El
gobierno de la Argentina y el de Estados Unidos trabajaron ayer, en
forma paralela, para presentar mañana sendos escritos ante la Corte de
Apelaciones de Nueva York.
Mientras el Gobierno analizaba cómo incluir de la
manera más sutil posible la posibilidad de reabrir el canje de la deuda,
la administración Obama reiterará que una sentencia definitiva
favorable a los holdouts perjudicará futuras reestructuraciones de deuda de otros países.
Fuentes oficiales indicaron ayer a LA NACION que la
defensa argentina repetirá los argumentos de crítica al criterio de
"pari passu", adoptado por este tribunal en octubre pasado, cuando falló
en contra del Gobierno en la demanda iniciada por "fondos buitre" y 13
minoristas argentinos.
En tanto, en su nuevo "amicus brief", el Departamento
de Justicia de EE.UU., en consulta con los departamentos del Tesoro y de
Estado, también advertirá sobre los riesgos para el sistema financiero
de favorecer a estos demandantes por encima del 93% de acreedores que
aceptó los canjes de 2005 y 2010.
El escrito norteamericano volverá a colocar el acento
no tanto en defender la posición de fondo de la Argentina (de hecho,
Washington le reclama al país permanentemente que pague sus deudas
pendientes) sino en el potencial efecto sistémico de la sentencia.
Anoche, en Buenos Aires se avanzaba en el contacto
entre el Ministerio de Economía y los abogados que representan al país
en EE.UU. del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, para ver
de qué manera se definía la inclusión de algunas palabras referidas a la
posibilidad de reabrir el canje. La idea era hacerlo "en la forma más
condicional posible", indicaron.
De hecho, en su pedido de reconsideración ante esta
segunda instancia, la Argentina ya indicó que si la Cámara de
Apelaciones fallara de acuerdo con lo que pide el país, el Gobierno
consideraría darles una tercera oportunidad a los bonistas que siguen en
default.
Al respecto, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino,
dijo hace un mes que la reapertura del canje en los términos de la
operación de 2010 "iría en línea con los antecedentes jurídicos
[argentinos] y sería pasible de ser debatido en el Congreso", para
levantar la ley cerrojo.
La fuente oficial no quiso dar precisiones, entre otras
razones, porque Economía se tomará hasta el último minuto que tiene
disponible (viernes a la medianoche de Nueva York) para analizar qué
permisos logra en la Casa de Gobierno para sustentar su posición
jurídica.
La última novedad de la causa fue la decisión de ayer
de la Corte de Apelaciones de aceptar el pedido de la casa financiera
porteña Puente, que se presentó en su condición de "amigo de la corte",
asesorada legalmente por el estudio jurídico Cabanellas Etchebarne
Kelly.
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