La CIDH, en peligro
La Nación
Once diarios del Grupo de Diarios
América (GDA) han unido sus voces, a través de este editorial conjunto,
para alertar sobre la gravedad de una reforma impulsada en la OEA por
varios países, que recortaría atribuciones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y de su Relatoría de Libertad de Expresión.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), creada para proteger a los ciudadanos
de los abusos de sus gobiernos, mira con profunda aprensión la próxima
reunión de la Asamblea General de dicho organismo ante la eventualidad
de que ella acuerde cercenamientos sustanciales a sus atribuciones,
reduciéndola a una instancia sin alcances reales.
La referida cita, por realizarse el 22 de marzo en
Washington, tiene la intención de poner fin a un proceso de más de un
año de deliberación sobre el funcionamiento de la CIDH y,
particularmente, de su Relatoría de Libertad de Expresión (RLE). De
aprobarse las propuestas, ésta sería la décima reforma adoptada por la
Comisión desde su fundación en 1959. A diferencia de las ocasiones
previas, en este caso se trata de restarle facultades al ente.
A principios de esta semana, los Estados miembros de la
Convención Americana de Derechos Humanos se reunieron en Ecuador para
"afinar" las propuestas que presentarán el viernes. Entre los ocho
puntos que se acordaron, se hace alusión al financiamiento de las
relatorías. Ello podría dar pie, por ejemplo, a que se elimine su
capacidad de financiamiento externo, lo cual, en la práctica, recortaría
los fondos de la RLE.
Los intentos de recortar las facultades de la RLE,
naturalmente, parten de los gobiernos más restrictivos de la libertad de
expresión y, en consecuencia, los más criticados en sus informes. En
particular, Venezuela, Ecuador y Bolivia han sido elocuentes en esta
cruzada. El representante de Caracas en la OEA ha dicho que la CIDH "es
un instrumento del imperio" y el fallecido Hugo Chávez calificó al
secretario ejecutivo de esta última en términos que no es el caso
reproducir. El mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, ha señalado que la
CIDH es "uno de los últimos vestigios del neoliberalismo de la región".
A su vez, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha declarado que la
CIDH ve violaciones "únicamente en países que no comparten las políticas
del gobierno de Estados Unidos".
Tales naciones han encontrado apoyo en un grupo de
miembros de la OEA, incluyendo a gobiernos que no pueden ser acusados de
antidemocráticos, pero sobre los cuales la CIDH se ha pronunciado por
diferentes motivos. Brasil, por ejemplo, fue objeto de una medida
cautelar, no acatada por el gobierno, para detener la construcción de
una represa hidroeléctrica. Colombia también ha recibido dardos por sus
conocidos problemas en materia de derechos humanos. Acá aparecen
gobiernos de orígenes muy disímiles unidos por un interés común: no
estar sometidos a escrutinios externos por parte de organismos
multilaterales.
No se trata de idealizar al sistema interamericano de
derechos humanos. En el desempeño de sus delicadas labores es posible
que éste haya incurrido en errores. Sin embargo, gran parte de las
acusaciones que se le hacen derivan de haber cumplido con su función:
enfrentar los abusos que los gobiernos han cometido y cometen contra las
libertades ciudadanas, y en especial contra la libertad de prensa.
Ante las amenazas, los periódicos que integran el Grupo
de Diarios de América (GDA) han decidido pronunciarse con una sola voz
para decir que el sistema interamericano de protección de derechos
humanos es resultado de una obra colectiva de más de seis décadas. Esta
organización, nacida hace 21 años para promover la calidad periodística y
defender la libertad de expresión en la región, se siente en la
necesidad de dar un apremiante llamado de alerta. Reconocemos, además,
que la CIDH ha sido igualmente firme para criticar lo que sucede en la
cárcel de Guantánamo o el maltrato a los inmigrantes en Estados Unidos
como para cuestionar las violaciones de derechos humanos y los abusos de
poder en Venezuela y Ecuador, que hoy se han extendido a la Argentina
con mecanismos tendientes a asfixiar a la prensa independiente.
Reducir la autonomía de la CIDH, quitarle posibilidades
para que pueda financiarse y operar de manera independiente, no
favorece a las personas ni a nuestras democracias. En tal sentido hay
que hacerles un llamado firme a las 34 naciones presentes en la OEA para
impedir que un organismo fundamental quede debilitado. Las capitales de
las Américas están llamadas a demostrar su verdadero talante y su
compromiso real con valores universales que separan la barbarie de la
civilización.
No hay comentarios:
Publicar un comentario