sauditas y un yemenita se quitaron la vida dentro de la base, cuyo contralmirante jefe consideró el hecho “un acto de guerra asimétrica y propaganda”.
Quienes lograron salir de allí coinciden en calificarlo como con una versión refinada del terror contra la especie humana, al estilo de los métodos empleados por los nazis en Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenburg, Mauthausen y Ravensbrück. El campo de detención dispone de cortes militares que imponen penas de muerte y cuyas decisiones son inapelables, aceptando como pruebas creíbles las “confesiones” conseguidas bajo coacción o tortura.
“Allí no se cumplen los derechos humanos. Podían hacer con nosotros lo que quisieran”, recuerda Murat Kurnaz, ex prisionero de d Guantánamo. Testimonios como el del joven turco-alemán ilustran la actual situación de quienes aún permanecen encerrados en el centro militar.
Documentos filtrados por el sitio alternativo WikiLeaks revelaron el uso de prácticas violentas de los interrogadores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), obsesionados por conseguir confesiones acerca del fallecido líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, muerto a manos de militares estadounidenses. Ese medio digital también hizo público los casos del afgano Modulá Abdul Raziq y el saudí Mishal Awad Sayaf Alhabiri, algunos de los presos aquejados de enfermedades psiquiátricas que cometieron múltiples intentos de suicidio y pasaron años tras las rejas antes de ser trasladados a sus países de origen.
¡Basta de abusos!, gritan los reclusos en huelga de hambre
En el primer trimestre del año se convirtió en noticia internacional la huelga de hambre iniciada por varios presos de Guantánamo, hartos de las pésimas condiciones, los abusos y castigos denigrantes que sufren. Los protagonistas -en su mayoría ciudadanos árabes- iniciaron el ayuno el pasado 6 de febrero como forma de denunciar las continuas violaciones a los derechos más fundamentales de cualquier humano: ser tratados como personas y con respeto.
Un total de 166 extranjeros llevan casi 11 años tras las alambradas del penal sin enfrentar cargos concretos, aislados del resto del mundo, bajo un absoluto desamparo legal y expuestos a vejaciones, incluidas crueles modalidades de tortura. Seis de ellos comenzaron la protesta, que en pocos días se radicalizó y logró sumar a más de 100 contra la aplicación de severas medidas disciplinarias como el confinamiento por tiempo indefinido, los registros a pertenencias personales y confiscación de copias del Corán, libro sagrado de los musulmanes.
Abogados de los detenidos denuncian que la ocupación de esos textos es considerada una profanación a la fe religiosa de sus clientes, todos recluidos en el bloque llamado Campo seis. Pero el Departamento de Defensa niega que el motivo real del incidente sea la ocupación del Corán y se empeña en tratar con bajo perfil la huelga, considerada ya la más extensa y de mayor intensidad registrada en las cárceles de Guantánamo.
El jefe del comando estadounidense desplegado en la base dijo recientemente que los reclusos iniciaron el ayuno porque están frustrados por la negativa de la Casa Blanca a clausurar ese centro y admitió también la creciente intensidad de la medida de presión. “Estaban muy optimistas con el cierre de Guantánamo. Aparentemente, quedaron devastados (...) cuando el presidente (Barack Obama) retrocedió en esa decisión. Sabemos eso porque nos los dicen”, dijo el general John Kelly ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.
El Pentágono persiste, además, en minimizar la cifra de huelguistas. El 23 de marzo oficiales estadounidenses admitieron la expansión de la huelga de hambre y ubicaron en 26 el número de presos que participan en el movimiento, “de los cuales ocho son alimentados por sonda”, informó en un escueto comunicado el capitán Robert Durand, portavoz de esa instalación militar. El 22 de abril, las autoridades militares confirmaron que 84 de los 166 prisioneros, más de la mitad de los detenidos en Guantánamo, permanecían en huelga; a 16 se les alimentaba de manera forzosa y otros cinco eran tratados en un centro hospitalario.
El 24 de abril el Departamento de Defensa reconoció que 92 detenidos cumplen la extrema medida y 16 son forzados a recibir nutrientes líquidos por sondas nasogástricas. Pero los abogados aseguran que el número real es de 130 prisioneros en huelga, y excepto algunos reclusos de mayor edad, ninguno acepta los nutrientes que ofrecen las autoridades de la cárcel y solo beben agua.
Los principales medios de prensa estadounidenses apenas tratan la huelga y -cuando lo hacen- solo destacan el financiamiento previsto para renovar la base naval. El parlamentario de Reino Unido George Galloway observó que si un caso similar tendría como escenario otro país de seguro los medios occidentales lo hubieran saturado en los periódicos impresos, radio, televisión e Internet.
A pesar del silencio mediático, la huelga se expande y gana espacio en canales de comunicación de diferentes partes del mundo que, incluso, divulgan la horrible situación carcelaria del campo de detención desde su apertura. “Escuchamos que a los abogados no se les permite visitar a los reos. Es más, existe una divergencia grande entre lo que dicen los abogados y la administración. Eso muestra que la administración todavía trata de silenciar la situación, no quieren que se difunda. Y esto significa que pasa algo grave”, comentó el periodista e investigador británico Andy Worthington.
