La OEA cierra su tercera sesión extraordinaria sin decisiones sobre Paraguay
El Consejo Permanente de la OEA
concluyó hoy su tercera sesión extraordinaria dedicada a analizar la
situación política en Paraguay sin decisiones, puesto que la mayoría de los países pidió tiempo para analizar el informe del secretario general, José Miguel Insulza, tras su visita al país.
El representante de Bolivia, Diego Pary, dio por cerrada la sesión
sin haber llegado a ningún consenso sobre cómo actuar ante la situación
en Paraguay “considerando la necesidad que tienen las delegaciones de
que el informe (de Insulza) sea analizado por sus respectivas
cancillerías en las capitales”.
Según Pary, el informe de Insulza, quien hoy expresó su oposición a suspender a Paraguay de la OEA
y apostó por enviar otra misión al país, así como otros documentos
serán analizados y discutidos en próximas sesiones del Consejo
Permanente “que se convoquen para tal efecto a la mayor brevedad
posible”.
Insulza rechaza que la OEA suspenda a Paraguay por la destitución de Fernando Lugo
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza,
manifestó hoy su oposición a suspender a Paraguay del organismo
multilateral, como han pedido varios Estados miembros, y apostó por
enviar otra misión al país.
Video: Telesur 10 de julio de 2012
“Considero altamente conveniente el despliegue inmediato de una
misión de observación que acompañe el proceso conducente a los comicios
de abril de 2013 y facilite el diálogo político”, dijo Insulza durante
la presentación del informe de su visita al país sudamericano la pasada
semana, en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.
“Algunos países ya han adoptado medidas contra el Gobierno de Paraguay, y han propuesto suspenderlo.
(…) Estimo que la adopción por parte de la OEA de una medida similar no
contribuiría a alcanzar nuestros objetivos, y conllevaría altas
implicaciones económicas para el país”, señaló.
Ésta es la tercera sesión extraordinaria del Consejo Permanente desde
que Fernando Lugo fue sometido a un juicio político por el Senado de su
país y destituido como presidente de Paraguay el 22 de junio pasado, día en que asumió el hasta entonces vicepresidente, Federico Franco.
Tanto la Unasur como el Mercosur han suspendido a Paraguay como miembro por considerar que hubo una ruptura institucional.
El titular de la OEA subrayó hoy que en Paraguay “existe una
situación de normalidad política, social y económica que es conveniente
preservar”, y que quedaría afectada por una suspensión “dado el
impacto directo de la decisión en otras instituciones del sistema
interamericano y en la vida económica del país”.
En cambio, apoyó la convocatoria de una Asamblea General
extraordinaria para que los cancilleres del continente examinen la
crisis, lo que “podría permitir la búsqueda de salidas constructivas en
tanto se tenga presente que el punto de unión de todos los países
miembros es el fortalecimiento de la democracia en Paraguay”.
“Si estos órganos fueran requeridos, esperamos que puedan expedirse en esta materia de la manera más rápida posible”
“Más que impulsar sanciones, deberíamos unirnos en torno a un
enfoque que privilegie el apoyo de la organización para la realización
de diálogos con visión de mediano y largo plazo y que involucren a los actores políticos paraguayos en la superación de la situación actual”, indicó.
Insulza recordó que los abogados del expresidente Lugo han expresado
su intención de llevar su recurso de inconstitucionalidad por la
destitución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y
la CorteIDH, dos organismos autónomos de la OEA.
“Si estos órganos fueran requeridos, esperamos que puedan expedirse
en esta materia de la manera más rápida posible”, indicó, y recordó que
antes de ese paso debe cerrarse el proceso en la Corte Suprema de
Paraguay.
El responsable de la OEA consideró que las decisiones que tome el organismo deben permitir que se cumplan tres objetivos: “llevar
a término el proceso judicial, fortalecer la gobernabilidad de Paraguay
en el período de transición hacia las elecciones de 2013 y asegurar un
proceso electoral participativo y transparente”.
Insulza había señalado, al comienzo de su intervención, que las
conclusiones de su informe fueron elaboradas por él y bajo su “propia
responsabilidad”, sin perjuicio de las decisiones que puedan tomar los
Estados miembros durante la reunión.
Finalmente, consideró que el juicio político contra Lugo fue “conforme al procedimiento constitucional”
si bien “es natural que haya provocado reacciones muy negativas” entre
los Estados y por ello debe “examinarse de manera cuidadosa”.
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