Buitres al acecho

 

 

 

 

 

 

Buitres al acecho

Leandro Morgenfeld (DiarioRegistrado.com)

Buitres al acecho

A fines de 2012, dos noticias sacudieron el mundo financiero y llegaron al conocimiento masivo de toda la población: la Fragata Libertad había sido retenida en Ghana y un juez neoyorquino, Thomas Griesa, había ordenado pagar 1450 millones de dólares a los "fondos buitre". El problema de la deuda, que para algunos había sido definitivamente solucionado tras los canjes de 2005 y 2010, volvió al primer plano de la discusión.

En el 2001, luego del festival de endeudamiento de la última dictadura, y la continuidad neoliberal con Alfonsín, Menem y De la Rúa, Argentina declaró el mayor default de la historia. Posteriormente, se realizaron dos canjes, en los que se logró una importante quita. Más del 90% de los acreedores aceptaron las condiciones. El resto, aproximadamente un 7%, incluyendo los llamados "fondos buitre", vienen hace años batallando en la justicia estadounidense para cobrar sin quita alguna. Son especuladores que compraron deuda considerada prácticamente incobrable, muy por debajo del valor nominal, y ahora pretender concretar un gran negocio, obteniendo el 100%.

El polémico fallo de Griesa, apelado en noviembre de 2012 por el gobierno argentino, podría hacer peligrar los pagos a quienes sí entraron en el canje. Lo que resuelva la justicia estadounidense es clave no sólo para la estabilidad económica local, sino para el resto del mundo, ya que de ello dependen las actuales y futuras reestructuraciones de las deudas de otros países al borde del default, como los europeos. En la extensa y dura audciencia que se realizó el miércoles 27 de febrero en New York, Argentina insistió en que si se ratificara el fallo de Griesa se pondría en duda no sólo la capacidad de pago argentina, sino también a New York como sede de futuras restructuraciones.

Además, dio señales concretas de que el país estaba dispuesto a  reabrir el canje para incluir a quienes anteriormente no lo aceptaron. Dos días más tarde, la justicia estadounidense pidió al gobierno argentino que presente una propuesta concreta, antes del 29 de marzo, para pagarles a los buitres. Ese mismo día, el gobierno nacional ratificó la vocación de pagarles con la misma quita que sufrieron los que sí aceptaron los canjes. En los hechos, esto implicaría reabrir el canje cerrado en 2010.

Ante esta disposición (que contradice anteriores declaraciones en el sentido de que no se reabriría el canje), se refuerza la posibilidad de que la Cámara revea el fallo anterior de Griesa y ordene que se les pague a los buitres con la misma quita que recibieron los demás acreedores. Así, el gobierno argentino tendría que reabrir el canje y se alejaría el temor al inminente default técnico. Si, en cambio, el fallo es adverso, el gobierno argentino apelará a la Corte Suprema, para ganar tiempo. Aunque es difícil que la Corte acepte hacerse cargo del caso. Ante esta posibilidad, que genera incertidumbre, caerá más la cotización de los bonos argentinos.

Más allá de la resolución, que se conocerá seguramente a lo largo de este mes, lo importante es volver a discutir sobre la ilegítima deuda externa y sobre la cesión de soberanía que implica aceptar que las querellas con los acreedores se diriman en New York y no en tribunales locales. Si nuestro país debe someterse ahora a las decisiones de un juez de New York es porque, contrariando antiguas doctrinas argentinas de derecho internacional (como las esgrimidas por Calvo y Drago hace más de un siglo, para rechazar el uso de la fuerza para el cobro de deudas), se cedió soberanía jurídica. Lo mismo ocurre con las empresas extranjeras que litigan contra Argentina en el CIADI, tribunal dependiente del Banco Mundial, al que acuden las trasnacionales cuando no acuerdan con decisiones soberanas de los Estados en los que radicaron sus capitales.

Es necesario avanzar hacia otro tipo de soluciones de fondo. Por ejemplo, las negociaciones con los acreedores externos deben realizarse en forma conjunta con los demás países latinoamericanos. Hace 80 años, existió una propuesta mexicana para discutir una moratoria conjunta de las deudas de los países latinoamericanos. El canciller argentino Saavedra Lamas (luego elegido premio Nobel de la Paz, con el apoyo de su par estadoundiense) operó boicotearla. Para alivio de Estados Unidos, su actuación fue crucial para hacer fracasar la iniciativa mexicana, que hubiera sido de mucha ayuda para las asfixiadas finanzas latinoamericanas y que tanto preocupaba a los acreedores estadounidenses. Tras la última dictadura, también se cedió frente a las presiones externas para evitar que el tema de la deuda fuera abordado en forma conjunta por los países latinoamericanos, como se había insinuado en reuniones con otros países de la región.

Las instancias de integración regional, como UNASUR y la CELAC, deberían plantear un rechazo conjunto a organismos como el CIADI (como ya lo hicieron Bolivia, Ecuador y Venezuela) o a los compromisos que impliquen cesión de soberanía jurídica. Ningún juez de New York, en nombre de la seguridad jurídica, debería poder embargar bienes de ningún Estado latinoamericano para saciar los deseos de los especuladores seriales. Eso sí sería traducir en acciones los discursos contra los buitres.

