La base militar de
Guantánamo es una versión refinada del terror contra la especie humana,
al estilo de los campos nazis de Auschwitz, Dachau y Sachsenhausen.
Estados Unidos admitió que en ese centro de tortura suman 92
huelguistas, 16 de ellos alimentados por la fuerza. El Comité
Internacional de la Cruz Roja, la única autorizada a entrar al centro
militar, reiteró que está en contra de ese procedimiento y respeta el
principio de permitir a los detenidos elegir su destino.
Estados
Unidos abrió la cárcel en la base naval de Guantánamo en 2002, contra la
voluntad del Gobierno y pueblo de Cuba, para encerrar allí a toda
persona considerada sospechosa de terrorismo. La prisión es considerada
un moderno campo de concentración donde se aplican brutales torturas a
los presos, como el aislamiento en celdas con temperaturas extremas o
mantenerlos amarrados en posición fetal por más de 24 horas sin
alimentos.
Los 166 detenidos fueron capturados en el extranjero y
llevan más de una década sin enfrentar juicio ni cargos concretos. Al
menos 130 internos mantienen un ayuno iniciado el 6 de febrero de 2013
para denunciar severas medidas disciplinarias como el confinamiento por
tiempo indefinido, los registros a sus pertenencias y la confiscación de
copias del Corán, el libro sagrado de los musulmanes.
El
Departamento de Defensa reconoce a 92 huelguistas, mientras que el
teniente coronel Samuel House confirmó en un escueto correo electrónico
que 16 detenidos son forzados a recibir nutrientes líquidos por sondas
nasogástricas, mientras otros dos están hospitalizados por
deshidratación extrema.
Guantánamo, un centro de tortura en territorio cubano
Cuando
Cuba se presente el próximo 1 de mayo al Examen Periódico Universal
(EPU) que le corresponde en el Consejo de Derechos Humanos, su informe
estará incompleto, pues el ámbito de aplicación no podrá incluir el
territorio que Estados Unidos ocupa militarmente en la suroriental bahía
de Guantánamo. Se trata de un área de 117,6 kilómetros cuadrados donde
el Pentágono mantiene una base naval, que el gobierno de la isla
considera ilegal, y donde opera un centro de detención y tortura, según
denuncias internacionales.
La base fue resultado de un Convenio
para las Estaciones Carboneras y Navales firmado entre ambos gobiernos
cuando la independencia de Cuba fue cercenada por la imposición de una
enmienda aprobada por el Congreso estadounidense y firmada por el
presidente McKinley, en marzo de 1901. Entonces el territorio cubano
estaba ocupado por el ejército del vecino norteño. La Enmienda Platt
aseguraba a Washington el derecho a intervenir militarmente en Cuba
cuando así lo considerase necesario a sus intereses, así como a
establecer la base de Guantánamo bajo los siguientes términos:
“Si
bien Estados Unidos reconoce por su parte la continuación de la
soberanía definitiva de la República de Cuba sobre las extensiones de
tierra y agua arriba descritas, Cuba consiente, por su parte, en que,
durante el período en que Washington ocupe dicha área a tenor de las
estipulaciones de este convenio, Estados Unidos ejerzan jurisdicción
sobre dichas áreas...”.
En adición, ese mismo año, se firmó un
Tratado Permanente de Relaciones bilaterales, en el que las ocho
cláusulas de la Enmienda Platt son tomadas textualmente y convertidas en
los artículos del acuerdo. Veintiún años más tarde, el 29 de mayo de
1934, como resultado de las luchas del pueblo cubano que derrocó al
gobierno pronorteamericano de Gerardo Machado, fue firmado un nuevo
Tratado de Relaciones que derogaba el de 1903, y con ello la Enmienda
Platt.
Empero, el artículo III del nuevo trato establecía
textualmente: “Respecto a esa estación naval seguirá también en vigor en
las mismas formas y condiciones el arreglo suplementario referente a
estaciones navales o carboneras terminado entre los dos Gobiernos el 2
de julio de 1903. Mientras no se abandone por parte de Estados Unidos de
América la dicha Estación Naval de Guantánamo o mientras los dos
Gobiernos no acuerden una modificación de sus límites actuales, seguirá
teniendo la extensión territorial que ahora ocupa, con los límites que
tiene en la fecha de la firma del presente Tratado”.
Cual prueba
adicional de las condiciones abusivas impuestas a Cuba, Washington
pagaba a la isla, que había sufrido una larga, sangrienta y destructiva
guerra por su independencia, apenas dos mil dólares por el “arriendo” de
ese territorio. Desde 1959 Cuba ha denunciado la ilegalidad de la
ocupación parcial de su territorio por parte de Estados Unidos. Según La
Habana, el artículo 52 de la Convención de Viena de 1969 declara la
abolición de un tratado si se concluye que se ha usado la fuerza o
intervención.
