Millonario embargo contra Chevron en la Argentina
La justicia argentina concedió un embargo contra la operación local de la compañía petrolera Chevron
al reconocer una medida por 19.000 millones de dólares concedida en
Ecuador a raíz de un reclamo por daño ambiental por residentes de una
región del Amazonas en el que habitan comunidades indígenas.
La justicia local reconoció el embargo dispuesto por la
justicia ecuatoriana y lo aplicó a las acciones, los dividendos y el
40% de los depósitos bancarios y de los ingresos futuros que reciba por
la venta de petróleo crudo.
La demanda por daño ambiental es llevada adelante por
residentes de la zona ecuatoriana de Lago Agrio, quienes se consideran
afectados por un monumental daño ambiental, según ellos por
responsabilidad de la petrolera Texaco, que en 2001 fue adquirida por
Chevron.
El embargo se realiza en la Argentina puesto que la
compañía no tiene activos en Ecuador, informó el abogado local de los
demandantes, Enrique Bruchou.
La compañía norteamericana, que rechaza la sentencia
ecuatoriana y la considera producto del fraude y la corrupción, afirmó
en un comunicado no tener "conocimiento de ninguna acción legal de parte
de los demandantes en Argentina, ni tampoco de ninguna orden judicial
en el país".
Los demandantes sostienen
que Texaco contaminó groseramente durante su operación, que duró de 1964
a 1990, cuando abandonó el país andino.
"Chevron Corporation, el supuesto deudor en la
fraudulenta sentencia de Lago Agrio, no tiene activos en Argentina.
Todas las operaciones en dicho país las llevan a cabo subsidiarias que
no tienen nada que ver con el fraude de los demandantes de Ecuador. Los
abogados de los demandantes no tienen el derecho legal para embargar los
activos de las subsidiarias en Argentina, y no se les debería permitir
afectar las actividades de los importantes recursos energéticos de ese
país", señaló en un comunicado firmado por James Craig, asesor de
comunicaciones para América latina y Africa de Chevron Corp.
El embargo fue concedido en la Argentina ya que un juez
de primera instancia al que los demandantes habían solicitado la
posibilidad de hacerlo en virtud de un tratado al respecto vigente entre
los dos países. Bruchou afirmó que se intentarán medidas similares en
Brasil y Colombia y que ya fue presentada otra en Canadá.
Los demandantes sostienen que Texaco contaminó
groseramente durante su operación, que duró de 1964 a 1990, cuando
abandonó el país andino. Y según ellos dejó tras de sí una situación
catastrófica de contaminación y envenenamiento de 500.000 hectáreas de
zona selvática del Amazonas, donde habitaban siete comunidades
originarias Según las demandas que comenzaron hace casi 20 años en los
Estados Unidos, Texaco incumplió con los protocolos de protección
ambiental vigentes entonces, permitiendo la contaminación e
inutilización de suelos, la contaminación de aguas subterráneas, ríos y
arroyos y hasta del aire.
Alegó que en el área hay grandes porcentajes de cáncer,
enfermedades de la piel y abortos espontáneos a causa de la
contaminación con hidrocarburos.
Los afectados son en total alrededor de 30.000. Chevron es demandada como continuadora de Texaco.
Para la petrolera norteamericana "la sentencia de
Ecuador es ilegítima y producto de fraude y soborno. Consideramos que el
fallo obtenido en Ecuador no es ejecutable en ninguna corte que respete
el estado de derecho".
Bruchou explicó que el embargo permite a la compañía
seguir operando, porque sólo se embarga el 40% de las cuentas bancarias y
de los ingresos que obtenga por la comercialización de petróleo crudo.
El abogado reconoció que la operación local de Chevron
tienen un valor mucho menor que el del embargo y que calculó en no más
de 2000 millones de dólares, pero explicó que el embargo sobre las
cuentas y el giro comercial no tiene fecha de finalización y es, según
la decisión del juez, hasta completar los 19.000 millones. Y subrayó:
"No es un reclamo contra las compañías extranjeras, queremos que
utilicen en nuestro país y en América latina los mismos standards de
protección del ambiente y de nuestra gente que aplican en su países de
origen".
El embargo fue dispuesto por el titular del juzgado Nacional Civil de primera instancia 61, a cargo de Adrián Elcuj Miranda.
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