INFORME DE EEUU: CUANDO VENDEN GATO POR LIEBRE
Buenos Aires, 26 de mayo (Télam, por Alberto Dearriba).- El intento de
los medios más concentrados de presentar el habitual informe sobre
derechos humanos del Departamento de Estado norteamericano como una dura
crítica de Estados Unidos al gobierno argentino por una supuesta falta
de libertad de prensa, representa un esforzado ejercicio de malabarismo
periodístico que sólo puede realizarse en un país con plena libertad de
prensa.
El informe sobre derechos humanos -una materia en la que el gobierno argentino es un ejemplo mundial- incluyó referencias a la situación de la prensa en la Argentina, caracterizada por la tensión que genera el intento gubernamental de hacer cumplir un artículo antimonopólico de la ley de medios audiovisuales.
El documento norteamericano se refiere en un apartado de 25 carillas a la vigencia de los derechos humanos en la Argentina, a la corrupción, al funcionamiento de la justicia y a la libertad de expresión: en cada ítem puntualiza situaciones negativas y destaca la evolución positiva en términos generales.
El texto del Departamento de Estado sostiene que la Argentina respeta “generalmente” la libertad de expresión aunque “con excepciones” y menciona “la conflictiva relación que el gobierno tiene con la censura indirecta de ciertos medios”.
En realidad, los medios gozan en la Argentina de una libertad de prensa tan calificada como la que existe en otros países democráticos. Hay en cambio una tensión provocada por el intento oficial de desmonopolizar la agenda periodística a través de una ley que obliga a los medios audiovisuales concentrados a desprenderse de señales.
El hecho de que un centenar de periodistas reclamen que “queremos preguntar” o que en alguna dependencia oficial se utilicen gorritas con la leyenda “Clarín miente”, de lo cual se ocupa increíblemente el informe estadounidense, no constituye precisamente una violación a la libertad de prensa.
Los gobiernos dictatoriales pueden realizar conferencias de prensa sin que ello implique la existencia de un margen de libertad más amplio que el existente bajo los gobiernos que no las convocan. Si bien cualquier periodista prefiere obviamente el contacto directo, la elección de los discursos trasmitidos en directo a la ciudadanía como forma de comunicación, es totalmente legítima.
En las épocas en que los funcionarios sólo recibían a los redactores de los dos diarios más importantes y dejaban en la puerta de los despachos a los de menor tiraje, nadie interpretaba ese favoritismo como una manifestación de la falta de libertad de prensa.
La SIP le da letra al informe norteamericano sobre la desigual distribución de los avisos oficiales, en lo que constituye una defensa de la libertad de empresa antes que la de expresión. Allí está en juego una cuestión comercial y no la libertad de prensa. Por otra parte, es potestad de los gobiernos democráticos reproducir la concentración mediática al repartir la pauta o intentar equilibrarlo.
Uno de los hechos inaugurales del kirchnerismo más celebrados desde distintas posiciones políticas, fue suplantar a los miembros de la desprestigiada Corte Suprema de Justicia menemista, por jueces supremos probos intelectual, moral y profesionalmente.
Ese tribunal, acaba de producir un fallo que limita hasta el 7 de diciembre la extensión de la medida cautelar que suspendió la aplicación de la cláusula antimonopólica contenida en el artículo 161 de la ley sobre servicios audiovisuales, en lugar de haber terminado ya con la dilación como pretendía el gobierno .
Pero ese mismo tribunal advirtió que el reclamo de Clarín se refiere a “cuestiones de naturaleza patrimonial” y no aporta argumentos que permitan inferir que la norma sobre desinversión afecta a la libertad de prensa. Dicho de otro modo, la discusión se circunscribe para la Corte a una cuestión exclusivamente económica.
Más allá del conflicto por la distribución de la pauta oficial y por la ley de medios, el informe norteamericano reconoce que “los periódicos independientes, las radios, la televisión y lo sitios de Internet fueron numerosos y activos, expresando una amplia variedad de visiones” No dice en cambio que esa visión sería aún más plural si la ley de medio tuviera ya aplicación plena.