La instalación militar de Guantánamo dio apoyo al
gobierno de Fulgencio Batista contra el Ejército Rebelde que comandaba
Fidel Castro. Los aviones de Batista provocaron víctimas civiles en la
población campesina de la Sierra Maestra, con bombas suministradas en la
base entre 1956 y 1958. Luego del triunfo de la Revolución Cubana, dos
trabajadores civiles guantanameros fueron torturados dentro de la
instalación militar. Uno de ellos resultó luego asesinado. Disparos
hechos desde el territorio cercenado a la isla también provocaron
muertes en soldados de la brigada cubana que custodia la frontera.
Desde
el año 2002, dentro de los campos X-Ray, Delta y Echo, en el recinto de
la base naval del Pentágono, Estados Unidos recluye a quienes considera
sospechosos de actividades terroristas. La Casa Blanca arguyó que los
detenidos se encuentran legalmente fuera de Estados Unidos, razón
principal para negarles sus derechos constitucionales.
La Corte
Suprema rechazó este argumento en el caso Rasul contra George W. Bush
durante 2004, y estableció que los reclusos en Guantánamo tengan acceso a
cortes norteamericanas al considerar que la Casa Blanca tiene el
control exclusivo sobre la instalación. Sin embargo, los internos de los
campos Delta y Echo son considerados “combatientes enemigos ilegales”,
por lo que no aplican para derechos reconocidos en la Tercera Convención
de Ginebra respecto a los prisioneros de guerra, lo cual es considerado
una patente de corso para cometer violaciones a los derechos humanos.
En
noviembre de 2004 el diario The New York Times publicó extractos de un
memorando interno de la Casa Blanca sobre un informe de la Cruz Roja
Internacional que considera “equivalentes a tortura” varios de los
procedimientos aplicados contra los reclusos. Desde ese año, el Comité
de las Naciones Unidas contra la Tortura ha reclamado a Estados Unidos
el cierre del centro de detención en Guantánamo por violar la
legislación internacional.
Varias organizaciones de derechos
humanos en el mundo lo consideran un moderno campo de concentración
donde se ensayan métodos para debilitar la voluntad humana. Los
maltratos, golpizas, presiones sicológicas, aplicación de la técnica del
submarino, las ofensas religiosas, entre otras violaciones, han
provocado numerosos suicidios entre los presos. Solo el 10 de junio de
2006 dos sauditas y un yemenita se quitaron la vida dentro de la base,
cuyo contralmirante jefe consideró el hecho “un acto de guerra
asimétrica y propaganda”.
Quienes lograron salir de allí
coinciden en calificarlo como con una versión refinada del terror contra
la especie humana, al estilo de los métodos empleados por los nazis en
Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenburg, Mauthausen y
Ravensbrück. El campo de detención dispone de cortes militares que
imponen penas de muerte y cuyas decisiones son inapelables, aceptando
como pruebas creíbles las “confesiones” conseguidas bajo coacción o
tortura.
“Allí no se cumplen los derechos humanos. Podían hacer con
nosotros lo que quisieran”, recuerda Murat Kurnaz, ex prisionero de d
Guantánamo. Testimonios como el del joven turco-alemán ilustran la
actual situación de quienes aún permanecen encerrados en el centro
militar.
Documentos filtrados por el sitio alternativo WikiLeaks
revelaron el uso de prácticas violentas de los interrogadores de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA), obsesionados por conseguir
confesiones acerca del fallecido líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden,
muerto a manos de militares estadounidenses. Ese medio digital también
hizo público los casos del afgano Modulá Abdul Raziq y el saudí Mishal
Awad Sayaf Alhabiri, algunos de los presos aquejados de enfermedades
psiquiátricas que cometieron múltiples intentos de suicidio y pasaron
años tras las rejas antes de ser trasladados a sus países de origen.
¡Basta de abusos!, gritan los reclusos en huelga de hambre
En
el primer trimestre del año se convirtió en noticia internacional la
huelga de hambre iniciada por varios presos de Guantánamo, hartos de las
pésimas condiciones, los abusos y castigos denigrantes que sufren. Los
protagonistas -en su mayoría ciudadanos árabes- iniciaron el ayuno el
pasado 6 de febrero como forma de denunciar las continuas violaciones a
los derechos más fundamentales de cualquier humano: ser tratados como
personas y con respeto.