*Docente UBA e ISEN. Investigador del CONICET, radicado en el IDEHESI. Autor de Relaciones peligrosas. Argentina y Estados Unidos (Capital Intelectual, diciembre 2012) y del blog www.vecinosenconflicto.blogspot.com

A fines de 2012, dos noticias sacudieron el mundo financiero y llegaron al conocimiento masivo de toda la población: la Fragata Libertad había sido retenida en Ghana y un juez neoyorquino, Thomas Griesa, había ordenado pagar 1450 millones de dólares a los "fondos buitre". El problema de la deuda, que para algunos había sido definitivamente solucionado tras los canjes de 2005 y 2010, volvió al primer plano de la discusión.

En el 2001, luego del festival de endeudamiento de la última dictadura, y la continuidad neoliberal con Alfonsín, Menem y De la Rúa, Argentina declaró el mayor default de la historia. Posteriormente, se realizaron dos canjes, en los que se logró una importante quita. Más del 90% de los acreedores aceptaron las condiciones. El resto, aproximadamente un 7%, incluyendo los llamados "fondos buitre", vienen hace años batallando en la justicia estadounidense para cobrar sin quita alguna. Son especuladores que compraron deuda considerada prácticamente incobrable, muy por debajo del valor nominal, y ahora pretender concretar un gran negocio, obteniendo el 100%.

El polémico fallo de Griesa, apelado en noviembre de 2012 por el gobierno argentino, podría hacer peligrar los pagos a quienes sí entraron en el canje. Lo que resuelva la justicia estadounidense es clave no sólo para la estabilidad económica local, sino para el resto del mundo, ya que de ello dependen las actuales y futuras reestructuraciones de las deudas de otros países al borde del default, como los europeos. En la extensa y dura audciencia que se realizó el miércoles 27 de febrero en New York, Argentina insistió en que si se ratificara el fallo de Griesa se pondría en duda no sólo la capacidad de pago argentina, sino también a New York como sede de futuras restructuraciones.

Además, dio señales concretas de que el país estaba dispuesto a  reabrir el canje para incluir a quienes anteriormente no lo aceptaron. Dos días más tarde, la justicia estadounidense pidió al gobierno argentino que presente una propuesta concreta, antes del 29 de marzo, para pagarles a los buitres. Ese mismo día, el gobierno nacional ratificó la vocación de pagarles con la misma quita que sufrieron los que sí aceptaron los canjes. En los hechos, esto implicaría reabrir el canje cerrado en 2010.

Ante esta disposición (que contradice anteriores declaraciones en el sentido de que no se reabriría el canje), se refuerza la posibilidad de que la Cámara revea el fallo anterior de Griesa y ordene que se les pague a los buitres con la misma quita que recibieron los demás acreedores. Así, el gobierno argentino tendría que reabrir el canje y se alejaría el temor al inminente default técnico. Si, en cambio, el fallo es adverso, el gobierno argentino apelará a la Corte Suprema, para ganar tiempo. Aunque es difícil que la Corte acepte hacerse cargo del caso. Ante esta posibilidad, que genera incertidumbre, caerá más la cotización de los bonos argentinos.

Más allá de la resolución, que se conocerá seguramente a lo largo de este mes, lo importante es volver a discutir sobre la ilegítima deuda externa y sobre la cesión de soberanía que implica aceptar que las querellas con los acreedores se diriman en New York y no en tribunales locales. Si nuestro país debe someterse ahora a las decisiones de un juez de New York es porque, contrariando antiguas doctrinas argentinas de derecho internacional (como las esgrimidas por Calvo y Drago hace más de un siglo, para rechazar el uso de la fuerza para el cobro de deudas), se cedió soberanía jurídica. Lo mismo ocurre con las empresas extranjeras que litigan contra Argentina en el CIADI, tribunal dependiente del Banco Mundial, al que acuden las trasnacionales cuando no acuerdan con decisiones soberanas de los Estados en los que radicaron sus capitales.

Es necesario avanzar hacia otro tipo de soluciones de fondo. Por ejemplo, las negociaciones con los acreedores externos deben realizarse en forma conjunta con los demás países latinoamericanos. Hace 80 años, existió una propuesta mexicana para discutir una moratoria conjunta de las deudas de los países latinoamericanos. El canciller argentino Saavedra Lamas (luego elegido premio Nobel de la Paz, con el apoyo de su par estadoundiense) operó boicotearla. Para alivio de Estados Unidos, su actuación fue crucial para hacer fracasar la iniciativa mexicana, que hubiera sido de mucha ayuda para las asfixiadas finanzas latinoamericanas y que tanto preocupaba a los acreedores estadounidenses. Tras la última dictadura, también se cedió frente a las presiones externas para evitar que el tema de la deuda fuera abordado en forma conjunta por los países latinoamericanos, como se había insinuado en reuniones con otros países de la región.

Las instancias de integración regional, como UNASUR y la CELAC, deberían plantear un rechazo conjunto a organismos como el CIADI (como ya lo hicieron Bolivia, Ecuador y Venezuela) o a los compromisos que impliquen cesión de soberanía jurídica. Ningún juez de New York, en nombre de la seguridad jurídica, debería poder embargar bienes de ningún Estado latinoamericano para saciar los deseos de los especuladores seriales. Eso sí sería traducir en acciones los discursos contra los buitres.