Las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Argentina
han sido históricamente conflictivas. El país del sur se especializó
desde fines del siglo XIX en la producción y exportación de cereales y
carnes a Europa, que difícilmente podían ingresar en el poderoso mercado
estadounidense.
Los productores agropecuarios del país del norte gozaron de un poder
de presión a través del Congreso y la Secretaría de Agricultura para
dificultar la competencia de países como Argentina. Mediante mecanismos
de protección no arancelaria (medidas sanitarias, subsidios o leyes
antidumping) bloquearon las compras de bienes agropecuarios argentinos.
Esa es una de las fuentes históricas del conflicto que persiste en la
actualidad. Mientras América Latina y El Caribe registraron, en los
primeros ocho meses de 2012, un superávit en el comercio de bienes con
Estados Unidos por 41.236 millones de dólares, Argentina tuvo un déficit
de 4.009 millones de dólares. El desbalance batirá un nuevo récord.
A pesar de esta circunstancia, el gobierno de Obama acusó a la
Argentina de practicar el proteccionismo por limitar las importaciones y
retiró al país del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP),
descuentos aduaneros otorgados a países “no centrales”. Esos beneficios,
si bien solo afectan al 11% de las exportaciones argentinas, tienen el
valor de mostrar la capacidad de la Casa Blanca de aplicar represalias.
Además, Estados Unidos inició una demanda contra el “proteccionismo
argentino” en el marco de la Organziación Mundial del Comercio (OMC).
Argentina, por su parte, en agosto pasado planteó una demanda contra
Estados Unidos, denunciando que utiliza excusas sanitarias para impedir
que entren carnes y limones a su mercado.
La Casa Rosada denuncia, al igual que el gobierno de Brasil y de
otros países latinoamericanos, el proteccionismo no arancelario de
Estados Unidos, Europa y Japón, y en particular los fuertes subsidios
que distorsionan los precios de los bienes agropecuarios. Estados
Unidos, por ejemplo, destina más de 120.000 dólares anuales para
subsidiar a sus productores agropecuarios, y no precisamente a los
pequeños y medianos.
Pero las diferencias económicas no terminan ahí. Los “fondos buitre”,
aquellos acreedores externos que no entraron al canje de la deuda de
2005 y 2010, litigan contra la Argentina. A principios de octubre,
embargaron la Fragata Libertad, un buque argentino que se encontraba en
Ghana. Esto generó un incidente diplomático de alcances impredecibles.
Estos fondos especulativos, que compraron deuda por el 20% o 30% de su
valor nominal, pretenden cobrar bonos por 3.600 millones de dólares más
intereses. Son grandes aportantes en el Partido Republicano y en el
Demócrata, por lo que cuentan con una desmedida, capacidad de lobby.
Por último, la Casa Blanca presiona a la Argentina en favor de
empresas que ganaron juicios en el Ciadi, tribunal dependiente del Banco
Mundial, y busca que el país pague 300 millones de dólares a las
empresas Azurix (exproveedora de servicios de agua y cloacas en Buenos
Aires) y Blueridge (fondo de inversión que compró a la empresa CMS,
accionista de una transportadora de gas que operaba en el país en la época de la convertibilidad).
A pesar de que las dos compañías incumplieron sus contratos tras la crisis de 2001, dejando a miles de familias sin servicios
básicos esenciales, lograron a través de este tipo de “tribunales”
indemnizaciones multimillonarias. Argentina todavía no siguió los pasos
de Bolivia y Venezuela, que ya abandonaron este organismo funcional al
gran capital transnacional.
La profundización de la crisis mundial probablemente incremente las
tensiones en América, en un contexto en que la hegemonía estadounidense
es cada vez más desafiada por la ascendente China y por la influencia
del eje bolivariano, reforzado a partir del reciente triunfo electoral
de Hugo Chávez en Venezuela y la probable reelección de Rafael Correa en
Ecuador, a principios de 2013.
En el caso de Argentina, persisten dos tendencias contradictorias,
una busca profundizar el vínculo con Estados Unidos y otra enfatizar la
necesidad de una prudente distancia. Los primeros, por ejemplo,
pretenden que poderosas petroleras estadounidenses, como Chevron y Exxon
Mobil, que nacieron de la Standard Oil Company de los Rockefeller, sean
seducidas para ingresar en el negocio hidrocarburífero argentino, que
ya no es controlado por la española Repsol.
Desde nuestra perspectiva, la solución a los diferendos aquí
reseñados (pujas comerciales, demandas ante el Ciadi y fondos buitre),
no tiene que buscarse en el ámbito bilateral, en el que Argentina lleva
las de perder, sino plantearse como problemas conjuntos de América
Latina.
Es preciso abocarse a la construcción de un vínculo con Estados
Unidos basado en una perspectiva latinoamericana y autónoma. La Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA), en este sentido, podrían constituirse
en una herramienta útil. Pero estos proyectos latinoamericanos no
pueden prosperar, en un sentido independiente y antiimperialista, si no
afirman las soberanías nacionales sobre sus recursos y decisiones,
apuntando a superar la lógica capitalista.
No hay comentarios:
Publicar un comentario