Un total de 166 extranjeros llevan casi 11
años tras las alambradas del penal sin enfrentar cargos concretos,
aislados del resto del mundo, bajo un absoluto desamparo legal y
expuestos a vejaciones, incluidas crueles modalidades de tortura. Seis
de ellos comenzaron la protesta, que en pocos días se radicalizó y logró
sumar a más de 100 contra la aplicación de severas medidas
disciplinarias como el confinamiento por tiempo indefinido, los
registros a pertenencias personales y confiscación de copias del Corán,
libro sagrado de los musulmanes.
Abogados de los detenidos
denuncian que la ocupación de esos textos es considerada una profanación
a la fe religiosa de sus clientes, todos recluidos en el bloque llamado
Campo seis. Pero el Departamento de Defensa niega que el motivo real
del incidente sea la ocupación del Corán y se empeña en tratar con bajo
perfil la huelga, considerada ya la más extensa y de mayor intensidad
registrada en las cárceles de Guantánamo.
El jefe del comando
estadounidense desplegado en la base dijo recientemente que los reclusos
iniciaron el ayuno porque están frustrados por la negativa de la Casa
Blanca a clausurar ese centro y admitió también la creciente intensidad
de la medida de presión. “Estaban muy optimistas con el cierre de
Guantánamo. Aparentemente, quedaron devastados (...) cuando el
presidente (Barack Obama) retrocedió en esa decisión. Sabemos eso porque
nos los dicen”, dijo el general John Kelly ante el Comité de Servicios
Armados de la Cámara de Representantes.
El Pentágono persiste,
además, en minimizar la cifra de huelguistas. El 23 de marzo oficiales
estadounidenses admitieron la expansión de la huelga de hambre y
ubicaron en 26 el número de presos que participan en el movimiento, “de
los cuales ocho son alimentados por sonda”, informó en un escueto
comunicado el capitán Robert Durand, portavoz de esa instalación
militar. El 22 de abril, las autoridades militares confirmaron que 84 de
los 166 prisioneros, más de la mitad de los detenidos en Guantánamo,
permanecían en huelga; a 16 se les alimentaba de manera forzosa y otros
cinco eran tratados en un centro hospitalario.
El 24 de abril el
Departamento de Defensa reconoció que 92 detenidos cumplen la extrema
medida y 16 son forzados a recibir nutrientes líquidos por sondas
nasogástricas. Pero los abogados aseguran que el número real es de 130
prisioneros en huelga, y excepto algunos reclusos de mayor edad, ninguno
acepta los nutrientes que ofrecen las autoridades de la cárcel y solo
beben agua.
Los principales medios de prensa estadounidenses
apenas tratan la huelga y -cuando lo hacen- solo destacan el
financiamiento previsto para renovar la base naval. El parlamentario de
Reino Unido George Galloway observó que si un caso similar tendría como
escenario otro país de seguro los medios occidentales lo hubieran
saturado en los periódicos impresos, radio, televisión e Internet.
A
pesar del silencio mediático, la huelga se expande y gana espacio en
canales de comunicación de diferentes partes del mundo que, incluso,
divulgan la horrible situación carcelaria del campo de detención desde
su apertura. “Escuchamos que a los abogados no se les permite visitar a
los reos. Es más, existe una divergencia grande entre lo que dicen los
abogados y la administración. Eso muestra que la administración todavía
trata de silenciar la situación, no quieren que se difunda. Y esto
significa que pasa algo grave”, comentó el periodista e investigador
británico Andy Worthington.
Y aunque Estados Unidos se obstina en
silenciar lo que ocurre en el centro de tortura, el asunto incluso se
convierte en un tema espinoso para sus relaciones internacionales. En el
incidente más reciente, la Cancillería rusa, en medio de un diferendo
con Washington, emitió una lista de 18 funcionarios estadounidenses a
los que se les niega el ingreso a Moscú. “Nuestra lista incluye
principalmente a aquellos responsables de legalizar la tortura y
mantener convictos ilimitadamente en la prisión especial de Guantánamo,
de detener y secuestrar ciudadanos rusos en terceros países y de poner
en peligro sus vidas y su salud”, argumenta el texto del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Dentro de Estados Unidos miembros de
Testigos contra la Tortura -organización defensora de los derechos
civiles- desarrollan varias jornadas de ayuno, vigilias y protestas
pacíficas en Washington, Nueva York, Chicago, Los Ángeles y otras
ciudades en solidaridad con los detenidos en Guantánamo. El grupo
publicó una lista con los nombres de los reos en la instalación militar y
llamó a los ciudadanos norteamericanos a enviar cartas a los jefes
castrenses en protesta por las arbitrariedades cometidas contra los
prisioneros.
