Caracas, 04 Jun. AVN.- Este lunes, desde
Cochabamba, Bolivia, el presidente ecuatoriano Rafael Correa denunció la
subordinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a
los intereses de capitales extranjeros y de la extrema derecha
empresarial que se opone a las transformaciones democráticas que viven
la mayoría de los países de América Latina.
En el segundo día de sesión de la 42 Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Correa subrayó que el objetivo
de los gobiernos de la región es transformar la democracia en justicia
social, así como la desintegración del Estado burgués en favor de un
Estado que vele por los derechos de los pueblos
Insistió en que las instituciones deben estar a la altura del cambio
de época,"revolucionarse o desaparecer" y entender que no son fines sino
medios para brindarle a los ciudadanos un buen vivir.
El sistema interamericano no está a la altura de la revolución
continental, afirmó tras enumerar problemas locales como la presencia de
un enclave colonial en Argentina, el embargo que padece el pueblo
cubano o la impunidad del golpe de estado contra el ex mandatario
hondureño, Manuel Zelaya.
La crisis de eficacia y representatividad de la CIDH va de la mano
con la influencia y dominación de países hegemónicos, del gran capital
tras los negocios de la comunicación, que operan a través de las
organizaciones no gubernamentales (ONG), denunció.
"No debemos olvidar que la CIDH no ha sido ratificada por todos los
países miembros de la OEA y que se financia en un 96,5% a través de
fondos externos, aportados específicamente por países que no han
ratificado la Convención de Derechos Humanos de la OEA, de Estados
denominados 'Estados observadores' (principalmente forman parte de la
Unión Europea) y de organismos y fundaciones de cooperación
internacional".
Correa instó a los asistentes a rechazar la imposición de principios
jurídicos o culturales de las grandes potencias para enfocarlos derechos
humanos en la región" y mucho menos la "doble moral de ciertos Estados
americanos, miembros de la OEA", que no han suscrito la Convención "pero
deciden sobre su normativa, sobre su institucionalidad".
Calificó de incomprensible, intolerable y aberrante que la sede la
CIDH esté en Washington cuando EEUU no es signatario el Pacto de San
José.
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