The Washington Post
| Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández |
Las nuevas normas
emanadas del Departamento de Justicia de Obama amenazan con devolver la
Bahía de Guantánamo al agujero negro legal en el que estaba desde los
primeros días del gobierno de George W. Washington. Las normas, que
empezaron a manifestarse en mayo, se revisarán el viernes en una vista
que se celebrará ante un juez federal de Washington. Como consecuencia
de su contenido, se restringe el acceso de los abogados a los detenidos
que han perdido sus peticiones iniciales de habeas corpus. El efecto que
tendrá será arrebatar a los tribunales el control del acceso de los
abogados a sus clientes, dotando al ejército de unos poderes
discrecionales casi completos para dictar si los abogados pueden, y
cuándo, visitar a los detenidos, cuántos abogados pueden trabajar en un
caso, qué tipo de información pueden obtener y utilizar para representar
a sus clientes y dónde y de qué manera esa información podrá
utilizarse.
Es decir, que en vez de cerrar el campo de prisioneros
como prometió, el Presidente Obama ha devuelto Guantánamo al hermético y
desesperado campo de internamiento que tanto vilipendió cuando era
candidato.
Desde que la prisión de Guantánamo abrió sus puertas
en 2002, sus rasgos distintivos han sido el rechazo a la supervisión
judicial y la exclusión de los abogados. La administración George W.
Bush eligió ese lugar para albergar a los “combatientes enemigos” porque
las autoridades pensaron que la base militar de la isla –y el trato
dado a los detenidos- quedaría lejos del escrutinio de los tribunales.
Después de que el Tribunal Supremo rechazara esa estrategia en su
sentencia de 2004 en el caso Rasul versus Bush, los abogados
afluyeron en gran número a la base. Pronto quedó muy claro no solo que
la mayoría de los detenidos había sufrido abusos y torturas, también que
a la mayoría de ellos no debería habérselos detenido jamás. Desde la
sentencia Rasul, han quedado libres más de 600 de los casi 800 hombres musulmanes que han pasado por Guantánamo.
En 2008, la sentencia del tribunal en el caso Boumediene versus Bush reafirmó que los detenidos tenían derecho a una revisión judicial significativa de la base legal y factual de su detención. Boumediene reabrió los tribunales a los detenidos, recuperándose el derecho de habeas corpus tras años de suspensión.
En los primeros tres años tras el fallo de Boumediene,
la mayoría de los detenidos ganaron sus casos en tribunales inferiores,
lo que puso de relieve la debilidad de los argumentos utilizados por la
administración Bush para llevar a cabo las detenciones. Pero el pasado
año, la Corte de Apelaciones estadounidense para el Circuito DC ha
revertido todas esas decisiones e impuesto unos estándares legales que
hacen que sea prácticamente imposible ganar un caso de habeas. Mientras
tanto, la negativa del Tribunal Supremo a revisar el desafío de los
tribunales de Circuito D.C. respecto a la promesa contenida en Boumediene
–a pesar de una petición de súplica presentada este año en siete
apelaciones diferentes- pone punto final a la supervisión judicial
significativa de Guantánamo.
Así pues, las nuevas normas del Departamento de Justicia están devolviendo a Guantánamo al punto de partida. Este mes, en una presentación ante un tribunal,
la administración Obama mostró su incorrecto razonamiento argumentando
que, en ausencia de peticiones activas de habeas corpus, los abogados no
necesitan tener garantizado el acceso a sus clientes ni a la
información clasificada necesaria para poder presentar sus demandas. Los
funcionarios de Obama, al igual que la administración Bush antes que
ellos, dicen que el gobierno debería tener un irrestricto control sobre
Guantánamo.
Pero no hay justificación militar o legal plausible
alguna para castigar de esa forma a los detenidos. Guantánamo sigue
estando a miles de kilómetros de cualquier hostilidad activa. Más aún,
entre los miles de visitas de abogados a clientes que se han producido a
lo largo de los últimos ocho años, no ha habido ningún informe creíble
de que se haya divulgado una información reservada ni dañado a la
seguridad nacional.
El retroceso de la administración Obama, a causa de la evisceración de Boumediene por
los tribunales del Circuito D.C. y la fallida promesa del presidente de
cerrar la prisión, está devolviendo el statu quo de Guantánamo a la era
anterior a Rasul, cuando Guantánamo era un lugar icónico de la
negación de los derechos jurídicos de seres humanos o del acceso al
mundo exterior.
Esta evolución es tan poco sorprendente como
peligrosa. En 2004, el Tribunal Supremo se sintió motivado para asegurar
una supervisión judicial sobre las operaciones de detención en
Guantánamo a causa de las revelaciones sobre las torturas de Abu Ghraib,
así como por la preocupación ante una serie de detenciones en las que
no mediaba acusación ni juicio algunos. Actualmente, la mayoría de la
gente cree que Obama ha puesto fin
a las torturas en Guantánamo. Sin embargo, esto no significa que no sea
ya necesario el control judicial. Los abusos y las torturas podrían
fácilmente reaparecer si no existe la vigilancia adecuada. No obstante,
el problema fundamental en Guantánamo ha sido siempre la detención indefinida sin acusación ni juicio, que en sí misma es una forma de tortura.
La
tortura en Guantánamo fue el legado del Presidente Bush. Confío en que
el legado del Presidente Obama no sea la legitimación de la detención
indefinida sin acusación y juicio y hacer de Guantánamo el lugar donde
los Estados Unidos envían a los detenidos musulmanes a envejecer y
morir.
Baher Azmy es el director jurídico del Centro por los Derechos Constitucionales de EEUU.
Fuente: http://www.washingtonpost.com/opinions/obama-turns-back-the-clock-on-guantanamo/2012/08/16/e97f10c2-e62c-11e1-936a-b801f1abab19_story.html
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