Por: AP
Se alcanzó tras un maratónico debate. El organismo dejó abierta
la posibilidad de que más reformas se aprueben de ahora en adelante.
Fue un acuerdo que mostró claramente las divisiones de los miembros de
la Organización de los Estados Americanos (OEA) respecto a la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y sus relatorías, pero que
al final dejó a todo el mundo más o menos satisfecho.
Pasada la medianoche, la sede de la OEA rompió en aplausos cuando se logró la unanimidad.
La resolución es el resultado de 22 meses de trabajo para analizar
reformas que refuercen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
pero que para algunos países, activistas y organizaciones de derechos
humanos representan intentos de debilitar a la CIDH y las relatorías,
sobre todo la de la Libertad de Expresión.
El documento acordado el viernes promueve que eventualmente sean los
estados de la OEA los que financien a la CIDH, pero no cierran
totalmente la posibilidad de que estos organismos accedan a capital
exterior. La Relatoría Especial de la Libertad de Expresión depende de
fondos externos y la eliminación de estos hubiera supuesto su
desaparición.
El debate se alargó porque Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela
pedían prolongar el diálogo de la reforma de la CIDH y hablar más a
fondo de la financiación de la Comisión y relatorías. También pedían
negociar en el futuro un posible cambio de la sede de la Comisión, que
quizás se trasladaría de Washington a alguna ciudad latinoamericana. Los
cuatro países exigían enmiendas al documento final que dejaran claros
estos puntos.
Tras la oposición de países como Estados Unidos a eso, Argentina propuso
la solución, al enmendar un párrafo que abre la puerta a una
prolongación del diálogo. El párrafo asegura "mandatar al Consejo
Permanente continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el
fortalecimiento del CIDH, teniendo en cuenta todos los aportes
realizados por los estados, órganos del sistema y la sociedad civil a lo
largo del proceso de reflexión, así como los debates durante la
presente Asamblea General extraordinaria".
Antes del acuerdo, el debate contó con momentos tensos, como cuando el
canciller ecuatoriano Ricardo Patiño criticó con dureza a la CIDH y
posteriormente a la resolución, calificándola de "vacía de toda
sustancia".
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua critican que la CIDH se
financie con fondos externos y acusan a la Relatoría Especial de
Libertad de Expresión de contar con demasiados privilegios en relación a
otras relatorías. Otros países, además de grupos sin fines de lucro y
organizaciones de derechos humanos, consideran estas críticas como
intentos de ahogar financieramente a la relatoría y a la CIDH.
Estados Unidos dejó clara su posición.
"Restringir las contribuciones o eliminar la posibilidad de financiar
actividades específicas de la Comisión viola nuestra promesa de lograr
un sistema más fuerte", dijo William Burns, vicesecretario de Estado
estadounidense. "La mayoría de estados miembros concentrados en
perfeccionar nuestro sistema de derechos humanos deben proteger a la
Comisión de los pocos que intentan debilitarla".
Burns ofreció una contribución de un millón de dólares en financiamiento a la Comisión el viernes.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, expresó la
necesidad de defender a "toda costa" la autonomía del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos. También admitió que muchas de las
reformas que se proponen significarían un alto costo que "la
organización no esta en condiciones de asumir con sus actuales
recursos".
"Este es un tema que no podrá ser concluido en esta asamblea, pero creo
que existe un consenso valioso en cuanto a la necesidad de que, en un
tiempo a determinar, sean los estados miembros de la OEA quienes
financien la totalidad o al menos los aspectos esenciales del sistema",
dijo Insulza.
Ecuador ha acusado a la OEA de atravesar una crisis de legitimidad. El
fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez fustigó repetidamente a la
CIDH y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por considerar que
eran contrarios a su país.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa habló recientemente a favor de
mudar la sede de la CIDH de Washington a Argentina, promover el
financiamiento del organismo por parte de los estados y que sus
integrantes sean ciudadanos de países que se han adherido a ese
instrumento.
La Relatoría Especial de Libertad de Expresión cuenta con la dirección
de la relatora Catalina Botero y tiene más fondos que otras porque pide
dinero externo. Estados como Ecuador, Venezuela, Bolivia o Nicaragua
piden que fondos externos a la OEA no financien más a relatorías como
esta, lo que provocaría su eliminación. La relatoría ha sido en el
pasado crítica con estos países.
La resolución que se debatió el viernes propone considerar a todas las
relatorías como especiales, igualando así sus presupuestos "sobre la
base de un financiamiento adecuado". Insulza dijo el viernes que el
necesario fortalecimiento de unas relatorías no puede significar el
debilitamiento de otras.
Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela piden que la sede de la CIDH
deje de estar en Estados Unidos, ya que este país no ha ratificado la
Convención Americana de Derechos Humanos. El canciller de Guatemala,
Fernando Carrera, habló el viernes a favor de que la sede se traslade a
Costa Rica, sede actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También pidió que los estados aumenten los fondos que destinan a las
relatorías si realmente los miembros de la OEA quieren financiar los
organismos.
Miembros de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos en las
Américas leyeron una declaración antes de que empezara la reunión de la
OEA en la que expresaron "mucha preocupación" si el proceso de reflexión
para reformar la CIDH se alargaba más allá de la Asamblea General
Extraordinaria del viernes.
"El proceso no ha resultado en un aumento del financiamiento de la
Comisión y de la Corte. Por el contrario, los estados, por medio de la
OEA, Solo proveen el 55% del presupuesto de la CIDH, y además varios
estados quieren limitar a la CIDH en su capacidad de recibir fondos
externos", dijo Tirza Flores, miembro de la coalición, a los
periodistas. "Esto implicaría que casi todas las relatorías y la propia
CIDH perderían cerca del 45% de su financiamiento, el cual proviene de
fuentes externas".
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