Y aunque Estados Unidos se obstina en silenciar lo que ocurre en el centro de tortura, el asunto incluso se convierte en un tema espinoso para sus relaciones internacionales. En el incidente más reciente, la Cancillería rusa, en medio de un diferendo con Washington, emitió una lista de 18 funcionarios estadounidenses a los que se les niega el ingreso a Moscú. “Nuestra lista incluye principalmente a aquellos responsables de legalizar la tortura y mantener convictos ilimitadamente en la prisión especial de Guantánamo, de detener y secuestrar ciudadanos rusos en terceros países y de poner en peligro sus vidas y su salud”, argumenta el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dentro de Estados Unidos miembros de Testigos contra la Tortura -organización defensora de los derechos civiles- desarrollan varias jornadas de ayuno, vigilias y protestas pacíficas en Washington, Nueva York, Chicago, Los Ángeles y otras ciudades en solidaridad con los detenidos en Guantánamo. El grupo publicó una lista con los nombres de los reos en la instalación militar y llamó a los ciudadanos norteamericanos a enviar cartas a los jefes castrenses en protesta por las arbitrariedades cometidas contra los prisioneros.
El 8 de abril dirigentes de la organización civil norteamericana Psicólogos por la Responsabilidad Social urgieron al secretario de Defensa Charles Hagel atender las preocupaciones de los huelguistas y manifestaron en una carta abierta su preocupación por la salud física y mental de los prisioneros. Advirtieron que si la acción de protesta persiste, los huelguistas tendrán más riesgo de desarrollar perturbaciones emocionales como depresión y ansiedad, además de enfermedades cardiovasculares.
Los especialistas recordaron que los 166 internos del penal llevan más de 11 años encerrados en pésimas condiciones sin enfrentar juicio ni cargos concretos por la falta de voluntad de los líderes políticos de Estados Unidos. “Esos hombres han sido privados de escuchar sus reclamos y de recuperar su autonomía. Múltiples investigaciones demuestran que esos elementos son necesarios para mantener la salud psicológica”, alertaron, tras exigir a Hagel acabar con el abuso a los reos como forma de demostrar el poderío de Estados Unidos.
A fines de marzo, los abogados de los prisioneros en huelga presentaron una moción contra los militares del centro por negarles agua potable. Interpusieron la demanda ante una corte de Washington y revelaron que la ingesta de líquido contaminado provocó problemas estomacales, urinarios y en los riñones de muchos huelguistas. Los letrados presentaron también una declaración jurada de Stephen Xenakis, psiquiatra y general retirado del Ejército de Estados Unidos, que sustenta todos los argumentos expuestos en el recurso legal. La moción fue interpuesta justo cuando un médico y un especialista sanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja supervisan la salud de quienes participan en la acción protesta.
El 15 de abril el abogado de los reclusos Carlos Warner declaró a la CNN que los prisioneros están cada vez más frustrados debido a las terribles condiciones que padecen, y en los últimos meses ese sentimiento se ha incrementado, ya que los detenidos están conscientes de que el proceso legal en curso los tendrá en el limbo (sin una solución a sus casos) por tiempo indefinido. “Se les deja con la perspectiva de que la única manera con la cual podrán abandonar Guantánamo es la muerte”, destacó Warner y advirtió que “desafortunadamente creo que los hombres están dispuestos a aceptar esto (la muerte)”.
Los huelguistas prefieren morir, según la narración del yemenita Samir Naji al Hasan Moqbel, detenido en Guantánamo desde 2002. Él ha perdido ya unas 30 libras y está dispuesto a no ingerir alimento alguno hasta tanto sea restaurada su dignidad, señaló el diario The New York Times. Desde su arresto hace 11 años y tres meses, el prisionero no fue acusado de delito alguno ni ha comparecido ante un tribunal. Asegura que cuando buscaba trabajo en Afganistán ocurrió la invasión estadounidense a ese país en 2001, tras la cual huyó a Pakistán, donde fue detenido y los estadounidenses lo pusieron en el primer avión rumbo a Guantánamo.
Al Hasan Moqbel reveló que fue atado de mano y pie a una cama en el hospital y alimentado por vía intravenosa. Nunca olvidará la primera vez que le pasaron el tubo de alimentación por la nariz: “No puedo describir lo doloroso que es ser alimentado a la fuerza de esta manera; yo quería vomitar, pero no pude, nunca había experimentado tal dolor antes. Yo no le deseo este castigo cruel a nadie...”.
Pese a la gran repulsa internacional y la denuncia permanente de las atrocidades cometidas por la CIA y las fuerzas militares estadounidenses, la base sigue abierta aunque represente un enorme gasto para los contribuyentes norteamericanos, pues cada interno le cuesta al presupuesto estatal unos 800 mil dólares al año contra los 35 mil con los que se mantiene un preso en los establecimientos penitenciarios en la Unión.
Lo peor es que el centro de tortura sigue abierto aunque -como afirman los analistas- sea un “agujero negro” en materia de respeto a los derechos civiles y solo contribuya a llenar de vergüenza la historia de la humanidad.
La Casa Blanca aseguró que el presidente Obama monitorea de cerca la protesta y culpa al Congreso por su incapacidad de cerrar la base-prisión. Según el portavoz presidencial Joshua Earnest, el dignatario demócrata “aún está comprometido con clausurar ese campo de detención, pero demorará en alcanzar ese propósito debido a las leyes impuestas” por los legisladores. Estas declaraciones son las primeras ofrecidas por el Gobierno sobre el tema luego de que Obama asumió su segundo mandato.
Los autores son periodistas de la Redacción Nacional y Norteamérica de Prensa Latina.
Fuente: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013042501
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