Una reforma que debilita los mismos principios que defiende
La
Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo esta semana una ruidosa
asamblea general, donde el presidente anfitrión, el boliviano Evo
Morales, y su par ecuatoriano, Rafael Correa, consiguieron imponer,
después de arengas contra el "imperialismo" norteamericano, la necesidad
de reformar el organismo para defender mejor "los intereses de la
región".
Por la presión de esos reclamos, el Consejo Permanente
de la OEA evaluará, en los próximos meses, en Washington, un proyecto de
reforma de resultado incierto, que podría hacer tambalear los mismos
principios que promueve: entre ellos, y sobre todo, la plena defensa de
los derechos humanos.
Todo ello es parte de la "refundación" que los
gobiernos de Bolivia, Ecuador y, erigiéndose por detrás, Venezuela,
buscan para la OEA y para su instrumento más respetado, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Queda por ver cuáles son "los intereses de la región"
que pregona el bloque bolivariano que también integran Nicaragua y Cuba,
entre sus principales miembros.
"Hay muchos gobiernos que se amparan diciendo que, como
ganaron las elecciones, ya están habilitados para hacer de todo, como
amañar elecciones o controlar a la prensa", dijo a LA NACION Rodolfo
Gil, ex embajador argentino en la OEA.
Los gobiernos del ALBA "se sienten incómodos porque
siempre están en el banquillo de los acusados. Lo que quieren es ejercer
cierto tipo de control sobre la CIDH. Decir: «Ustedes van a investigar,
pero van a investigar de tal manera». La CIDH tiene que ser totalmente
independiente y actuar ajena a los gobiernos. Si no, no tiene sentido",
agregó.
Gil cree que los gobiernos bolivarianos tienen "alguna
posibilidad" de lograr que su reforma tenga éxito. Pero es probable que,
debido a que las resoluciones de la OEA requieren consenso, el intento
se disuelva en la nada.
Las reformas propuestas, según las organizaciones de
derechos humanos, amenazan la autonomía de la comisión, al exigir, por
ejemplo, que la CIDH discuta sus informes con los gobiernos. En palabras
del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, cuestionado por
supuestamente ceder a los reclamos de Bolivia y Ecuador, la comisión
debe actuar menos como un "tribunal" y buscar más "soluciones amistosas
con los Estados".
Rubén Perina, ex funcionario de la OEA y actual
profesor universitario en Washington, cree que la explosiva retórica
contra la CIDH es "para mover el foco de la atención". "Buscan cuidarse,
taparse, lanzar cortinas de humo para otras cosas", entre ellas, tal
vez, sus propios abusos de los derechos humanos.
Por lo menos desde la ola democrática de los 80, afirmó
Perina, la OEA ha tomado decisiones que fueron muchas veces en contra
de los deseos de Estados Unidos.
Tal es el caso del golpe de Honduras en 2009, cuando la
OEA votó suspender al país como miembro del organismo, pese a la
oposición norteamericana. El argumento de la OEA como avanzada del
imperialismo, como brazo político del mal, entonces, caería por peso
propio.
"Lo que pueden lograr con la reforma es dilatar las
respuestas a las demandas cautelares de la CIDH, no tener que responder
rápidamente", dijo Perina sobre un eventual triunfo de la propuesta del
ALBA.
Para Diego Guelar, ex embajador argentino en
Washington, "por los mecanismos de la OEA, es difícil que se logre el
cambio, porque las resoluciones necesitan un consenso y no lo va a
haber. La propuesta va a ser neutralizada".
Y agregó: "Lo que sí logran esos gobiernos es hacer barullo. Los países serios ponen las luces, ellos ponen el ruido".
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