Con
el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de los bonistas que
ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, el Gobierno se jugará a
todo o nada en las próximas semanas a apelar el fallo que lo condena a pagarles a los acreedores que siguen en default.
Luego de la audiencia de anteayer en la que el juez Thomas Griesa advirtió que el Gobierno no puede eludir el cumplimiento del fallo de
la Cámara de Apelaciones, el único escenario posible es lograr que la
Cámara acepte un planteo del 93% de los bonistas, que sí aceptaron
canjear sus bonos impagos.
En cambio, para el Ministerio de Economía la reapertura
del canje no es una opción porque no lograría el objetivo deseado (que
entren los demandantes) y porque tampoco cuenta con el aval presidencial
para hacer una tercera reestructuración.
El diálogo entre Griesa, los abogados de la Argentina,
Carmine Bocuzzi, y del fondo Gramercy (que aceptó el canje), Sean
O'Shea, en la reunión de anteayer, refleja que el cansancio de la
justicia norteamericana hacia el gobierno argentino ya no parece tener
punto de retorno. Cuando O'Shea le pidió al magistrado del sur de Nueva
York, quien definirá en las próximas dos semanas la forma en que la
Argentina les debe pagar a los acreedores, que no deje a los bonistas
que aceptaron los canjes como "rehenes" del juicio entre el Gobierno y
los holdouts, Griesa se enojo.
"No hay rehenes en la Corte; se trata de cumplir con
una sentencia", disparó el magistrado, que ha tenido en sus manos la
mayoría de los casos por el default argentino desde 2002.
O'Shea aclaró a LA NACION desde Nueva York que tienen
una "preocupación", que tratarán de hacer valer ante los próximos pagos
que debe hacer el Gobierno en Nueva York, el 2 y el 15 de diciembre, por
US$ 85 millones del Global 2017 y US$ 3300 millones del cupón ligado al
PBI, respectivamente. Si Griesa definiera la fórmula de pago antes de
esas fechas, como adelantó ayer, afectaría el cobro de los bonos
argentinos que Gramercy tiene al otorgarles los mismos derechos a los
"fondos buitre" que a los minoristas argentinos que ganaron dos
instancias del caso.
"Es la bala de plata que le queda al Gobierno: hacer
valer la influencia de los bonistas que entraron al canje sobre la
Cámara de Apelaciones, porque Griesa tal vez no los escuche, pero la
Cámara sí", opinó un abogado al tanto del caso. En Economía esperan que
fondos como Gramercy sumen sus escritos ante Griesa. Hay intereses en
común entre el Gobierno y esos bonistas que canjearon sus títulos y
podrían habilitar canales informales de diálogo.
El viernes próximo, la Argentina debe presentarle al
juez un plan para pagarles a los holdouts, en un contexto muy
complicado, porque si el magistrado no está conforme con ese planteo, lo
resolverá por sí solo; si el Gobierno quiere eludir ese mal trago,
debería blanquear ante Griesa que tiene un plan de pago; de mínima,
implicaría anunciarle que pretende reabrir el canje nuevamente, lo que
implicaría derogar la "ley cerrojo", sancionada para fomentar el ingreso
de los acreedores en los dos canjes mencionados.
De máxima, sería aceptar la pretensión de los
demandantes, un escenario imposible de imaginar dadas las palabras de la
presidenta Cristina Kirchner y del ministro de Economía, Hernán
Lorenzino, que rechazaron el pago a los "fondos buitre".
Este rechazo generó un fuerte contrapunto entre Griesa y
el abogado de la Argentina Carmine Bocuzzi, ya que el magistrado dijo
que "la República está tratando de eludir el pago" y el letrado lo negó.
Allí, el juez defendió la "rigurosidad" de los diarios argentinos para
reproducir los detalles del caso en la última década.
Fue entonces cuando Griesa advirtió que, si la
Argentina no les hace un pago, recibirá fuertes sanciones de la
justicia, aunque a la vez mantuvo en suspenso la aplicación de la
cuestión de fondo (el criterio sobre el pari passu), pese al pedido de
NML-Elliott en el sentido contrario. Este aspecto -destacado ayer por el
secretario de Finanzas, Adrián Cosentino- fue el único elemento
positivo para la Argentina de la audiencia de anteayer.
La bala de oro
La otra bala, la "de oro", es la posibilidad de que si
Griesa o la Cámara no hacen lugar al planteo argentino, el Gobierno
trate de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Y allí contaría
con un aval clave: el del gobierno norteamericano, que reiterará en un
escrito que la justicia no puede darles a los holdouts un trato mejor
que a los bonistas que entraron en los dos canjes.
Según pudo saber LA NACION, en Washington el reclamo de
los "fondos buitre" provoca una enorme incomodidad. Por un lado, los
funcionarios de la administración Obama creen que darles la razón a los
fondos especulativos en el caso argentino puede boicotear las
reestructuraciones de los países europeos; pero, a la vez, tienen el
mandato del Congreso de apoyarlos, tal como se refleja en el voto
contrario a la Argentina en el Banco Mundial, el BID y, en diciembre
próximo, en el FMI.
A su vez, el argumento de EE.UU. de que un fallo firme
en contra del Gobierno pondría al país al borde de una nueva crisis
económica por un nuevo default -replicado parcialmente por la defensa
argentina ante Griesa- puede tener el peligroso efecto de convertirse en
una profecía autocumplida.
Tensión en crecimiento
Se avecinan semanas clave para la situación de la deuda
adrian cosentino
Secretario de finanzas
- "Como anticipamos, la situación frente a los bonistas que ingresaron [en los canjes] no cambió; seguirán cobrando en tiempo y forma, tal como se comprometió el Gobierno".
thomas griesa
Juez en Nueva York
- "Si hay algún pensamiento de parte de la Argentina de desafiar y evitar el actual fallo, entonces ese pensamiento debe ser reconsiderado y dejado de lado".
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