En cuanto a la vigencia de los derechos humanos, es obvio que el kirchnerismo tiene ante el mundo sobrados motivos para salir airoso en cualquier examen, no sólo por haber promovido la inusual condena de los genocidas, sino también por evitar que se reprima sistemáticamente la protesta social, como se hace en muchas naciones democráticas.
El gobierno de Néstor Kirchner pagó un elevado costo político -y su sucesora lo sigue haciendo- por no dispersar violentamente cortes de vías de tránsito que les ponen los pelos de punta a quienes deben superar estas vallas como en una carrera de obstáculos, para cumplir sus obligaciones.
Cuando el informe norteamericano cuestiona el “uso excesivo de la fuerza policial” se refiere en realidad a las reiteradas acciones de “gatillo fácil” que, según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), produjeron 145 muertes entre noviembre del 2009 y el mismo mes del 2010.
Si sólo se extrae del texto la mención a los abusos policiales -como lo hacen los medios concentrados- se tergiversa su espíritu, que destaca también la aplicación de “severas sanciones”, suspensiones, detención y procesamientos de policías involucrados en estos hechos. Se oculta igualmente que el informe dice que “el gobierno respetó en general” las normas sobre arrestos y detenciones”.
Pero es obvio que una visión de la violencia que se ejerce desde el poder sobre ciudadanos indefensos, siempre contiene alusiones críticas. Lo mismo ocurriría si un funcionario argentino tuviera que escribir sobre las acciones de las tropas invasoras de los países desarrollados en Libia, Afganistán o Irak. O sobre el tratamiento a los presos en la base de Guantánamo.
Hay un párrafo que alude además a la “continua violación de los derechos de los pueblos indígenas”, aunque no está claro si se refiere a la expropiación ancestral de sus tierras que sufren los pueblos originarios por las oligarquías regionales, o al asesinato de ciudadanos qom en Formosa a manos policiales. Un proceso similar sufrieron los indígenas del oeste norteamericano, donde -al igual que en la Patagonia- fueron exterminados pueblos enteros.
El informe señala también la existencia de un sistema judicial “generalmente inefectivo y politizado” lo cual parce quedar confirmado con el freno impuesto por un juez a un artículo central de la ley de medios audiovisuales, sancionada con fuerte respaldo por el Congreso Nacional. Los vericuetos de la justicia -dice el informe- “minan sistemáticamente los intentos de reducir la corrupción”, pero no dice que suelen servir también para mantener privilegios de los poderes fácticos.
El informe sobre derechos humanos -una materia en la que el gobierno argentino es un ejemplo mundial- incluyó referencias a la situación de la prensa en la Argentina, caracterizada por la tensión que genera el intento gubernamental de hacer cumplir un artículo antimonopólico de la ley de medios audiovisuales.
El documento norteamericano se refiere en un apartado de 25 carillas a la vigencia de los derechos humanos en la Argentina, a la corrupción, al funcionamiento de la justicia y a la libertad de expresión: en cada ítem puntualiza situaciones negativas y destaca la evolución positiva en términos generales.
El texto del Departamento de Estado sostiene que la Argentina respeta “generalmente” la libertad de expresión aunque “con excepciones” y menciona “la conflictiva relación que el gobierno tiene con la censura indirecta de ciertos medios”.
En realidad, los medios gozan en la Argentina de una libertad de prensa tan calificada como la que existe en otros países democráticos. Hay en cambio una tensión provocada por el intento oficial de desmonopolizar la agenda periodística a través de una ley que obliga a los medios audiovisuales concentrados a desprenderse de señales.
El hecho de que un centenar de periodistas reclamen que “queremos preguntar” o que en alguna dependencia oficial se utilicen gorritas con la leyenda “Clarín miente”, de lo cual se ocupa increíblemente el informe estadounidense, no constituye precisamente una violación a la libertad de prensa.
Los gobiernos dictatoriales pueden realizar conferencias de prensa sin que ello implique la existencia de un margen de libertad más amplio que el existente bajo los gobiernos que no las convocan. Si bien cualquier periodista prefiere obviamente el contacto directo, la elección de los discursos trasmitidos en directo a la ciudadanía como forma de comunicación, es totalmente legítima.
En las épocas en que los funcionarios sólo recibían a los redactores de los dos diarios más importantes y dejaban en la puerta de los despachos a los de menor tiraje, nadie interpretaba ese favoritismo como una manifestación de la falta de libertad de prensa.
