Figura que el Gobierno no cumple el fallo de la Corte sobre pauta oficial
EEUU incluyó el caso Perfil en su reporte global anual de DD.HH.
El Departamento de Estado incluyó a la Argentina en el listado de países con "acciones contrarias a la libertad de prensa". Qué otros conflictos denuncia.
Por Emiliano G. Arnáez (Perfil)
Los principales problemas en materia de derechos humanos en Argentina
incluyen "el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía (en
ocasiones con la muerte como consecuencia final), acciones que hacen peligrar la libertad de la prensa, y continuas infracciones de los derechos de los pueblos originarios".
Así comienza el apartado especial sobre Argentina que el Departamento de Estados de los Estados Unidos incluyó en su reporte anual Country Reports on Human Rights Practices 2011 (Informe sobre prácticas de Derechos Humanos), el cual fue difundido anoche por la Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton.
Respecto de la libertad de prensa, el documento hace especial hincapié en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Estado a pautar publicidad en los medios de la Editorial Perfil. En una precisa línea de tiempo, repasa día a día los distintos dictámenes y sentencias que la Justicia lanzó para instar al Gobierno a cumplir con la "distribución balanceada" de publicidad oficial. El espacio dedica al caso señala que "el Poder Ejecutivo aún no ha respondido oficialmente a la orden".
Se menciona asimismo la campaña conocida como "Clarín miente" (Clarin lies, en el original), el bloqueo a la salida del diario La Nación desde su planta y el pedido judicial de informar con los datos personales de los periodistas especializados en economía que escriben sobre el INDEC.
En otras secciones destacadas del informe se enumeran las malas condiciones carcelarias (en donde se incluye el maltrato a algunos prisioneros), arresto y detención arbitrarios ocasionales; prisión preventiva prolongada, las continuas preocupaciones sobre la eficiencia e independencia judicial, la corrupción gubernamental, la violencia doméstica contra las mujeres, el abuso y trabajo infantil, la trata sexual y esclavitud laboral.
También se critica el hecho de que la Justicia haya procesado a determinados funcionarios que "cometieron abusos durante el período del informe" y sin embargo "obtuvieron la impunidad mediante la corrupción". El extenso reporte reseña en la sección "Corrupción oficial y transparencia gubernamental" el caso Schoklender y no concluye sin remarcar las causas judiciales que atañen al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Así comienza el apartado especial sobre Argentina que el Departamento de Estados de los Estados Unidos incluyó en su reporte anual Country Reports on Human Rights Practices 2011 (Informe sobre prácticas de Derechos Humanos), el cual fue difundido anoche por la Secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton.
Respecto de la libertad de prensa, el documento hace especial hincapié en el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Estado a pautar publicidad en los medios de la Editorial Perfil. En una precisa línea de tiempo, repasa día a día los distintos dictámenes y sentencias que la Justicia lanzó para instar al Gobierno a cumplir con la "distribución balanceada" de publicidad oficial. El espacio dedica al caso señala que "el Poder Ejecutivo aún no ha respondido oficialmente a la orden".
Se menciona asimismo la campaña conocida como "Clarín miente" (Clarin lies, en el original), el bloqueo a la salida del diario La Nación desde su planta y el pedido judicial de informar con los datos personales de los periodistas especializados en economía que escriben sobre el INDEC.
En otras secciones destacadas del informe se enumeran las malas condiciones carcelarias (en donde se incluye el maltrato a algunos prisioneros), arresto y detención arbitrarios ocasionales; prisión preventiva prolongada, las continuas preocupaciones sobre la eficiencia e independencia judicial, la corrupción gubernamental, la violencia doméstica contra las mujeres, el abuso y trabajo infantil, la trata sexual y esclavitud laboral.
También se critica el hecho de que la Justicia haya procesado a determinados funcionarios que "cometieron abusos durante el período del informe" y sin embargo "obtuvieron la impunidad mediante la corrupción". El extenso reporte reseña en la sección "Corrupción oficial y transparencia gubernamental" el caso Schoklender y no concluye sin remarcar las causas judiciales que atañen al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
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