El 8 de abril dirigentes de la organización civil
norteamericana Psicólogos por la Responsabilidad Social urgieron al
secretario de Defensa Charles Hagel atender las preocupaciones de los
huelguistas y manifestaron en una carta abierta su preocupación por la
salud física y mental de los prisioneros. Advirtieron que si la acción
de protesta persiste, los huelguistas tendrán más riesgo de desarrollar
perturbaciones emocionales como depresión y ansiedad, además de
enfermedades cardiovasculares.
Los especialistas recordaron que
los 166 internos del penal llevan más de 11 años encerrados en pésimas
condiciones sin enfrentar juicio ni cargos concretos por la falta de
voluntad de los líderes políticos de Estados Unidos. “Esos hombres han
sido privados de escuchar sus reclamos y de recuperar su autonomía.
Múltiples investigaciones demuestran que esos elementos son necesarios
para mantener la salud psicológica”, alertaron, tras exigir a Hagel
acabar con el abuso a los reos como forma de demostrar el poderío de
Estados Unidos.
A fines de marzo, los abogados de los prisioneros
en huelga presentaron una moción contra los militares del centro por
negarles agua potable. Interpusieron la demanda ante una corte de
Washington y revelaron que la ingesta de líquido contaminado provocó
problemas estomacales, urinarios y en los riñones de muchos huelguistas.
Los letrados presentaron también una declaración jurada de Stephen
Xenakis, psiquiatra y general retirado del Ejército de Estados Unidos,
que sustenta todos los argumentos expuestos en el recurso legal. La
moción fue interpuesta justo cuando un médico y un especialista
sanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja supervisan la salud
de quienes participan en la acción protesta.
El 15 de abril el
abogado de los reclusos Carlos Warner declaró a la CNN que los
prisioneros están cada vez más frustrados debido a las terribles
condiciones que padecen, y en los últimos meses ese sentimiento se ha
incrementado, ya que los detenidos están conscientes de que el proceso
legal en curso los tendrá en el limbo (sin una solución a sus casos) por
tiempo indefinido. “Se les deja con la perspectiva de que la única
manera con la cual podrán abandonar Guantánamo es la muerte”, destacó
Warner y advirtió que “desafortunadamente creo que los hombres están
dispuestos a aceptar esto (la muerte)”.
Los huelguistas prefieren
morir, según la narración del yemenita Samir Naji al Hasan Moqbel,
detenido en Guantánamo desde 2002. Él ha perdido ya unas 30 libras y
está dispuesto a no ingerir alimento alguno hasta tanto sea restaurada
su dignidad, señaló el diario The New York Times. Desde su arresto hace
11 años y tres meses, el prisionero no fue acusado de delito alguno ni
ha comparecido ante un tribunal. Asegura que cuando buscaba trabajo en
Afganistán ocurrió la invasión estadounidense a ese país en 2001, tras
la cual huyó a Pakistán, donde fue detenido y los estadounidenses lo
pusieron en el primer avión rumbo a Guantánamo.
Al Hasan Moqbel
reveló que fue atado de mano y pie a una cama en el hospital y
alimentado por vía intravenosa. Nunca olvidará la primera vez que le
pasaron el tubo de alimentación por la nariz: “No puedo describir lo
doloroso que es ser alimentado a la fuerza de esta manera; yo quería
vomitar, pero no pude, nunca había experimentado tal dolor antes. Yo no
le deseo este castigo cruel a nadie...”.
Pese a la gran repulsa
internacional y la denuncia permanente de las atrocidades cometidas por
la CIA y las fuerzas militares estadounidenses, la base sigue abierta
aunque represente un enorme gasto para los contribuyentes
norteamericanos, pues cada interno le cuesta al presupuesto estatal unos
800 mil dólares al año contra los 35 mil con los que se mantiene un
preso en los establecimientos penitenciarios en la Unión.
Lo peor
es que el centro de tortura sigue abierto aunque -como afirman los
analistas- sea un “agujero negro” en materia de respeto a los derechos
civiles y solo contribuya a llenar de vergüenza la historia de la
humanidad.
La Casa Blanca aseguró que el presidente Obama
monitorea de cerca la protesta y culpa al Congreso por su incapacidad de
cerrar la base-prisión. Según el portavoz presidencial Joshua Earnest,
el dignatario demócrata “aún está comprometido con clausurar ese campo
de detención, pero demorará en alcanzar ese propósito debido a las leyes
impuestas” por los legisladores. Estas declaraciones son las primeras
ofrecidas por el Gobierno sobre el tema luego de que Obama asumió su
segundo mandato.
Los autores son periodistas de la Redacción Nacional y Norteamérica de Prensa Latina.
Fuente:
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013042501