La SIP le da letra al informe norteamericano sobre la desigual distribución de los avisos oficiales, en lo que constituye una defensa de la libertad de empresa antes que la de expresión. Allí está en juego una cuestión comercial y no la libertad de prensa. Por otra parte, es potestad de los gobiernos democráticos reproducir la concentración mediática al repartir la pauta o intentar equilibrarlo.
Uno de los hechos inaugurales del kirchnerismo más celebrados desde distintas posiciones políticas, fue suplantar a los miembros de la desprestigiada Corte Suprema de Justicia menemista, por jueces supremos probos intelectual, moral y profesionalmente.
Ese tribunal, acaba de producir un fallo que limita hasta el 7 de diciembre la extensión de la medida cautelar que suspendió la aplicación de la cláusula antimonopólica contenida en el artículo 161 de la ley sobre servicios audiovisuales, en lugar de haber terminado ya con la dilación como pretendía el gobierno .
Pero ese mismo tribunal advirtió que el reclamo de Clarín se refiere a “cuestiones de naturaleza patrimonial” y no aporta argumentos que permitan inferir que la norma sobre desinversión afecta a la libertad de prensa. Dicho de otro modo, la discusión se circunscribe para la Corte a una cuestión exclusivamente económica.
Más allá del conflicto por la distribución de la pauta oficial y por la ley de medios, el informe norteamericano reconoce que “los periódicos independientes, las radios, la televisión y lo sitios de Internet fueron numerosos y activos, expresando una amplia variedad de visiones” No dice en cambio que esa visión sería aún más plural si la ley de medio tuviera ya aplicación plena.
En cuanto a la vigencia de los derechos humanos, es obvio que el kirchnerismo tiene ante el mundo sobrados motivos para salir airoso en cualquier examen, no sólo por haber promovido la inusual condena de los genocidas, sino también por evitar que se reprima sistemáticamente la protesta social, como se hace en muchas naciones democráticas.
El gobierno de Néstor Kirchner pagó un elevado costo político -y su sucesora lo sigue haciendo- por no dispersar violentamente cortes de vías de tránsito que les ponen los pelos de punta a quienes deben superar estas vallas como en una carrera de obstáculos, para cumplir sus obligaciones.
Cuando el informe norteamericano cuestiona el “uso excesivo de la fuerza policial” se refiere en realidad a las reiteradas acciones de “gatillo fácil” que, según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), produjeron 145 muertes entre noviembre del 2009 y el mismo mes del 2010.
Si sólo se extrae del texto la mención a los abusos policiales -como lo hacen los medios concentrados- se tergiversa su espíritu, que destaca también la aplicación de “severas sanciones”, suspensiones, detención y procesamientos de policías involucrados en estos hechos. Se oculta igualmente que el informe dice que “el gobierno respetó en general” las normas sobre arrestos y detenciones”.
Pero es obvio que una visión de la violencia que se ejerce desde el poder sobre ciudadanos indefensos, siempre contiene alusiones críticas. Lo mismo ocurriría si un funcionario argentino tuviera que escribir sobre las acciones de las tropas invasoras de los países desarrollados en Libia, Afganistán o Irak. O sobre el tratamiento a los presos en la base de Guantánamo.
Hay un párrafo que alude además a la “continua violación de los derechos de los pueblos indígenas”, aunque no está claro si se refiere a la expropiación ancestral de sus tierras que sufren los pueblos originarios por las oligarquías regionales, o al asesinato de ciudadanos qom en Formosa a manos policiales. Un proceso similar sufrieron los indígenas del oeste norteamericano, donde -al igual que en la Patagonia- fueron exterminados pueblos enteros.
El informe señala también la existencia de un sistema judicial “generalmente inefectivo y politizado” lo cual parce quedar confirmado con el freno impuesto por un juez a un artículo central de la ley de medios audiovisuales, sancionada con fuerte respaldo por el Congreso Nacional. Los vericuetos de la justicia -dice el informe- “minan sistemáticamente los intentos de reducir la corrupción”, pero no dice que suelen servir también para mantener privilegios de los poderes fácticos.
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